El pasado martes, el gobierno boliviano denunció que al avión en el que viajaba el jefe de Estado le fue cerrado el espacio aéreo y le fue denegado el permiso para aterrizar en Italia, Francia, Portugal y España.
El hecho se produjo por una versión en el sentido de que Edward Snowden, exagente de la CIA que reveló el escándalo del ciberespionaje en EE. UU. y es requerido por la justicia de ese país, viajaba en el aparato.
El avión presidencial tuvo que aterrizar de emergencia en Viena y allí fue sometido a una inspección, lo cual fue tomado como una afrenta por el presidente y el Gobierno de Bolivia.
No solo Edward Snowden no estaba en la aeronave sino que, como explicó el canciller boliviano David Choquehuanca, se puso en riesgo la integridad del presidente y los ocupantes de la aeronave. Aseguró también que el Gobierno de Estados Unidos estaba detrás del hecho y lo declaró "un acto hostil".
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Inmediatamente, varios mandatarios de Latinoamérica mostraron su rechazo ante lo ocurrido, entre ellos Dilma Rouseff y Juan Manuel Santos.
Seis de ellos asistieron a una reunión de emergencia de Unasur en Cochabamba, donde se solidarizaron con Bolivia y exigieron explicaciones a España, Italia, Francia y Portugal por lo sucedido.
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