El 3 de junio de 2019, la tranquilidad de la vereda El Compromiso, en Ventaquemada, Boyacá, se rompió antes del amanecer. Carmen Rosa Méndez Duarte, una joven de 26 años y madre soltera de dos niñas de 5 y 2 años, salió de su casa a las 5:00 a. m. a trabajar y un recorrido cotidiano se convirtió en el inicio de una tragedia que hoy tiene a su familia clamando justicia. Séptimo Día investigó el caso.Aquella madrugada, los padres de Carmen la acompañaron hasta la carretera. Minutos después, una llamada telefónica los alertó sobre un supuesto accidente. Al llegar al lugar conocido como 'El Matadero', María Duarte Cortés, madre de la joven, se encontró con una imagen que nunca podrá borrar: "Yo ya me asomé a la ambulancia y la tenían ahí, pero eso la cabecita no era conocida de la sangre".Aunque inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, las lesiones de Carmen sugerían algo mucho más siniestro. El estado de la joven era crítico, con múltiples golpes en el cráneo y un deterioro neurológico severo.La Policía Nacional y la Sijín de Tunja descartaron rápidamente que se tratara de una caída accidental. El investigador Edilberto Barbosa relató que en el sitio del ataque hallaron "unos maderos que se encontraron acá sobre la vía y material biológico, sangre". La sevicia fue tal que se encontraron restos de madera dentro del cráneo de la víctima. "Este señor no solo la golpeó, la torturó, porque el médico nos dijo 'no fueron uno, no fueron dos ni tres los palazos que ella recibió, fueron muchísimos'", relató una hermana de la víctima en Séptimo Día.El rastro del agresorTestigos informaron haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 5:00 a. m. Hernando Montaña, vecino del sector, recordó: "Gritaban auxilios, pero nosotros no miramos porque con ese monte tan espeso... no se miraba nada". Su esposa, María Victoria Martínez, logró ver a un sospechoso: "Miré así por la ventana y vi un señor corriendo... Él era alto y como con chaqueta negra". Otros testimonios indicaron que el agresor vestía botas blancas y un impermeable con reflectivos.Tras analizar más de 200 horas de videos de seguridad, los investigadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción y que portaba un madero en su mano con rumbo al lugar de los hechos. Las pesquisas llevaron a las autoridades a una finca donde el sospechoso alquilaba una habitación. Allí encontraron unas botas de caucho de una empresa de lácteos, que tenían rastros de sangre, y un impermeable.El cotejo de ADN confirmó que la sangre en las prendas pertenecía a Carmen. El sospechoso fue identificado como Alexander Vásquez Terán, un trabajador de una empresa de lácteos que no era oriundo de Boyacá y que había desaparecido el mismo día del ataque.Testimonio de una relación y la captura del señaladoTatiana Méndez, hermana de Carmen, reveló que la joven y Vásquez Terán habían mantenido una relación sentimental que se tornó peligrosa. "Ella me dijo que ya el muchacho quería tener algo con ella... pero como a los dos meses empezó a cambiar todo. Ya era como muy agresivo con ella, como muy posesivo", recordó. Según su testimonio, Carmen sentía que su vida corría peligro: "Ella me dijo que ella temía que le hiciera algo a ella y a las niñas y a mis papás... andaba para todo lado como si alguien la fuera persiguiendo".Casi dos años después de los hechos, el 1 de marzo de 2021, los investigadores rastrearon a Vásquez Terán hasta Aracataca, Magdalena. Allí fue capturado y, aunque inicialmente negó su identidad, terminó aceptando cargos mediante un preacuerdo. El 23 de junio de 2022, fue condenado a 15 años, 6 meses y 19 días de prisión por tentativa de homicidio agravado.Esta sentencia ha generado profunda indignación en la familia de Carmen, quienes consideran que el delito debió tipificarse como tentativa de feminicidio. "Para nosotros no era un intento de homicidio, sino de feminicidio. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento tenían una relación", cuestionaron sus familiares. Expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que hubo una omisión por parte de la justicia, ya que la tipificación como homicidio le otorga beneficios penales al agresor que no tendría en un caso de feminicidio, como la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de la pena.Séptimo Día buscó a la Fiscalía y a la rama judicial para hablar del caso, pero hasta la emisión de este programa no se obtuvo una respuesta oficial por parte de las entidades. El victimario, que está recluido en la cárcel de Combita, Boyacá, tampoco aceptó una entrevista.Una vida destruidaCarmen Rosa sobrevivió, pero las secuelas del ataque fueron devastadoras. "La dejó muerta en vida. Ella tiene dos partes del cerebro muertas. No tiene el huesito del cráneo ni tiene la parte frontal. Pues no se puede valer por ella solita. Es como un bebé", lamenta su familia. La joven ya no reconoce a sus hijas y requiere asistencia permanente para funciones básicas.El temor de la familia es que, para el año 2028, Alexander Vásquez Terán pueda recuperar su libertad, mientras Carmen permanece atrapada en un cuerpo que ya no responde. "Este señor no solo le dañó la vida a mi hermana, se la dañó a toda una familia, les arrebató una madre a esas niñas", concluyeron.
Mateo Pérez Rueda nació en Yarumal, Antioquia. Desde pequeño su vida giró en torno a las letras, aunque inicialmente lo hizo a través de la poesía. Su padre, Carlos Pérez, lo recordó en Los Informantes como un joven que transformaba cualquier evento en una oportunidad para escribir: “Él se dio a conocer porque llegaba, por ejemplo, una fiesta familiar, un evento de un cumpleaños, y él sacaba algo escrito y ese era el regalo de él. Sacaba todo lo bueno de la persona y se lo leía”.Sin embargo, esa sensibilidad literaria pronto se transformó en una vocación periodística sagaz y punzante. Mateo Pérez, influenciado por el hábito de su padre de leer la prensa cada mañana, decidió que su camino era informar sobre la realidad de su región, un territorio históricamente asolado por grupos ilegales. Así nació El Confidente, un medio que comenzó de forma impresa gracias al patrocinio de una papelería local y que luego migró al entorno digital.El reportero que no conocía el temorEn entrevista con Los Informantes, su padre aseguró que a Mateo “no le daba miedo de nada. El pealo’ como que nació sin miedo”.Esa falta de temor lo impulsó a realizar denuncias que incomodaban a los poderes locales. Mateo no era un periodista de escritorio, su método era el de la vieja escuela: conseguir pruebas, visitar las fuentes y tener "barro en los zapatos". Investigaba a políticos y documentaba hechos con rigor, apoyado en derechos de petición y visitas constantes a la Fiscalía y la Policía. “Salía a investigar, a buscar informes y a documentarse para poder escribir. Él no escribía sin pruebas”, relató su padre sobre la disciplina del joven, quien además estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Medellín.Para sostener su labor periodística, que realizaba de forma solitaria y sin recursos, Mateo vendía jugos y ensaladas de frutas en el garaje de su casa, además de trabajar como mensajero. En su casa, en donde vivía con sus padres en Yarumal, su cuarto sigue intacto y allí el computador da cuenta del temor que ya sentía por los trabajos que había hecho: mantenía el equipo con la cámara tapada por miedo a ser espiado o "chuzado".Briceño, el último viajeEl lunes 4 de mayo comenzó para él y para su familia lo que terminó en una tragedia. Mateo, de 24 años, decidió viajar a Briceño, un municipio ubicado a 50 kilómetros de Yarumal, donde se libraba una cruenta disputa territorial entre el Clan del Golfo y diversas facciones de las disidencias de las FARC. A pesar de los riesgos, el joven periodista quería cubrir un consejo de seguridad y buscar entrevistas con cabecillas de los grupos armados.Su padre recuerda la última conversación y la advertencia que le hizo ante la peligrosidad de la zona: “Por qué vas para Briceño, eso como está de peligroso por allá. ¿Es que no ha escuchado las noticias?”. Sin embargo, Mateo, confiado en su rol como comunicador, respondió que el evento estaría resguardado por el Ejército. Al salir de casa, su padre le dio la bendición en silencio: “El último recuerdo que yo tengo él es cuando él salió y me dio la espalda y apenas yo vi que él se fue a ir yo ahí mismo así por detrás (seña de darle la bendición) pero ni siquiera fue de frente, sino por detrás”.Al llegar a Briceño, Mateo se hospedó en un hostal y, al día siguiente, se internó en la vereda Palmichal. Iba desarmado, protegido únicamente por su carné de periodista y su celular. No obstante, en una zona donde los forasteros son vistos con sospecha, su presencia fue malinterpretada. Fue interceptado por hombres del Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Chalá.Tortura y un final estremecedorLos detalles de su muerte, relatados por su padre según la información recibida de la región, son desgarradores. Mateo fue acusado de ser informante y sometido a suplicios antes de ser asesinado. “Le pegaron cinco tiros en los pies para que no corriera. Y ahí donde empezaron a como a torturarlo, a pedirle que dijera algo que él no sabía. Le dieron un tiro por acá (en la cara), otro por acá (en el abdomen) y el mortal (en la frente), ese fue el que lo mató”, narra Carlos Pérez con una entereza que estremece.Para la familia, el dolor de la pérdida se mezcla con el alivio amargo de saber que uno de esos tiros terminó con su sufrimiento: “Me imagino cómo sería el dolor que sentía y cómo pensaría, por ejemplo, en nosotros, sobre todo en mí, cuando le decía que no se fuera a ir por allá. Pues a Dios gracias, cuando me dijeron que el tiro que lo había matado, que le había dado en la cabeza, pues siquiera lo mataron de una, no lo dejaron ahí sufriendo y torturándolo. Ese tiro es un alivio”, comentó su padre. El editorial premonitorioUno de los aspectos más impactantes de la historia de Mateo Pérez es un editorial que escribió en 2021 para El Confidente. En ese texto, el joven reflexionaba sobre el asesinato de otros jóvenes en Yarumal, sin saber que sus palabras describirían, años después, la realidad de su propia familia.En aquel escrito, Mateo cuestionaba: "La sangre será limpiada, las honras fúnebres serán pagadas y la vida en el planeta seguirá como si nada. Pero, ¿quién borrará los traumas de los familiares? ¿Cómo le explicas a la madre que su hijo o hija se ha ido para siempre y que tendrá que vivir con ese vacío lo que le resta de vida?".Un llamado a la justiciaTras el asesinato, la familia denunció haber recibido amenazas y advertencias para que dejaran de buscarlo. Aunque John Edison Chalá, señalado como uno de los responsables, fue capturado y enfrentará cargos por homicidio y tortura, otros implicados siguen libres.Los padres de Mateo atribuyen la tragedia a la falta de control estatal en las regiones: “La institucionalidad del país que permite que estos grupos al margen de la ley hagan lo que les da la gana, porque ellos están teniendo actualmente una libre actuación, un libre albedrío, ellos se mueven por donde quieren”, denuncia su mamá, Gloria Rueda, quien clama por una justicia que no sea laxa: “Esperaría yo que la justicia nos responda y que en realidad paguen por sus crímenes, porque no es solamente el asesinato de mi hijo, son muchas otras cosas... Son muchas familias que están en este momento sufriendo la ausencia de sus seres queridos”.Mateo Pérez Rueda se convirtió en uno de los nueve periodistas asesinados en Colombia desde 2022, dejando un vacío inmenso en Yarumal y un legado de valentía en un oficio que, en las regiones, se ejerce bajo la sombra de las balas.
El 25 de abril de 2024, la comunidad de la parroquia María Auxiliadora de Pereira encendió las alarmas cuando el padre Darío Valencia Uribe, de 59 años, no asistió a un almuerzo programado ni a la misa de ese día. El sacerdote era reconocido por ser una persona extremadamente puntual.Tras su desaparición, una serie de evidencias revelaron una traición por un amigo cercano al religioso. El periodista Diego Guauque, de El Rastro, recorrió los últimos pasos del sacerdote y reveló quién estaba detrás del crimen.Camioneta del religioso fue pieza clave en la investigaciónLa última comunicación del sacerdote fue un mensaje de WhatsApp a las 9 de la mañana dirigido a Julián Eduardo Cifuentes, un hombre de 40 años que se hizo amigo del sacerdote años atrás.Cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos abordaron la camioneta del sacerdote, una Nissan color gris. Poco después, el vehículo fue visto en una estación de servicio y posteriormente en un lavadero en Caldas, donde los empleados notaron una actitud sospechosa en el conductor.En el lavadero, los trabajadores reportaron que la camioneta tenía varias manchas de sangre y que la persona que iba conduciendo se notaba nerviosa. Al inspeccionar el vehículo, los investigadores hallaron muestras de sangre abundante, cuatro vainillas de pistola y un impacto de bala en el tablero.Mientras las autoridades procesaban la escena, Julián Cifuentes logró salir del país desde el aeropuerto El Dorado con destino a París, Francia.Señalado huyó a Francia: ¿quedó en libertad?La captura de Cifuentes en París se produjo pocos días después de la desaparición del sacerdote, pero su extradición enfrentó un vacío legal debido a un tratado entre Colombia y Francia, firmado en 1850, pues no contemplaba el delito de desaparición forzada. Además, como aún no había sido encontrado el cuerpo del padre Darío, no era posible sustentar la extradición por homicidio.Ante el riesgo de que el caso quedara impune, el fiscal Andrés González, designado para liderar la investigación, viajó a Francia en septiembre de 2024 con una misión clara: obtener la confesión de Julián Cifuentes, pero también llevaba un as bajo la manga que podría ser clave para hacerlo confesar.Cartas de familiares y una fría confesiónAunque inicialmente Cifuentes se negó a hablar, el fiscal le entregó, en un gesto de solidaridad, unas cartas que sus familiares le habían enviado desde Colombia. El gesto logró conmoverlo y, después de leerlas, decidió confesar el crimen. El Rastro conoció esa confesión.“Tuvimos una reunión el sacerdote y yo. 15 minutos después tengo la sangre fría. Pido disculpas por lo que voy a decir: ‘lo miré a los ojos y le disparé cuatro veces. Estaba en la furgoneta, él era el que conducía”, confesó Julián Cifuentes sobre lo ocurrido ese día.Además, aseguró que le disparó al sacerdote por la espalda mientras este descansaba. Al ser interrogado por el móvil del crimen, inicialmente dijo: “¿Es él o yo?".El hallazgo del cuerpo mediante una señal "milagrosa"Durante cinco meses, la búsqueda del cuerpo en zonas boscosas del Eje Cafetero resultó infructuosa, incluso con el apoyo de Darcy, una canina de la Fiscalía experta en búsqueda de restos humanos. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2024, un evento inesperado permitió localizar los restos.Mientras un investigador se desplomaba por agotamiento, la perrita Darcy se internó en zona boscosa por más de una hora. Al seguir sus ladridos, los agentes descendieron a un abismo donde la canina estaba sentada frente al cráneo de un ser humano.La identidad del sacerdote fue confirmada mediante su carta dental. Además, los restos fueron hallados con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, una evidencia que permitió corroborar que se trataba de él.Una condena en ColombiaLos investigadores determinaron que el asesinato fue motivado por una deuda económica. La fiscal Deisy Jaramillo explicó que el padre Valencia le había entregado a Cifuentes una camioneta valorada en "120 millones de pesos". El día de los hechos, Cifuentes le había prometido un abono a la deuda, pero su intención era "quitarle la vida al sacerdote para no pagar ese dinero".Julián Cifuentes Gómez fue extraditado a Colombia en noviembre de 2025. Tras ser procesado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y destrucción de elemento material probatorio, la justicia colombiana lo condenó a 27 años de prisión, una pena reducida gracias a su colaboración con las autoridades.El Rastro solicitó una entrevista a Julián Cifuentes en la cárcel modelo de Bogotá, pero el confeso asesino se negó a hablar.“Él fue el amigo que luego lo vendió, fue el amigo que luego lo entregó y fue el amigo que en algún momento le quitó la vida”, dijo José Gutiérrez, amigo del sacerdote, al establecer una similitud entre la traición de Judas a Jesús y la de Julián Cifuentes al padre Darío Valencia.
El asesinato de María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021 en su casa en la isla de San Andrés, sigue siendo analizado por las autoridades para determinar si José Manuel Gnecco Valencia, su esposo, es el responsable. A lo largo de los años, Séptimo Día ha estado atento a cada nuevo detalle que se revela de este caso que enlutó a la familia Gnecco y cuyo juicio está próximo a terminar.En esta ocasión, se conocen nuevos testimonios revelados por la Fiscalía que comprobarían que José Manuel Gnecco asesinó a su esposa, modificó la escena del crimen y, además, intentó sobornar a alguien para que se culpara por el crimen. El abogado insiste en su inocencia y asegura que la demostrará en el juicio.Nuevo giro en caso GneccoCinco años después del asesinato de María Mercedes Gnecco Serrano, su esposo y primo José Manuel Gnecco Valencia sigue insistiendo en su inocencia. El juicio contra el abogado está próximo a su recta final, en el que los hijos de María Mercedes exigen una condena ejemplar, mientras José Manuel espera ser absuelto. Ambas partes avanzan en la recopilación de pruebas y, recientemente, un testigo de la Fiscalía le dio un giro sorprendente a la historia que ha mantenido por años el hombre.Se trata de las declaraciones de Luis Carlos Freire González, también conocido como ‘Lalo’, quien decidió hablar por primera vez frente a las cámaras de Séptimo Día, asegurando que José Manuel Gnecco le pidió buscar a otra persona para que se culpara del crimen de su esposa. Esa otra persona, a la que le ofreció hasta cinco millones de pesos, fue Gerald David Pereira, un menor de edad capturado en San Andrés por porte ilegal de armas. Los tres coincidieron en la cárcel y allí, según el testimonio, el abogado intentó sobornarlos para que los señalamientos en su contra quedaran sin argumentos.En abril de 2026, la Fiscalía conoció las declaraciones de ‘Lalo’ y las añadió como parte de las pruebas en contra del abogado Gnecco. Luis Carlos Freire González, de 35 años, fue capturado y está privado de la libertad en San Andrés, cárcel en la que coincidió con José Manuel Gnecco en 2023.Según su testimonio, ese año logró interactuar con el abogado gracias a que en la prisión él era el 'ranchero’, es decir, quien cocina y lleva la comida a los reclusos. “Mi primera impresión es que es una persona de carácter fuerte”, señaló en exclusiva a Séptimo Día y agregó que, tras algunos meses de contacto, el abogado empezó a hacerle preguntas y ofertas.“Él me preguntó que si yo conocía a Gerald [David Pereira] y yo le digo que sí, que somos primos lejanos”. Pereira era un joven que había sido capturado en San Andrés en 2021 por porte ilegal de armas, pero como era menor de edad fue llevado a un centro de detención para menores. En 2023, cuando cumplió la mayoría de edad, fue trasladado a la cárcel de San Andrés, donde coincidió con su primo y con el abogado Gnecco.‘Lalo’ reveló que al tener la posibilidad de ir a los diferentes patios de la cárcel, Gnecco le pidió un favor particular. “Él me dice que vaya donde Gerald, ya que lo conozco, y que le ofreciera los cinco millones de pesos para que se reunieran. Con el fin de que Gerald se echara la culpa de dicho homicidio, del homicidio de la esposa de él”. Además, también indicó que Gnecco también le ofreció 10 millones de pesos a él por hacer este favor.Aunque Luis Carlos Freire González aceptó el dinero y habló con su primo, con lo que no contaba el abogado Gnecco es que el joven Gerald David Pereira acudiría a la Fiscalía para revelar los ofrecimientos que estaba recibiendo de su parte.El arma homicida, la gran prueba del caso Gnecco¿Por qué José Manuel Gnecco habría insistido en varias ocasiones, según el testimonio, a Gerald David Pereira que se culpara por el asesinato de María Mercedes Gnecco? Todo tendría que ver con una prueba clave para este caso: el arma homicida. Luego del crimen, las autoridades encontraron el proyectil y la vainilla del mismo en la escena, pero del arma no hubo rastro hasta 2023, cuando los abogados de Gnecco revelaron un dictamen de un perito de la policía en el que se indicaba que el arma había sido incautada en San Andrés un mes después del asesinato a una banda de criminales entre los que se encontraba un menor de edad, Gerald David.Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las víctimas, los hijos de María Mercedes Gnecco, dudaban de esa versión, por lo que hicieron su propia investigación. “Luego de una investigación ardua, se obtuvieron tres dictámenes adicionales del Cuerpo Técnico de Investigación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y pudimos comprobar que lo que se plasmaba en ese dictamen no era cierto. El arma que cegó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano no es el arma que le fue incautada a estos menores”, aseguró el abogado de las víctimas.La Fiscalía dice que, efectivamente, el arma incautada a los menores coincide con la vainilla del proyectil, la cual fue encontrada al día siguiente del asesinato por el mayordomo de Gnecco en la vivienda, por lo que las autoridades creen que esta fue colocada en la escena después de sus labores. Pero que no coincide con la bala que impactó el cuerpo de la mujer de 53 años.Por su parte, Gerald David Pereira, indicó en la Fiscalía que José Manuel Gnecco "desde los tres meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar el lado, a sobornarme con dinero. Como tres veces [me buscó], la última vez me ofreció cinco millones de pesos para que diera falsas declaraciones”. El joven insistió también en que él no tiene nada que ver con el asesinato de María Mercedes y que “yo lo único que quiero decir es que Gnecco haga algo con esto y acepte que mató a su mujer, o que diga quiénes son porque él sabe”.Lo que cree ahora la Fiscalía y lo que está intentando probar en el juicio es que José Manuel Gnecco planeó el homicidio de su esposa y, además, que el arma homicida cayera en manos dela banda criminal en la que estaba Gerald David. “Justo esa arma le llega a un menor de edad que ya declaró que este señor Gnecco Valencia lo habría sobornado para que se atribuyera el crimen. Creemos que el plan criminal del señor Gnecco Valencia consistió en sobreponer la vainilla al día siguiente de los hechosy luego entregar el arma de donde provino esa vainilla a la delincuencia organizada. De tal manera que cuando incautaran el arma se pudiera creer que con esa arma se cegó la vida de María Mercedes Gnecco”.Actualmente, Gerad David Pereira está en libertad, pero prefirió que fuera su abogado, Omar Augusto Barraza, quien explicara a Séptimo Día los hechos. “El argumento que utilizó el señor Gnecco para contactar a Gerald y que se atribuyera la responsabilidad del hecho punible es que al momento de los hechos Gerald era menor de edad y trató de hacerlo creer que lo iban a juzgar como menor de edad”.Por su parte, José Manuel Gnecco negó dar una nueva entrevista a Séptimo Día para dar su versión sobre los hechos, pero vía telefónica insistió en su inocencia. Al respecto, Luis Carlos Freire González señaló que “él quiere quedar como el buen abogado, como el buen esposo. Siempre tuvo un plan, porque desde que me manda a ofrecerle dinero a Gerald, ya tenía un plan. Si él no fuera culpable no me habría ofrecido dinero a mí y a Gerald, sé que Gerald también va a decir que yo fui y le ofrecí dinero porque así fue”.
Un niño de 10 años murió en zona rural de Tibú, Norte de Santander, luego de que lanzaran un dron con explosivos en medio de los combates entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la zona.Los hechos, en los que también resultaron heridas cuatro personas, fueron reportados en el kilómetro 25 de la vereda Gaitán.Las imágenes compartidas por la comunidad en las redes sociales dan cuenta de cómo una vivienda quedó reducida a escombros por los combates entre los grupos ilegales, que se mantienen en la zona, cerca de la frontera con Venezuela.Poco después se conoció que un joven de 17 años y una bebé de 2 también resultaron gravemente heridos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Situación de orden público en Norte de SantanderUn informe publicado a mediados de mayo pasado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que el desplazamiento de personas se duplicó 2025 en Colombia respecto al año anterior.Al menos 322.688 ciudadanos se desplazaron mientras "los enfrentamientos armados se intensificaron" en "zonas pobladas o cerca de viviendas" civiles, apuntó el documento.El departamento más afectado fue Norte de Santander, donde los enfrentamientos a principios de 2026 entre el Eln y las disidencias obligaron a miles de personas a huir de sus casas. (Lea también: Los últimos minutos de Cristian Herrera y drama que vive equipo periodístico: “Estamos escondidos”)El informe también señaló el masivo aumento del confinamiento de personas, una práctica común de los grupos armados que prohíben la movilidad de comunidades enteras. También subió en un 34 % el número de muertos y heridos por ataques con artefactos explosivos como drones, usados habitualmente por guerrilleros contra la fuerza pública y también civiles.La Cruz Roja afirmó que la población civil fue víctima de "homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, violencia sexual" en zonas con presencia de grupos armados y en 2025 registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que las consecuencias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel "más grave de la última década", con un fuerte aumento de desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"La situación humanitaria en 2025 no fue un hecho aislado, se enmarcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018", afirmó el jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, Olivier Dubois. Según el balance anual del organismo, el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 lo hicieron en movimientos masivos y 176.730 permanecieron confinadas por acciones de grupos armados.Lea: Video: Ejército realiza operación "contundente" contra el Eln en Catatumbo; reportan varios muertosFrente a 2024, todos los indicadores aumentaron de forma significativa: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 %, el confinamiento un 99 %, las víctimas de artefactos explosivos un 34 % y las nuevas desapariciones documentadas por el CICR un 22 %, según el informe. El CICR señaló que durante los últimos años los conflictos armados "persistieron, se volvieron más complejos y sus efectos sobre la población civil se profundizaron"."Estas formas de violencia generaron una presión constante sobre las comunidades, forzaron desplazamientos y limitaron de manera sostenida el acceso a servicios esenciales", agregó Dubois, quien aclaró que "el impacto de los conflictos armados no se limitó a los combates sino que se instaló en la vida cotidiana de las comunidades".El informe documentó también 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, de los que 622 eran civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes, y que el 84 % de los casos se concentró en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste) y Norte de Santander (noreste). "A ello se sumó la presencia de restos explosivos de guerra en caminos, zonas de tránsito y alrededores de viviendas, cultivos e infraestructura comunitaria, que siguieron representando una amenaza incluso después de los enfrentamientos", apunta el informe. La cifra de víctimas por artefactos explosivos, así como las 308 desapariciones documentadas, reflejan "la magnitud del deterioro de las condiciones para las comunidades".El balance anual del organismo confirma la degradación que ya había advertido en julio pasado, cuando informó de 58.160 personas desplazadas y 85.760 confinadas entre enero y mayo por una crisis en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, causada por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. El CICR advirtió además que la respuesta humanitaria enfrenta nuevas dificultades por los recortes de recursos internacionales y señaló que la organización tuvo que reducir un 30 % de su presupuesto para Colombia en 2026, pese al aumento de las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
"Yo sé que no es fácil para usted y para mí tampoco, pero aquí estamos: ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros enfrentando este dolor". Con esas palabras, Yésica Natalia Giraldo Marín se dirigió al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien hace 23 años asesinó a su padre, John Darío Giraldo Quintero, en la vereda El Jordán, en Cocorná, Antioquia. El encuentro ocurrió en Medellín durante el tercer día de audiencia que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de comparecientes de la fuerza pública involucrados en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Oriente antioqueño.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Yésica Natalia estaba junto a Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, su abuela y madre de John Darío. Frente a frente, víctimas y victimario protagonizaron un conmovedor acto de perdón. "De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo", le dice Yésica Natalia al exmilitar, quien de inmediato se arrodilla frente a los mujeres y rompe en llanto. El teniente retirado reconoció ante la JEP haber asesinado en septiembre de 2006 a John Darío Giraldo Quintero para presentarlo como una baja en combate, uno de los miles de casos mal llamados 'falsos positivos'."Este es un momento que necesitábamos para poder seguir y poder dejar este dolor", le dice Yésica Natalia al exmilitar mientras ella y su abuela lo abrazan. "Perdóneme de todo corazón", le responde él, arrodillado. "Aceptamos el perdón. Gracias por su grandeza y por su bondad", se escucha decir a las mujeres, que sostienen el micrófono en medio del conmovedor momento.Rosero Bravo fue uno de los militares citados a la audiencia y que hicieron parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (BAJES). En la diligencia se explicó que uniformados de ese batallón asesinaron a tres hombres -Pedro Antonio Marulanda, Jhon Darío Giraldo Quintero y Cristian de Jesús Aizález- durante 2002 y 2007 y los presentaron posteriormente como muertos en combate. El teniente retirado fue seleccionado como máximo responsable y ha reconocido responsabilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.En la audiencia, el teniente retirado reconoció que si bien los militares contaban con un soldado que hacía labores de enfermero, este no atendió a John Darío Giraldo Quintero. "No doctora -le respondió a una magistrada de la JEP-. No di la orden (de atenderlo) porque sabía lo que íbamos a hacer con él. Yo di la orden, que los vistieran (como guerrilleros)".En la audiencia, la JEP contó que los militares, bajo el mando de Rosero Bravo, llegaron a la vereda guiados por "La Pacho", una mujer que señaló a las víctimas como supuestos guerrilleros. "Después de los hallazgos, se volvieron a reunir en un mismo lugar, manteniendo retenidas a las tres personas. En ese momento, planificaron las muertes y la forma en que serían presentadas como muertos en combate", relató la magistrada auxiliar Ángela Galvis. "Rosero Bravo se dirigió a Cocorná para conseguir armas y entró en contacto con integrantes de grupos paramilitares, quienes le entregaron un fusil".De acuerdo con la información recopilada por la JEP, Rosero Bravo autorizó a los paramilitares para que interrogaran a las víctimas como contraprestación por el arma que estaban entregando. Después de eso, el teniente, ahora retirado, dio la orden de asesinar a las víctimas. Al respecto se les preguntó a los comparecientes por el origen de las armas que implantaron a las víctimas. "Las armas las conseguimos con el comandante de los paramilitares en El Santuario. Me dijo que me daba un fusil AK 47", dijo Rosero."Estoy aquí parado frente a ustedes con vergüenza, con arrepentimiento, por los horrores que cometí en el Pelotón Bombarda (…). Quiero pedirles perdón, aunque sé que no lo merecemos, desde lo más profundo de mi corazón, quiero que sepan que no hay día de mi vida en el que no me arrepienta de lo que hice. Me tortura cada día pensar en el dolor que les causé", dijo el compareciente Diego Londoño Rojas a las víctimas. Luego de sus palabras les entregó a algunas, entre ellas Rosalba Angélica y Yésica Natalia, el árbol con el que recuerdan la memoria de las víctimas para ubicarlo en el Bosque del recuerdo."Yo quiero decirles que los perdono", les dijo Rosalba Angélica a todos los comparecientes. "Les agradezco por estar aquí, darnos la cara, decir la verdad, que es lo que tanto buscamos en este proceso (…). Es muy difícil crecer sin padre y, por eso, también le doy gracias a mi abuela. Nosotros estamos aquí porque ella fue la que nos cuidó (…). Les doy mi perdón porque Dios me ayudó a sanar todo el rencor", dijo, por su parte, Yésica Natalia durante le diligencia.La audiencia pública hace parte de la 'Ruta no sancionatoria' y tiene como finalidad propiciar un espacio para consolidar los aportes de verdad de los comparecientes, escuchar su aceptación de responsabilidad y sus propuestas de medidas para contribuir a la reparación y dignificación de las víctimas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de condicionalidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del conflicto armado en Colombia, los antiguos máximos cabecillas de las extintas Farc-EP comparecieron ante la JEP para admitir una de las prácticas más crueles de su guerra: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.Por primera vez, el secretariado de la antigua guerrilla reconoció no solo el haber arrebatado la infancia a miles de menores de edad, sino también la comisión de crímenes sexuales dentro de sus filas. (Lea también: Duros relatos de víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en filas de las Farc)Este reconocimiento se dio en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento, presentó una radiografía desgarradora de este flagelo. Lo que comenzó como una investigación con apenas 150 casos, hoy ha escalado a una cifra que estremece al país: 18.677 víctimas documentadas entre 1971 y 2016.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sueños arrebatados: el caso de una joven que no pudo celebrar sus 15 añosUno de los momentos más emotivos del proceso judicial fue el relato de la magistrada Rueda sobre una menor que personifica la tragedia de miles. "La niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrar los 15 años; no lo pudieron hacer porque ella fue reclutada y murió en combate a los pocos días", narró la magistrada.Este caso refleja el nivel de reparación simbólica que busca la justicia transicional. Ante la imposibilidad de devolverle la vida, la madre de la menor hizo una petición inusual pero profundamente humana: "Lo que nos pidió la mamá fue hacerle una celebración de 15 al momento que le entregáramos los restos, y lo hicimos", puntualizó Lily Rueda.La confesión del último comandanteRodrigo Londoño, conocido anteriormente como 'Timochenko' y último comandante de la organización guerrillera, asumió la responsabilidad colectiva por estos hechos. "Hoy vine a hablar de lo que la guerra les robó a miles de niños y niñas en Colombia y no hay discurso que pueda reparar eso", afirmó, reconociendo que el grupo que dirigió expuso permanentemente a los menores de edad a un contexto hostil que facilitó violencias de género, planificación obligatoria y abortos forzados.Junto a Londoño, otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo firmaron una carta en la que aseguraron: "Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores".Radiografía del reclutamiento en cifrasEl informe de la JEP revela que el fenómeno no fue aislado, sino una política de crecimiento de personal. Los datos son contundentes:Picos de reclutamiento: Los años 1999, 2002, 2007 y 2013 registraron la mayor actividad de este crimen.Edades: El 30% de las víctimas tenía 14 años o menos al momento de ser reclutado.Género: El 54% eran niños y el 22% niñas (en el 24% restante no se especificó el sexo).Desaparecidos: Un alarmante 31% de las víctimas registradas aún no han sido localizadas.Añade que Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas, con 5.132 casos (24%); luego están Antioquia, con 2.187 (10%), y Guaviare y Caquetá, cada uno con 8% .El abandono estatal y las comunidades étnicasLa magistrada Lily Rueda enfatizó que este crimen floreció en la ruralidad debido a la precaria presencia del Estado. Según la magistrada, los niños reclutados carecían de acceso a salud y educación, lo que facilitó que los grupos armados establecieran relaciones profundas con las comunidades.La tragedia también golpeó con fuerza a las comunidades étnicas. Se registraron 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a seis pueblos étnicos (cinco indígenas y uno afrocolombiano), quienes quedaron atrapados en una guerra ajena.¿Es suficiente el perdón?A pesar de la importancia histórica del reconocimiento, para muchas víctimas el perdón llega tarde. La magistrada Rueda admite que existe indignación, pero defiende el modelo de justicia restaurativa. "Incluso las víctimas más contradictorias encuentran algo de valor en el proceso que hacemos y participan, me dicen incluso ‘me siento mejor después de este diálogo’", explicó. (Lea también: ExFARC y exmilitares transforman fosa común en Palmira en espacio de memoria y reconciliación)Hoy, Colombia enfrenta el reto de explicarles a los "hijos de la guerra" lo que sucedió, mientras busca a cerca de 480 niños que todavía permanecen desaparecidos en las entrañas de la selva y el olvido.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
Durante la audiencia de Reconocimiento de Verdad del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, quien inicialmente negó su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate (los llamados falsos positivos), el clamor de la madre de una de las víctimas se escuchó fuertemente en el auditorio, quien le reclamaba al uniformado retirado por el crimen de su hijo. "Un ser que yo amaba (...) Lo odio, con todo mi corazón, porque ustedes no saben cómo es que le entreguen a uno un hijo en esas condiciones (...) Un hijo que me amaba", dijo ante los presentes. La audiencia se realizó en Yopal (Casanare), y fue socializada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este miércoles 18 de marzo. La mujer que habló se llama María Dolores Sánchez, y era madre de Giovanny Arias, quien fue hallado, identificado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025. "Les pido que la rodeen porque ella tiene un dolor que hasta ahora está tramitando", aseguró el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.María Dolores fue consolada por las demás víctimas y por las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia. Mientras hablaba, según mencionó la JEP en sus redes sociales, "su voz reflejaba no solo el dolor persistente, sino también la exigencia de verdad y justicia que atraviesa este proceso".“Es inevitable que aquí surjan y afloren las emociones”, dijo el magistrado Salazar Arbeláez al retomar la audiencia. Durante su intervención, explicó que la JEP ha dispuesto espacios de acompañamiento para atender el dolor, así como para que las víctimas y sobrevivientes puedan expresarse. General (r) reconoce ante la JEP su responsabilidadEl teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reconoció su responsabilidad en el asesinato de al menos 30 víctimas cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno), adscrito a la Brigada XVI que operó en la región. La imputación de la JEP incluyó homicidio en persona protegida y desaparición forzada, a pesar de que el teniente (r) en años pasados había negado estos hechos.En su intervención, León Durán explicó por qué su reconocimiento de responsabilidad es tardío: “Al igual que ustedes, tengo una familia, seres queridos a quienes les conté la magnitud del daño que causé cuando, como comandante del Batallón ‘Ramón Nonato Pérez’, les arrebaté la vida a sus seres queridos”.Asimismo, expresó la importancia de haber conocido a las familias de las víctimas durante su proceso en la JEP y se dirigió a ellas. “Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado, haciendo todo lo que esté a mi alcance por traer a sus seres queridos que aún están desaparecidos y reparar, hasta donde me sea posible, ese daño que mis acciones les han generado”, aseguró. Y añadió: “Entendí que para mí era obligatorio y esencial saber quiénes eran las víctimas y conocer a sus familiares (…) Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”.Esta audiencia restaurativa, en el marco del proceso de reconocimiento tardío del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, continuará el jueves 19 de marzo en Yopal.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITALlmercado@caracoltv.com.co
La Contraloría General de la República advirtió que la desmovilizada guerrilla de las Farc no entregó todos los bienes que se comprometió a dar para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016. "Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación", expresó en el ente regulador en un comunicado. En ese sentido, el tribunal de cuentas señaló que las Farc se comprometieron a dar 12.070 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares), de los cuales sólo han entregado 2.114 millones de pesos (572.000 dólares).Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia, detalló en Noticias Caracol en vivo que, además, la extinta guerrilla, “de los lingotes de oro, se comprometieron a entregar 440 mil gramos de oro, han entregado 252 mil. De semovientes, se comprometieron a entregar 24.400 unidades, han en entregado 258. De bienes inmuebles, en el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722, han entregado uno”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Es verdad que entregaron dólares falsos?La contralora delegada reveló que “solicitamos a la SAE que nos certificaran el ingreso de estos dólares. Las Farc se comprometieron a entregar 450 mil dólares, de los cuales 1.500 según nos certificó la SAE son falsos, que la SAE no va a poder monetizar”, lo que se traduce en “menos recursos y menos garantías para poder reparar a las víctimas con ocasión de las decisiones judiciales”.La funcionaria insistió en que “sí hay un riesgo” porque “con ocasión de estas decisiones judiciales, el esfuerzo que se hace, no se pueda ejecutar. No queremos que estas sentencias de la justicia queden en papel, sino que vayan a reparar a las víctimas”.Detalló que “de las dos primeras sentencias se requirieron más de 100 mil millones de pesos, el Gobierno nacional ha destinado 20 mil, para un total de 120 mil”, pero “hay una brecha grande y este año vienen nuevas decisiones judiciales que se requiere para garantizar su ejecución”. (Lea también: ¿En qué consiste la condena de 8 años a exintegrantes de las Farc? Magistrado de la JEP responde)“Se estima en más de 500 mil millones de pesos las sentencias, incluyendo las sentencias que se proyectan que se podrán dictar en el curso de este año”, agregó.¿Quién responde si las Farc no entregan los bienes para reparar a las víctimas?Jenny Lindo recalcó que son “más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado” y “hay una gran debilidad en el cumplimiento de los bienes que se comprometieron (las Farc) a entregar y que estos bienes son los que se previeron en el proceso de paz para las víctimas. En ausencia de estos recursos es el Estado el que debe responder”.“El Gobierno debe hacerse responsable ante la ausencia de estos bienes de las Farc que no han podido monetizar o entregado completamente. Responder del Presupuesto General de la Nación”, precisó."La reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP está desfinanciada en un 83,6% para el año 2026. Faltan 101.858 millones de pesos (unos 27,6 millones de dólares) sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción", detalló la información. En 2025, la JEP emitió sus primeras dos condenas a penas restaurativas, que no conllevan cárcel, contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, casos conocidos en Colombia como falsos positivos. Justamente en septiembre, tras emitir las condenas, la JEP solicitó "con urgencia" al Gobierno colombiano y al Congreso los 33 millones de dólares que necesita para implementar sus primeras sentencias restaurativas. Sin los recursos que pide, la JEP afirmó entonces que no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras. Igualmente, esa jurisdicción advirtió que el cumplimiento de las sentencias restaurativas "depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno".POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia tomó importantes determinaciones sobre su operación en el país. Una de estas es que reducirá en un 30 por ciento su presupuesto en este territorio para el próximo año. Entre las razones está “la disminución global de los recursos disponibles para la acción humanitaria”.De esta manera, el CICR cerrará algunas de sus estructuras, reenfocará actividades y disminuirá su personal en Colombia. “Estas medidas, infortunadamente, afectarán a alrededor de 120 posiciones laborales. El CICR lamenta profundamente el impacto que esto genera en el personal que resulta afectado, y expresa su más sincero reconocimiento a los colegas que, con compromiso, entrega y cariño, han contribuido durante años a su misión humanitaria”, informaron.¿Qué oficinas del CICR cerrarán en Colombia?De acuerdo con la Cruz Roja, las oficinas de Apartadó, en Antioquia, y Pasto, en Nariño, dejarán de funcionar en los próximos meses. Otro punto que concluye sus operaciones es la subdelegación de Bucaramanga. Así las cosas, la respuesta humanitaria en el nororiente del país se coordinará desde Cúcuta.Además, la subdelegación de Cali cerrará y se establecerá una nueva sede en Popayán, desde donde se orientará su acción humanitaria en el suroccidente del país.“El contexto en el que se adoptan estos ajustes es especialmente complejo y doloroso: mientras la situación humanitaria en Colombia se deteriora y las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia aumentan, disminuyen los recursos globales disponibles para la acción humanitaria. Por esta razón, aunque no ha sido una decisión fácil, el CICR ve necesario reorientar sus operaciones para garantizar la continuidad efectiva y la sostenibilidad de su labor en el país con los limitados medios actuales”, detallaron desde la Cruz Roja.En otro punto del comunicado, el CICR informó que concentrará sus esfuerzos en las zonas más afectadas por los conflictos armados, priorizando la protección de la población civil, la promoción y el respeto del derecho internacional humanitario, y la respuesta a emergencias cuando las instituciones nacionales u otros actores humanitarios no puedan brindar asistencia de manera suficiente o inmediata.Para la Cruz Roja, la reducción de su capacidad operativa implicará impactos en algunas comunidades, y reconoce que esta situación puede afectar el alcance de su acción. Sin embargo, señala que mantiene su firme compromiso de permanecer cerca de las personas afectadas por los conflictos armados, trabajando para aliviar su sufrimiento y proteger su vida y su dignidad.“En el marco de estos ajustes, la delegación del CICR en Colombia asumirá también un carácter regional. Esto significa que, además de sus actividades en el país, tendrá a su cargo y supervisión la oficina del CICR en Lima (Perú) y las actividades desarrolladas en Ecuador y Bolivia”, indicaron.NOTICIAS CARACOL
El Cementerio Central de Palmira, en el Valle del Cauca, se ha convertido en el escenario de uno de los ejercicios de reconciliación más inéditos en Colombia. Con la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un grupo de exintegrantes de las FARC, firmantes del acuerdo de paz y otro de exmiembros del Ejército de Colombia, que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se han unido para excavar, recuperar cadáveres y construir infraestructuras de memoria en un sector históricamente olvidado. Los Informantes conoció su historia.Durante un año, estos antiguos enemigos, han trabajado hombro a hombro, compartiendo no solo herramientas de construcción, sino también historias y alimentos, en un esfuerzo conjunto que parecía un encuentro improbable.Un ejercicio de reconciliación inédito en ColombiaEl sector intervenido del cementerio, conocido informalmente como el cementerio El Olvido, había permanecido por décadas como una fosa común en la parte de atrás del camposanto. Allí fueron enterrados centenares de cuerpos sin identificar, sin seguir ningún tipo de protocolo ni individualización.La transformación de este espacio comenzó con una meta clara: dignificar los cuerpos y sanar las heridas de la guerra. Inicialmente, el proyecto se enfocó en asegurar el predio para que la delincuencia común no lo siguieran profanando.“Ese encerramiento lo comenzamos a construir en el mes de septiembre, pero a la par, nosotros estábamos ayudando la Unidad de Búsqueda de Medicina Legal a la prospección y recuperación de los cuerpos”, señaló Diego Bareño, mayor (r).En total, 23 comparecientes de la fuerza pública, incluyendo oficiales, suboficiales y soldados, trabajaron en el sitio, junto a exguerrilleros, cambiando el camuflado y los fusiles por carretillas, palas y picas. El mayor retirado del Ejército, Diego Alberto Bareño, director de la fundación Comité de Reconciliación y compareciente ante la JEP, enfatiza en la importancia de este trabajo para la sanación. Bareño, quien duró 26 años en la institución y fue oficial de infantería en varias unidades especiales, es el coprotagonista de este ejercicio junto a Maribel Ferreira, excombatiente de las FARC.Maribel, oriunda de Mitú, tiene 43 años y formó parte de las FARC desde los 12 años, llegando a ser enfermera de combate. La guerra le dejó profundas cicatrices físicas, pues fue herida cuatro veces. Ella relata el impacto personal de la colaboración: "Yo llevo una felicidad y a mí esto me sirvió mucho para olvidar muchas cosas. El tiempo de guerra, uno combatiendo con ellos y ahora con ellos acá diferente", dijo en Los Informantes.La construcción de la paz y de osariosEl trabajo no se limitó a la excavación. Después de recuperar los cuerpos sepultados en el contorno, llegando a bajar hasta 2,20 metros, el equipo procedió a construir columnas para levantar repositorios. La segunda etapa consistió en la construcción de estos "repositorios de memoria", conocidos comúnmente como osarios.El objetivo es que en estos osarios se alberguen los cuerpos recuperados a medida que sean identificados. Bareño enfatizó el significado del nombre: "normalmente son conocidos como osarios, pero nosotros los llamamos repositores de memoria porque es dignificar los cuerpos que se encuentran allí en tierra, llevarlos a este lugar", señaló.El proceso fue transformador, borrando la enemistad que alguna vez los separó. Maribel recordó las dificultades iniciales que tuvieron: "Al comienzo como es natural hubo tensiones, difícil, yo decía '¿Cómo era el encuentro con la fuerza pública si fuimos enemigos?'". Pero la convivencia diaria forjó un nuevo vínculo. "Y yo aprendí a conocerlos a ellos y a distinguirlos, ya no era su enemigo, no, ya no eran mis enemigos", contó.En este laboratorio de paz, la camaradería surgió en medio del arduo trabajo: "compartimos todo, refrigerio, compartimos almuerzos, sentamos en una sola mesa, comemos", relató Maribel. Bareño confirmó que la integración fue total: "siempre estuvimos fue juntos, integrados y éramos 10 y llegaban ocho almuerzos, entre todos nos compartíamos del almuerzo, una botella de agua, un vaso de agua, todo se compartía".Así funciona este ejercicio de reconciliaciónLa obra adelantada en Palmira por excombatientes de la guerrilla y del Ejército de Colombia es definida por la JEP como un TOAR (Trabajos, Obras y Actividades de contenido Restaurador y Reparador). Si bien muchas de las sanciones impuestas por la JEP serán TOARs que deben realizarse a lo largo del país, el proyecto de Palmira se distingue por ser voluntario y anticipado."Creo que poder hacer un TOAR anticipado es la demostración de la voluntad de firmantes, de comparecientes de familiares, pero también de la institucionalidad", señaló Marta Burbano, líder de madres buscadoras.Maribel Ferreira, quien hace parte de Reencuentros, una corporación de excombatientes de las FARC dedicada a la búsqueda de desaparecidos es un ejemplo de la profunda motivación personal que impulsa esta labor, pues ella busca los restos de su propia pareja, fallecido en combate con el Ejército. Ella confía: "Ojalá que esté acá, que puedan encontrarlo", afirmó.El trabajo conjunto, sin embargo, no estuvo exento de retos, lidiando incluso con el vandalismo y el robo. Ante el hurto de materiales, la reacción fue de resiliencia: "agachamos la cabeza, vimos, levantamos porque dijimos: 'ellos no nos pueden arruinar'".El encuentro con las madres buscadorasEl proyecto de Palmira no solo se centró en la construcción física, sino también en el encuentro emocional con las víctimas. La guerra ha dejado una cifra estremecedora de desaparecidos en Colombia: alrededor de 132.877 personas. El Valle del Cauca es particularmente afectado, con 9.000.Cuando la obra de los osarios avanzaba, un grupo de madres buscadoras visitó el lugar para reunirse con los antiguos combatientes y sumarse a la recuperación del camposanto. Marta Burbano, líder de este grupo de madres buscadoras, relata la tensión inicial: "cuando yo entré con las víctimas, todos ellos agacharon la cara, yo creo que era un reconocimiento de la responsabilidad que habían tenido en todo ese dolor que las víctimas estaban sintiendo". Sin embargo, la labor compartida está transformando las relaciones: "hoy cuando uno viene al cementerio y por lo menos se pueden saludar implica que ese compartir aquí en lo cotidiano, ese hacer una apuesta común, va transformando las mentes y los corazones", señaló.Graciela Solís, de 63 años, es una de estas madres. Su hijo, Andrés Felipe Peñaranda Solís, desapareció hace más de cuatro años en Puerto Merizalde de Buenaventura, una zona bajo control de grupos armados. Para Graciela, la búsqueda es una obligación para conocer la verdad: "alguien tiene que pararse y buscar porque si no buscamos, entonces, ¿cuándo vamos a darnos cuenta de qué pasó con nuestros hijos o nuestros familiares desaparecidos?", afirmó.La búsqueda no es exclusiva de la población civil; también hay familiares de miembros de las FARC y de la fuerza pública buscando a sus seres queridos. Por su parte, las víctimas cultivaron un jardín y levantaron un pequeño memorial, mientras que los excombatientes construyeron el oratorio y un mural a la entrada.Hace pocas semanas se realizó la entrega oficial de la obra. Maribel y el mayor Bareño, fueron los encargados de dirigir unas palabras. Maribel destaca el aprendizaje: "Esto me enseñó que la reparación inicia a la disposición de trabajar con respeto y reconocer al otro como digno de cuidado".Hasta el momento, la Unidad de Búsqueda ha logrado recuperar 99 cuerpos allí, los cuales esperan ser identificados por Medicina Legal. Se estima que en esta sección intervenida pueden existir alrededor de 600 cadáveres más que requieren ser individualizados e identificados.Pese a los riesgos que enfrentan en su seguridad, los protagonistas insisten en que la paz ha valido la pena. El delegado del PNUD, al acompañar la entrega, resaltó la magnitud del logro, definiéndolo como una transformación individual y colectiva, una "posibilidad del ser humano de transformarse, de convertirse en otra cosa. Y yo creo que lo que hemos visto en este proceso es eso, es una transformación individual y colectiva", dijo.El trabajo de exhumación continuará bajo el liderazgo de los forenses de la UBPD. Los constructores de la paz en Palmira confían en que este piloto se replique demostrando que la reconciliación es posible. La primera muestra de dignificación ya ocurrió: el mismo día de la entrega, se realizó el primer funeral de los restos de una persona plenamente identificada.
Cuarenta años han transcurrido desde que el Palacio de Justicia fue tomado a sangre y fuego, bombardeado, incendiado y arrasado durante 28 horas, en lo que se ha denominado el holocausto de esa sede del poder judicial. Después de 14.600 días y el paso de ocho presidentes, la impunidad sigue siendo una llaga lacerante que ha impedido la cicatrización en Colombia. La toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y 11 desaparecidos.La Comisión de la Verdad fue concluyente en su diagnóstico de este capítulo de la historia colombiana, afirmando que todos fueron responsables. El caso evidenció un abismo de orillas en disputa donde la política se impuso sobre la justicia. Entre las responsabilidades señaladas se encuentran la del M-19 por convertir a civiles en rehenes en una "irracional toma armada". Para algunos, lo que hizo la guerrilla fue el antecedente que permitió la acción posterior del Ejército. También responsabilidad del presidente de entonces, Belisario Betancur, por caer en el silencio frente al tema: su Gobierno por nunca saber explicar tantas indecisiones.Responsabilidad también de las fuerzas armadas por un exceso de fuerza que sigue causando estupor. Para algunas víctimas, la tragedia se tomó como una venganza del Ejército y los agentes del Estado contra el M-19 por burlas anteriores, como el robo de armas del cantón o la espada de Bolívar. Dicen que las ganas de acabar con el grupo subversivo y la necesidad de un triunfo llevaron a que se "pasara por encima de todo el mundo".También están la política y sus partidos de ese entonces, que no permitieron un debate razonado de responsabilidades, y el periodismo, que en el momento crucial de la batalla optó por callar.A pesar de que las autoridades sabían de los planes del M-19 desde el 18 de octubre de 1985 —19 días antes de la toma guerrillera— y así lo reportaron varios periódicos, el Palacio de Justicia estaba desprotegido el 6 de noviembre, sin un solo miembro de la fuerza pública resguardando a los jueces. El Estado fue condenado internacionalmente años después por la barbarie de las torturas y desapariciones.La impunidad se ha ido tragando el holocausto a destiempos. Sin embargo, la memoria se mantiene viva a través de la resistencia de los familiares de las víctimas.Alejandra Rodríguez Cabrera, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería del Palacio, ha dedicado cuatro décadas a la búsqueda de la verdad de su padre, quien fue víctima de desaparición forzada a los 29 años.Alejandra tenía 35 días de nacida cuando ocurrieron los hechos. Ella ha logrado determinar, con base en testimonios de dos militares, que su padre fue llevado a las caballerizas del cantón norte, fue torturado y murió durante dichas torturas. No obstante, a la fecha, no se tienen los restos óseos de él para alcanzar esta certeza. Carlos Augusto, nacido en Bogotá el 26 de julio de 1956, era el menor de tres hermanos y había asumido la administración de la cafetería tan solo cuatro meses antes del holocausto.De igual manera, María del Pilar Navarre Urrea rememora la ausencia de su esposo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes ("Jimmy", como le decía de carió), quien trabajaba en la cafetería y fue desaparecido. Aunque sus restos mortales fueron hallados por las autoridades hace 8 años, Pilar insiste en que Colombia no debe olvidar lo ocurrido.Los familiares han mantenido esta fe y resistencia, no para fomentar el odio ni los rencores, sino para recordarle al país que esta tragedia no se puede repetir. Las víctimas del Palacio no renuncian a la verdad y a la justicia, a pesar de que son conscientes de que cada año que pasa se sepultan un poco más las esperanzas de alcanzarlas plenamente.NOTICIAS CARACOL
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) encontraron nuevas estructuras óseas que corresponderían a otra víctima de desaparición forzada. Varios cuerpos fueron dejados en la Comuna 13 de Medellín en una zona conocida como La Escombrera. El hallazgo sería de la víctima número siete dejada en este lugar."El hallazgo se produjo en la tarde del 25 de septiembre, en el marco de la medida cautelar adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, que protege puntos de interés donde se presume la existencia de cuerpos de habitantes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal reportados como desaparecidos", se lee en un comunicado de la JEP, que aclaró que el cuerpo fue ubicado en la zona incluida en la ampliación de la medida cautelar ordenada por la magistratura en abril de este año.Estos restos estaban a pocos metros del lugar donde fueron encontradas las otras seis primeras víctimas, halladas en diciembre de 2024, y enero y julio de 2025. "La exhumación se realizó con el acompañamiento de familias buscadoras y de representantes de las organizaciones peticionarias: Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Santa Laura Montoya y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, quienes han mantenido presencia constante en el lugar, vigilando cada avance de la búsqueda", agregaron en el texto.Lea: JEP encontró más restos humanos en La Escombrera, en Medellín: “Es una fosa común”, dice PetroLos hallazgos de cuerpos en La EscombreraEl 18 de diciembre de 2024, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) de Colombia informaron sobre el hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera de Medellín. Casi un mes después de esto, en el sector de la Comuna 13, considerado como la fosa común urbana más grande del país, el tribunal informó de más resultados en la búsqueda. "Estas labores hacen parte de la estrategia de búsqueda adelantada por la JEP en este escenario de alto interés forense, considerado uno de los más complejos del país".Según la JEP, del total de víctimas de desaparición forzadas recuperadas hasta el momento en La Escombrera, cuatro han sido plenamente identificadas y entregadas dignamente a sus familias. Los cuerpos de otras dos víctimas se encuentran en proceso de análisis de laboratorio en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación genética. "Ya son siete las víctimas recuperadas en La Escombrera, lo que confirma su condición de fosa común, tal como lo denunciaron las familias buscadoras durante más de dos décadas".El cuerpo más reciente fue hallado en una franja del terreno correspondiente al suelo de 2002, según indicaron los resultados del trabajo especializado del GATEF, que ubicaron las estructuras óseas durante un cuidadoso proceso de excavación. Entre julio de 2024 y septiembre de 2025 se han removido más de 56.000 metros cúbicos de tierra en La Escombrera.Exparamilitar reveló detalles de las desapariciones en La EscombreraLos primeros hallazgos en La Escombrera abrieron el camino para dar respuesta a 502 familias que por décadas han buscado a sus seres queridos desaparecidos en ese lugar. Este descubrimiento no solo es un avance en la búsqueda de la verdad, sino también un reconocimiento a la persistencia y el dolor de las familias afectadas.En 2015, el equipo del programa Los Informantes de Caracol Televisión entrevistó al exparamilitar Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, exmiembro del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, quien detalló cómo se planearon y ejecutaron los asesinatos en La Escombrera. “Ahí mismo de una se mataba y se enterraba, si había que dejarle para que la fuerza pública recuperaba cuerpos se dejaban y si no se podía dejar se les da sepultura ahí mismo”, afirmó.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El sorteo de Baloto y Revancha de este lunes, 10 de agosto de 2026, se lleva a cabo entre las 11:00 y las 11:15 de la noche. La transmisión es realizada en plataformas digitales autorizadas. Si usted le apostó al Baloto hoy, prepárese, porque puede convertirse en el nuevo millonario de Colombia.Resultados completos Baloto y Revancha 10 de agosto de 2026BalotoLos números ganadores del sorteo principal fueron los siguientes:Números ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19Superbalota: 14El acumulado del Baloto para este sorteo era de $52.400 millones. En caso de no haber ganadores con la combinación completa, el acumulado aumentará.RevanchaLos números ganadores del sorteo Revancha son los siguientes:Números ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09Superbalota: 03El acumulado de Revancha para este sorteo era de $10.200 millones. No obstante, al igual que con el Baloto, en caso de no haber ganador con la combinación completa, este incrementará para el próximo sorteo.¿Cómo son los premios en Baloto y Revancha?El sistema de premios de Baloto y Revancha es de tipo paramutual, lo que significa que los montos se calculan en función del total de ventas de tiquetes para cada sorteo. Del total recaudado, el 50 % se destina a la bolsa de premios, y de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El resto se distribuye entre las demás categorías de aciertos.Los premios están sujetos a impuestos. En Colombia, los premios superiores a 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) están gravados con un 20 % de retención, lo que debe ser considerado al momento de calcular el valor neto que recibe el ganador. El costo de una apuesta simple de Baloto es de $5.700, y si se incluye la opción de Revancha, el valor total asciende a $7.800. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, tiendas seleccionadas o en línea a través del sitio oficial de Baloto.Cómo jugar el BalotoPara jugar el Baloto en Colombia, se debe adquirir un tiquete en un punto de venta autorizado o a través de plataformas digitales oficiales. El jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, y una superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación constituye una apuesta simple. También existe la opción de jugar con más números, lo que incrementa las posibilidades de ganar, pero también el costo del tiquete.Además del sorteo principal, se puede activar la opción de Revancha, que utiliza los mismos números seleccionados para participar en un segundo sorteo con un acumulado independiente. El valor total de una apuesta con Revancha es mayor que el de una apuesta sin esta opción. Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los sábados, y los resultados se publican en medios oficiales. Los premios se asignan según la cantidad de aciertos, y el acumulado mayor se entrega a quien acierte los cinco números más la superbalota. También se otorgan premios menores por aciertos parciales.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
En horas de la noche de este 10 de agosto se reportó un fuerte incendio en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, mientras que se atienden los estragos provocados por el terremoto ocurrido en la mañana de este lunes, que hasta ahora deja 10 muertos, 174 lesionados y tres desaparecidos en la ciudad. Testigos grabaron la inmensidad que alcanzó el fuego y lo que habría sucedido previo a la conflagración.El incendio ocurre en el Centro de Detención Transitoria Marte, que funciona como un sitio de reclusión para personas sindicadas en Buenaventura. En contexto, este punto queda muy cerca de todo el puerto bonaverense y de las instalaciones de la Sociedad Portuaria de la ciudad. De acuerdo con versiones preliminares, la conflagración habría iniciado por cuenta de una supuesta riña que inició en el centro de detención en horas de la noche. Según conoció Noticias Caracol, a esta situación se le suma que el techo de la sede de la Sijín y del centro transitorio colapsó. En el punto hay aproximadamente 400 personas privadas de la libertad. El lugar ha estado marcado por problemas humanitarios de hacinamiento crítico, crisis sanitarias y alteración de orden, de acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital de Buenaventura.Esta emergencia se suma al contexto al que se enfrenta Buenaventura tras los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4, mismos que ya han cobrado la vida de 10 personas en la ciudad. La administración del distrito especial también reportó en su primer boletín unificado que hay 174 personas lesionadas, tres desaparecidos, casi 400 familias damnificadas y 53 viviendas destruidas. La alcaldía declaró calamidad pública y mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU). La vía de acceso terrestre se encuentra bloqueada por tres derrumbes ocurridos en tres puntos distintos del corredor. Al lugar llegaron unidades de la Marina y una parte del equipo USAR-COL.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El partido Cambio Radical informó sobre la muerte de Juan Carlos García Castañeda, quien se desempeñaba como concejal en el municipio de Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca. El político murió tras el fuerte terremoto de 7.4 registrado con epicentro en San José Del Palmar, Chocó, en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026."Desde Cambio Radical lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, quien perdió la vida tras el temblor de esta mañana", escribió el partido político en sus redes sociales. "Hoy nos embarga el dolor por la partida de un servidor público que dedicó su trabajo a representar y servir a su comunidad", agregaron.Por último, Cambio Radical también indicó que "en estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia con respeto, solidaridad y un abrazo fraterno. Paz en su tumba". De acuerdo con el reporta más reciente, al menos 132 murieron tras el terremoto, el más fuerte en una década en el país.El balance del terremotoAdemás de los fallecidos, más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de "desastre nacional".El terremoto se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.Desde Cambio Radical lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, quien perdió la vida tras el temblor de esta mañana.Hoy nos embarga el dolor por la partida de un servidor público que dedicó su trabajo a representar… pic.twitter.com/zUPeeR6ZNk— Cambio Radical (@PCambioRadical) August 11, 2026 MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL*Con información de AGENCIA EFE
La labor del periodista suele ser la de un observador externo, un relator de hechos que mantiene la distancia necesaria para informar con objetividad. Sin embargo, cuando ocurren tragedias como el terremoto en Colombia hoy de magnitud 7.4, las barreras entre el informador y la noticia se desvanecen. En Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el reciente terremoto, el dolor no se cuenta solo en cifras de edificios colapsados, sino en la voz quebrada de quienes, teniendo que informar, también lo han perdido todoEl país fue testigo de este quiebre emocional a través de la señal de Noticias Caracol. Freddy Gómez, corresponsal en la capital de Risaralda, se convirtió sin quererlo en el símbolo de la vulnerabilidad que hoy embarga a miles de familias colombianas. Al ser consultado por su situación personal y la de su señora madre, el periodista, al borde del llanto y con la voz entrecortada, entregó un testimonio que refleja la magnitud del desastre desde lo más íntimo.Periodista de Noticias Caracol llora al hablar de terremoto en Pereira"Donde vive mi mamá se sufrieron afectaciones en la infraestructura. Tuvieron que moverla del lugar donde estaba. Estoy con mis hijas. Yo soy padre cabeza de hogar y me traje a mis hijas. Vivimos en un piso alto, donde también se presentaron algunos problemas y, a esta hora, después de que terminemos de informar a los colombianos y pedir por los pereiranos, hay que empezar a mirar qué necesita la familia y empezar a mirar dónde vamos a empezar a buscar agua y dónde vamos a empezar a mirar dónde vamos a pasar la noche. Pero lo primero era pedir ayuda por todos los colombianos y sobre todo por estos pereiranos que hoy estamos pasando por un momento muy difícil", contó Freddy.La situación que vive el periodista es la realidad que enfrentan cientos de ciudadanos en esa ciudad que ha quedado sumida entre los escombros y la incomunicación. Según el reportero, encontrar víveres y agua potable se ha vuelto una tarea casi imposible, dado que los supermercados y restaurantes permanecen cerrados, y gran parte de la ciudad carece de servicios básicos como energía eléctrica y gas.Rescates con las manos y una ciudad en ruinasLa situación en las calles de Pereira es devastadora. En puntos críticos como la Plaza de Bolívar, la imagen es desgarradora: voluntarios y organismos de socorro intentan remover escombros prácticamente con las manos ante la falta de herramientas básicas como baldes, estopas o iluminación adecuada para las labores nocturnas. El silencio necesario para escuchar posibles señales de vida se ve interrumpido por los llamados desesperados de quienes buscan a sus seres queridos atrapados bajo lo que antes eran edificios, hoteles y hospitales.Se reportan más de 18 puntos de colapso total en PereiraEntre los escombros, las historias de angustia se multiplican. Óscar Danilo Camero Fernández es uno de esos rostros de la desesperanza; busca a su esposa, Ceneida Ramírez Arango, de quien no tiene noticias desde las 7:20 de la mañana. Su fe, puesta en un rescate milagroso es el único motor que lo mantiene en la zona de desastre.El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en medio de lágrimas, ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional. "Es una tragedia para toda la ciudad, para miles de familias", expresó el mandatario, subrayando que la reconstrucción requerirá de un apoyo masivo que sobrepasa las capacidades locales. La ciudad se encuentra bajo toque de queda hasta las 5:00 de la mañana, se han suspendido las clases y se ha decretado día sin carro y sin moto para facilitar la movilidad de los organismos de emergencia.El ministro Rodrigo Lara confirmó la llegada de 95 bomberos de diversas ciudades y el arribo inminente de 65 rescatistas especializados del grupo USAR provenientes de Rionegro, Antioquia. Además, un equipo de cinco ingenieros estructuralistas de la Alcaldía de Bogotá se unirá a las labores para evaluar los daños en infraestructura vital como hospitales y edificios públicos.A pesar de que la terminal del aeropuerto presenta graves daños materiales por la caída de vidrios y muros, la pista se mantiene operativa, lo que permitirá la llegada de las primeras ayudas humanitarias una vez se restablezca por completo la torre de control. Pereira hoy no solo lucha contra los escombros físicos de un sismo de 7.4, sino contra el impacto emocional de una tragedia que, como bien dijo el periodista Freddy Gómez, apenas están empezando a reaccionar.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
En Buenaventura, la alcaldía declaró situación de calamidad pública y mantiene activo el Puesto de Mando Unificado tras el terremoto que golpeó a Colombia este 10 de agosto. Entre las ciudades más afectadas, el centro portuario del Valle del Cauca reporta cifras y daños que lo configuran como uno de los principales perjudicados. A esta situación se le suma que las vías que conducen a Buenaventura están cerradas por tres deslizamientos, lo que ha dejado al centro urbano completamente incomunicado. La red hospitalaria, por su parte, está operando al límite de su capacidad en medio del aislamiento.Según las cifras del boletín unificado número 1 del Distrito Especial de Buenaventura, hay reporte de diez personas fallecidas, 174 lesionadas, tres desaparecidas y una que continúa desaparecida (con corte a las 9:00 p. m. de este 10 de agosto). Las cifras están sujetas a actualizaciones conforme avance el tiempo. En el lugar apoyan infantes de la Marina y parte del equipo USAR COL.Buenaventura incomunicada por daños en la vía de accesoAdemás de los estragos a nivel de infraestructura, la ciudad portuaria reportó afectaciones en la movilidad, especialmente en la vía de acceso a Buenaventura, que permanece cerrada por tres deslizamientos en los kilómetros 69+200, 52+300 y 50+55, además de restricciones en otros puntos.Por su parte, la Terminal de Transportes también presenta daños en su infraestructura, por lo que se suspendieron los viajes terrestres que despachan desde allá. El suministro de agua potable funciona con normalidad, aunque el servicio de energía eléctrica presenta afectaciones en distintos sectores, al igual que el de gas domiciliario y telecomunicaciones.Red hospitalaria de Buenaventura opera al límiteSegún el boletín, Buenaventura registra una alta demanda en la red hospitalaria. La administración declaró alerta naranja mediante una resolución ante la situación de salud. Tanto la Clínica Santa Sofía como el Hospital Luis Ablanque de la Plata tienen su capacidad instalada al 100 %. Para poderle hacer frente a este contexto, las autoridades habilitaron camas de expansión y módulos de estabilización.A esto se suma que la Clínica Santa Sofía tiene una afectación en el 70 % de su infraestructura, por lo que están asistiendo a sus pacientes en áreas externas, carpas y camillas. El Cuerpo de Bomberos mantiene 42 unidades desplegadas en diferentes sectores del Distrito.Viviendas e infraestructura afectadasLa emergencia también dejó daños en viviendas e infraestructura. El reporte oficial registra 53 viviendas destruidas y 91 averiadas, aunque todavía está pendiente la valoración técnica para determinar las condiciones de habitabilidad y el nivel de daño. Además, fueron reportadas afectaciones en tres edificaciones públicas, entre ellas el Terminal de Transportes y el edificio administrativo de SAAAB.También se registró afectación en 29 instituciones educativas, una edificación de cuatro pisos con pérdida total, un hotel, dos iglesias y tres muelles o puentes.La Alcaldía también recibió reportes comunitarios sobre más de 600 viviendas con algún tipo de afectación, entre daños parciales y posibles pérdidas totales. Sin embargo, esta cifra todavía no constituye un registro oficial consolidado, debido a que requiere verificación mediante visitas técnicas en los barrios reportados.En la zona rural se reportan afectaciones en Cajambre, Mayorquín, San Juan, Yurumanguí y Bajo Calima. El Distrito anunció que durante el martes 11 de agosto se realizarán visitas técnicas para verificar las condiciones de estos territorios.¿Qué necesita Buenaventura?La Alcaldía hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al sector privado, gremios, organizaciones sociales y organismos de cooperación para fortalecer la respuesta.Entre las necesidades prioritarias se encuentran cinco pajaritas, cinco volquetas, cinco excavadoras y maquinaria amarilla adicional para remover escombros. También se solicitaron 50 carpas para atención de pacientes, 500 carpas de campaña y 15.000 ayudas humanitarias, incluidos kits de alojamiento, alimentación y aseo, además de alimentos preparados e hidratación.El Distrito también requiere medicamentos e insumos médicos, al menos 20 balas de oxígeno, plantas eléctricas para los centros médicos, martillos neumáticos, guantes de construcción, tapabocas y apoyo para recuperar la conectividad vial.La Alcaldía informó que el centro de acopio fue establecido en la Oficina de Atención al Ciudadano, frente al CAD, en el centro de Buenaventura. Además, el Comité Intergremial del Valle del Cauca anunció el envío de ayuda humanitaria y la Sociedad Portuaria coordina la entrega de ayudas y la disponibilidad de maquinaria amarilla.Ante la situación, se declaró la calamidad pública y se decretó el toque de queda entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m. para preservar el orden público. Las autoridades continuarán durante el 11 de agosto con las inspecciones y valoraciones técnicas de las edificaciones afectadas, con especial atención en las zonas urbanas y rurales que todavía no han podido ser evaluadas.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co