En las últimas horas, la empresa XM lanzó una advertencia a 20 compañías comercializadoras de energía en Colombia que están colgadas en los pagos las cuales deben cancelar sus deudas antes del miércoles 18 de octubre. Si no se ponen al día antes de esa fecha, a miles de hogares les quitarían el servicio de la luz. Apagón en Colombia sería inminente, advierte la ContraloríaLa razón de la medida se respalda en que las entidades incumplieron obligaciones con el mercado mayorista de la energía en Colombia y, por tal razón, la Superintendencia de Servicios Públicos podría intervenirlas en esa fecha o incluso antes, de acuerdo a la normatividad vigente, para evitar el corte del suministro de energía.Es decir, la que hoy es considerada como una amonestación puede ir a mayores en contra de la empresa Air-e y otras 19 compañías de electricidad entre las que están Cedenar, Electrocaquetá, Empresa de Energía de Arauca, Empresa de Energía de Boyacá y la Empresa de Servicios Públicos del Occidente Colombiano.El trabajo sancionatorio se iniciaría con un programa de limitación del suministro de energía a los usuarios finales, es decir que les quitarían la luz a sus clientes.Sin embargo, una limitación de suministro no necesariamente implica que quiten el servicio de energía en Colombia a todos al mismo tiempo.¿Se está volviendo insostenible el costo del servicio de energía en el Caribe y Santander?Apagón en ColombiaEl contralor delegado para Minas y Energía, Germán Castro, había advertido que podría darse este fenómeno por el aumento de precio del kilovatio.“De enero, que estaba a 250 pesos el kilovatio hora, a hoy septiembre está llegando a los 1.100 pesos”, dijo.Es ahí cuando los distribuidores y comercializadores tendrían problemas por “la dificultad de comprar caro, la cartera que no se recupera, la opción tarifaria que no se puede recuperar completamente y un (fenómeno del) Niño que está comenzando llevan a que estos distribuidores no pueden adquirir la energía suficiente y van siendo deficitarios en la compra. Esto puede llevar a que haya algunos usuarios a los que comiencen a limitárseles el servicio, eso es lo que nos preocupa en este momento”, señaló el funcionario.En palabras del contralor Germán Castro, esto “genera un riesgo sistémico. Si las empresas distribuidoras no pueden prestar el servicio tienen que ser intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y esto puede causar un impacto fiscal al Estado para el que no está preparado, eso no está en ningún presupuesto y esto puede conllevar a un apagón comercial y financiero”.A esto se suma que “el fenómeno de El Niño asoma y solamente en una o dos semanas los embalses han bajado del 81 al 76% aproximadamente”, dijo.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) abrió una investigación contra la empresa de energía Enel Colombia por los altos precios de la electricidad que ofertó en la bolsa de energía, justo cuando tenía exceso de agua en la represa de Betania, departamento del Huila, lo que supone precios bajos en el servicio. Podría leer: Preocupación entre empresarios y trabajadores por el alto costo de vidaEsta presunta anomalía se registró entre el 17 y el 22 de octubre pasado, pues pese a que estaba botando el agua debido a la temporada de altas lluvias, la compañía ofertó a casi 900 pesos por kilovatio, cuando, según a Superservicios, debía costar alrededor de 100 pesos aproximadamente.Esto habría significado para los colombianos un alza de 15%, sobre todo, en la costa Atlántica. Enel Colombia respondió que están realizando un análisis del pliego de cargos para dar una respuesta a la entidad.Podría ser de su interés: FMI advierte sobre la economía mundial en 2023: ¿será peor que el año pasado?“Esperamos efectivamente en esos descargos que presenten desvirtúen lo que hoy tenemos como evidencia probatoria de que efectivamente durante esos días vertieron el agua y que ofertaron. Esas son cifras incontrovertibles, pero bueno, ahí hay un debido proceso, hay que respetarlo y lo escucharemos”, expresó el superintendente encargado de Servicios Públicos Domiciliarios.Otras noticias del día: Incendio en la calle 80 de Bogotá: impresionantes imágenes de voraz conflagración en una fábricaGobierno suspende decreto de cese al fuego bilateral con ELN y hace llamado a declarar treguaFeminicidio en Bogotá: ¿por qué dejaban ir a confeso asesino que intentó entregarse 3 veces?
Un aumento considerable en el precio que pagan 12 millones de colombianos que consumen gas GLP (Gas licuado del petróleo) se produjo en las últimas semanas, lo que impacta en la economía familiar.Fue en promedio un incremento del 30 por ciento en cada cilindro, lo que golpea no solo el bolsillo de los consumidores sino que tiene preocupadas a las empresas distribuidoras.La disparada en los precios internacionales motivo el alza en este producto que es consumido por habitantes de 1.050 municipios de Colombia.El presidente de la Asociación Colombiana de GLP, Alejandro Martínez, habló de los precios de estos productos y su impacto en la economía de los hogares colombianos.¿Quiénes utilizan este gas hoy en Colombia?Son 12 millones de personas en todo el país: Antioquia, Valle, Caldas, Nariño, Bogotá son donde más se consumen.¿Qué significa esta alza de precios?El sector residencial es el 70 por ciento del consumo GLP, la mayoría estratos 1 y 2. El precio regulado subió un 30 por ciento en febrero 15, porque los precios del propano y el butano se dispararon en el mercado internacional entre diciembre y enero.Eso implica un problema complicado, porque es un combustible usado para cocinar. Estamos pidiendo a la Comisión de Regulación que le ponga un tope o techo a los incrementos en los precios regulados de Ecopetrol para proteger a los usuarios.¿Qué costo tienen, cuál fue el incremento?En cada ciudad, cada distribuidora le pone un precio distinto. El cilindro de 33 libras puedo haber subido alrededor de 5 o 6 mil pesos. El promedio nacional fue el 30 por ciento. El costo es muy alto, estamos muy preocupadas las empresas distribuidoras porque el impacto puede llevar a familias del sector rural a sustituir el gas GLP por leña y tenemos cinco millones de personas que cocinan con leña. Sería un retroceso muy grande.No sabemos qué va a pasar a futuro, hay muchas incertidumbres por la crisis del COVID. Si sigue subiendo, es un tema muy preocupado. Esperamos que el gobierno piense en ponerle un techo al precio regulado de Ecopetrol para proteger a los usuarios.¿Qué alternativas hay para ayudar a las familias?A parte de ponerle techo al incremento de los precios, sería aumentar los subsidios. Pero lo más sensato es ponerle techo. El GLP tiene un gran contenido social.Se utiliza en el sector de servicios turísticos, en sector avícola, para mantener temperaturas necesarias en la agricultura, para las calderas, para muchos usos. Además, está creciendo; el año pasado (2020) crecimos 6,6 por ciento a pesar de la pandemia.
Bajo la lupa de la Superintendencia de Servicios Públicos están 20 empresas por presuntas alteraciones en la facturación. También se indaga posibles irregularidades en las tarifas.Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, aseguró, durante un debate de control político, que ya son 11 empresas de acueducto y alcantarillado, a nivel nacional, a las que se le viene adelantando investigaciones con pliego de cargos por presuntas irregularidades en la facturación.“Hemos iniciado durante este periodo de aislamiento preventivo obligatorio y de pandemia 41 averiguaciones preliminares, en 19 departamentos del país, para establecer si hubo efectivamente irregularidades en materia de medición de consumo y de facturación”, señaló Avendaño.Y agregó que “estas investigaciones nos van a permitir determinar causales de incumplimiento”. También adelantan indagaciones a 17 empresas de energía y gas.Según los citantes al debate en el Congreso, en época de pandemia y durante la cuarentena el costo de los servicios públicos se incrementó.Por su parte, el ministro de Minas y Energía aseguró que el gobierno nacional ha venido haciendo grandes esfuerzos para garantizar los servicios públicos a los colombianos.En el debate quedó sobre la mesa la necesidad de radicar un proyecto que le dé herramientas a la Superintendencia de Servicios Públicos para sancionar ejemplarmente a las empresas que abusen del cobro en los servicios.
La Superintendencia de Servicios Públicos abrió investigación formal contra seis empresas de energía eléctrica y gas.La entidad anunció semanas atrás indagaciones preliminares contra 22 compañías por presuntas irregularidades en el cobro de servicios durante la cuarentena por el coronavirus. Algunas no estaban aplicando los beneficios decretados por el Gobierno.Dos de las investigadas son Enel-Codensa, que presta servicio en Bogotá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá.La otra empresa es Vanti, denunciada por miles de usuarios porque al comienzo de la pandemia solo promedió el consumo de gas y aumentó los cobros del servicio en los meses posteriores.En contexto:
Con el propósito de aliviar el impacto económico en los hogares por cuenta de la pandemia, el Gobierno extendió un mes más la opción de diferir el pago de energía y gas.Desde que comenzó la emergencia sanitaria por el COVID-19, algunos usuarios han visto incrementos en los valores de las facturas de los servicios públicos de hasta 20 por ciento.Según las empresas prestadoras de los servicios, estos incrementos no son de tarifa sino por más consumo, pues los usuarios pasan más tiempo en casa.Por eso el Gobierno nuevamente extendió un mes más el plazo para pagar los servicios del mes de julio con las siguientes facilidades:Los estratos 1 y 2 pueden pagar las facturas de julio en un plazo de 36 meses sin intereses. Si pagan oportunamente, con descuento de mínimo 10 por ciento.Los estratos 3 y 4 podrían diferir el pago hasta por 24 meses con una tasa preferencial.Adicionalmente, el Gobierno giró recursos por más 778 mil millones de pesos para cubrir subsidios del GLP, la energía eléctrica y el gas natural.Por su parte, la compañía Vanti, por ejemplo, extendió el descuento de 10 por ciento un mes más para los usuarios de estratos uno y dos que paguen oportunamente su factura."Para los usuarios que tienen dificultan en el pago de su factura de gas, seguimos otorgando financiación automática por pagos diferidos de facturas", dijo Marcela Muñoz, gerente de servicio al cliente de Vanti.Para usuarios de estratos 5, 6 y establecimientos comerciales, las financiaciones serán en acuerdo con los usuarios.Advierte la Comisión Reguladora de Energía y Gas que mientras dura la emergencia, las empresas prestadoras del servicio no podrán incrementar las tarifas del consumo mínimo de energía.En los que va corrido del año, la Superservicios ha abierto 33 indagaciones preliminares a empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.Sobre el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto que establecía subsidios en los recibos de agua, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vivienda está a la espera de la notificación oficial, para pronunciarse y adoptar medidas.
Más de 20 mil reclamos ha recibido la entidad reguladora desde abril, cuando inició la emergencia sanitaria por el coronavirus, por el cobro, la facturación y la medición de los servicios de energía, agua y gas.Las empresas indagadas son:• Enel – Codensa: Bogotá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá.• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá• Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A)• Acueducto Metropolitano de Bucaramanga• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira• Aguas de Manizales• Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta• Acueducto y Alcantarillado de Popayán• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare• Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Industrial y Comercial de Miranda (Cauca)• Empresas Municipales de Chinácota (Norte de Santander)• Empresas Públicas de San Rafael (Antioquia)• Empresas Públicas de la Ceja (Antioquia)• Empresa de Servicios Públicos de Chaparral (Tolima)• Aguas de Puerto Wilches (Santander)• Aguas Manantiales de Pácora (Caldas)• Aguas de la Sabana (Sucre y Córdoba)• Empresa de Servicios Públicos de Villanueva (Casanare)• Empresa de Servicios Públicos de Tabio (Cundinamarca)• Alcanos de Colombia• Centrales Eléctricas de Nariño• Gases del CaribeUna de las denuncias llegó desde Saldaña, en Tolima, donde el recibo de la luz de la empresa Celsia de una ciudadana pasó de $90.000 a más de $3.000.000.Si usted tiene alguna irregularidad en sus facturas, puede ingresar su denuncia al sitio web https://teresuelvo.superservicios.gov.co/La empresa tiene la obligación de solucionar el problema en 15 días, de lo contrario, en 72 horas esa compañía debe conceder lo que el usuario reclamó.Asimismo, deben devolver el cobro de más a los usuarios y se exponen a una multa, que se establecería en seis meses.
Lo hizo desde 2008 para, sin pagar un solo peso, abastecer de energía su finca, hoteles y compañías. Con hombres armados, sacaba corriendo a funcionarios. Él es uno de los 40 empresarios de la región que las autoridades tienen en la mira por robar a Electricaribe. Con su actuar delictivo, además, han afectado a humildes vecinos. En el caso del poderoso hombre de negocios al que se refiere en particular esta nota, hay que señalar que Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, llegó hasta la finca La Ilusión para allanar el terreno, dedicado a la siembra de banano y a la que personal de la empresa de servicio público no podía ingresar. “Es mejor ir acompañado de la fuerza pública porque lo que va a hacer Electricaribe es retirar los equipos que están instalados ilegalmente para cometer el delito”, reconoció la funcionaria cuando se trasladaba al predio. Con una orden de allanamiento en sus manos, entregada por el fiscal del caso, la superintendente entró a la finca. Allí encontraron transformadores conectados ilegalmente, lo que “afecta la comunidad, ya que cuando la gente quiere prender sus electrodomésticos pues les falla mucho la luz”, afirmó el ingeniero Luis Manuel Ochoa, coordinador de la brigada élite de Electricaribe Magdalena. Al empresario también lo sindican de haber enterrado en esa misma finca, de 150 hectáreas, los transformadores que la empresa de energía había instalado en 2009 para verificar el consumo de luz. “Los bajaron, incluso les dispararon a los equipos, los desmontaron y los enterraron”, dijo la superintendente sobre ese suceso. Los pobladores también denuncian que el empresario les quitó sus vías de acceso y deben hacer un recorrido de horas que antes solo duraba 10 minutos. La superintendente precisó que tiene una lista de 40 personas dedicadas a la “agroindustria, comercio, hoteles, en los siete departamentos, que son empresas poderosas en materia de su actividad, que son grandes consumidores y a la vez grandes defraudadores de energía”.
Aumento será de 4 pesos por kilovatio para estratos residenciales 4, 5 y 6, usuarios industriales, comerciales y del mercado no regulado de energía eléctrica. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que el Plan Nacional de Desarrollo estableció la sobretasa que aplicará desde el primero de octubre con el fin de financiar a empresas de energía del país que presentan problemas económicos. “Entre todos poder sacar adelante a Electricaribe porque no es solamente el riesgo de la prestación del servicio en la Costa Caribe, es lo que implica esto para el desarrollo del país”, indicó la superintendente Natasha Avendaño García. Sin embargo, algunos ciudadanos han afirmado que no están de acuerdo ya que “cada municipio y cada departamento de Colombia debe tener su propia administración debidamente controlada”. También expresaron su disgusto ante el hecho de tener que “pagar todo lo que otros se están robando”. Cabe recordar que las empresas prestadoras del servicio de energía de cada región deberán girar el dinero recaudado al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios.
Así lo determinó la Superintendencia de Servicios Públicos, que identificó cobros injustificados a 2,7 millones de hogares. "Se dio la instrucción, la orden, de hacer esas devoluciones que ascienden a los 15.700 millones de pesos más o menos", indicó Natasha Avendaño García, superintendente de servicios. Explica la Superservicios que se trató de un cálculo inadecuado que elevó las facturas de 2,7 millones de suscriptores en 19 ciudades del país entre los años 2017 y 2018. "Eso se cruza con las quejas de los usuarios de algunos municipios porque hay un incremento tarifario injustificado", dice García. Los usuarios afectados podrán hacer la verificación de la devolución a través de la factura de los próximos meses. "Los ajustes dependen del estrato, el consumo y pueden ir desde 50 pesos hasta 3.000 pesos, dependiendo del consumo de cada familia", explica Lady Johanna Ospina, gerente del Acueducto de Bogotá. En el caso de Bogotá, Soacha y Gachancipá, el monto a devolver es de 10 mil millones de pesos a 2.100.000 suscriptores. A partir del próximo mes abril, el gobierno comenzará a multar a quienes excedan en sus consumos de agua por encima de 50% a la media del municipio, medida que aplicará en todo el país según el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la Superservicios a propósito del fenómeno de El Niño que viene afectando a varios municipios del país.
