La promesa era tentadora: estudiar una de las carreras con mayor demanda en el mundo, sin pagar un solo peso por adelantado, y bajo el respaldo de una academia proveniente de Silicon Valley. Para cientos de colombianos, esta oferta representaba una oportunidad acceder a salarios competitivos en el sector tecnológico. Sin embargo, según uno de estos jóvenes en la ciudad de Cali, lo que inició como un proyecto de superación profesional terminó en un proceso judicial que pone en riesgo el patrimonio logrado por sus familiares durante décadas. Séptimo Día investigó esta y otras denuncias relacionadas.El sueño de estudiar por un mejor futuroAntes de conocer la convocatoria, Jorge Calambas se desempeñaba en labores informales dentro del sector de la construcción. Su situación económica le impedía acceder a una formación universitaria tradicional, por lo que esta oferta pareció ser una buena solución."Yo no tenía trabajo formal, sino de forma informal. Como yo no tenía dinero, fue lo que principalmente lo que más me convenció", relata el afectado al recordar el momento en que decidió apostar por estudiar desarrollo de software.La idea de que solo debería pagar el costo del programa una vez consiguiera un empleo con un salario superior a ciertos mínimos legales le brindó la confianza necesaria para firmar los documentos exigidos.Una herencia familiar bajo amenaza judicialDe acuerdo con la denuncia de Jorge Calambas, el desenlace de esta formación no fue el ascenso laboral esperado, sino una serie de acciones legales que escalaron hasta afectar a sus familiares más cercanos. Según su testimonio, el proceso de cobro no se limitó a él, sino que se extendió a los bienes de sus deudores solidarios."Embargaron mis cuentas bancarias y las cuentas bancarias de mi mamá. Y además de eso, mi mamá tiene una finca que fue la herencia de mis abuelos", denuncia el joven con evidente preocupación por el futuro de su hogar. Para esta familia, el predio representa también el motor de su economía. "Es lo poco que ellos le dejaron y también es un sustento que nosotros tenemos. Y es muy duro que todo lo que lucharon mis abuelos, mis papás para sacar adelante esa finca se la quieren arrebatar de la nada", relata.El impacto emocional de ver la herencia en riesgo de embargo ha marcado un antes y un después en su vida. Séptimo Día conoció que no se trata de un hecho aislado. En la rama judicial colombiana se han identificado más de 500 procesos relacionados con este modelo de financiación educativa. El punto central de la controversia radica en el uso de pagarés en blanco que son ejecutados en los juzgados sin que, presuntamente, se presente el contrato original que condicionaba el pago al éxito laboral del estudiante.Expertos legales han cuestionado la situación. Aroldo Quiroz Monsalvo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó como una irregularidad el hecho de que se intenten hacer efectivos estos títulos valores de forma independiente al contrato de estudios. "No creo que eso es grave, gravísimo, porque ahí hay un engaño y hay un engaño inclusive a la justicia porque están señalándole a la justicia de que ellos simplemente suscribieron un pagaré como si fuera un mutuo", explicó el exmagistrado.Por su parte, los estudiantes aseguran que, al momento de la inscripción, la firma del pagaré se presentaba como un trámite de garantía. "Se entendía que para asegurar ellos de que uno sí iba a pagar cuando tuviera el empleo", afirma uno de los denunciantes sobre el momento de la firma.Lo que dicen sobre la calidad académicaA la angustia financiera se suma la frustración por la formación recibida. Mientras la publicidad prometía mentores internacionales y una tasa de empleabilidad superior al 90%, muchos exalumnos aseguran que el modelo de aprendizaje consistía básicamente en resolver retos de internet de manera autónoma."Retos con links de internet y uno investigaba cómo ejecutar esos retos. Ese tema de los mentores internacionales nunca existió", señala uno de los participantes del programa. Incluso, expertos en educación informática que analizaron la plataforma indicaron que los contenidos eran "genéricos" y "básicos", similares a los que se pueden encontrar de forma gratuita en la red.Para quienes lograron terminar el curso, el certificado no fue la carta de presentación esperada ante las empresas. Según los testimonios recolectados, algunos empleadores miraban con desconfianza la formación recibida. "El diploma es como simbólico porque no tiene validez", asegura otro de los afectados.La defensa de la entidad señaladaFrente a las denuncias, los representantes de la entidad encargada de la liquidación de la fundación que operaba la academia mantienen una postura firme. Tatiana Uribe, representante legal de Astorga Management, niega rotundamente que exista un engaño hacia los estudiantes y defiende la preparación brindada por el programa."Holberton School no engaña. Holberton School está acreditada y es muy exitosa en varios países", sostuvo Uribe durante la investigación. Según la vocera, la academia cumplía con la entrega de herramientas para que los participantes adquirieran los conocimientos necesarios para el mundo laboral. Respecto a los procesos de cobro y embargos, la funcionaria atribuye la situación a la responsabilidad legal que cada estudiante adquirió al momento de la matrícula. "Pues es que lo que pasa es que los participantes suscribieron un contrato y cuando uno suscribe un contrato, pues uno se obliga", puntualizó.Mientras la justicia determina si hubo incumplimientos contractuales o publicidad engañosa, el joven caleño y su familia permanecen a la espera de una resolución que no comprometa el patrimonio que sus abuelos construyeron. Para él, lo que buscaba ser una puerta para conseguir mejores oportunidades laborales se convirtió en una carga financiera que hoy parece no tener fin.
En Colombia, un país con una larga tradición de madres cabeza de familia, un hombre que decide ser padre en solitario de manera voluntaria sigue siendo una excepción. John Cifuentes Muñoz, un administrador de empresas de 51 años, es el protagonista de una historia que desafía las estructuras familiares convencionales. Tras vivir 16 años en el exterior, regresó al país para enfrentar situaciones familiares que transformaron su visión de la vida y lo llevaron a buscar el camino de la ciencia y la ley para cumplir su anhelo de ser papá. Los Informantes habló con él.El origen de su deseo de ser padre: del cuidado al amor incondicionalLa decisión de John no fue un impulso repentino. Su motivación nació de una experiencia de dolor y transformación personal vinculada a su padre, don Edilberto Cifuentes. En 2006, su padre fue secuestrado por una célula del EPL, permaneciendo siete meses en cautiverio bajo condiciones inhumanas. Este evento marcó el inicio de un deterioro en su salud que terminó años después con un diagnóstico de Alzheimer avanzado.Al regresar a Colombia para cuidar de él, John experimentó un cambio en sus prioridades. Según relata, el proceso de cuidar a su padre en su etapa más vulnerable le permitió descubrir una faceta emocional que antes desconocía. “En ese momento descubro el sentido del amor incondicional, como lo dice Brian Wise, el amor verdadero”, explicó John al recordar los días dedicados exclusivamente a acompañar a su padre. Fue esa conexión, sumada a una frase de un médico que notó la similitud en sus miradas, lo que detonó su decisión: “Definitivamente quiero ser papá. Y tomé la decisión de que quería ser padre soltero y dije, voy a empezar un proceso de subrogación”.El proceso técnico: ciencia y altos costos en ColombiaAl no tener una pareja y descartar la espera de un vínculo sentimental, John optó por la paternidad subrogada. Este procedimiento en Colombia tiene particularidades técnicas y legales que lo hacen complejo. Según el doctor Jorge Ramírez, especialista en fertilidad que acompañó el caso, para llevar a cabo este proceso se requiere la participación de dos mujeres con roles distintos y separados por ley para evitar conflictos éticos y legales futuros.“En Colombia para hacer un proceso de subrogación se necesitan dos mujeres, una que tenga el rol de donante de óvulos y la otra que es gestante, que es quien lleva ese bebé por 9 meses en su vientre”, contó Jhon. Él tuvo que seleccionar a una donante de óvulos anónima basándose en un cuestionario de características físicas, buscando que el niño tuviera rasgos similares a los suyos o a su tipo ideal de familia.El factor económico es otra barrera significativa. John revela que el proceso no es accesible para todos debido a los requerimientos de laboratorio y valores médicos. “En esta parte del proceso, el costo más importante es crear embriones. Crear embriones en Colombia puede estar hoy costando más o menos $50 millones de pesos”, afirmó. Cifuentes necesitó realizar cuatro intentos antes de que un embrión lograra implantarse con éxito en el vientre de la mujer gestante, una persona con quien sí mantuvo contacto y que ya había pasado por procesos similares anteriormente.El nacimiento de Carlo y el rol de "papá y mamá"El 8 de marzo, una fecha simbólica por ser el Día Internacional de la Mujer, nació Carlo. Para John, la llegada de su hijo representó el inicio de una etapa de aprendizaje intensivo. A pesar de contar con el apoyo de su madre y hermana, él se propuso ser el cuidador principal, asumiendo todas las tareas que tradicionalmente se dividen en una pareja o se asignan a la madre.Su compromiso con la crianza total quedó plasmado en una frase que repitió durante todo su proceso: “Quiero ser papá, pero quiero quiero quiero ser papá y mamá”. Esta visión lo llevó a prepararse para enfrentar los miedos lógicos de un padre primerizo que no tiene un relevo inmediato en casa. “Tengo que poder hacerlo. Tengo que poder bañar al bebé. Tengo que poder alimentarlo, tengo que poder hacer todo lo que el bebé necesita de mí y perdí el miedo”, recuerda sobre sus primeros días fuera de la clínica.El vacío legal: una batalla contra la burocraciaA pesar de la felicidad por el nacimiento, John se encontró con un sistema legal colombiano que no está preparado para la paternidad soltera por elección a través de subrogación. Al no existir un marco legal claro que regule el alquiler de vientres, los trámites administrativos se convirtieron en un obstáculo. El primer gran inconveniente surgió con el Registro Civil de Nacimiento.“No permitieron que me registraran a mí como padre soltero, sino que utilizan como punto de partida el registro de nacido vivo de la clínica en donde sale que la mamá es la gestante”, explica John. Como resultado, en el documento oficial el niño quedó registrado con el apellido de la gestante y ella figura como su madre legal, a pesar de existir contratos y declaraciones extrajudiciales donde ella renuncia a cualquier derecho biológico o legal sobre el menor. Para corregir esto, John ha tenido que iniciar un proceso judicial de impugnación de la paternidad que aún sigue su curso.Otro frente de batalla fue la licencia de paternidad. Inicialmente, el sistema de salud no reconocía su derecho a los cuatro meses de licencia que normalmente se le otorgan a una madre, argumentando que él es hombre. John tuvo que recurrir a una tutela en segunda instancia para que una jueza de familia ordenara a la EPS el pago y reconocimiento del tiempo necesario para cuidar a su hijo. “Hay un recién nacido que necesita que el papá esté ahí porque es que no hay mamá”, fue el argumento central que permitió que se le otorgara este derecho fundamental.Un futuro que busca crecerHoy, Carlo tiene más de un año y John se siente plenamente realizado en su rol. La experiencia ha sido tan satisfactoria para John Cifuentes que ya tiene planes para expandir su familia bajo el mismo método. “Este es el momento más feliz de mi vida. Yo no puedo pedir más”, asegura, mientras se prepara para iniciar un nuevo proceso de subrogación con el objetivo de darle un hermano a Carlo y continuar consolidando su hogar.
Jose Pino no es un experto en informática convencional. No tiene títulos universitarios ni terminó el bachillerato, pero su conocimiento técnico lo ha llevado a trabajar con las empresas más grandes de tecnología del mundo. Nació en Tumaco, Nariño, un puerto donde más del 80% de la población vive en la pobreza y los servicios básicos son precarios, Pino logró transformar su realidad a través de una pantalla. Hoy es reconocido como un hacker ético, un investigador que busca fallas en los sistemas para evitar que delincuentes roben información o dinero. Los Informantes habló con él.Una infancia entre motores y el apodo de 'Internet'Desde muy pequeño, Jose mostró una capacidad inusual para entender el funcionamiento de las máquinas. A los 9 años, mientras otros niños jugaban, él pasaba su tiempo en un taller desarmando y armando motores de motocicletas. Esta curiosidad se trasladó rápidamente al mundo digital. Durante la primaria, sus compañeros le pusieron un apodo que marcaría su destino: 'Internet'. El motivo era simple: Jose gastaba el dinero que sus padres le daban para las onces en pagar horas de conexión en cafés internet.Su primer contacto real con una computadora fue a través de su tío Lister, quien grababa música en discos para venderlos. Jose aprovechaba cualquier descuido para explorar el equipo. Su tío recuerda esos momentos con humor: “Yo llegaba y grababa y listo... cuando volvía al rato... me movía dos, tres teclas que yo no sabía cuáles eran para ponerlo normal”. El propio Jose admite la curiosa situación: “Yo me le metía a la habitación y le prendía la computadora y comenzaba a molestar con los programas que él tenía ahí”.El aprendizaje autodidacta y los foros en ruso donde aprendióLa formación de Jose Pino fue totalmente empírica. Sin profesores y con acceso limitado a la red, leía una y otra vez los únicos dos libros sobre tecnología que estaban disponibles en la biblioteca local. Cuando finalmente tuvo su propia computadora, un equipo de segunda mano que su padre le compró con esfuerzo, lo primero que hizo fue desarmarlo pieza por pieza para entender cómo funcionaba.Cuando su familia se mudó a Neiva, Jose encontró una forma de conectarse a internet de manera más estable descifrando la clave de Wi-Fi de un local vecino. Fue en ese momento cuando empezó a frecuentar foros virtuales donde expertos de todo el mundo compartían conocimientos sobre seguridad informática. El problema principal era que la información más avanzada estaba escrita en ruso. Sin herramientas modernas de traducción, Jose desarrolló su propio método: “Copiaba y pegaba el ruso para entender el contexto de lo que se estaba hablando y asimismo aprender”.La difícil decisión de dejar el colegio para trabajarA pesar de su talento, la situación económica en su hogar se complicó tras la separación de sus padres. Faltando solo cuatro meses para graduarse del colegio, Jose decidió retirarse para ayudar a su madre con los gastos básicos. Se encerró en su habitación a buscar errores en los sistemas de grandes multinacionales, esperando que su esfuerzo fuera recompensado.A los 16 años envió su primer reporte de seguridad a una empresa en San Francisco, Estados Unidos. La respuesta no fue dinero al principio, sino una camiseta y calcomanías. Sin embargo, poco después empezaron a llegar los cheques a nombre de su madre por sus descubrimientos en plataformas como Dropbox, PayPal y Yahoo. Su madre, Ruth Acevedo, recuerda que al principio no entendía lo que hacía su hijo: “Yo, ¿estás loco? Loquito, loquito”. Hoy, reconoce con orgullo que ese niño que creció en un entorno difícil logró superarse por sus propios medios.Un impacto masivo en la seguridad digital globalLa relevancia de Jose Pino en la ciberseguridad actual se mide en cifras contundentes. Solo el año pasado, identificó una falla de seguridad que afectaba al 70% de los usuarios de internet en todo el mundo. Él explica la magnitud de su trabajo de forma directa: “Si lo vemos desde el lado del descubrimiento de una vulnerabilidad directamente a un sistema, es un impacto a 3.000 millones de personas”.Además de proteger a usuarios comunes, Pino ha desarrollado herramientas tecnológicas que hoy utilizan policías del mundo para rastrear a cibercriminales. Su enfoque siempre ha sido el de la resolución de problemas complejos, algo que, según él, no siempre requiere de títulos académicos. Con seguridad, afirma: “Resolvemos problemas que los chicos de posdoctorados no resuelven”. Este nivel de experiencia lo ha llevado a ser conferencista en eventos internacionales de gran prestigio, como el Black Hat.Retorno a Tumaco y su visión de futuroA pesar de su éxito internacional y de vivir entre Medellín y Miami, Jose Pino no olvida sus orígenes en el Pacífico colombiano. En una reciente visita a su pueblo natal, donó 200 computadores portátiles a niños de la zona para que tengan las oportunidades que a él le costó tanto conseguir. En Tumaco es recibido con admiración; algunos incluso lo confunden con celebridades por su apariencia y seguridad.Para Pino, el objetivo final de su carrera es utilizar la tecnología para reducir el crimen y asegurar que las naciones tengan control sobre su propia seguridad digital. Su historia demuestra que, con disciplina y curiosidad, es posible cambiar un destino que parecía marcado por la falta de recursos. Como él mismo señala, los retos grandes se ven pequeños cuando recuerda lo que vivió en su infancia. Jose Pino no solo aprendió a programar computadores; aprendió a programar un futuro diferente para él y su familia.
Tener vivienda propia es un sueño para millones de colombianos que por años ahorran recursos y luego de una cuidadosa búsqueda deciden invertirlos en el proyecto que más se acomode a sus necesidades y, además, que les dé confianza. Muchos de los que deciden hacer esta importante inversión se fijan en un importante detalle para dar su dinero, y es que el proyecto en cuestión cuente con una fiducia.Séptimo Día conoció las denuncias de cuatro personas que, entre 2021 y 2022, encontraron en el proyecto de vivienda Acanto, de la constructora Mevic, la posibilidad de cumplir su sueño de tener un apartamento propio. Para ellos, uno de los factores de valor de esta construcción, más allá de su buena ubicación en Bogotá, su oferta de zonas comunes y facilidad de pago,fue que contaba con el apoyo de Alianza Fiduciaria.¿Qué es una fiducia y para qué sirve en un proyecto de vivienda?Cuando las personas empiezan la búsqueda de un proyecto de vivienda, muchas consideran importante que este cuente con una fiduciaria adjunta. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, experto en derecho comercial, financiero y gestión patrimonial, explicó por qué se necesita de una fiduciaria en un proyecto de vivienda y por qué esto debería darle confianza a los compradores.“Hay un constructor que no tiene dinero y necesita construir un proyecto inmobiliario, para hacerlo necesita celebrar un contrato con una fiducia para que le administre el dinero que los compradores que tienen interés en este proyecto le den”, señaló. Así las cosas, la fiduciaría tiene que administrar los recursos de los compradores, pero además, “tiene que informarle [al comprador] de forma clara, veraz y verificable todo lo relativo al proyecto y tiene que verificar que el constructor esté haciendo lo que tiene que hacer”.Tener esto claro es importante porque, en caso de que surjan problemas con la entrega o construcción del inmueble, el comprador tiene que saber a quién debe reclamar. En estos casos, la queja del futuro propietario deberá hacerse directamente a la fiduciaria y si esta no les da una respuesta favorable, entonces deben elevar su situación ante la Superintendencia Financiera.¿Qué está pasando con el proyecto Acanto en Bogotá? “Para mis hijos y para mí quería mi hogar propio”, señaló Angie Viviana Riaño, una bogotana de 35 años que en 2021 empezó una búsqueda por una vivienda propia y se decidió por el proyecto Acanto, en la localidad de Engativá. “Me gustó el precio, me gustó la distribución. Les di todos mis ahorros, vendí el vehículo que tenía y empezamos a pagar la cuota inicial con la expectativa de que el apartamento lo iban a entregar en 2023”.Lo mismo sucedió con Maryuri Cañón Cabrera, de 42 años, quien señaló que, en su momento, le pareció un proyecto “interesante y bien localizado”. Sin embargo, para ella hubo otro factor que la hizo decidirse por invertir en Acanto y fue ver que contaba con Alianza Fiduciaria. “Empiezo a averiguar y veo que está respaldado por una fiducia, así que cumplen con el proceso de entregar los recursos a través de una fiducia, y eso para mí era importante”.Tanto Angie Viviana Riaño como Maryuri Cañón iniciaron los pagos de la cuota inicial de sus apartamentos en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto, emocionadas por ver los avances de la etapa 1 y a la espera de seguir el proceso para su entrega en 2023, como se los habían prometido. Sin embargo, empezaron a preocuparse cuando pasaban por la zona y veían que nadie estaba trabajando en la obra y no se veía ningún avance en la construcción.Adrián Camilo Casas, de 41 años, también había invertido su dinero en el mismo proyecto y notaba la misma situación. “Era una inversión familiar, pensando en mi futuro y puse mi dinero en ese proyecto esperando una mejor calidad de vida... Ya no se veían obreros y empieza la preocupación”. Así como Claudia Merchán Herrera, de 52 años, quien está a la espera de que le respondan por su inversión de 90 millones de pesos en solo la cuota inicial.Todos ellos firmaron un contrato de compra con Alianza Fiduciaria por sus respectivos inmuebles en la etapa 2y 3 de Acanto. “Yo me comprometí a pagar 329 millones 185 mil pesos y a contraprestación yo recibía un apartamento y un parqueadero. Terminé de hacer mi último pago el 30 de junio en 2023 y el 100% de la cuota inicial ya está paga. Empecé a contactar diferentes personas del proyecto y nunca contestan”, detalló Maryuri Cañón.Al manifestar su preocupación por la obra pausada, Angie Riaño recibió una respuesta desconcertante por parte de la constructora. “Que no iba a seguir el negocio conmigo y que me iba a devolver el 100% de la cuota inicial porque, según ellos, yo había manifestado una inconformidad con el proyecto y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento. Pero a la fecha no me han pagado nada”. Agregó que en ese momento le dijeron que le darían su dinero en un plazo de 20 días hábiles, pero han pasado más de dos años.Estas cuatro personas, que son solo unos de los muchos afectados por los incumplimientos de la constructora Mevic y Alianza Fiduciaria, presentaron reclamos ante la Superintendencia Financiera, pero siguen sin obtener respuestas claras. Según la entidad, que fue contactada por Séptimo Día, han recibido 324 demandas contra Alianza Fiduciaria entre enero de 2025 y mayo de 2026, casos en los que su labor es entrar como jueces y analizar las pruebas de ambas partes para determinar responsabilidades y si lo que el consumidor demanda es correcto o no.Rodrigo Borrero, asesor externo de la constructora Mevic, explicó que el motivo del retraso de las obras en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto es porque “se presentaron circunstancias ajenas, derivadas de los efectos de la pandemia, las protestas en Colombia, factores climáticos y el cambio de políticas", las cuales, según él, dejaron en evidencia "que el proyecto no iba a dar utilidades”. Además, aseguró que en el caso de Angie Viviana Riaño, “tiene entendido” que ya se le pagó su dinero.Finalmente, la constructora Mevic aseguró a este programa que en diciembre de este año esperan entregar los inmuebles adquiridos por Maryuri, Claudia y Adrián Camilo, así como los de otros propietarios y, de la misma manera, lograr una conciliación con Angie Viviana Riaño. Por otro lado, a lo largo de esta investigación, Séptimo Día estuvo intentando establecer contacto con Alianza Fiduciaria para obtener una respuesta sobre las denuncias de estos cuatro ciudadanos, pero nunca respondieron.
Decenas de compradores de vivienda en Colombia están denunciando incumplimientos en la entrega de documentos legales que certifiquen la propiedad de sus inmuebles, un fenómeno que se extiende desde el Eje Cafetero hasta Antioquia y Boyacá. Pese a haber invertido los ahorros de toda una vida, muchos afectados residen materialmente en sus inmuebles, pero legalmente no tienen papeles. Mientras que en el Quindío y Antioquia las denuncias se centran en los sobrecostos y las demoras en la escrituración, en Moniquirá, Boyacá, la problemática involucra un proyecto residencial que jamás se terminó y cuyo dinero, presuntamente, se embolató. Séptimo Día investigó. Este es el caso del proyecto inmobiliario Reserva San Juan en Moniquirá, Boyacá, una construcción que se promocionó y vendió con un video en tercera dimensión desde el año 2017. La publicidad que le hicieron al conjunto era “espectacular” porque prometía dos piscinas, canchas deportivas, salón comunal, locales y senderos peatonales.Amalia Rojas, una administradora turística de 65 años, soñaba con vivir tranquila su vejez. En septiembre de 2018, compró por $170 millones de pesos una de las 230 viviendas que ofrecía el proyecto de la constructora Urbales.De la maqueta al "charcal"Doña Amalia había fijado la entrega de su vivienda para el 29 de noviembre, soñando con recibir todo lo que vio en la publicidad. Sin embargo, al llegar a la obra, se encontró con la primera negativa: le dijeron que la casa “no estaba terminada”. Cuatro días después, le entregaron la casa, pero con imperfecciones, pues cuenta que no había puerta en el patio y no tenía rosetas; incluso, más adelante tuvo un problema hidráulico en el comedor.Al igual que en otras regiones del país, el incumplimiento legal se centró en la promesa de compraventa. A Amalia le prometieron entregarle las escrituras el 15 de febrero de 2019, algo que no sucedió. Ante el engaño, ella puso una demanda en la Fiscalía, “porque yo me sentía engañada”.La frustración de los compradores se multiplicó. César Augusto Sainz González, un abogado de 61 años y vecino de doña Amalia, hace parte del grupo de afectados que se reunió vía WhatsApp, sumando unas 213 personas. César relata cómo su hermana compró una casa esquinera en 2020 y abonó la mitad del precio, unos $140 millones de pesos. La compra se hizo pensando en su madre, para llevarla a vivir en Moniquirá.Pero la realidad física de Reserva San Juan contrastaba brutalmente con el proyecto vendido: “Esto es un charcal, porque para entrar acá uno se entierra, porque esto es un barrial”. Además, al llegar a estrenar la casa, se encontraron con que estaba “en obra negra” y ni siquiera tenía “el techo del patio”. La situación era tan grave que el lugar no era habitable: “Aquí uno prendía una luz un bombillo y se prendían todas las luces, abría uno la llave aquí en el primer piso y salía el agua arriba”.La familia Sainz González tuvo que dejar el trasteo y rentar una casa en el pueblo hasta 2023. El asunto se complicó aún más cuando se enteraron de que, además de no tener escrituras, existía otro supuesto dueño de la vivienda.Cuotas extraordinarias y el quiebre del proyectoWilliam Vergel, un médico de 36 años que invirtió en 2017, pagó $186 millones de pesos por una casa que recibió en mayo de 2019. Para él y los demás compradores, lo que pagaron fue “no una casa sino un proyecto, un condominio”. Sin embargo, después de la entrega, comenzaron a aparecer daños y, luego, la maquinaria dejó de trabajar.Con la llegada de la pandemia en 2020, la paralización del proyecto fue comprensible, pero William señaló que lo que no fue comprensible fue que nunca se reactivara. Muchos afectados interpusieron denuncias y demandas, lo que llevó a la Alcaldía a nombrar a un interventor, quitándole la potestad al dueño de Urbales Constructora, el señor Amilkar Abaunza.El interventor, en conjunto con el mandatario, indicó que, para poder efectuar las escrituras y entregar el proyecto, se debía pagar una “cuota extraordinaria de aproximadamente 12 millones de pesos”. Esta exigencia fue el punto de inflexión para los denunciantes, quienes se niegan a pagar: “¿por qué voy a pagar si no están haciendo las obras de urbanismo?”.La respuesta del constructor y los dineros desviadosAnte la crisis, Séptimo Día buscó a Amilkar Abaunza, dueño de la constructora Urbales, quien inició la construcción de Reserva San Juan en 2017. El hombre negó haberse apropiado del dinero y aseguró que los fondos se mantuvieron en la obra: “todos los dineros que se recibieron en este proyecto, todos, están acá”. Explicó que el proyecto entró en “iliquidez” y que él entregó la compañía en 2021. El constructor justificó la falta de escrituración indicando que se debió a problemas legales tras la muerte de uno de los vendedores del predio: “hasta que no se legaliza la sucesión, no se puede obtener el predio a favor de la compañía”. Cuando se le preguntó si se robó la plata, él respondió: “claro que no, yo por eso le pido a las entidades, a todas, que investiguen mis bienes”.Sin embargo, la versión de la Alcaldía de Moniquirá contradice directamente la defensa del constructor. Rosalía Rojas , quien fue asesora jurídica de la Secretaría de Gobierno de Moniquirá cuando la alcaldía intervino la constructora, reveló hallazgos cruciales.Rosalía Rojas confirmó que la iliquidez se debió a una mala gestión de los recursos: “encontramos que muchísimos de los dineros de los compradores de vivienda fueron depositados a otras cuentas diferentes a la de Urbales”. El resultado fue que la escrituración fue “nada, cero”.Según lo que se presentó en el proceso, la cifra de dinero que se ha "embolatado" en todo este proceso asciende a por lo menos “8.000 millones de pesos”.Con las pruebas recabadas, la constructora Urbales fue liquidada y el proyecto fue entregado a un mandatario asignado. Rosalía Rojas confirmó que la Alcaldía ya había denunciado penalmente al constructor. El proyecto, además de la crisis financiera, tenía un problema legal de base, pues “las licencias que él sacó en su momento están vencidas y no podíamos escriturar casas porque no tenemos licencia de construcción de casas”.El proceso penal avanzó, y el 7 de diciembre de 2022, Amilkar Abaunza y su esposa recibieron una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Ambos están siendo investigados por los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal. Actualmente, el proceso en su contra continúa, aunque su defensa ha solicitado recursos de preclusión en segunda instancia.Para los afectados, la situación deja una huella emocional profunda: “se siente uno desilusionado completamente”; el constructor “me mintió, me engañó”.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
El profesor y director de un taller de artes en el municipio de Moniquirá, en Boyacá, fue llevado a la cárcel tras la imposición de un juez penal de control de garantías. Esto se debe a que el sujeto, de nombre Pedro Nel García, es señalado de haber abusado sexualmente de dos de sus estudiantes, las cuales tenían cinco y seis años. Al parecer, el sujeto habría agredido a ambas menores aprovechando que las dos asistían a este taller de arte sin sus padres o parientes responsables. El señalado abusador, presuntamente, intimidaba y amenazaba a las dos niñas para que no dieran a conocer lo que estaba ocurriendo. Esta serie de abusos se llevaron a cabo entre enero de 2020 y agosto de 2023. Ambas víctimas, finalmente, dieron a conocer esta compleja situación a sus profesores y orientadores del colegio en el que llevaban a cabo sus estudios. Dicha denuncia conllevó a que se activaran los protocolos de denuncia y de protección correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación. Gracias al trabajo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional se logró capturar al sujeto en Moniquirá, mismo municipio en el que trabajaba y presuntamente cometía todos sus delitos contra las dos menores.Al docente, quien deberá afrontar su procedimiento judicial encerrado en un centro carcelario, se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El sujeto, por su parte, no aceptó los cargos y continúa enfrentando el caso en prisión.Según lo dio a conocer la Fiscalía, el sujeto conocía la edad de ambas menores. Esto, porque acorde con lo que divulgó la fiscal del caso, Pedro Nel García sabía que ambas menores abusadas habían iniciado las clases en su taller desde que tenían 6 y 5 años respectivamente. Adicionalmente, por la contextura física y por la cercanía que había entablado el docente con los padres de los menores, se determinó que el señalado violador conocía la edad de sus víctimas, construyó un vínculo de confianza con los padres de las niñas y aprovechaba su posición como docente para cometer estos graves hechos. "La fiscalía le imputa, Señor Pedro Nel García, que usted sabía que estaba realizando actos sexuales con estas menores de menos de 14 años, que usted además conocía la edad de las víctimas porque iniciaron las clases en su taller desde que cada una tenía 6 y 5 años respectivamente. Es decir, que por su misma contextura física y por el conocimiento con los progenitores y la cercanía con los progenitores de las menores, usted conocía la edad de ellas. Además que usted para realizar estos actos abusó de esa posición a ser el profesor de artes de estas menores", explicó la fiscal del caso. JULIÁN CAMILO SANDOVALNOTICIAS CARACOL DIGITAL JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO
Este miércoles, 19 de junio de 2024, se presentó una emergencia por las fuertes lluvias en la vía que comunica al departamento de Boyacá con Santander. Un aguacero ocasionó un derrumbe de grandes proporciones entre los municipios de Arcabuco y Moniquirá, exactamente en el sector conocido como La Cumbre.>>> También puede leer: Derrumbe en Parque Natural Los Nevados dejó atrapadas a 32 personasLos organismos de socorro y la Policía arribaron al lugar de los hechos para atender la emergencia, que imposibilita el paso de vehículos. De acuerdo con la información reportada por las autoridades, la vía permanecerá cerrada durante el resto de la noche por seguridad de los viajeros y mientras atienden el desastre natural.A los vehículos que vayan a transitar por esta carretera se les recomienda tomar la ruta alterna para Santander, por la vía Chiquinquirá – Puente Nacional – Barbosa.>>> También puede leer: Parte de montaña en Boyacá se derrumbó y tapó un vehículo: dos personas resultaron heridas
El boyacense Henry Cubides, uno de los empresarios más importantes en el sector transportador de Colombia, murió el viernes 19 de enero de 2024 en la ciudad de Bogotá.Falleció la empresaria del chance Enilce López, La Gata, en BarranquillaLa noticia la dio a conocer la Cámara de Comercio de Tunja a través de sus redes sociales: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento del empresario moniquireño Henry Cubides Olarte, fundador de Coltanques, uno de los mayores conglomerados del sector de transporte”.Henry Cubides nació en Moniquirá, Boyacá, el 4 de mayo de 1942, y se casó con Martha Moreno Ulloa, con quien tuvo cinco hijos.Hizo parte del Partido Liberal, fue concejal de Moniquirá y senador de la República.El boyacense se caracterizó por su espíritu emprendedor y poder de liderazgo en el gremio empresarial colombiano. Fue fundador de empresas como Colvanes, Coltanques, Envía y recientemente la aerolínea Clic, socio de Carrazos S.A.S y del Club Social de Moniquirá. Además, Henry Cubides se hizo partícipe en diversas obras sociales.Dentro de las propiedades de Cubides estuvo el club de fútbol de primera división Atlético Bucaramanga, del que fue el máximo accionista en el año 2012.“Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores, acompañándolos en este difícil momento. Descanse en paz”, expresó en redes la Cámara de Comercio de Tunja.Murió Enrique García, reconocido fotógrafo del Carnaval de Barranquilla, a los 83 añosDe acuerdo con el diario regional Boyacá 7 Días, la familia del fallecido dará detalles sobre las honras fúnebres este sábado 20 de enero y se contempla la posibilidad de que sea sepultado en Bogotá.
Un hombre en Moniquirá, Boyacá, es investigado por haber protagonizado un hecho reprochable que puso en riesgo a varios estudiantes y que además dejó al descubierto que portaba un arma traumática modificada.Otras noticias: Niño embera resultó herido en medio de persecución policial en Transmilenio: “Fue un accidente”La versión de las autoridades señala que este hombre hizo parte, presuntamente, de una riña en el municipio de Moniquirá, situación que fue informada por la comunidad a la Policía Nacional, al ver que uno de los involucrados tenía un arma de fuego.El hombre que conducía una camioneta, en la que transportaba estudiantes, emprendió la huida perdiendo el control del vehículo y es en ese momento donde cinco menores y una persona adulta resultaron lesionados.“La patrulla se desplaza para atender el requerimiento, cuando llega, ve a una persona que tiene un arma de fuego y esta persona, al notar que la patrulla se acercaba hacia el lugar donde estaba, se sube en una camioneta de servicio público donde estaba transportando unos menores de edad que venían del colegio y empieza la huida. En la persecución, esta persona pierde el control de vehículo”, informó el coronel Juan Felipe Montoya Bonilla, subcomandante de la Policía de Boyacá.Accidente en Hidroituango: choque de bus dejó un muerto y 16 heridosSegún la investigación, al parecer, los padres de los menores habían contratado a este sujeto para el transporte de los estudiantes desde el casco urbano hasta la zona rural.“Cuando ya llegan los policías a atender y a verificar cómo están los pasajeros del vehículo, se encuentran que hay varios menores de edad que pertenecían a un colegio, también identifican a la persona que estaba participando en la riña, verifican el arma, el arma es un arma traumática que ha sido modificada su munición para balines", agregó el coronel Montoya Bonilla. Por ahora, el capturado por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego se encuentra en las respectivas audiencias donde se determinará su futuro.Otro caso de intolerancia en vías de BoyacáMás de 30 niños de un colegio de Nobsa, en Boyacá, estuvieron en riesgo por un ataque que sufrió el bus escolar en el que eran transportados cuando volvían a sus casas luego de salir de clases, en hechos ocurridos la semana pasada.Dos hombres en Boyacá atacaron bus escolar que transportaba cerca de 30 niñosOcurrió en la vía que de Duitama conduce al sector de Belencito, en jurisdicción del municipio de Nobsa. Según las autoridades, se trató de un acto de intolerancia donde el motociclista hizo que el conductor del bus escolar frenara bruscamente. Por esta situación, el conductor de la moto y el parrillero la emprendieron contra el vehículo donde se encontraban 30 menores de edad que acababan de salir del colegio.
En medio de un hecho de intolerancia, un hombre agredió con arma cortopunzante a un perro en Moniquirá, Boyacá, hasta causarle la muerte.Angustioso rescate de un perro que estuvo a punto de caer desde un sexto piso en SabanetaLa situación fue denunciada por miembros de la comunidad, quienes lograron dar aviso a las autoridades para que esta persona fuera capturada y respondiera por lo sucedido.Pese a los esfuerzos de la Policía Nacional y vecinos del lugar, el animal no logró sobrevivir.Mató al perro de un vecinoEn Pomona, Estados Unidos, un hombre le disparó y mató al perro de un vecino porque el animal estaba persiguiendo una ardilla dentro de su patio.Marlon Caballero y su familia se habían mudado hace un par de semanas, pero el 4 de diciembre de 2022 fue el fatal hecho que desembocó en la muerte de su mascota, de 8 años de edad.El hombre le contó a Fox LA que le suplicó al vecino que le permitiera recuperar a su perro después de que le disparó en tres oportunidades, pero el individuo sin corazón se negó.“Le estoy suplicando al vecino: 'Oye, por favor dame mi perro, déjame tener mi perro. Puedo salvarlo si me das mi perro'”, declaró Caballero.Cámara grabó cómo ciclista mató a un perrito con una piedraCuando Marlon regresó corriendo a su casa para llamar a las autoridades, escuchó varios disparos más.“Va al fondo de su patio y básicamente descarga al menos otros seis cartuchos del revólver que vi que tenía. Y a partir de ahí, simplemente me rompió el corazón. ¿Cómo podría alguien hacerle eso a (un) perro?”, agregó.El vecino, quien no fue identificado, fue acusado de crueldad animal y disparar un arma de fuego en un área pública.
En seis municipios de Boyacá se suspendieron las fiestas que tenían programadas para el puente de Reyes, debido al incremento de contagios por COVID-19 reportados en el comienzo de año."El virus va a quedar circulando": inmunólogo frente al COVID-19Las poblaciones donde se aplazaron las festividades son: Moniquirá, Duitama, Tuta, Garagoa, Jenesano y Úmbita.¿Presenta síntomas fuertes de gripa? Atento a estas recomendaciones para saber cuándo ir a urgenciasFabio Arévalo, alcalde de Garagoa, dijo que en la población “nos ha arrojado en menos de 5 días 30 casos positivos y el pronóstico para el departamento es que siga avanzando la ocupación de camas UCI. Por eso categóricamente hemos decidido suspender y aplazar la celebración de las tradicionales ferias y fiestas de Garagoa”.En el mismo sentido se pronunció David Ortega, alcalde de Duitama: “La principal responsabilidad es resguardar la salud de los duitamenses y quienes vengan a nuestra ciudad. Es por eso que, ante el elevado aumento de casos de contagio por COVID-19, hemos tomado la decisión de aplazar todos los eventos que se iban a desarrollar en el marco de la Feria Duitama 2022”.Nubia Jacqueline Caro, alcaldesa de Jenesano, también anunció que se postergan “las festividades que se llevarían a cabo en el mes de enero y estaremos documentando para todos ustedes la fecha en la cual la realizaremos con seguridad y en conjunto”.Se prevé que otros municipios de Boyacá anuncien la suspensión de sus eventos para el puente de Reyes para evitar que el COVID-19 siga propagándose.Cancelan el carnaval callejero de Río de Janeiro por avance de ómicron
Catalina Giraldo Silva pasó sus últimos días esperando una respuesta que nunca llegó. Durante casi diez meses recorrió caminos legales, presentó recursos, enfrentó negativas y sostuvo una batalla que, para ella, era también una decisión que esperaba pudiera abrir la puerta para otros pacientes en situaciones similares; y llevaba meses con la esperanza de que la Corte reconociera el suicidio medicamente asistido como una alternativa dentro del derecho a morir dignamente.El jueves 9 de julio, en una clínica de Bogotá, Catalina murió mediante eutanasia. Lo hizo acompañada por su familia, después de aceptar un procedimiento distinto al que había solicitado inicialmente. Su deseo era otro: tener la posibilidad de aplicarse ella misma el medicamento bajo supervisión médica, como ocurre en el suicidio médicamente asistido. Sin embargo, esa práctica, aunque fue despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, todavía no cuenta con una regulación que permita su aplicación en Colombia.Horas antes de morir, Catalina concedió una última entrevista a Noticias Caracol. "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente".Esta es su historia.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; y el ministro designado de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, participaron este lunes en Washington, capital de Estados Unidos, en una reunión estratégica de alto nivel con directivos del Grupo Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).Según la oficina de comunicación del presidente electo Abelardo de la Espriella, este encuentro tenía tres objetivos: "Una Colombia estable, con finanzas públicas sólidas y reglas que fortalezcan la confianza; una Colombia competitiva, impulsada por la inversión, la productividad, la infraestructura y la generación de empleo; y una Colombia más equitativa, enfocada en cerrar brechas sociales mediante una gestión pública eficiente y orientada a resultados".Restrepo, en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión, aseguró que los directivos del Grupo Banco Mundial indicaron que buscan priorizar el apoyo al sector campesino y a los jóvenes. Asimismo, resaltó que por el momento no se ha definido "de cuánto va a hacer el aporte" de este grupo para el país. El equipo de De la Espriella añadió que, en el marco de estas conversaciones, el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, expresó el interés de la institución en acompañar las prioridades del nuevo Gobierno, haciendo énfasis también en "el fortalecimiento de las regiones, el acceso a capital semilla, el desarrollo territorial y la promoción de iniciativas que impulsen el crecimiento económico con inclusión social".En ese sentido, afirmaron que "los avances alcanzados" servirán como base para la reunión que sostendrán en la ciudad de Barranquilla el presidente electo Abelardo De La Espriella y la vicepresidenta Susana Cordeiro, "en la que se espera formalizar una hoja de ruta de cooperación para acompañar al nuevo Gobierno desde el inicio de su mandato". "Este acercamiento refleja la disposición del Grupo Banco Mundial de trabajar de manera articulada con el Gobierno entrante en la construcción de una agenda de desarrollo para Colombia. Asimismo, envía un mensaje de confianza a los mercados, a los inversionistas y a la comunidad internacional sobre el compromiso del nuevo Gobierno con la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal, el fortalecimiento institucional y el crecimiento con equidad", agregó el equipo del presidente electo.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Se conocen nuevos detalles en la investigación del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el domingo 12 de julio en un establecimiento comercial de Soacha, Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación señaló que el hombre señalado como responsable habría mantenido durante varios meses conductas de persecución, intimidación y hostigamiento contra la mujer, luego de que ella rechazara una propuesta para iniciar una relación sentimental.De acuerdo con la información recopilada, Óscar Giovanny Marulanda conoció a la mujer en febrero de 2026, cuando ella se encontraba trabajando en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Soacha. Tras acercarse a ella con intenciones sentimentales, la víctima le habría expresado que no quería iniciar ningún vínculo de pareja.Después de esa negativa, comenzaron diferentes situaciones en las que el hombre presuntamente buscaba acercarse a ella en contra de su voluntad.Noticia en desarrollo.
Un video divulgado por Noticias Caracol muestra la reacción de clientes y trabajadores del Centro Comercial Mercurio, en Soacha, luego del ataque con arma blanca contra Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien se encontraba cumpliendo su jornada laboral dentro del almacén Homecenter.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 12 de julio de 2026, aproximadamente a las tres de la tarde. Según la información entregada por la Policía Nacional, la mujer recibió varias heridas durante la agresión y fue trasladada a un centro asistencial del municipio, donde los médicos intentaron atender la gravedad de las lesiones. Sin embargo, horas después falleció. La Policía identificó al capturado como Óscar Giovanni Marulanda, quien fue detenido en el lugar de los hechos. Horas más tarde, la Fiscalía General de la Nación informó que cuenta con elementos de prueba que indicarían que el hombre habría ejercido actos de acoso y seguimiento contra Rosa Mayerly Olaya Coronado antes del ataque ocurrido dentro del almacén donde ella trabajaba en Soacha.Así fue la captura de presunto feminicida de Rosa Mayerly OlayaTestigos entregaron a Noticias Caracol un video en el que se aprecia a varias personas que se encontraba realizando compras acercándose al lugar donde quedó la víctima, mientras intentaban controlar la situación y evitar que el presunto responsable abandonara el sitio. De acuerdo con los testimonios, el hombre señalado de haber cometido la agresión permaneció retenido por algunos minutos mientras llegaban las autoridades. Tras conocerse el caso, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que solicitó acompañamiento para la familia de la víctima y pidió que el proceso judicial avance con rapidez. Además, aseguró que se adelantarán acciones institucionales frente a los casos de violencia contra las mujeres en el municipio.De acuerdo con cifras entregadas por la administración municipal, este sería el primer caso de feminicidio registrado en Soacha durante 2026. El caso continúa bajo investigación mientras la Fiscalía adelanta las diligencias necesarias para definir la situación jurídica del capturado.Fiscalía señala que el acusado habría acosado a la víctima antes del ataque en SoachaSegún la investigación, el hombre conoció a la víctima en febrero de 2026 en el establecimiento comercial donde ella llevaba varios años laborando. De acuerdo con el ente investigador, Marulanda habría manifestado su interés sentimental hacia la mujer, pero ella le habría expresado que no quería iniciar una relación con él.Después de esa negativa, la Fiscalía aseguró que comenzaron una serie de comportamientos de hostigamiento en contra de la víctima. En al menos dos ocasiones, según el reporte oficial, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañarla desde su lugar de trabajo hasta su vivienda, con el objetivo de evitar nuevas situaciones de acoso.El proceso investigativo también estableció que el señalado agresor habría llegado en dos oportunidades a viviendas de personas cercanas a la mujer. Los hechos habrían ocurrido el 10 de mayo y el 5 de junio, cuando presuntamente buscó a la víctima en la residencia de su madre y de su expareja sentimental, donde habría realizado actos de intimidación.Posteriormente, el 12 de julio, el hombre habría ingresado al establecimiento comercial ubicado en el Centro Comercial Mercurio, donde Rosa Mayerly se encontraba trabajando, y presuntamente la atacó con un arma blanca. La agresión le ocasionó cuatro heridas que, pese a la atención médica recibida, terminaron causándole la muerte.Tras el ataque, el señalado responsable fue capturado en flagrancia por las autoridades y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.El anuncio se da en medio de otra afirmación de Trump donde expresa querer continuar las negociaciones con Irán pese a que, según dijo, ambos países habían alcanzado un "acuerdo" dos días antes, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán."Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando", aseguró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin ofrecer detalles sobre el supuesto pacto ni sobre las condiciones del mismo.Trump dice que Irán buscó seguir negociando pese a acuerdo alcanzado con EE.UU.Trump aseguró que, pese a las conversaciones con Teherán, su Gobierno no llegó a cerrar un acuerdo definitivo porque Irán habría optado por prolongar el diálogo. El mandatario no explicó qué puntos incluía el supuesto entendimiento alcanzado "hace dos días" ni quiénes participaron en esas negociaciones.El presidente estadounidense insistió en que la presión sobre Irán continuará mientras no exista un pacto que satisfaga a Washington y defendió el uso combinado de medidas económicas y acciones militares como mecanismo para forzar a Teherán a aceptar sus condiciones. Trump afirmó que su objetivo sigue siendo evitar que Irán desarrolle o mantenga capacidades que considera una amenaza para Estados Unidos y sus aliados. La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques estadounidenses.Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, mientras Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Washington en la región.EFE
