Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
La Superintendencia de Servicios anunció que inspeccionará la empresa Vanti por el aumento de tarifas en el servicio de gas. En las últimas horas se conoció que el servicio del hidrocarburo tendría un incremento del 36%, aumento que el Gobierno del presidente Petro ha criticado.A través de un comunicado, la Superservicios indicó que, “en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, informa que viene realizando un seguimiento al proceso de comercialización de las empresas de gas en el país, frente al anuncio de los incrementos de las tarifas por parte de algunos prestadores del servicio”.Esto significa que Vanti no será la única prestadora de servicio que será inspeccionada por la Superintendencia de Servicios.(Lea también: “Abastecimiento de gas en Colombia está asegurado”: minminas al cuestionar alza en la tarifa)La entidad aseguró que "se ha hecho y continuará haciendo los debidos requerimientos a las empresas prestadoras del servicio de gas domiciliario por redes y analiza los diferentes procesos relacionados con la contratación de gas por parte de las comercializadoras. Paralelamente, la Superservicios se encuentra en la sede de XM, que es el operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, para verificar la implementación de los cambios regulatorios en las tarifas de energía".Finalmente, la Superservicios aseguró que ejercerá las medidas de inspección, vigilancia y control necesarias "para que los agentes del sector cumplan con el marco regulatorio vigente. Estas acciones buscan proteger la prestación de los servicios públicos como un derecho para los ciudadanos".El Gobierno nacional ya había pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Servicios que investigara a Vanti por el alza anunciada de hasta un 36%. El presidente Gustavo Petro aseguró que la empresa Vanti está “especulando”.Tras el anuncio del aumento en las facturas del servicio de gas natural, surgió un choque de versiones entre las empresas del sector y el Gobierno nacional. Por un lado, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, advirtió sobre sanciones a las compañías que importen gas porque, según él, en Colombia sí hay hidrocarburo suficiente.El ministro les pidió a las superintendencias de Servicios y de Industria y Comercio que tomen medidas para proteger a los usuarios.En el otro costado, las empresas distribuidoras aseguraron que hay déficit de gas y que por esa razón han tenido que importarlo.Gremio del gas le responde al GobiernoCamilo Sánchez, presidente de Andesco, le pidió al ministro Camacho “que no siga diciendo lo que no es. No ha puesto una sola demanda a ninguna empresa y dice todos los días que son los corruptos, que roban y que cobran lo indebido. No es verdad. Aquí se cobra lo que se tiene que cobrar”.Según Sánchez, el incremento en la factura de gas se debe a que el hidrocarburo importado es más costoso, afectando a los hogares, comercios e industrias.“Esto no fue una sorpresa, estuvo dicho, aquí nada se hace por debajo de la mesa. El superintendente de Servicios Públicos lo conoce y se ha entregado toda la información para que se sepa qué pasa. No quiere decir que en todo el territorio va a subir el gas. Sube donde tuvieron que, por la contingencia que se ha dado, comprar gas importado”.(Lea también: Gustavo Petro: "Quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía")
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que tomará posesión de la empresa de energía Air-E con finen liquidatorios, incluyendo una una etapa de administración temporal, según la entidad, “para garantizar la continuidad del servicio como un derecho”.La Superservicios aseguró que “la decisión se adoptó luego del análisis del Informe Diagnóstico de Gestión, remitido por el agente especial de Air-E (empresa intervenida), que muestra la compleja condición financiera y operativa de la empresa”.(Lea también: El alto costo de la energía en Colombia, una barrera para pacientes oxígeno dependientes)Air-E tiene atrasos de pagos a proveedores, según SuperserviciosDel análisis del componente financiero, la superintendencia concluyó que la compañía Air-E “presenta un deterioro financiero y operativo representado en indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación, reflejando una situación financiera no óptima y retrasos significativos en la ejecución del plan de inversiones en redes”.Además, la entidad encontró que existen importantes deficiencias de infraestructura que afectan la calidad y continuidad del servicio a los ciudadanos por parte de la empresa de energía.La Superintendencia de Servicios sostuvo que “la decisión se fundamenta en que dicha modalidad de intervención permite que la empresa continúe desarrollando con normalidad su objeto social y se garantice la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, esto con el fin de salvaguardar los derechos de los usuarios en el área de operación de la empresa”.La entidad explicó que la modalidad de toma de posesión va a permitir “abrir un espacio de administración temporal dentro del cual se pueden adoptar diferentes medidas para atender de manera estructural, a corto y largo plazo, los problemas financieros, técnicos y operativos por los que atraviesa la compañía”.Finalmente, la Superintendencia de Servicios afirmó que, con la decisión adoptada de tomar posesión de Air-E, se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho, y que desde la entidad “se adelantarán las medidas necesarias para que Air-E pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la ley”.La intervención de la empresa Air-E fue aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en pasado 10 de septiembre de 2024. El ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se refirió a la intervención y dijo en su momento que “en la Comisión de Regulación de Energía y Gas hemos dado concepto favorable a la intervención de Air-e porque es decisión de este Gobierno y responsabilidad nuestra garantizar la prestación del servicio”.Además, Camacho mencionó que “no vamos a permitir que el mercado siga apoderándose de los derechos de la gente y es parte de lo que vamos a comenzar a hacer”. También sostuvo que hay “una batalla entre empresas: entre las comercializadoras y las generadoras y entre los intermediarios con los gobiernos locales, donde también tienen una responsabilidad del costo de los terceros, tasas de seguridad y alumbrado público. Hoy se le ha colgado a la gente toda la presión”.(Lea también - Preocupación por suministro de energía en costa Caribe: ¿cómo buscan evitar racionamiento?)
En las últimas horas, la empresa XM lanzó una advertencia a 20 compañías comercializadoras de energía en Colombia que están colgadas en los pagos las cuales deben cancelar sus deudas antes del miércoles 18 de octubre. Si no se ponen al día antes de esa fecha, a miles de hogares les quitarían el servicio de la luz. Apagón en Colombia sería inminente, advierte la ContraloríaLa razón de la medida se respalda en que las entidades incumplieron obligaciones con el mercado mayorista de la energía en Colombia y, por tal razón, la Superintendencia de Servicios Públicos podría intervenirlas en esa fecha o incluso antes, de acuerdo a la normatividad vigente, para evitar el corte del suministro de energía.Es decir, la que hoy es considerada como una amonestación puede ir a mayores en contra de la empresa Air-e y otras 19 compañías de electricidad entre las que están Cedenar, Electrocaquetá, Empresa de Energía de Arauca, Empresa de Energía de Boyacá y la Empresa de Servicios Públicos del Occidente Colombiano.El trabajo sancionatorio se iniciaría con un programa de limitación del suministro de energía a los usuarios finales, es decir que les quitarían la luz a sus clientes.Sin embargo, una limitación de suministro no necesariamente implica que quiten el servicio de energía en Colombia a todos al mismo tiempo.¿Se está volviendo insostenible el costo del servicio de energía en el Caribe y Santander?Apagón en ColombiaEl contralor delegado para Minas y Energía, Germán Castro, había advertido que podría darse este fenómeno por el aumento de precio del kilovatio.“De enero, que estaba a 250 pesos el kilovatio hora, a hoy septiembre está llegando a los 1.100 pesos”, dijo.Es ahí cuando los distribuidores y comercializadores tendrían problemas por “la dificultad de comprar caro, la cartera que no se recupera, la opción tarifaria que no se puede recuperar completamente y un (fenómeno del) Niño que está comenzando llevan a que estos distribuidores no pueden adquirir la energía suficiente y van siendo deficitarios en la compra. Esto puede llevar a que haya algunos usuarios a los que comiencen a limitárseles el servicio, eso es lo que nos preocupa en este momento”, señaló el funcionario.En palabras del contralor Germán Castro, esto “genera un riesgo sistémico. Si las empresas distribuidoras no pueden prestar el servicio tienen que ser intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y esto puede causar un impacto fiscal al Estado para el que no está preparado, eso no está en ningún presupuesto y esto puede conllevar a un apagón comercial y financiero”.A esto se suma que “el fenómeno de El Niño asoma y solamente en una o dos semanas los embalses han bajado del 81 al 76% aproximadamente”, dijo.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) abrió una investigación contra la empresa de energía Enel Colombia por los altos precios de la electricidad que ofertó en la bolsa de energía, justo cuando tenía exceso de agua en la represa de Betania, departamento del Huila, lo que supone precios bajos en el servicio. Podría leer: Preocupación entre empresarios y trabajadores por el alto costo de vidaEsta presunta anomalía se registró entre el 17 y el 22 de octubre pasado, pues pese a que estaba botando el agua debido a la temporada de altas lluvias, la compañía ofertó a casi 900 pesos por kilovatio, cuando, según a Superservicios, debía costar alrededor de 100 pesos aproximadamente.Esto habría significado para los colombianos un alza de 15%, sobre todo, en la costa Atlántica. Enel Colombia respondió que están realizando un análisis del pliego de cargos para dar una respuesta a la entidad.Podría ser de su interés: FMI advierte sobre la economía mundial en 2023: ¿será peor que el año pasado?“Esperamos efectivamente en esos descargos que presenten desvirtúen lo que hoy tenemos como evidencia probatoria de que efectivamente durante esos días vertieron el agua y que ofertaron. Esas son cifras incontrovertibles, pero bueno, ahí hay un debido proceso, hay que respetarlo y lo escucharemos”, expresó el superintendente encargado de Servicios Públicos Domiciliarios.Otras noticias del día: Incendio en la calle 80 de Bogotá: impresionantes imágenes de voraz conflagración en una fábricaGobierno suspende decreto de cese al fuego bilateral con ELN y hace llamado a declarar treguaFeminicidio en Bogotá: ¿por qué dejaban ir a confeso asesino que intentó entregarse 3 veces?
Un aumento considerable en el precio que pagan 12 millones de colombianos que consumen gas GLP (Gas licuado del petróleo) se produjo en las últimas semanas, lo que impacta en la economía familiar.Fue en promedio un incremento del 30 por ciento en cada cilindro, lo que golpea no solo el bolsillo de los consumidores sino que tiene preocupadas a las empresas distribuidoras.La disparada en los precios internacionales motivo el alza en este producto que es consumido por habitantes de 1.050 municipios de Colombia.El presidente de la Asociación Colombiana de GLP, Alejandro Martínez, habló de los precios de estos productos y su impacto en la economía de los hogares colombianos.¿Quiénes utilizan este gas hoy en Colombia?Son 12 millones de personas en todo el país: Antioquia, Valle, Caldas, Nariño, Bogotá son donde más se consumen.¿Qué significa esta alza de precios?El sector residencial es el 70 por ciento del consumo GLP, la mayoría estratos 1 y 2. El precio regulado subió un 30 por ciento en febrero 15, porque los precios del propano y el butano se dispararon en el mercado internacional entre diciembre y enero.Eso implica un problema complicado, porque es un combustible usado para cocinar. Estamos pidiendo a la Comisión de Regulación que le ponga un tope o techo a los incrementos en los precios regulados de Ecopetrol para proteger a los usuarios.¿Qué costo tienen, cuál fue el incremento?En cada ciudad, cada distribuidora le pone un precio distinto. El cilindro de 33 libras puedo haber subido alrededor de 5 o 6 mil pesos. El promedio nacional fue el 30 por ciento. El costo es muy alto, estamos muy preocupadas las empresas distribuidoras porque el impacto puede llevar a familias del sector rural a sustituir el gas GLP por leña y tenemos cinco millones de personas que cocinan con leña. Sería un retroceso muy grande.No sabemos qué va a pasar a futuro, hay muchas incertidumbres por la crisis del COVID. Si sigue subiendo, es un tema muy preocupado. Esperamos que el gobierno piense en ponerle un techo al precio regulado de Ecopetrol para proteger a los usuarios.¿Qué alternativas hay para ayudar a las familias?A parte de ponerle techo al incremento de los precios, sería aumentar los subsidios. Pero lo más sensato es ponerle techo. El GLP tiene un gran contenido social.Se utiliza en el sector de servicios turísticos, en sector avícola, para mantener temperaturas necesarias en la agricultura, para las calderas, para muchos usos. Además, está creciendo; el año pasado (2020) crecimos 6,6 por ciento a pesar de la pandemia.
Bajo la lupa de la Superintendencia de Servicios Públicos están 20 empresas por presuntas alteraciones en la facturación. También se indaga posibles irregularidades en las tarifas.Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, aseguró, durante un debate de control político, que ya son 11 empresas de acueducto y alcantarillado, a nivel nacional, a las que se le viene adelantando investigaciones con pliego de cargos por presuntas irregularidades en la facturación.“Hemos iniciado durante este periodo de aislamiento preventivo obligatorio y de pandemia 41 averiguaciones preliminares, en 19 departamentos del país, para establecer si hubo efectivamente irregularidades en materia de medición de consumo y de facturación”, señaló Avendaño.Y agregó que “estas investigaciones nos van a permitir determinar causales de incumplimiento”. También adelantan indagaciones a 17 empresas de energía y gas.Según los citantes al debate en el Congreso, en época de pandemia y durante la cuarentena el costo de los servicios públicos se incrementó.Por su parte, el ministro de Minas y Energía aseguró que el gobierno nacional ha venido haciendo grandes esfuerzos para garantizar los servicios públicos a los colombianos.En el debate quedó sobre la mesa la necesidad de radicar un proyecto que le dé herramientas a la Superintendencia de Servicios Públicos para sancionar ejemplarmente a las empresas que abusen del cobro en los servicios.
La Superintendencia de Servicios Públicos abrió investigación formal contra seis empresas de energía eléctrica y gas.La entidad anunció semanas atrás indagaciones preliminares contra 22 compañías por presuntas irregularidades en el cobro de servicios durante la cuarentena por el coronavirus. Algunas no estaban aplicando los beneficios decretados por el Gobierno.Dos de las investigadas son Enel-Codensa, que presta servicio en Bogotá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá.La otra empresa es Vanti, denunciada por miles de usuarios porque al comienzo de la pandemia solo promedió el consumo de gas y aumentó los cobros del servicio en los meses posteriores.En contexto:
Con el propósito de aliviar el impacto económico en los hogares por cuenta de la pandemia, el Gobierno extendió un mes más la opción de diferir el pago de energía y gas.Desde que comenzó la emergencia sanitaria por el COVID-19, algunos usuarios han visto incrementos en los valores de las facturas de los servicios públicos de hasta 20 por ciento.Según las empresas prestadoras de los servicios, estos incrementos no son de tarifa sino por más consumo, pues los usuarios pasan más tiempo en casa.Por eso el Gobierno nuevamente extendió un mes más el plazo para pagar los servicios del mes de julio con las siguientes facilidades:Los estratos 1 y 2 pueden pagar las facturas de julio en un plazo de 36 meses sin intereses. Si pagan oportunamente, con descuento de mínimo 10 por ciento.Los estratos 3 y 4 podrían diferir el pago hasta por 24 meses con una tasa preferencial.Adicionalmente, el Gobierno giró recursos por más 778 mil millones de pesos para cubrir subsidios del GLP, la energía eléctrica y el gas natural.Por su parte, la compañía Vanti, por ejemplo, extendió el descuento de 10 por ciento un mes más para los usuarios de estratos uno y dos que paguen oportunamente su factura."Para los usuarios que tienen dificultan en el pago de su factura de gas, seguimos otorgando financiación automática por pagos diferidos de facturas", dijo Marcela Muñoz, gerente de servicio al cliente de Vanti.Para usuarios de estratos 5, 6 y establecimientos comerciales, las financiaciones serán en acuerdo con los usuarios.Advierte la Comisión Reguladora de Energía y Gas que mientras dura la emergencia, las empresas prestadoras del servicio no podrán incrementar las tarifas del consumo mínimo de energía.En los que va corrido del año, la Superservicios ha abierto 33 indagaciones preliminares a empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.Sobre el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto que establecía subsidios en los recibos de agua, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vivienda está a la espera de la notificación oficial, para pronunciarse y adoptar medidas.
Más de 20 mil reclamos ha recibido la entidad reguladora desde abril, cuando inició la emergencia sanitaria por el coronavirus, por el cobro, la facturación y la medición de los servicios de energía, agua y gas.Las empresas indagadas son:• Enel – Codensa: Bogotá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá.• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá• Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A)• Acueducto Metropolitano de Bucaramanga• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira• Aguas de Manizales• Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta• Acueducto y Alcantarillado de Popayán• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare• Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Industrial y Comercial de Miranda (Cauca)• Empresas Municipales de Chinácota (Norte de Santander)• Empresas Públicas de San Rafael (Antioquia)• Empresas Públicas de la Ceja (Antioquia)• Empresa de Servicios Públicos de Chaparral (Tolima)• Aguas de Puerto Wilches (Santander)• Aguas Manantiales de Pácora (Caldas)• Aguas de la Sabana (Sucre y Córdoba)• Empresa de Servicios Públicos de Villanueva (Casanare)• Empresa de Servicios Públicos de Tabio (Cundinamarca)• Alcanos de Colombia• Centrales Eléctricas de Nariño• Gases del CaribeUna de las denuncias llegó desde Saldaña, en Tolima, donde el recibo de la luz de la empresa Celsia de una ciudadana pasó de $90.000 a más de $3.000.000.Si usted tiene alguna irregularidad en sus facturas, puede ingresar su denuncia al sitio web https://teresuelvo.superservicios.gov.co/La empresa tiene la obligación de solucionar el problema en 15 días, de lo contrario, en 72 horas esa compañía debe conceder lo que el usuario reclamó.Asimismo, deben devolver el cobro de más a los usuarios y se exponen a una multa, que se establecería en seis meses.
Lo hizo desde 2008 para, sin pagar un solo peso, abastecer de energía su finca, hoteles y compañías. Con hombres armados, sacaba corriendo a funcionarios. Él es uno de los 40 empresarios de la región que las autoridades tienen en la mira por robar a Electricaribe. Con su actuar delictivo, además, han afectado a humildes vecinos. En el caso del poderoso hombre de negocios al que se refiere en particular esta nota, hay que señalar que Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, llegó hasta la finca La Ilusión para allanar el terreno, dedicado a la siembra de banano y a la que personal de la empresa de servicio público no podía ingresar. “Es mejor ir acompañado de la fuerza pública porque lo que va a hacer Electricaribe es retirar los equipos que están instalados ilegalmente para cometer el delito”, reconoció la funcionaria cuando se trasladaba al predio. Con una orden de allanamiento en sus manos, entregada por el fiscal del caso, la superintendente entró a la finca. Allí encontraron transformadores conectados ilegalmente, lo que “afecta la comunidad, ya que cuando la gente quiere prender sus electrodomésticos pues les falla mucho la luz”, afirmó el ingeniero Luis Manuel Ochoa, coordinador de la brigada élite de Electricaribe Magdalena. Al empresario también lo sindican de haber enterrado en esa misma finca, de 150 hectáreas, los transformadores que la empresa de energía había instalado en 2009 para verificar el consumo de luz. “Los bajaron, incluso les dispararon a los equipos, los desmontaron y los enterraron”, dijo la superintendente sobre ese suceso. Los pobladores también denuncian que el empresario les quitó sus vías de acceso y deben hacer un recorrido de horas que antes solo duraba 10 minutos. La superintendente precisó que tiene una lista de 40 personas dedicadas a la “agroindustria, comercio, hoteles, en los siete departamentos, que son empresas poderosas en materia de su actividad, que son grandes consumidores y a la vez grandes defraudadores de energía”.
Después de un año buscando ayuda para acceder a un tratamiento para su corazón, Lucas Murillo ya se encuentra en la Fundación Cardiovascular, en Bucaramanga, donde está siendo valorado por especialistas. El presidente de la institución, el médico Víctor Castillo, explicó en Noticias Caracol cuál es el estado actual del menor y cuáles son las alternativas que se analizan para continuar con su tratamiento.Lucas llegó a Bucaramanga el lunes, alrededor de la 1:00 de la tarde, en un avión ambulancia de la Fundación Cardiovascular. “Lo veíamos bastante cianótico, descompensado”, explicó el médico, quien señaló que Lucas llegó en buenas condiciones generales, pero presentaba fiebre.Según el especialista, en este momento el equipo médico está tratando una infección antes de realizarle el cateterismo y los demás estudios necesarios para conocer con precisión su estado de salud y determinar cuál será el tratamiento que deberá seguir.“En este momento estamos tratándole una infección antes de poderle hacer el cateterismo y todos los exámenes”, señaló Castillo.¿Qué tiene Lucas Murillo?El médico explicó que Lucas nació con una condición conocida como síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una enfermedad en la que el lado izquierdo del corazón presenta un desarrollo insuficiente.“Esencialmente medio corazón, solamente con su corazón derecho. El izquierdo estuvo atrófico durante su gestación”, explicó Castillo durante la entrevista.Por esta razón, los especialistas deben evaluar cuidadosamente las condiciones del corazón del menor antes de definir cuál será el siguiente paso en su tratamiento.Una de las principales posibilidades que contempla el equipo médico es realizar la cirugía de Fontan, una operación de corazón abierto que se realiza en niños que nacen con un solo ventrículo funcional. Sin embargo, Castillo aclaró que primero deben conocer las presiones de la arteria pulmonar y el estado hemodinámico completo de Lucas.“Tenemos que ver muy bien las presiones para si nos permite avanzar hacia la cirugía de Fontán, que es la tercera fase”, explicó.En caso de que esta alternativa no sea posible, el médico señaló que existen otras opciones que deberán ser evaluadas por los especialistas: un trasplante cardíaco o un corazón artificial.El especialista explicó que Lucas presentó una temperatura cercana a los 39 grados y que existe la posibilidad de que la infección tenga un foco pulmonar.“Una vez ceda la fiebre le haremos el cateterismo porque el riesgo de infectar el corazón es muy grande”, afirmó el especialista.El médico señaló que los exámenes necesarios pueden realizarse rápidamente y que en aproximadamente dos días podrían contar con los resultados de los análisis, el cateterismo, el TAC y otros estudios.No obstante, reiteró que antes de realizar estos procedimientos es necesario controlar la infección para reducir el riesgo de que esta pueda afectar el corazón.El médico habló de las posibilidades para LucasCastillo explicó que, si las condiciones médicas del niño lo permiten, lo ideal sería completar la cirugía de Fontan.Según detalló, este procedimiento busca establecer una circulación en la que el retorno venoso llegue directamente a las arterias pulmonares y el ventrículo derecho, que es el que tiene Lucas, asuma el trabajo que normalmente realiza el ventrículo izquierdo.El especialista también habló sobre la posibilidad de que Lucas pueda recuperar actividades propias de su edad si su estado de salud permite avanzar con el tratamiento.“Estos niños si vuelve, repito, si tiene fisiología adecuada y les hace uno la cirugía de Fontán rápidamente se van a recuperar”, aseguró.El doctor mencionó además que la evolución dependerá de las condiciones de salud del menor. También reconoció que el tiempo transcurrido sin recibir la atención requerida puede influir en su estado actual.“Desafortunadamente tenemos un par de años que no lo pudimos atender y esto le puede cobrar un poco su estado de salud porque debimos haber hecho la cirugía hace ya tiempo atrás, por al menos año y medio”, manifestó."Recen por mi", Lucas envió un mensaje desde la clínicaMientras permanece en la Fundación Cardiovascular, Lucas también quiso enviar un mensaje para contar cómo se encuentra. En un video difundido por la cuenta Noticias Cúcuta 75, el menor aparece junto a su madre, Andrea García, y asegura que ya está recibiendo atención médica.“Hola, ya me encuentro en la cardio. Estoy recibiendo el tratamiento adecuado. Recen por mí”, dijo Lucas en el video.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Un perrito pitbull llamado Lazy fue rescatado de una vivienda en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, luego de que la ciudadanía alertara sobre las condiciones en las que permanecía el animal. De acuerdo con lo informado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el lugar donde permanecía el animal no ofrecía las condiciones necesarios para garantizar su bienestar. Funcionarios del IDPYBA realizaron una revisión de las condiciones en las que se encontraba el canino. Durante la intervención se estableció que Lazy, un perro de raza pitbull y de tamaño grande, permanecía encerrado en una estructura ubicada dentro del inmueble. Las condiciones del lugar fueron consideradas desfavorables por el instituto, que emitió un concepto relacionado con la situación del animal.¿Qué pasó con el pitbull Lazy en Usme?Según la información entregada por el IDPYBA, el caso comenzó con una denuncia ciudadana relacionada con la forma en que estaba siendo mantenido el perro. La alerta permitió que las autoridades verificaran directamente el estado del animal y el espacio donde permanecía. La Policía de Bogotá participó en el procedimiento y realizó la aprehensión del canino. Posteriormente, Lazy quedó bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.La intervención buscó evitar que el animal continuara en las condiciones que habían sido reportadas. Una vez retirado de la vivienda, el pitbull fue trasladado a la Unidad de Cuidado Animal (UCA), donde sería sometido a una evaluación médica para determinar su estado de salud. La valoración permitirá establecer si presenta alguna afectación física que requiera atención y cuáles son las condiciones en las que deberá continuar su proceso de recuperación y cuidado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (@animalesbog)¿Dónde denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?Los ciudadanos que conozcan un posible caso de maltrato o una situación que pueda poner en riesgo a un animal en Bogotá cuentan con diferentes mecanismos para reportarlo. Uno de ellos es la Línea de Emergencias 123, especialmente cuando se presenta una situación que requiere una intervención inmediata.También está disponible el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, mediante el cual pueden ponerse en conocimiento de las autoridades situaciones relacionadas con la protección de los animales. Otra alternativa es acudir de manera presencial a la sede ubicada en la Carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5, en Bogotá.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
Viviane Morales renunció al Ministerio de Educación, durando menos de un mes en el cargo. El presidente Abelardo de la Espriella aceptó su dimisión y designó ya a quien la reemplazará: Ilva Myriam Hoyos. “Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, dijo el mandatario sobre la nuevo miembro de su gabinete. (Lea también: ¿Por qué borrador de decreto de Mineducación genera polémica y qué habla sobre las iglesias?)“Al mismo tiempo, despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales”, quien “se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam”, agregó De la Espriella.“Situación familiar inesperada”El presidente publicó la carta de renuncia de Viviane Morales, quien sostuvo que “en estas tres semanas he dedicado todas mis fuerzas a la tarea encomendada, que acepté consciente del significado insustituible de la educación en la construcción de la ‘Patria Milagro’”. Sin embargo, escribió, “la Biblia dice que ‘El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor’. Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, por lo que manifestó que le era “imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de educación a partir del próximo siete de septiembre”.El presidente respondió a la misiva y aseguró que, “aunque el tiempo haya sido breve, la entrega fue inmensa. Ese compromiso deja huella, y las huellas que se dejan sirviendo con el corazón no las borra el paso del tiempo”. Asimismo, le expresó que le dolía “profundamente que una circunstancia familiar inesperada te obligue a cerrar anticipadamente este capítulo. Sé que no ha sido una decisión fácil. También sé que existen momentos en la vida en los que cualquier responsabilidad, por grande y honrosa que sea, debe ceder ante aquello que es verdaderamente irremplazable: la familia, los afectos, la presencia junto a quienes amamos”. Por eso, dijo, “no estás sola. Te acompaño con todo mi afecto, mi solidaridad y mis oraciones”.“Gracias, Viviane. Gracias por tu lealtad, por tu entrega, por tus convicciones y, especialmente, por una amistad que vale mucho más que cualquier cargo público. Hoy dejas el Ministerio, pero no dejas esta causa ni esta casa. Aquí permanecerán las puertas abiertas para ti y, más importante aún, permanecerá intacto el afecto de quienes hemos tenido la fortuna de caminar a tu lado”, expresó el jefe de Estado.¿Quién es Ilva Myriam Hoyos?“Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, dijo el presidente sobre la nueva funcionaria, quien fue procuradora delegada para la familia durante el periodo de Alejandro Ordóñez.La nueva ministra es abogada de la Universidad de Navarra y ha realizado estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. Ejerció como decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Asimismo, fue conjuez del Consejo de Estado y presidió el Consejo de Protección de Niños y Personas vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia.NOTICIAS CARACOL
Al menos una persona murió y seis resultaron heridas en un tiroteo que se produjo este miércoles en el centro de Mineápolis (Minesota, EE. UU.), según informó el canal local KSTP. "Mi equipo de seguridad pública está respondiendo a un tiroteo en el centro de Mineápolis esta tarde. Los agentes estatales están sobre el terreno para apoyar a la Policía local y compartiremos más información a medida que esté disponible", dijo el gobernador de Minesota, Tim Walz, en X.Las autoridades de Mineápolis indicaron que el tiroteo fue en la zona del 15 East de la calle Grant, aparentemente en un edificio residencial, y divulgó que había "varias víctimas, incluyendo dos policías". Un policía recibió disparos en el estómago y el otro en una pierna, pero no estaba claro su estado, indicó KSTP.Un representante del hospital a donde fueron trasladadas las víctimas, Hennepin Healthcare, dijo al canal Fox que ingresaron a siete personas y que una había fallecido. En la escena había desplegados agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Explosivos, según indicaron las respectivas agencias en X.Noticia en desarrollo...
En la tarde de este miércoles se confirmó la legalización de captura de Jherson Leonardo Contreras, conocido como alias Bambam o Tatán, el segundo implicado en el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte. La Policía de Bogotá lo había capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando se disponía a tomar un vuelo fuera del país con destino a Perú.Contreras es señalado en el crimen de Gustavo Aponte y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, asesinados en la tarde del 11 de febrero de este año. Este capturado sería articulador y segundo cabecilla del grupo delincuencial que planeó y ejecutó el ataque sicarial.El otro capturado por el caso es Leonel Enrique Llanos. "Actividades de policía judicial dan cuenta de la posible participación de este hombre en labores de seguimiento, vigilancia y coordinación logística previas al ataque armado. Los elementos materiales probatorios indican que la acción armada estaría dirigida a otra persona, que por coincidencia visitaba a la misma hora el establecimiento de comercio frecuentado por el empresario", aseguraron las autoridades de la capital.La Fiscalía General de la Nación imputó a Llanos los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados. (Lea: El grupo de WhatsApp y la “confusión” fatal por la que cayó presunto asesino de Gustavo Aponte).MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL