Lo que comenzó como la desaparición de una joven administradora de un bar terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de Bogotá. El 7 de enero de 2011, Sandra Viviana Ravelo, de 26 años, desapareció. Ocho días después, su cuerpo fue encontrado en una zona desolada de Ciudad Bolívar.La Fiscalía centró rápidamente la investigación en John Alexander Quintero, novio de la víctima y patrullero de la Policía. Todo apuntaba a una condena de hasta 60 años de prisión, hasta que una nueva revisión de las evidencias forenses cambió el rumbo del caso. El periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, reconstruyó la investigación.El peso de la acusación: las pruebas de ADNDesde el inicio del proceso, la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre dos pruebas biológicas que parecían irrefutables. En el cuerpo de la víctima se hallaron tres perfiles genéticos, uno de los cuales coincidía con el de su pareja. Además, debajo de las uñas de Sandra se encontró material biológico del uniformado, un hallazgo que los investigadores interpretaron como la prueba de que la víctima lo había arañado mientras intentaba defenderse del ataque.La presión social y mediática fue inmediata. En el ámbito carcelario, Quintero fue apodado con nombres como "Pikachu" o "el descuartizador". Al respecto, el patrullero relató el impacto de pasar de ser un servidor público a un reo señalado por la justicia: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser el bandido más grande de todo Bogotá".Por su parte, la madre de la víctima, Claritza Murillo, expresó en su momento el dolor y el rechazo hacia el Policía: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo alguien que yo tuve en mi casa".¿Qué demostró el análisis forense?El caso comenzó a desmoronarse en 2015, cuando el médico forense Aníbal Navarro y un equipo revisaron los folios y la necropsia. Una de las primeras conclusiones que permitió desvirtuar la sevicia fue la causa de las lesiones en el cadáver. Contrario a lo que se informó inicialmente sobre un desmembramiento y quemaduras intencionales, la ciencia determinó que el daño fue causado por agentes externos del entorno rural.El doctor Navarro explicó que los hallazgos en el cuerpo no correspondían a una acción criminal tras la muerte: "No está desmembrado. Son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo. Y en este caso lo más probable son perros”.Asimismo, se descubrió que las supuestas quemaduras eran en realidad procesos naturales de descomposición mal interpretados debido a que la fotografía forense fue realizada por personal no experto. Según la investigación, quien tomó las imágenes era en realidad una auxiliar de enfermería sin la formación técnica necesaria.La prueba del ADN bajo las uñas, que la Fiscalía presentó como señal de una lucha desesperada, fue analizada bajo una nueva óptica por la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda. Al observar detalladamente el estado de las manos de la víctima, la experta notó que la evidencia física no respaldaba la teoría del forcejeo: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha".La defensa argumentó que el material genético hallado era mínimo y compatible con la convivencia normal de una pareja, un fenómeno conocido en la ciencia forense como transferencia por contacto cotidiano.El propio Quintero explicó este punto en su defensa: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo". Esta interpretación cambió el sentido de la evidencia: la presencia de material genético de Quintero no demostraba su participación en el crimen, ya que los análisis concluyeron que dicho rastro provenía de una relación consentida anterior a la desaparición de Sandra.Testimonios que rectificaron la inocencia del policíaOtro factor determinante para la libertad del policía fue la desarticulación del móvil del crimen. La Fiscalía sostenía que Quintero era un hombre posesivo y extremadamente celoso, una percepción que la familia de la víctima compartía. No obstante, los testimonios de amigos cercanos y clientes habituales del bar que Sandra administraba en el barrio Bosa Piamonte desmintieron esa conducta violenta.Adicionalmente, se logró identificar a los hombres con los que Sandra fue vista por última vez. Testigos confirmaron que la joven abandonó el establecimiento comercial en un taxi acompañada por dos sujetos. Uno de ellos era Néstor Yesit Sánchez, quien posteriormente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la justicia tras confirmarse que su ADN también estaba presente en la escena. Sánchez fue condenado, mientras que la identidad del tercer implicado nunca pudo ser establecida por las autoridades.La sentencia absolutoria y las secuelas del procesoTras pasar casi seis años privado de la libertad, entre cárceles como La Picota y detención domiciliaria, un magistrado dictó el fallo que declaró la inocencia de John Alexander Quintero. “Yo siempre tenía una Biblia. Ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios”, aseguró Luz Nidia Giraldo, madre del patrullero. “Esa fue esa primer Navidad otra vez en casa. Fue ver otra vez a mi familia reunida, volver a estar con todos, ver que tenía el apoyo de mi familia”, recordó John Alexander Quintero, conmovido.A pesar de la decisión judicial, el estigma social persiste para Quintero, quien ha manifestado dificultades para reinsertarse en la vida laboral debido a sus antecedentes judiciales, llegando a ser rechazado en decenas de empresas. Por otro lado, la familia de Sandra Viviana Ravelo mantiene su postura de desconfianza frente al veredicto. Claritza Murillo reafirmó su convicción tras conocerse la libertad del expolicía: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".El caso de Sandra Viviana Ravelo terminó convirtiéndose en mucho más que una investigación por feminicidio. También abrió un debate sobre el alcance de la evidencia forense, la interpretación de las pruebas científicas y las consecuencias que puede tener una investigación cuando los hallazgos son cuestionados años después. Mientras la familia de la víctima sigue reclamando justicia, John Alexander Quintero intenta reconstruir una vida marcada por un estigma que, asegura, aún no desaparece.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
El 7 de enero de 2011, la vida de Sandra Viviana Ravelo, una joven de 26 años y administradora de un bar en Bogotá, se apagó en circunstancias que estremecieron al país. Lo que inició como una búsqueda desesperada por parte de su hermano y su novio, ambos miembros de la Policía Nacional, terminó en un hallazgo macabro en una zona rural de Ciudad Bolívar. Sin embargo, el verdadero giro dramático ocurrió cuando la Fiscalía General de la Nación señaló al patrullero John Alexander Quintero, pareja de la víctima, como el principal responsable del crimen. Diego Guauque, periodista de Séptimo Día investigó el caso.El peso de una acusación de 60 añosLa Fiscalía no escatimó en calificativos ni en la severidad de la pena solicitada. Basándose en pruebas genéticas y testimonios familiares, el ente acusador pidió la máxima sanción permitida por el ordenamiento penal colombiano. Según los registros de las audiencias, se solicitó que la pena fuera de 500 meses de prisión, lo que equivale a más de 41 años, aunque en diversos escenarios se habló de una proyección de hasta 60 años debido a la gravedad de los delitos imputados: homicidio, violación y tortura.Para la familia de Sandra, la noticia fue un golpe devastador. Su madre, Claritza Murillo, recordó el momento en que la sospecha recayó sobre el hombre que frecuentaba su casa: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo que alguien que yo tuve en mi casa". La presión mediática y la sevicia reportada en el levantamiento del cadáver, que incluía relatos de desmembramiento y quemaduras, convirtieron a Quintero en el enemigo público número uno, apodado en prisión con alias como "Pikachu" o "el descuartizador".Las pruebas "reinas" de la FiscalíaEl caso contra el patrullero se cimentó sobre dos hallazgos biológicos que parecían irrefutables. El primero fue la presencia de su material genético en el cuerpo de Sandra. El segundo, y quizás más condenatorio para los jueces iniciales, fue el hallazgo de restos biológicos bajo las uñas de la víctima, lo que se interpretó como una señal de defensa.Al respecto, la madre de la víctima señaló en su momento: "En las uñas de mi hija habían encontrado a la piel de él, de John Alexander". Esta narrativa sugería que Sandra había forcejeado con su agresor antes de morir. Quintero, por su parte, se vio atrapado en una pesadilla jurídica: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser un el bandido más grande de todo Bogotá".La ciencia forense que desmontó la teoría del "monstruo"El enigma comenzó a resolverse cuando el médico forense Aníbal Navarro y su equipo interdisciplinario revisaron los folios del caso en 2015. El primer hallazgo fue que el cuerpo de Sandra nunca fue desmembrado por manos humanas ni quemado con intención criminal. Navarro explicó que los daños en el cadáver fueron causados por el entorno: "No está son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo... en este caso, por el contexto... lo más probable son perros".Además, se descubrió que las supuestas quemaduras eran, en realidad, procesos naturales de descomposición mal interpretados por personal técnico sin la formación adecuada en fotografía forense. Sobre la prueba del ADN bajo las uñas, la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda aportó una visión distinta a la de la Fiscalía. Al analizar la evidencia, notó que no había señales de lucha física: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha". Según la experta, el ADN encontrado era mínimo y compatible con el contacto cotidiano de una pareja. Quintero mismo explicó este punto: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo".El camino hacia la libertad y el estigma persistenteLa defensa también logró desvirtuar el móvil del crimen. Mientras la Fiscalía lo pintaba como un hombre posesivo y celoso, los testimonios de amigos y clientes del bar de Sandra indicaron lo contrario. Finalmente, se comprobó que el ADN de Quintero en el cuerpo de la joven correspondía a una relación consentida previa a su desaparición, mientras que los otros rastros hallados sí pertenecían a una agresión violenta en una zona remota donde el patrullero no tuvo presencia.Tras casi seis años de detención, un magistrado dictó el fallo que cambió su destino. Quintero recordó el impacto de ese momento: "Yo siempre yo tenía una Biblia ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios". A pesar de ser declarado inocente, el estigma social le ha impedido retomar una vida normal y conseguir un empleo estable.Por su parte, la familia de Sandra sigue sin encontrar paz, manteniendo su convicción sobre la culpabilidad del expolicía. Claritza Murillo fue enfática al ser consultada tras el veredicto: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".
En el departamento del Meta, una población de aproximadamente 180 cocodrilos del Orinoco, conocidos como caimanes llaneros, atraviesa una emergencia de supervivencia sin precedentes en la historia de la conservación. Estos animales, que son los depredadores más grandes de América, llevan nueve meses sin recibir alimento debido a que las instituciones responsables no han definido quién debe asumir los costos de su manutención. El conflicto involucra a la Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente y corporaciones ambientales como Cormacarena.Lo que está pasando con los cocodrilos en el MetaAunque los cocodrilos tienen un metabolismo que les permite pasar varios meses sin comer, el tiempo transcurrido en el Meta ha superado cualquier límite natural. El profesor Carlos Moreno, quien lleva 23 años dedicado al programa de conservación de esta especie, advirtió sobre la gravedad del asunto en Los Informantes: "Someter una población de 180 cocodrilos, todos simultáneamente a inanición hará que finalmente hagan canibalismo".La falta de alimento prolongada está destruyendo el organismo de los reptiles. Al no recibir nutrientes externos, los animales comienzan a consumir sus propias reservas de grasa y, posteriormente, sus tejidos musculares. Este proceso genera sustancias tóxicas que dañan los órganos internos. Moreno explica que el desecho metabólico, como el ácido úrico, afecta gravemente el funcionamiento del cuerpo: "esas sustancias que se llaman metabolitos, que son los desechos de las rutas biológicas que son tóxicas. Así que esos desechos como ácido úrico, por ejemplo, afectan el riñón. Técnicamente se llaman nefrotóxicas, pero también afectan el hígado". Según el investigador, el daño en muchos ejemplares podría ser ya irreversible.Una "reserva de vida" en peligroPara entender la magnitud de la tragedia, es necesario comprender que estos animales no son ejemplares comunes, sino que forman lo que los científicos llaman un "banco genético". En términos sencillos, se trata de una selección de los mejores individuos de la especie, elegidos mediante estudios de ADN para asegurar que el caimán llanero no se extinga.En el año 2020, una investigación liderada por la bióloga Ana María Saldarriaga identificó a 140 cocodrilos que eran "prioritarios" debido a su alta diversidad genética. Esto significa que su descendencia será más fuerte y saludable para repoblar los ríos. Estos animales fueron trasladados al Parque Agroecológico Merecure para que vivieran en condiciones de semicautiverio, donde aprendieron a cazar peces vivos y ganaron masa muscular antes de su liberación definitiva. Sin embargo, ese proyecto de vida hoy es una trampa mortal. Saldarriaga, reconocida como una de las conservacionistas más brillantes del mundo, lamenta la situación. "No puede ser que un animal que lleva 6 millones de años en la Tierra... y ahorita su mayor riesgo es el programa de conservación. Eso solo pasa en Colombia", señalan los expertos.El origen del enredo administrativo de los cocodrilosEl problema actual se deriva del vencimiento de acuerdos legales. En agosto de 2025, el convenio con el parque Merecure llegó a su fin, y en septiembre la comida dejó de llegar a los estanques porque no hubo un plan de transición. Actualmente, existe un vacío de responsabilidad: la Universidad Nacional afirma que no puede invertir dinero público en un predio privado sin un convenio vigente, mientras que el Ministerio de Ambiente señala que la custodia de los animales sigue siendo responsabilidad de la universidad.Además, el marco legal que rige la protección de esta especie parece estar desactualizado. Andrés Felipe Aponte, director de la estación de biología tropical Roberto Franco, explica que no hay una guía clara de acciones: "El programa vigente como tal con un documento normativo formal no existe actualmente. Ese programa se creó entre el 2002 y 2012. Posterior al 2012 pues no se generó como una evaluación formal". Esta incertidumbre normativa permite que cada institución evada sus obligaciones mientras los animales agonizan.Hacinamiento de los cocodrilos en VillavicencioMientras los ejemplares de Merecure mueren de hambre, los que se encuentran en la sede urbana de la Universidad Nacional en Villavicencio sufren por la falta de espacio. Los estanques, diseñados para albergar a 10 cocodrilos, hoy contienen hasta 30 de ellos. El reporte de la propia universidad es alarmante: el hacinamiento ha provocado peleas territoriales que han dejado ejemplares mutilados y al menos 18 individuos completamente ciegos.El cocodrilo del Orinoco es una especie que puede medir hasta 7 metros y pesar media tonelada. Solo habita en Colombia y Venezuela y se encuentra en la "lista roja" de peligro crítico de extinción, el mismo nivel de riesgo que enfrenta el gorila de montaña. A pesar de ser un tesoro nacional que mejora la pesca en los ríos donde es liberado, su futuro depende hoy de que una oficina estatal firme el presupuesto para su comida.
El 8 de mayo de 2025, David Esteban Nocua, un adolescente de 14 años con sueños de emprender en el diseño de camisetas, salió de su casa en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, para encontrase con su exnovia. Según el relato de su padre, Diego Armando Nocua, el joven recibió un mensaje de la joven, de 15 años, para verse esa tarde. "Yo lo vi tan feliz que me dijo: 'Papá ya vengo'. Y se iba a encontrar con ella", recordó en Séptimo Día sobre los últimos momentos con vida de su hijo.La cita, sin embargo, era el inicio de una dolorosa odisea. Cámaras de seguridad del sector captaron a David caminando junto a la adolescente y otro compañero de clase hacia una zona apartada a orillas del río Tunjuelo. El engaño consistió en invitarlo a conocer una supuesta casa abandonada. Al llegar al punto desolado, la joven le pidió que cerrara los ojos para entregarle una sorpresaDiego Nocua relató el momento exacto de la agresión según las pruebas judiciales: "Ella le dice al muchacho con que iban: 'Tápele los ojos que le voy a dar un regalo'. El regalo era tremenda apuñalada en el abdomen".Los hallazgos clave en el casoLa investigación penal permitió descubrir que el ataque no fue un hecho fortuito, sino una represalia por un suceso ocurrido antes. En aquel entonces, David Esteban intervino en una situación crítica en su colegio para proteger la integridad de la misma joven que terminaría siendo su victimaria. Su madre, Juliana Monroy, explicó el trasfondo de esta relación: "Él impide que ella se tire del segundo piso del colegio; él la detiene para que no lo haga".A raíz de este intento, las directivas escolares y las autoridades de infancia tomaron medidas de protección para la menor. Yanire Arcos, profesora de los adolescentes, señaló que "la idea es tratar de no revictimizar a los muchachos; entonces el manejo que se le dan es enviarlo al Instituto de Bienestar Familiar". Sin embargo, lo que para las autoridades era una medida de restablecimiento de derechos, para la joven fue un agravio personal del cual culpó directamente a David.Tras permanecer un mes bajo custodia en un hogar de paso del ICBF, la adolescente logró evadirse del sistema. Su único objetivo al recuperar la libertad de forma irregular era buscar al joven. "Ella se llenó de rabia; su único plan después de salir de allí era que Esteban pagara el encierro que ella tuvo", dijo la madre de la víctima.Captura y fallas en el sistema de custodiaEl cuerpo de David fue hallado dos días después de su desaparición con múltiples heridas en el rostro, extremidades y abdomen. Tras el hallazgo, "ella se pone muy nerviosa y dice: 'Sí eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó'", narró Diego Nocua.Aunque la Fiscalía logró la aprehensión de la joven y su cómplice, el proceso judicial dejó un sentimiento de insatisfacción en los familiares. Ambos menores aceptaron su responsabilidad en el delito de homicidio agravado; ella recibió una sanción de siete años, mientras que al otro implicado se le redujo la pena a cinco años. La indignación creció cuando, en enero de 2026, solo nueve meses después del crimen, la joven volvió a burlar la seguridad del Estado.La joven se escapó del centro de atención especializada del ICBF donde estaba cumpliendo su sanción, denunciaron los padres, quienes alertaron que la menor fue vista nuevamente en su barrio antes de ser aprehender por segunda vez. Este caso, junto al asesinato de la cuidadora Karely Merlano en Barrancabermeja, ha intensificado el debate sobre la necesidad de reformar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Colombia.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca (suroeste) encontró con vida a la senadora indígena Aída Quilcué y a miembros de su esquema de seguridad, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada, confirmaron este martes fuentes oficiales. "La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.El vehículo en el que se movilizaba Quilcué, que hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC, según denunció el presidente Gustavo Petro. La guardia indígena es un cuerpo civil conformado por integrantes de comunidades indígenas que, sin armas, cumple labores de protección y control en sus territorios colectivos.En una reciente entrevista con EFE, Quilcué, que hace parte del pueblo indígena nasa, aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008. Incluso el 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca. Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.¿Qué se sabe sobre su retención y hacia dónde la llevaron?Delio Trujillo, alcalde del municipio de Inzá, fue el primero en confirmar la noticia sobre la liberación de la senadora. Acorde con lo que le reveló a Noticias Caracol, la mujer pudo ser liberada de su retención gracias al trabajo de autoridades indígenas, gubernamentales y de la ciudadanía en general. "Ya tuvimos comunicación vía telefónica con la senadora. Se logró el contacto a través de las autoridades idnígenas, la guardia indígena y la ciudadanía, que cooperó mucho en el rastreo", afirmó el mandatario. Trujillo pudo comunicarse con Quilcué tan pronto se tuvo razón sobre su hallazgo. La senadora le dijo, afirma, que fue retenida por un grupo de personas, el cual la llevó hacia la montaña. "La senadora pues, en la comunicación, nos dice que la retuvieron, la metieron hacia la montaña. Por allá en unos huecos los metieron. Pero gracias a la presión de la comunidad y de la Guardia Indígena la soltaron. (...) Ella pudo ya, con su equipo de seguridad, llegar a un restaurante", manifestó. "Estamos esperando la comunicación oficial de la senadora", agregó Trujillo, quien también dejó claro que todavía no se tiene información sobre el grupo criminal que habría intentado secuestrarla. "Sabemos que operan varios grupos, como ocurre ahorita en algunas zonas del Cauca. (...) Son grupos que se mueven y no sabemos, a ciencia cierta, qué grupo tiene que ver con este hecho en específico", finalizó.Rechazo frente a lo ocurrido"Rechazo con total firmeza el secuestro de la senadora Aida Quilcué y de su esquema de seguridad en el Cauca", escribió en X la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en X. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, quien ha tenido diferencias ideológicas con las organizaciones indígenas del Cauca, exigió en X al Gobierno "dar con su paradero, y a sus captores su liberación inmediata".Entre tanto, el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2008, condenó el rapto de la senadora y lo calificó como un hecho "inaceptable", manifestando que "cuando la vida de una líder política está en riesgo, toda la democracia está en riesgo". Por su parte, el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se solidarizó con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización a la que pertenece Quilcué, y exigió que su compañera de bancada "sea encontrada pronto, sana y salvaJULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE EFENOTICIAS CARACOL DIGITALJSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO
Un sacerdote es noticia en Cauca por su arriesgada acción al acercarse a un supuesto cilindro bomba para confirmar si contenía explosivos. El artefacto había bloqueado por varias horas una vía principal.>>> También puede leer: Primeras imágenes de sistemas con que el Ejército comenzó a anular drones de disidenciasSin mostrar temor y arriesgando su vida, monseñor Óscar Múnera, vicario de Tierradentro en el municipio de Inzá, en Cauca, revisó un artefacto que había sido instalado en el puente de Puerto Valencia, en límites entre Cauca y Huila.El supuesto cilindro bomba había causado temor entre los viajeros y habitantes.“Lo que hace es acercarse al artefacto y ahí había unas personas, supuestamente, de un grupo al margen de la ley. Y lo que hace es invitarlos a que no hagan este tipo de acciones”, contó Hugo Muñoz, alcalde de Páez.La arriesgada labor del religioso ha generado controversia, pero no es la primera vez que realiza este tipo de acciones.Según el alcalde de Páez, el monseñor Múnera “es una persona que arriesga su vida y se expone a cualquier factor de riesgo”.“En el Cauca, en todos nuestros territorios, tenemos que ser honestos. Todos nos dan una validación, hasta el actor armado tiene un respeto por una mediación, por una acción de iglesia y eso también ayuda a salvar vidas”, manifestó monseñor Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán.Las autoridades hicieron presencia en el lugarDespués de que Múnera informó que no era un artefacto explosivo, la guardia indígena retiró el artefacto y horas después llegaron las autoridades.El coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada, sostuvo que “rechazamos estos actos de terrorismo e intimidación contra la comunidad que habita en este sector”.La movilidad fue recuperada en la zona y permanece con vigilancia militar.>>> También puede leer: Gobierno de Gustavo Petro hizo sus primeros bombardeos en el Cauca
La selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino ganó este miércoles por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de San Francisco y selló el billete para los octavos de final del Mundial 2026 del que es anfitriona, en los que se medirá con Bélgica.Con Pochettino en el banquillo y los goles de Folarin Balogun, expulsado en la segunda mitad y baja en octavos, y de Malik Tillman, Estados Unidos logró la segunda victoria de su historia en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.Estados Unidos viajará a Seattle para medirse el próximo 6 de julio con una Bélgica que obró una milagrosa remontada de 0-2 a 3-2 ante Senegal.Bosnia, que había logrado el mejor resultado deportivo de su historia al llegar a la fase de eliminación directa, se despidió del Mundial en el que podría ser el último partido del legendario delantero Edin Dzeko como internacional.Estados Unidos pasó de la euforia por tomar ventaja de la mano de Balogun a la desesperación cuando su delantero se despidió expulsado con roja directa en el minuto 64. Pero aguantó, y acabó celebrando.Fue cuestión de centímetros si Bosnia se salvó del 1-0 pasada la media hora, cuando Estados Unidos recuperó en la línea de tres cuartos y Balogun fulminó al portero con un gran disparo de zurda. El delantero del Mónaco recibió el pase cuando estaba en fuera de juego y el Levi's Stadium tuvo que interrumpir las celebraciones.Solo fue cuestión de tiempo. Porque Bosnia, en el intento de ralentizar el ritmo del encuentro, cometió otro fallo en salida de balón y esta vez Estados Unidos la castigó. Tyler Adams jugó un balón vertical que, tras dos rebotes en el área de penalti, Balogun aprovechó para sellar el 1-0.El delantero del Mónaco celebró su tercer gol en este Mundial al estilo de LeBron James y solo el larguero le impidió anotar el doblete antes del descanso.Roja a Balogun y sustoVivía el mejor momento de forma de su carrera Balogun, pero cuando el partido parecía encarrilado para Estados Unidos, cometió una falta tan involuntaria como peligrosa ante Tarik Muharemovic, al pisarle el tobillo provocando una vistosa torsión. El árbitro lo revisó y le enseñó la roja.Comenzó un nuevo partido para Estados Unidos. Una prueba de sufrimiento ante el empuje final de Bosnia, que lo dio todo pese a perder por lesión a su gran líder, Edin Dzeko.Se asustó Estados Unidos ante unos disparos de Bosnia desde el límite del área, pero en una de sus transiciones consiguió una falta directa desde el límite del área que Tillman transformó con calidad en el 79 para acabar con el sufrimiento.Fue el 2-0 que disparó la euforia del Levi's Stadium y que envió a Estados Unidos de vuelta a Seattle para medirse con Bélgica en los octavos de final.
Estados Unidos anotó el gol de la tranquilidad sobre Bosnia y Herzegovina a través de Malik Tillman. A los 82 minutos, Tillman fue el encargado de cobrar un tiro libre. Le pegó con pierna derecha y la puso por encima de la barrera.Vea el gol de Malik Tillman:
"No quiero terminar los años que me quedan en un refugio" se lamenta Emilia Rada, una mujer de 73 años que se aloja en un polideportivo de La Guaira, donde viven centenares de personas una semana después del doble terremoto de Venezuela que destrozó o dañó gravemente sus viviendas sin saber cuándo podrán volver o si serán realojados.Emilia pasa las horas sentada en una litera del refugio que han instalado varias agencias de la ONU en el Polideportivo José María Vargas, en plena zona cero de la devastación de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. "El piso de arriba cayó dentro de mi apartamento. Gracias a Dios que yo no estaba en ese momento. Pero cuando llegué no pude hacer nada, no pude sacar nada, ni la documentación", explicó a EFE. (Lea también: ¿Cómo actuar durante y después de un terremoto? Estas son las recomendaciones de la Defensa Civil)La mujer, que hasta el sábado dormía en el suelo de una plaza de Tanaguarena, relató que salió de allí "aterrorizada porque los olores a muerto eran demasiado fuertes". "No voy a salir de aquí ni hoy ni mañana", se lamentó, y dijo que se está planteando ir a vivir al extranjero con algún familiar porque "no quiero terminar los años que me quedan en un refugio".El Gobierno de Venezuela ha cifrado en 12.841 las personas que han perdido su vivienda y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió que antes de que finalice 2026 habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cree que hay cerca de 16.000 personas que han debido buscar un lugar alternativo para vivir, y dijo que no todas lo han conseguido y deben permanecer en las calles.Las autoridades venezolanas han pedido a las personas afectadas inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver "rápidamente" el tema de "habitabilidad" y llevarlos a "hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar".Será una labor titánica, pues unos 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos, según observaciones satelitales de la NASA.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)“Estoy aquí para que no se lleven nada”La incertidumbre reina entre las personas afectadas. Charles Cordero, de 39 años, explicó desde un refugio con una pierna inmovilizada y una venda en el abdomen por impacto del temblor, que su casa presenta daños, en principio superficiales, y que desconoce cuándo va a poder volver. "No sabemos si vamos a poder regresar allá. Tenemos que esperar, no tenemos información precisa de qué van a hacer con nosotros", comentó.No muy lejos de allí, en la urbanización Playa del Mar, la zona más afectada del municipio de Catia La Mar, José hace guardia delante de su edificio semiderrumbado sentado en una silla. "Estoy aquí para que no se lleven nada. Hay mucho vandalismo sin conciencia", explica este hombre de unos 60 años que se lamenta por haber perdido "treinta años" de su vida con el terremoto. "Todavía no sabemos si podremos volver. Ya han hecho una evaluación, pero quizá tienen que hacer una más después de las fuertes replicas", expresó apesadumbrado. (Lea también: Detenidos cuatro policías en Venezuela por apropiarse de dinero hallado entre escombros)Muchas de esas personas permanecen en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie. "Aquí no estaba entrando nada (de ayuda). Desde anoche comenzaron a traernos agua (...). El sol nos está quemando, la mayoría no tiene carpas", relató a la AFP Fátima Berroterán, de 56 años, residente de un condominio de La Guaira que sufrió graves daños. "Nos hacen falta medicamentos. Aquí hay muchas personas discapacitadas, la mayoría de los que viven aquí vienen damnificados de la tragedia de Vargas", añadió la mujer sobre el desastre que dejó miles de muertos en la región en 1999 por gigantescos aludes de lodo y piedra.Muchos de ellos denuncian negligencia de las autoridades, mientras opositores exiliados pidieron el miércoles a Estados Unidos apartar de la reconstrucción al gobierno, al que acusan de corrupto.Decenas de edificios están marcados con la letra D de "deceased" (muerto)El rastreo infructuoso ha dado paso al silencio en zonas de Catia La Mar, balneario del estado costero de La Guaira, corazón de la tragedia que provocaron los sismos de 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio. Decenas de edificios en ruinas están ahora marcados con la letra D de "deceased" (muerto), que indica que el lugar ya fue inspeccionado por los socorristas, según la nomenclatura internacional para estos desastres. (Lea también: Un último abrazo de su hermano la salvó de morir en los terremotos de Venezuela: “Falleció conmigo“)"No se pierde el tiempo en un lugar donde no se espera recuperar personas con vida", dijo a la AFP Javier Rodes, coordinador de un grupo de rescate español. "La gran mayoría" de edificios afectados de La Guaira, a 40 km de Caracas, ya están marcados, agregó.Aunque el gobierno elude referirse a las personas desaparecidas, asegura que el día de los sismos había unos 30.000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6.461 fueron rescatados y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.La frustración invadió el miércoles a un grupo de pobladores de la zona cuando una rescatista estadounidense dijo frente a una montaña de escombros: "No hay señales de vida". Y aunque las posibilidades disminuyen, algunos se aferran al milagroso rescate el martes de un niño de 3 años hallado con vida por socorristas jordanos bajo los escombros de un edificio.Las redes sociales, en tanto, siguen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
Con un gol a los 45 minutos, Folarin Balogun pone a ganar a la selección de Estados Unidos por 1-0 frente a Bosnia y Herzegovina al cabo del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en San Francisco.Vea el gol de Folarin Balogun:
El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunció que a partir de este miércoles 1 de julio de 2026 entra en vigencia un nuevo incremento tarifario contractual y progresivo en peajes clave de conexión entre la capital y el norte del país.Esta medida impactará directamente a los usuarios de los peajes de Andes, Fusca y Unisabana, las cuales forman parte de los proyectos estratégicos Accesos Norte a Bogotá D.C. y Accesos Norte Fase II, actualmente bajo la administración de la Concesión Accenorte I. Según informaron las autoridades, este ajuste responde al cumplimiento de la Resolución No. 20253040016965, emitida por el Ministerio de Transporte el 7 de mayo de 2025.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Incremento gradualRoberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI, explicó que el incremento en los peajes que originalmente debía aplicarse de manera súbita en una sola vigencia se ha fragmentado en aumentos paulatinos que se extenderán hasta julio de 2027. El objetivo primordial de esta transición tarifaria, asegura, es mitigar el impacto económico inmediato sobre los usuarios frecuentes, las comunidades aledañas, los gremios de carga y el sector transportador en general. Así, se han distribuido los incrementos que estaban previstos para los años 2023 y 2026, los cuales correspondían a valores de $2.500 y $700 (en pesos constantes de diciembre de 2019), respectivamente.¿Cuánto pagarán los colombianos?A partir de la fecha, los conductores que transiten por este corredor estratégico verán reflejados los siguientes valores, dependiendo de la categoría de su vehículo:Categoría I (Vehículos particulares): Pasa de $15.200 a $16.100, lo que representa un incremento de $900 (5,92 %).Categoría II (Buses y microbuses): La tarifa se ajusta de $24.600 a $27.800, con un alza de $1.400 (5,30 %).Categoría III (Camiones de 2 ejes): Sube de $17.500 a $18.700, un incremento de $1.200 (6,86 %).Categoría IV (Camiones de 3 y 4 ejes): Se ajusta de $37.100 a $38.100, subiendo $1.000 (2,70 %).Categoría V (Camiones de 5 ejes): Pasa de $54.500 a $55.500 ($1.000 de incremento, 1,83 %).Categoría VI (Camiones de 6 ejes): Sube de $68.900 a $69.900 ($1.000 de incremento, 1,45%).Categoría VII (Camiones de más de 6 ejes): La tarifa pasa de $75.900 a $76.900 (1,32 %).Es notable que, aunque el valor absoluto del incremento es similar en las categorías de carga pesada ($1.000), el impacto porcentual es significativamente menor para los vehículos de mayor tamaño en comparación con los particulares y camiones livianos.¿A dónde irán los recursos?Según la ANI, lo recaudado de los peajes tiene una destinación específica: transformar la entrada norte de Bogotá, una de las zonas con mayores retos de movilidad en el país.Entre las obras de infraestructura que se financiarán con este recaudo estarían:La ampliación de la Autopista Norte.La construcción de la segunda calzada de la carrera Séptima.La construcción de la Perimetral de Sopó, que permitirá desviar tráfico pesado y mejorar la conectividad regional.El impacto esperado de estas inversiones es una mejora sustancial en la capacidad del corredor vial, mayor seguridad para los conductores y una reducción considerable en los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro y Norte, señala la entidad.En última instancia, este esquema de incrementos busca mantener la sostenibilidad financiera de los proyectos de concesión sin comprometer el bienestar social de los usuarios, asegura la ANI, que reafirma que cumplir con las obligaciones contractuales es “vital para garantizar que Colombia siga desarrollando una infraestructura vial moderna, segura y eficiente, fundamental para la competitividad del país”.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
