El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
A pocas horas de que inicien las elecciones regionales, son investigados varios casos relacionados con presuntos delitos electorales en los municipios de Itagüí, Isnos y Barranquilla.Elecciones regionales: informe revela que solo 9% de candidatos ha reportado gastos de campañaLas autoridades del departamento del Huila, en el municipio de Isnos, capturaron a un hombre y una mujer que presuntamente tenían 570 millones de pesos. La detención ocurrió en un retén militar y las dos personas no lograron entregar una explicación frente a la procedencia o destino de esa millonaria suma.Los individuos fueron capturados en flagrancia y deberán responder por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Por otra parte, en Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, la Policía capturó a John Freddy Guerra, candidato al Concejo de ese municipio, a su pareja sentimental y a 9 personas más.Al parecer, estas personas estaban destruyendo publicidad política de otro candidato a la Alcaldía de Itagüí. Les fueron incautados alrededor de 9.000 panfletos con diferentes publicidades engañosas.“Una de las capturas a resaltar es la del candidato del Concejo Municipal de Itagüí, John Freddy Guerra, quien apoya la candidatura a la Alcaldía del doctor León Mario Bedoya López. También se da captura a la compañera sentimental del señor candidato Guerra”, señaló Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la zona.Finalmente, en Barranquilla se realizó la primera captura por delitos electorales. Se trata de una mujer de 37 años que presuntamente tenía en su poder 8 cédulas de ciudadanía.Según el reporte de las autoridades, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de ocultamiento, retención y posesión ilícita de documentos de identidad, razón por la que podría pagar de 4 a 8 años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes.Yerno del Senador Alirio Barrera fue capturado por presunta compra de votos
¡De ver y no creer! Mientras las autoridades de Salud están en alerta por el cuarto pico de la pandemia, en Isnos, Huila, cientos de personas participaron de una multitudinaria fiesta en la que se omitieron todas las normas de bioseguridad.Podría leer: Joven denuncia presunto caso de abuso policial en Pitalito: “Decían que lo iban a tirar al río”Durante el baile, los tapabocas y el distanciamiento social no fueron invitados. Frente a este panorama de poca conciencia ciudadana, el Gobierno departamental hizo un llamado a los alcaldes.“El llamado es a las autoridades territoriales, alcaldes municipales, a las autoridades de policía, por supuesto, a las unidades municipales de Gestión de Riesgo, pero muy especialmente a cada uno de los ciudadanos del departamento del Huila: no podemos permitir que nuestro comportamiento nos lleve a una ocupación total de las camas UCI y tener que volver a tomar medidas que afecten la libre movilidad”, manifestó el secretario de Gobierno del Huila, Franky Vega.En el Huila, la cifra de nuevos casos positivos por COVID-19 va en ascenso.Puede ser de su interés: COVID-19 en Colombia: ¿quiénes deben hacerse la prueba y quiénes solo aislarse?“Por favor, tomemos con responsabilidad las acciones que desarrollemos durante estos días festivos que nos quedan y días de comienzo de Año Nuevo. Es muy importante que mantengamos las medidas de bioseguridad, el uso permanente del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social”, añadió el secretario Franky Vega.Se espera que los alcaldes acaten el llamado y tomen medidas frente a eventos públicos y privados que se estarían desarrollando durante este fin de semana en varias poblaciones huilenses.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario de EE. UU., Donald Trump, se reunirán el 22 de septiembre por primera vez en persona más de ocho meses después de la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro, actualmente detenido en una prisión cerca de donde será la histórica cita. El encuentro será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá. También será la primera visita de un jefe de Estado venezolano a Nueva York desde la última participación en una Asamblea General de la ONU, en 2018, en la que intervino el hoy capturado chavista, quien permanece en una prisión a solo unos kilómetros de la sede del organismo internacional.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATARodríguez, quien hace menos de un año, en octubre de 2025, alertaba de una "amenaza guerrerista" de Estados Unidos en contra de Venezuela para "robar" sus enormes recursos, llegó a Nueva York en la madrugada de este lunes para participar en la Asamblea General de la ONU, según ella misma informó en su cuenta de X. Tras la incursión militar de EE. UU., Rodríguez, entonces vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Maduro, asumió como mandataria encargada y ha impulsado una serie de cambios legales e institucionales para incentivar la inversión extranjera, en medio de una estrecha colaboración con Washington, que dice estar implementando un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) diseñado para Venezuela. Ambos países acordaron, en marzo de 2026, restablecer formalmente sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, un anuncio que representó un paso contundente en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas.La mandataria, a quien la Casa Blanca advirtió en su momento que podía correr la misma suerte que Maduro, argumenta que ha decidido escoger el camino de la diplomacia y el diálogo para dirimir las diferencias. Incluso, ha llamado "socio y amigo" a Trump, el artífice de las sanciones más duras contra Venezuela, especialmente las petroleras, que han sido flexibilizadas. El trabajo entre ambos Gobiernos llegó a su culmen el pasado 28 de agosto, cuando Trump y Rodríguez anunciaron un "histórico" acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, las mayores del mundo, a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35 %. (Lea también: Donald Trump saca a Venezuela de lista de países que incumplen en la lucha contra el narcotráfico)Detalles del encuentro entre Rodríguez y TrumpLa Casa Blanca anunció que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. La cita con la venezolana será el último punto de la agenda del gobernante estadounidense durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico. Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.El encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar en medio del rechazo de seguidores del chavismo y de sectores opositores a la creciente presencia de EE. UU. en Venezuela -en particular al acuerdo petrolero- y mientras la mayor coalición opositora y diversos grupos de la sociedad civil exigen un organismo electoral independiente que convoque pronto unos comicios presidenciales en la nación suramericana.Sin embargo, el Ministerio de Comunicación de Venezuela no ha hecho pública la agenda ni las reuniones previstas de la presidenta. Solo ha acotado: "Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta". De momento no se sabe si exista la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda visitar a Nicolás Maduro en la cárcel. (Lea también: Lo que se sabe del acuerdo de Alex Saab con EE. UU. y el impacto en el caso contra Nicolás Maduro)AGENCIAS EFE/AFPEDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La violencia volvió a golpear al departamento del Meta. Tres soldados profesionales del Ejército Nacional murieron y varios integrantes de la institución resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo en una zona rural del municipio de La Macarena, durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre.Noticia en desarrollo
Los tres medios de comunicación estadounidenses a los que el presidente Donald Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca -CNN, MS NOW y Politico- han presentado una demanda contra el mandatario. Fue presentada ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C. y podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración esta misma semana, informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Esta mañana (lunes), notificamos al gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, indican los medios. “Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, se dice en la nota, y agrega que “de no ser impugnada, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”. ¿Por qué vetó Trump a CNN, MS NOW y Politico?Trump anunció el pasado viernes que vetaba con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a los tres medios, a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación porque, según escribió en su red social Truth Social, "no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos". En un mensaje nuevo este lunes, reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las "NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer" en Estados Unidos. "Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!", añadió. Además, aseguró que "la Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando a cabo un ataque contra las NOTICIAS FALSAS".El anuncio supuso una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México. (Lea también: Países rechazan mapa de Trump que cubre México, Canadá, Groenlandia e Islandia con bandera de EE.UU.)Los reporteros de las cadenas CNN, MS NOW y del diario Politico no pueden acceder a sus espacios de trabajo dentro de la Casa Blanca. CNN y MS NOW también tienen prohibido usar sus equipos de televisión y cámaras en los terrenos de la residencia. El sábado, la reportera de MS NOW, Akayla Gardner, la reportera de CNN, Betsy Klein, y la reportera de Politico, Cheyenne Haslett, intentaron entrar a los terrenos de la Casa Blanca para cubrir noticias, pero se les negó el acceso y se les confiscaron sus credenciales de prensa. Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.Trump achaca desde hace años a medios como CNN de haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente. Durante ese mandato le retiró el acceso al periodista Jim Acosta de la cadena televisiva, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso. Acosta acabó abandonando CNN, como otros periodistas de la cadena. Recientemente el mandatario arremetió en público contra otra periodista estrella de CNN, Kaitlan Collins, a la que recriminó entre otras cosas que "nunca sonríe". A Trump también le irritó particularmente la cobertura periodística y la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.AGENCIAS EFE/AFPEDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En las estaciones de TransMilenio de Bogotá no hay Policía hace dos semanas y en las de Soacha tampoco hay presencia de uniformados y no habrá el resto del año. Así lo dio a conocer la empresa de transporte a Noticias Caracol tras el asesinato del guarda Cristian Garzón, ocurrido el pasado viernes 18 de septiembre en la estación de Terreros cuando intentaba evitar que una pareja ingresara sin pagar al sistema.De acuerdo con TransMilenio, el convenio con la Policía para que brinde seguridad en las estaciones de la ciudad de Bogotá venció hace dos semanas y que se espera que para este viernes 25 de septiembre se firme. Con respecto a las estaciones de Soacha, la Policía Metropolitana de ese municipio es la que debe suscribir dicho convenio, pero este año no se ha llevado a cabo y se esperaría que para enero haya un nuevo acuerdo entre la Policía de Soacha con TransMilenio.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Nuestras medidas de protección son preventivas"Mientras tanto, continúa la indignación por el asesinato de Cristian Garzón y sus compañeros han llevado a cabo una serie de plantones para protestar en contra de contra de lo sucedido, además de exigir garantías de seguridad a la hora de realizar su trabajo, pues se han registrado 350 agresiones contra guardas. Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip), dijo que “el gremio de la seguridad sigue muy conmovido con la muerte de nuestro vigilante Cristian Garzón. Realmente es inadmisible que haya sucedido en una ciudad como Bogotá. Le exigimos al mandatario distrital que lidere de verdad una cruzada contra la violencia en Transmilenio, no sin antes manifestar que han sido 350 delitos los que se han cometido contra los vigilantes durante lo que lleva corrido este año”.Agregó Díaz que “las medidas de protección que nosotros tenemos son preventivas, pero en ningún momento evade la responsabilidad de alguien que quiera hacer daño, que quiera cometer un crimen contra nuestros vigilantes. Es muy clave que esto lo estamos tomando como protección, como medida disuasiva, pero en ningún momento para hacer daño ni para generar violencia”.Pareja señalada como responsable del asesinato de guarda de TransMilenio fue enviada a la cárcelReconstrucción del crimen de Cristian GarzónVideos de cámaras de seguridad revelados durante la audiencia de imputación de cargos dejaron al descubierto detalles del asesinato de Cristian Garzón y permitieron reconstruir los últimos minutos de vida del vigilante de 27 años. El trabajador fue atacado mortalmente luego de impedir que dos personas ingresaran de forma irregular al sistema TransMilenio. El incidente comenzó en la estación Terreros, en Soacha, y posteriormente se trasladó a la vía pública, donde Cristian recibió dos puñaladas en el tórax que le causaron la muerte.Por este caso fueron capturados Deibi Gabriel Acevedo y Anngi Natalia Díaz. Durante la diligencia judicial, el fiscal del caso sostuvo que Acevedo “mató al señor guarda de seguridad del sistema de Transmilenio, utilizando para ello un arma cortopunzante tipo navaja, causándole una herida en el quinto espacio intercostal izquierdo, es decir, en el torso a la altura del corazón, la cual le causó la muerte”.La Fiscalía calificó el hecho como especialmente grave al señalar que la agresión se produjo por el valor de un pasaje. “Ataque desproporcionado que usted realizó por una razón insignificante, como es que la víctima impidió que usted y la señora Anngi Natalia Díaz Sierra ingresaran a la estación de Transmilenio sin pagar el pasaje, que tiene un costo de 3.350 pesos”, señaló el fiscal.“Se me desvaneció en las manos”: desgarrador relato de compañera de guarda asesinado en TransMilenioAntecedentes de señalados asesinos de guarda Cristian GarzónDe acuerdo con el ente acusador, Deibi Acevedo es de nacionalidad venezolana y permanece en Colombia en condición migratoria irregular junto a su compañera sentimental, Anggi Díaz. Las autoridades indicaron además que ambos registran antecedentes, mientras que Acevedo tiene anotaciones por hurto agravado. En la audiencia, el fiscal destacó que los procesados huyeron tras la agresión y fueron capturados más tarde luego de una persecución, por lo que solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad para ambos.Aunque los señalados responsables del crimen no aceptaron los cargos imputados, un juez ordenó su envío a prisión de manera preventiva mientras continúa el proceso judicial. Los dos deberán responder por el delito de homicidio agravado. Entre tanto, familiares y allegados de Cristian Garzón insisten en que este asesinato no quede en la impunidad.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caraco
El precio del dólar en Colombia inicia este lunes 21 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.192,92 por dólar, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que calcula este indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República. La cotización vigente representa un aumento frente a la TRM que estuvo en vigor el pasado viernes 18 de septiembre, cuando el dólar se ubicó en $3.151,73. La diferencia entre ambos valores es de $41,19, equivalente a una variación de 1,31 %. La tasa actual tiene vigencia para los días 19, 20 y 21 de septiembre, debido a que fue certificada tras el cierre del mercado cambiario del viernes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa secuencia reciente muestra una recuperación progresiva. Después de registrar valores de $3.072,27 el 14 de septiembre, la TRM avanzó a $3.109,30 el 15 de septiembre, luego a $3.100,45 el 16, subió a $3.128,46 el 17, alcanzó $3.151,73 el 18 y finalmente llegó a $3.192,92 para el inicio de esta semana. A pesar del repunte registrado en los últimos días, el balance mensual muestra un comportamiento diferente al observado durante la última semana.Al comenzar septiembre, la TRM se ubicó en $3.213,97, mientras que la tasa vigente este 21 de septiembre es de $3.192,92. Esto representa una disminución acumulada de $21,05, equivalente a una variación de-0,65 % en lo corrido del mes. De esta manera, el dólar continúa por debajo del nivel con el que inició septiembre, aunque el avance registrado durante la segunda mitad del mes ha reducido parte de las pérdidas observadas en las primeras semanas. Las cifras históricas muestran que el valor máximo alcanzado durante septiembre fue precisamente el del primer día del mes, cuando la TRM llegó a $3.213,97. Por su parte, el nivel más bajo se registró el 12 de septiembre, con una tasa de $3.072,27. Desde entonces, el comportamiento ha sido de recuperación gradual.Precio del dólar en casas de cambio en ColombiaCiudadCompra (COP)Venta (COP)DiferenciaBogotá$3.134$3.234$100Cali$3.150$3.325$175Cartagena$3.050$3.300$250Cúcuta$3.170$3.225$55Medellín$3.096$3.217$121Pereira$3.130$3.230$100Las casas de cambio reportan precios distintos según la ciudad. Cúcuta presenta la menor diferencia entre compra y venta, con $55 por dólar, mientras que Cartagena registra la más amplia, con $250. Bogotá muestra una cotización promedio de compra en $3.134 y de venta en $3.234. Cali, por su parte, registra precios de compra de $3.150 y de venta de $3.325.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
