El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Un niño de 10 años murió en zona rural de Tibú, Norte de Santander, luego de que lanzaran un dron con explosivos en medio de los combates entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la zona.Los hechos, en los que también resultaron heridas cuatro personas, fueron reportados en el kilómetro 25 de la vereda Gaitán.Las imágenes compartidas por la comunidad en las redes sociales dan cuenta de cómo una vivienda quedó reducida a escombros por los combates entre los grupos ilegales, que se mantienen en la zona, cerca de la frontera con Venezuela.Poco después se conoció que un joven de 17 años y una bebé de 2 también resultaron gravemente heridos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Situación de orden público en Norte de SantanderUn informe publicado a mediados de mayo pasado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que el desplazamiento de personas se duplicó 2025 en Colombia respecto al año anterior.Al menos 322.688 ciudadanos se desplazaron mientras "los enfrentamientos armados se intensificaron" en "zonas pobladas o cerca de viviendas" civiles, apuntó el documento.El departamento más afectado fue Norte de Santander, donde los enfrentamientos a principios de 2026 entre el Eln y las disidencias obligaron a miles de personas a huir de sus casas. (Lea también: Los últimos minutos de Cristian Herrera y drama que vive equipo periodístico: “Estamos escondidos”)El informe también señaló el masivo aumento del confinamiento de personas, una práctica común de los grupos armados que prohíben la movilidad de comunidades enteras. También subió en un 34 % el número de muertos y heridos por ataques con artefactos explosivos como drones, usados habitualmente por guerrilleros contra la fuerza pública y también civiles.La Cruz Roja afirmó que la población civil fue víctima de "homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, violencia sexual" en zonas con presencia de grupos armados y en 2025 registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que las consecuencias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel "más grave de la última década", con un fuerte aumento de desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"La situación humanitaria en 2025 no fue un hecho aislado, se enmarcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018", afirmó el jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, Olivier Dubois. Según el balance anual del organismo, el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 lo hicieron en movimientos masivos y 176.730 permanecieron confinadas por acciones de grupos armados.Lea: Video: Ejército realiza operación "contundente" contra el Eln en Catatumbo; reportan varios muertosFrente a 2024, todos los indicadores aumentaron de forma significativa: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 %, el confinamiento un 99 %, las víctimas de artefactos explosivos un 34 % y las nuevas desapariciones documentadas por el CICR un 22 %, según el informe. El CICR señaló que durante los últimos años los conflictos armados "persistieron, se volvieron más complejos y sus efectos sobre la población civil se profundizaron"."Estas formas de violencia generaron una presión constante sobre las comunidades, forzaron desplazamientos y limitaron de manera sostenida el acceso a servicios esenciales", agregó Dubois, quien aclaró que "el impacto de los conflictos armados no se limitó a los combates sino que se instaló en la vida cotidiana de las comunidades".El informe documentó también 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, de los que 622 eran civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes, y que el 84 % de los casos se concentró en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste) y Norte de Santander (noreste). "A ello se sumó la presencia de restos explosivos de guerra en caminos, zonas de tránsito y alrededores de viviendas, cultivos e infraestructura comunitaria, que siguieron representando una amenaza incluso después de los enfrentamientos", apunta el informe. La cifra de víctimas por artefactos explosivos, así como las 308 desapariciones documentadas, reflejan "la magnitud del deterioro de las condiciones para las comunidades".El balance anual del organismo confirma la degradación que ya había advertido en julio pasado, cuando informó de 58.160 personas desplazadas y 85.760 confinadas entre enero y mayo por una crisis en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, causada por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. El CICR advirtió además que la respuesta humanitaria enfrenta nuevas dificultades por los recortes de recursos internacionales y señaló que la organización tuvo que reducir un 30 % de su presupuesto para Colombia en 2026, pese al aumento de las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
"Yo sé que no es fácil para usted y para mí tampoco, pero aquí estamos: ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros enfrentando este dolor". Con esas palabras, Yésica Natalia Giraldo Marín se dirigió al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien hace 23 años asesinó a su padre, John Darío Giraldo Quintero, en la vereda El Jordán, en Cocorná, Antioquia. El encuentro ocurrió en Medellín durante el tercer día de audiencia que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de comparecientes de la fuerza pública involucrados en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Oriente antioqueño.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Yésica Natalia estaba junto a Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, su abuela y madre de John Darío. Frente a frente, víctimas y victimario protagonizaron un conmovedor acto de perdón. "De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo", le dice Yésica Natalia al exmilitar, quien de inmediato se arrodilla frente a los mujeres y rompe en llanto. El teniente retirado reconoció ante la JEP haber asesinado en septiembre de 2006 a John Darío Giraldo Quintero para presentarlo como una baja en combate, uno de los miles de casos mal llamados 'falsos positivos'."Este es un momento que necesitábamos para poder seguir y poder dejar este dolor", le dice Yésica Natalia al exmilitar mientras ella y su abuela lo abrazan. "Perdóneme de todo corazón", le responde él, arrodillado. "Aceptamos el perdón. Gracias por su grandeza y por su bondad", se escucha decir a las mujeres, que sostienen el micrófono en medio del conmovedor momento.Rosero Bravo fue uno de los militares citados a la audiencia y que hicieron parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (BAJES). En la diligencia se explicó que uniformados de ese batallón asesinaron a tres hombres -Pedro Antonio Marulanda, Jhon Darío Giraldo Quintero y Cristian de Jesús Aizález- durante 2002 y 2007 y los presentaron posteriormente como muertos en combate. El teniente retirado fue seleccionado como máximo responsable y ha reconocido responsabilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.En la audiencia, el teniente retirado reconoció que si bien los militares contaban con un soldado que hacía labores de enfermero, este no atendió a John Darío Giraldo Quintero. "No doctora -le respondió a una magistrada de la JEP-. No di la orden (de atenderlo) porque sabía lo que íbamos a hacer con él. Yo di la orden, que los vistieran (como guerrilleros)".En la audiencia, la JEP contó que los militares, bajo el mando de Rosero Bravo, llegaron a la vereda guiados por "La Pacho", una mujer que señaló a las víctimas como supuestos guerrilleros. "Después de los hallazgos, se volvieron a reunir en un mismo lugar, manteniendo retenidas a las tres personas. En ese momento, planificaron las muertes y la forma en que serían presentadas como muertos en combate", relató la magistrada auxiliar Ángela Galvis. "Rosero Bravo se dirigió a Cocorná para conseguir armas y entró en contacto con integrantes de grupos paramilitares, quienes le entregaron un fusil".De acuerdo con la información recopilada por la JEP, Rosero Bravo autorizó a los paramilitares para que interrogaran a las víctimas como contraprestación por el arma que estaban entregando. Después de eso, el teniente, ahora retirado, dio la orden de asesinar a las víctimas. Al respecto se les preguntó a los comparecientes por el origen de las armas que implantaron a las víctimas. "Las armas las conseguimos con el comandante de los paramilitares en El Santuario. Me dijo que me daba un fusil AK 47", dijo Rosero."Estoy aquí parado frente a ustedes con vergüenza, con arrepentimiento, por los horrores que cometí en el Pelotón Bombarda (…). Quiero pedirles perdón, aunque sé que no lo merecemos, desde lo más profundo de mi corazón, quiero que sepan que no hay día de mi vida en el que no me arrepienta de lo que hice. Me tortura cada día pensar en el dolor que les causé", dijo el compareciente Diego Londoño Rojas a las víctimas. Luego de sus palabras les entregó a algunas, entre ellas Rosalba Angélica y Yésica Natalia, el árbol con el que recuerdan la memoria de las víctimas para ubicarlo en el Bosque del recuerdo."Yo quiero decirles que los perdono", les dijo Rosalba Angélica a todos los comparecientes. "Les agradezco por estar aquí, darnos la cara, decir la verdad, que es lo que tanto buscamos en este proceso (…). Es muy difícil crecer sin padre y, por eso, también le doy gracias a mi abuela. Nosotros estamos aquí porque ella fue la que nos cuidó (…). Les doy mi perdón porque Dios me ayudó a sanar todo el rencor", dijo, por su parte, Yésica Natalia durante le diligencia.La audiencia pública hace parte de la 'Ruta no sancionatoria' y tiene como finalidad propiciar un espacio para consolidar los aportes de verdad de los comparecientes, escuchar su aceptación de responsabilidad y sus propuestas de medidas para contribuir a la reparación y dignificación de las víctimas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de condicionalidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del conflicto armado en Colombia, los antiguos máximos cabecillas de las extintas Farc-EP comparecieron ante la JEP para admitir una de las prácticas más crueles de su guerra: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.Por primera vez, el secretariado de la antigua guerrilla reconoció no solo el haber arrebatado la infancia a miles de menores de edad, sino también la comisión de crímenes sexuales dentro de sus filas. (Lea también: Duros relatos de víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en filas de las Farc)Este reconocimiento se dio en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento, presentó una radiografía desgarradora de este flagelo. Lo que comenzó como una investigación con apenas 150 casos, hoy ha escalado a una cifra que estremece al país: 18.677 víctimas documentadas entre 1971 y 2016.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sueños arrebatados: el caso de una joven que no pudo celebrar sus 15 añosUno de los momentos más emotivos del proceso judicial fue el relato de la magistrada Rueda sobre una menor que personifica la tragedia de miles. "La niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrar los 15 años; no lo pudieron hacer porque ella fue reclutada y murió en combate a los pocos días", narró la magistrada.Este caso refleja el nivel de reparación simbólica que busca la justicia transicional. Ante la imposibilidad de devolverle la vida, la madre de la menor hizo una petición inusual pero profundamente humana: "Lo que nos pidió la mamá fue hacerle una celebración de 15 al momento que le entregáramos los restos, y lo hicimos", puntualizó Lily Rueda.La confesión del último comandanteRodrigo Londoño, conocido anteriormente como 'Timochenko' y último comandante de la organización guerrillera, asumió la responsabilidad colectiva por estos hechos. "Hoy vine a hablar de lo que la guerra les robó a miles de niños y niñas en Colombia y no hay discurso que pueda reparar eso", afirmó, reconociendo que el grupo que dirigió expuso permanentemente a los menores de edad a un contexto hostil que facilitó violencias de género, planificación obligatoria y abortos forzados.Junto a Londoño, otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo firmaron una carta en la que aseguraron: "Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores".Radiografía del reclutamiento en cifrasEl informe de la JEP revela que el fenómeno no fue aislado, sino una política de crecimiento de personal. Los datos son contundentes:Picos de reclutamiento: Los años 1999, 2002, 2007 y 2013 registraron la mayor actividad de este crimen.Edades: El 30% de las víctimas tenía 14 años o menos al momento de ser reclutado.Género: El 54% eran niños y el 22% niñas (en el 24% restante no se especificó el sexo).Desaparecidos: Un alarmante 31% de las víctimas registradas aún no han sido localizadas.Añade que Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas, con 5.132 casos (24%); luego están Antioquia, con 2.187 (10%), y Guaviare y Caquetá, cada uno con 8% .El abandono estatal y las comunidades étnicasLa magistrada Lily Rueda enfatizó que este crimen floreció en la ruralidad debido a la precaria presencia del Estado. Según la magistrada, los niños reclutados carecían de acceso a salud y educación, lo que facilitó que los grupos armados establecieran relaciones profundas con las comunidades.La tragedia también golpeó con fuerza a las comunidades étnicas. Se registraron 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a seis pueblos étnicos (cinco indígenas y uno afrocolombiano), quienes quedaron atrapados en una guerra ajena.¿Es suficiente el perdón?A pesar de la importancia histórica del reconocimiento, para muchas víctimas el perdón llega tarde. La magistrada Rueda admite que existe indignación, pero defiende el modelo de justicia restaurativa. "Incluso las víctimas más contradictorias encuentran algo de valor en el proceso que hacemos y participan, me dicen incluso ‘me siento mejor después de este diálogo’", explicó. (Lea también: ExFARC y exmilitares transforman fosa común en Palmira en espacio de memoria y reconciliación)Hoy, Colombia enfrenta el reto de explicarles a los "hijos de la guerra" lo que sucedió, mientras busca a cerca de 480 niños que todavía permanecen desaparecidos en las entrañas de la selva y el olvido.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
Durante la audiencia de Reconocimiento de Verdad del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, quien inicialmente negó su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate (los llamados falsos positivos), el clamor de la madre de una de las víctimas se escuchó fuertemente en el auditorio, quien le reclamaba al uniformado retirado por el crimen de su hijo. "Un ser que yo amaba (...) Lo odio, con todo mi corazón, porque ustedes no saben cómo es que le entreguen a uno un hijo en esas condiciones (...) Un hijo que me amaba", dijo ante los presentes. La audiencia se realizó en Yopal (Casanare), y fue socializada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este miércoles 18 de marzo. La mujer que habló se llama María Dolores Sánchez, y era madre de Giovanny Arias, quien fue hallado, identificado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025. "Les pido que la rodeen porque ella tiene un dolor que hasta ahora está tramitando", aseguró el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.María Dolores fue consolada por las demás víctimas y por las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia. Mientras hablaba, según mencionó la JEP en sus redes sociales, "su voz reflejaba no solo el dolor persistente, sino también la exigencia de verdad y justicia que atraviesa este proceso".“Es inevitable que aquí surjan y afloren las emociones”, dijo el magistrado Salazar Arbeláez al retomar la audiencia. Durante su intervención, explicó que la JEP ha dispuesto espacios de acompañamiento para atender el dolor, así como para que las víctimas y sobrevivientes puedan expresarse. General (r) reconoce ante la JEP su responsabilidadEl teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reconoció su responsabilidad en el asesinato de al menos 30 víctimas cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno), adscrito a la Brigada XVI que operó en la región. La imputación de la JEP incluyó homicidio en persona protegida y desaparición forzada, a pesar de que el teniente (r) en años pasados había negado estos hechos.En su intervención, León Durán explicó por qué su reconocimiento de responsabilidad es tardío: “Al igual que ustedes, tengo una familia, seres queridos a quienes les conté la magnitud del daño que causé cuando, como comandante del Batallón ‘Ramón Nonato Pérez’, les arrebaté la vida a sus seres queridos”.Asimismo, expresó la importancia de haber conocido a las familias de las víctimas durante su proceso en la JEP y se dirigió a ellas. “Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado, haciendo todo lo que esté a mi alcance por traer a sus seres queridos que aún están desaparecidos y reparar, hasta donde me sea posible, ese daño que mis acciones les han generado”, aseguró. Y añadió: “Entendí que para mí era obligatorio y esencial saber quiénes eran las víctimas y conocer a sus familiares (…) Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”.Esta audiencia restaurativa, en el marco del proceso de reconocimiento tardío del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, continuará el jueves 19 de marzo en Yopal.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITALlmercado@caracoltv.com.co
La Contraloría General de la República advirtió que la desmovilizada guerrilla de las Farc no entregó todos los bienes que se comprometió a dar para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016. "Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación", expresó en el ente regulador en un comunicado. En ese sentido, el tribunal de cuentas señaló que las Farc se comprometieron a dar 12.070 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares), de los cuales sólo han entregado 2.114 millones de pesos (572.000 dólares).Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia, detalló en Noticias Caracol en vivo que, además, la extinta guerrilla, “de los lingotes de oro, se comprometieron a entregar 440 mil gramos de oro, han entregado 252 mil. De semovientes, se comprometieron a entregar 24.400 unidades, han en entregado 258. De bienes inmuebles, en el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722, han entregado uno”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Es verdad que entregaron dólares falsos?La contralora delegada reveló que “solicitamos a la SAE que nos certificaran el ingreso de estos dólares. Las Farc se comprometieron a entregar 450 mil dólares, de los cuales 1.500 según nos certificó la SAE son falsos, que la SAE no va a poder monetizar”, lo que se traduce en “menos recursos y menos garantías para poder reparar a las víctimas con ocasión de las decisiones judiciales”.La funcionaria insistió en que “sí hay un riesgo” porque “con ocasión de estas decisiones judiciales, el esfuerzo que se hace, no se pueda ejecutar. No queremos que estas sentencias de la justicia queden en papel, sino que vayan a reparar a las víctimas”.Detalló que “de las dos primeras sentencias se requirieron más de 100 mil millones de pesos, el Gobierno nacional ha destinado 20 mil, para un total de 120 mil”, pero “hay una brecha grande y este año vienen nuevas decisiones judiciales que se requiere para garantizar su ejecución”. (Lea también: ¿En qué consiste la condena de 8 años a exintegrantes de las Farc? Magistrado de la JEP responde)“Se estima en más de 500 mil millones de pesos las sentencias, incluyendo las sentencias que se proyectan que se podrán dictar en el curso de este año”, agregó.¿Quién responde si las Farc no entregan los bienes para reparar a las víctimas?Jenny Lindo recalcó que son “más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado” y “hay una gran debilidad en el cumplimiento de los bienes que se comprometieron (las Farc) a entregar y que estos bienes son los que se previeron en el proceso de paz para las víctimas. En ausencia de estos recursos es el Estado el que debe responder”.“El Gobierno debe hacerse responsable ante la ausencia de estos bienes de las Farc que no han podido monetizar o entregado completamente. Responder del Presupuesto General de la Nación”, precisó."La reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP está desfinanciada en un 83,6% para el año 2026. Faltan 101.858 millones de pesos (unos 27,6 millones de dólares) sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción", detalló la información. En 2025, la JEP emitió sus primeras dos condenas a penas restaurativas, que no conllevan cárcel, contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, casos conocidos en Colombia como falsos positivos. Justamente en septiembre, tras emitir las condenas, la JEP solicitó "con urgencia" al Gobierno colombiano y al Congreso los 33 millones de dólares que necesita para implementar sus primeras sentencias restaurativas. Sin los recursos que pide, la JEP afirmó entonces que no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras. Igualmente, esa jurisdicción advirtió que el cumplimiento de las sentencias restaurativas "depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno".POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia tomó importantes determinaciones sobre su operación en el país. Una de estas es que reducirá en un 30 por ciento su presupuesto en este territorio para el próximo año. Entre las razones está “la disminución global de los recursos disponibles para la acción humanitaria”.De esta manera, el CICR cerrará algunas de sus estructuras, reenfocará actividades y disminuirá su personal en Colombia. “Estas medidas, infortunadamente, afectarán a alrededor de 120 posiciones laborales. El CICR lamenta profundamente el impacto que esto genera en el personal que resulta afectado, y expresa su más sincero reconocimiento a los colegas que, con compromiso, entrega y cariño, han contribuido durante años a su misión humanitaria”, informaron.¿Qué oficinas del CICR cerrarán en Colombia?De acuerdo con la Cruz Roja, las oficinas de Apartadó, en Antioquia, y Pasto, en Nariño, dejarán de funcionar en los próximos meses. Otro punto que concluye sus operaciones es la subdelegación de Bucaramanga. Así las cosas, la respuesta humanitaria en el nororiente del país se coordinará desde Cúcuta.Además, la subdelegación de Cali cerrará y se establecerá una nueva sede en Popayán, desde donde se orientará su acción humanitaria en el suroccidente del país.“El contexto en el que se adoptan estos ajustes es especialmente complejo y doloroso: mientras la situación humanitaria en Colombia se deteriora y las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia aumentan, disminuyen los recursos globales disponibles para la acción humanitaria. Por esta razón, aunque no ha sido una decisión fácil, el CICR ve necesario reorientar sus operaciones para garantizar la continuidad efectiva y la sostenibilidad de su labor en el país con los limitados medios actuales”, detallaron desde la Cruz Roja.En otro punto del comunicado, el CICR informó que concentrará sus esfuerzos en las zonas más afectadas por los conflictos armados, priorizando la protección de la población civil, la promoción y el respeto del derecho internacional humanitario, y la respuesta a emergencias cuando las instituciones nacionales u otros actores humanitarios no puedan brindar asistencia de manera suficiente o inmediata.Para la Cruz Roja, la reducción de su capacidad operativa implicará impactos en algunas comunidades, y reconoce que esta situación puede afectar el alcance de su acción. Sin embargo, señala que mantiene su firme compromiso de permanecer cerca de las personas afectadas por los conflictos armados, trabajando para aliviar su sufrimiento y proteger su vida y su dignidad.“En el marco de estos ajustes, la delegación del CICR en Colombia asumirá también un carácter regional. Esto significa que, además de sus actividades en el país, tendrá a su cargo y supervisión la oficina del CICR en Lima (Perú) y las actividades desarrolladas en Ecuador y Bolivia”, indicaron.NOTICIAS CARACOL
El Cementerio Central de Palmira, en el Valle del Cauca, se ha convertido en el escenario de uno de los ejercicios de reconciliación más inéditos en Colombia. Con la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un grupo de exintegrantes de las FARC, firmantes del acuerdo de paz y otro de exmiembros del Ejército de Colombia, que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se han unido para excavar, recuperar cadáveres y construir infraestructuras de memoria en un sector históricamente olvidado. Los Informantes conoció su historia.Durante un año, estos antiguos enemigos, han trabajado hombro a hombro, compartiendo no solo herramientas de construcción, sino también historias y alimentos, en un esfuerzo conjunto que parecía un encuentro improbable.Un ejercicio de reconciliación inédito en ColombiaEl sector intervenido del cementerio, conocido informalmente como el cementerio El Olvido, había permanecido por décadas como una fosa común en la parte de atrás del camposanto. Allí fueron enterrados centenares de cuerpos sin identificar, sin seguir ningún tipo de protocolo ni individualización.La transformación de este espacio comenzó con una meta clara: dignificar los cuerpos y sanar las heridas de la guerra. Inicialmente, el proyecto se enfocó en asegurar el predio para que la delincuencia común no lo siguieran profanando.“Ese encerramiento lo comenzamos a construir en el mes de septiembre, pero a la par, nosotros estábamos ayudando la Unidad de Búsqueda de Medicina Legal a la prospección y recuperación de los cuerpos”, señaló Diego Bareño, mayor (r).En total, 23 comparecientes de la fuerza pública, incluyendo oficiales, suboficiales y soldados, trabajaron en el sitio, junto a exguerrilleros, cambiando el camuflado y los fusiles por carretillas, palas y picas. El mayor retirado del Ejército, Diego Alberto Bareño, director de la fundación Comité de Reconciliación y compareciente ante la JEP, enfatiza en la importancia de este trabajo para la sanación. Bareño, quien duró 26 años en la institución y fue oficial de infantería en varias unidades especiales, es el coprotagonista de este ejercicio junto a Maribel Ferreira, excombatiente de las FARC.Maribel, oriunda de Mitú, tiene 43 años y formó parte de las FARC desde los 12 años, llegando a ser enfermera de combate. La guerra le dejó profundas cicatrices físicas, pues fue herida cuatro veces. Ella relata el impacto personal de la colaboración: "Yo llevo una felicidad y a mí esto me sirvió mucho para olvidar muchas cosas. El tiempo de guerra, uno combatiendo con ellos y ahora con ellos acá diferente", dijo en Los Informantes.La construcción de la paz y de osariosEl trabajo no se limitó a la excavación. Después de recuperar los cuerpos sepultados en el contorno, llegando a bajar hasta 2,20 metros, el equipo procedió a construir columnas para levantar repositorios. La segunda etapa consistió en la construcción de estos "repositorios de memoria", conocidos comúnmente como osarios.El objetivo es que en estos osarios se alberguen los cuerpos recuperados a medida que sean identificados. Bareño enfatizó el significado del nombre: "normalmente son conocidos como osarios, pero nosotros los llamamos repositores de memoria porque es dignificar los cuerpos que se encuentran allí en tierra, llevarlos a este lugar", señaló.El proceso fue transformador, borrando la enemistad que alguna vez los separó. Maribel recordó las dificultades iniciales que tuvieron: "Al comienzo como es natural hubo tensiones, difícil, yo decía '¿Cómo era el encuentro con la fuerza pública si fuimos enemigos?'". Pero la convivencia diaria forjó un nuevo vínculo. "Y yo aprendí a conocerlos a ellos y a distinguirlos, ya no era su enemigo, no, ya no eran mis enemigos", contó.En este laboratorio de paz, la camaradería surgió en medio del arduo trabajo: "compartimos todo, refrigerio, compartimos almuerzos, sentamos en una sola mesa, comemos", relató Maribel. Bareño confirmó que la integración fue total: "siempre estuvimos fue juntos, integrados y éramos 10 y llegaban ocho almuerzos, entre todos nos compartíamos del almuerzo, una botella de agua, un vaso de agua, todo se compartía".Así funciona este ejercicio de reconciliaciónLa obra adelantada en Palmira por excombatientes de la guerrilla y del Ejército de Colombia es definida por la JEP como un TOAR (Trabajos, Obras y Actividades de contenido Restaurador y Reparador). Si bien muchas de las sanciones impuestas por la JEP serán TOARs que deben realizarse a lo largo del país, el proyecto de Palmira se distingue por ser voluntario y anticipado."Creo que poder hacer un TOAR anticipado es la demostración de la voluntad de firmantes, de comparecientes de familiares, pero también de la institucionalidad", señaló Marta Burbano, líder de madres buscadoras.Maribel Ferreira, quien hace parte de Reencuentros, una corporación de excombatientes de las FARC dedicada a la búsqueda de desaparecidos es un ejemplo de la profunda motivación personal que impulsa esta labor, pues ella busca los restos de su propia pareja, fallecido en combate con el Ejército. Ella confía: "Ojalá que esté acá, que puedan encontrarlo", afirmó.El trabajo conjunto, sin embargo, no estuvo exento de retos, lidiando incluso con el vandalismo y el robo. Ante el hurto de materiales, la reacción fue de resiliencia: "agachamos la cabeza, vimos, levantamos porque dijimos: 'ellos no nos pueden arruinar'".El encuentro con las madres buscadorasEl proyecto de Palmira no solo se centró en la construcción física, sino también en el encuentro emocional con las víctimas. La guerra ha dejado una cifra estremecedora de desaparecidos en Colombia: alrededor de 132.877 personas. El Valle del Cauca es particularmente afectado, con 9.000.Cuando la obra de los osarios avanzaba, un grupo de madres buscadoras visitó el lugar para reunirse con los antiguos combatientes y sumarse a la recuperación del camposanto. Marta Burbano, líder de este grupo de madres buscadoras, relata la tensión inicial: "cuando yo entré con las víctimas, todos ellos agacharon la cara, yo creo que era un reconocimiento de la responsabilidad que habían tenido en todo ese dolor que las víctimas estaban sintiendo". Sin embargo, la labor compartida está transformando las relaciones: "hoy cuando uno viene al cementerio y por lo menos se pueden saludar implica que ese compartir aquí en lo cotidiano, ese hacer una apuesta común, va transformando las mentes y los corazones", señaló.Graciela Solís, de 63 años, es una de estas madres. Su hijo, Andrés Felipe Peñaranda Solís, desapareció hace más de cuatro años en Puerto Merizalde de Buenaventura, una zona bajo control de grupos armados. Para Graciela, la búsqueda es una obligación para conocer la verdad: "alguien tiene que pararse y buscar porque si no buscamos, entonces, ¿cuándo vamos a darnos cuenta de qué pasó con nuestros hijos o nuestros familiares desaparecidos?", afirmó.La búsqueda no es exclusiva de la población civil; también hay familiares de miembros de las FARC y de la fuerza pública buscando a sus seres queridos. Por su parte, las víctimas cultivaron un jardín y levantaron un pequeño memorial, mientras que los excombatientes construyeron el oratorio y un mural a la entrada.Hace pocas semanas se realizó la entrega oficial de la obra. Maribel y el mayor Bareño, fueron los encargados de dirigir unas palabras. Maribel destaca el aprendizaje: "Esto me enseñó que la reparación inicia a la disposición de trabajar con respeto y reconocer al otro como digno de cuidado".Hasta el momento, la Unidad de Búsqueda ha logrado recuperar 99 cuerpos allí, los cuales esperan ser identificados por Medicina Legal. Se estima que en esta sección intervenida pueden existir alrededor de 600 cadáveres más que requieren ser individualizados e identificados.Pese a los riesgos que enfrentan en su seguridad, los protagonistas insisten en que la paz ha valido la pena. El delegado del PNUD, al acompañar la entrega, resaltó la magnitud del logro, definiéndolo como una transformación individual y colectiva, una "posibilidad del ser humano de transformarse, de convertirse en otra cosa. Y yo creo que lo que hemos visto en este proceso es eso, es una transformación individual y colectiva", dijo.El trabajo de exhumación continuará bajo el liderazgo de los forenses de la UBPD. Los constructores de la paz en Palmira confían en que este piloto se replique demostrando que la reconciliación es posible. La primera muestra de dignificación ya ocurrió: el mismo día de la entrega, se realizó el primer funeral de los restos de una persona plenamente identificada.
Cuarenta años han transcurrido desde que el Palacio de Justicia fue tomado a sangre y fuego, bombardeado, incendiado y arrasado durante 28 horas, en lo que se ha denominado el holocausto de esa sede del poder judicial. Después de 14.600 días y el paso de ocho presidentes, la impunidad sigue siendo una llaga lacerante que ha impedido la cicatrización en Colombia. La toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y 11 desaparecidos.La Comisión de la Verdad fue concluyente en su diagnóstico de este capítulo de la historia colombiana, afirmando que todos fueron responsables. El caso evidenció un abismo de orillas en disputa donde la política se impuso sobre la justicia. Entre las responsabilidades señaladas se encuentran la del M-19 por convertir a civiles en rehenes en una "irracional toma armada". Para algunos, lo que hizo la guerrilla fue el antecedente que permitió la acción posterior del Ejército. También responsabilidad del presidente de entonces, Belisario Betancur, por caer en el silencio frente al tema: su Gobierno por nunca saber explicar tantas indecisiones.Responsabilidad también de las fuerzas armadas por un exceso de fuerza que sigue causando estupor. Para algunas víctimas, la tragedia se tomó como una venganza del Ejército y los agentes del Estado contra el M-19 por burlas anteriores, como el robo de armas del cantón o la espada de Bolívar. Dicen que las ganas de acabar con el grupo subversivo y la necesidad de un triunfo llevaron a que se "pasara por encima de todo el mundo".También están la política y sus partidos de ese entonces, que no permitieron un debate razonado de responsabilidades, y el periodismo, que en el momento crucial de la batalla optó por callar.A pesar de que las autoridades sabían de los planes del M-19 desde el 18 de octubre de 1985 —19 días antes de la toma guerrillera— y así lo reportaron varios periódicos, el Palacio de Justicia estaba desprotegido el 6 de noviembre, sin un solo miembro de la fuerza pública resguardando a los jueces. El Estado fue condenado internacionalmente años después por la barbarie de las torturas y desapariciones.La impunidad se ha ido tragando el holocausto a destiempos. Sin embargo, la memoria se mantiene viva a través de la resistencia de los familiares de las víctimas.Alejandra Rodríguez Cabrera, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería del Palacio, ha dedicado cuatro décadas a la búsqueda de la verdad de su padre, quien fue víctima de desaparición forzada a los 29 años.Alejandra tenía 35 días de nacida cuando ocurrieron los hechos. Ella ha logrado determinar, con base en testimonios de dos militares, que su padre fue llevado a las caballerizas del cantón norte, fue torturado y murió durante dichas torturas. No obstante, a la fecha, no se tienen los restos óseos de él para alcanzar esta certeza. Carlos Augusto, nacido en Bogotá el 26 de julio de 1956, era el menor de tres hermanos y había asumido la administración de la cafetería tan solo cuatro meses antes del holocausto.De igual manera, María del Pilar Navarre Urrea rememora la ausencia de su esposo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes ("Jimmy", como le decía de carió), quien trabajaba en la cafetería y fue desaparecido. Aunque sus restos mortales fueron hallados por las autoridades hace 8 años, Pilar insiste en que Colombia no debe olvidar lo ocurrido.Los familiares han mantenido esta fe y resistencia, no para fomentar el odio ni los rencores, sino para recordarle al país que esta tragedia no se puede repetir. Las víctimas del Palacio no renuncian a la verdad y a la justicia, a pesar de que son conscientes de que cada año que pasa se sepultan un poco más las esperanzas de alcanzarlas plenamente.NOTICIAS CARACOL
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) encontraron nuevas estructuras óseas que corresponderían a otra víctima de desaparición forzada. Varios cuerpos fueron dejados en la Comuna 13 de Medellín en una zona conocida como La Escombrera. El hallazgo sería de la víctima número siete dejada en este lugar."El hallazgo se produjo en la tarde del 25 de septiembre, en el marco de la medida cautelar adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, que protege puntos de interés donde se presume la existencia de cuerpos de habitantes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal reportados como desaparecidos", se lee en un comunicado de la JEP, que aclaró que el cuerpo fue ubicado en la zona incluida en la ampliación de la medida cautelar ordenada por la magistratura en abril de este año.Estos restos estaban a pocos metros del lugar donde fueron encontradas las otras seis primeras víctimas, halladas en diciembre de 2024, y enero y julio de 2025. "La exhumación se realizó con el acompañamiento de familias buscadoras y de representantes de las organizaciones peticionarias: Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Santa Laura Montoya y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, quienes han mantenido presencia constante en el lugar, vigilando cada avance de la búsqueda", agregaron en el texto.Lea: JEP encontró más restos humanos en La Escombrera, en Medellín: “Es una fosa común”, dice PetroLos hallazgos de cuerpos en La EscombreraEl 18 de diciembre de 2024, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) de Colombia informaron sobre el hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera de Medellín. Casi un mes después de esto, en el sector de la Comuna 13, considerado como la fosa común urbana más grande del país, el tribunal informó de más resultados en la búsqueda. "Estas labores hacen parte de la estrategia de búsqueda adelantada por la JEP en este escenario de alto interés forense, considerado uno de los más complejos del país".Según la JEP, del total de víctimas de desaparición forzadas recuperadas hasta el momento en La Escombrera, cuatro han sido plenamente identificadas y entregadas dignamente a sus familias. Los cuerpos de otras dos víctimas se encuentran en proceso de análisis de laboratorio en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación genética. "Ya son siete las víctimas recuperadas en La Escombrera, lo que confirma su condición de fosa común, tal como lo denunciaron las familias buscadoras durante más de dos décadas".El cuerpo más reciente fue hallado en una franja del terreno correspondiente al suelo de 2002, según indicaron los resultados del trabajo especializado del GATEF, que ubicaron las estructuras óseas durante un cuidadoso proceso de excavación. Entre julio de 2024 y septiembre de 2025 se han removido más de 56.000 metros cúbicos de tierra en La Escombrera.Exparamilitar reveló detalles de las desapariciones en La EscombreraLos primeros hallazgos en La Escombrera abrieron el camino para dar respuesta a 502 familias que por décadas han buscado a sus seres queridos desaparecidos en ese lugar. Este descubrimiento no solo es un avance en la búsqueda de la verdad, sino también un reconocimiento a la persistencia y el dolor de las familias afectadas.En 2015, el equipo del programa Los Informantes de Caracol Televisión entrevistó al exparamilitar Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, exmiembro del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, quien detalló cómo se planearon y ejecutaron los asesinatos en La Escombrera. “Ahí mismo de una se mataba y se enterraba, si había que dejarle para que la fuerza pública recuperaba cuerpos se dejaban y si no se podía dejar se les da sepultura ahí mismo”, afirmó.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un operativo desarrollado en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, Huila, que dejó como resultado la muerte de alias Robinson Gutiérrez y la captura de otros tres integrantes de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.De acuerdo con la información entregada por el mandatario a través de su cuenta oficial de X, en la operación participaron de manera conjunta el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea.“Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez”, señaló De la Espriella.El presidente identificó a Robinson Gutiérrez como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro y confirmó que fue dado de baja durante el operativo.NOTICIA EN DESARROLLO
El Mundial de ciclismo de ruta de 2026 marcó un momento especial para Nairo Quintana. Este domingo 27 de septiembre, el corredor colombiano disputó, en Montreal, Canadá, su último Campeonato Mundial con la Selección Colombia, en una jornada que representó el cierre de una etapa dentro de su extensa trayectoria deportiva."Feliz, bien, contento de estar aquí, en mi último Mundial", expresó Nairo en la previa de la competencia, recordando que su primera participación en una Copa del Mundo ocurrió hace 17 años.El boyacense también destacó la posibilidad de compartir esta última cita mundialista con una nueva generación de corredores colombianos. "Hace 17 años, hice mi primera participación en una Copa del Mundo y, ahora, terminar con todos los jóvenes, me da alegría. Representar a mi país es lindo", señaló.Para Nairo Quintana, además, llevar los colores de Colombia siempre ha tenido un significado especial por la pasión que existe en el país por este deporte. "La representación de Colombia en las carreras siempre es grande. Es un país que respira y vive ciclismo. Por eso, están aquí", afirmó.Sin embargo, la participación en Montreal no será la última carrera profesional de Nairo. El propio ciclista había adelantado que, después del Mundial, solamente le quedaría una competencia antes de poner punto final a su carrera."Con el Movistar Team haré mi última carrera, la próxima semana, en Italia. No podemos decir dónde, pero lo comunicaremos en su momento", explicó.Sin embargo, días atrás, en entrevista con Georgia 'Goga' Ruiz Sandoval, Nairo Quintana reveló cuál será finalmente ese último compromiso: el Giro dell’Emilia, que se disputará el sábado 3 de octubre en Italia.De esta manera, el Mundial de Montreal será su última participación con Colombia, mientras que el Giro dell’Emilia marcará el último capítulo de su carrera profesional con el Movistar Team.
Luego de la compleja cirugía a corazón abierto a la que fue sometido, Lucas Murillo volvió a dirigirse a las personas que han seguido su historia. En un video, el pequeño contó que ya despertó y habló sobre cómo avanza su recuperación después de la intervención realizada en la Fundación Cardiovascular.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Buenas noches, pues estoy bien, ya me hicieron la cirugía y también me duele un poco”, dijo Lucas al comenzar su mensaje.El menor explicó que recibe medicamentos para controlar las molestias y que también comenzó algunas de las actividades propias de su recuperación. Según relató, está realizando terapia y los profesionales de salud lo ayudan a caminar. Lucas también habló sobre su alimentación y explicó que en algunas ocasiones recibe alimentos o medicamentos a través de una sonda gastrointestinal mientras permanece dormido.El pequeño cerró su mensaje agradeciendo el acompañamiento de quienes han estado pendientes de su proceso y pidió que continúen rezando por su recuperación. “Y si siguen rezando por mí, pronto voy allá, allá, pronto voy a Cúcuta”, expresó.¿Qué cirugía le realizaron a Lucas Murillo? Lucas fue sometido a una cirugía de Fontan, un procedimiento de alta complejidad realizado a corazón abierto. La intervención se llevó a cabo en la Fundación Cardiovascular, ubicada en Floridablanca, Santander, después de que el menor llegara desde Cúcuta para recibir atención especializada.De acuerdo con la explicación entregada por el doctor Albert Guerrero, líder del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la Fundación Cardiovascular, durante el procedimiento se conectaron las venas que vienen de la parte inferior del cuerpo con la rama pulmonar derecha, con el objetivo de permitir que la sangre llegue a las arterias de los pulmones.La intervención se extendió durante al menos ocho horas y posteriormente Lucas fue trasladado a cuidados intensivos, donde permaneció bajo vigilancia permanente del equipo médico.Tras la cirugía, su madre, Andrea García, contó que el niño ya había despertado y que incluso pudo comunicarse con ella. “Mamá, tengo sed”, fue una de las frases que le dijo después de despertar, según relató la mujer.Las primeras 72 horas después de la cirugía Aunque el equipo médico reportó una evolución favorable después de la intervención, los especialistas habían advertido que las primeras 72 horas serían una etapa fundamental para observar la recuperación de Lucas.El doctor Albert Guerrero explicó que el menor tuvo una buena noche y que su evolución era favorable, aunque señaló que el equipo médico debía mantener una vigilancia permanente durante esos primeros días.“Estos primeros 3 días pues son los más complejos y hay que estar muy encima de él”, explicó el especialista. La familia también pidió a las personas que han acompañado la historia del menor que continúen con sus oraciones durante esta etapa.Lucas se hizo conocido a nivel nacional después de publicar un video en el que pidió ayuda para acceder al tratamiento que necesitaba. En ese momento, el niño explicó que llevaba más de un año esperando atención para su condición cardíaca.“Yo no quiero morir. Soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio, quiero seguir aprendiendo”, dijo entonces. El menor nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente. Antes de la cirugía de Fontan, Lucas ya había sido sometido a otros procedimientos a corazón abierto, entre ellos una cirugía de Glenn.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Nairo Quintana volvió a ponerse la camiseta de Colombia en un Mundial de ciclismo y, esta vez, el momento tuvo un significado especial. El boyacense disputó en Montreal, Canadá, su sexto y último Campeonato Mundial de ruta representando al país, en una edición que quedará marcada por la emoción de ver nuevamente al campeón colombiano en una cita orbital.Desde antes de comenzar la competencia, Nairo fue uno de los grandes protagonistas. Durante la presentación de los corredores, los aplausos de los aficionados acompañaron su aparición, mientras entre el público se observaban varias banderas de Colombia. El ambiente dejó claro que, más allá de la competencia, su presencia representaba una historia que trasciende los resultados deportivos.Para esta última participación mundialista con la selección, Quintana compartió equipo con una generación de corredores que también representa el presente y futuro del ciclismo colombiano: Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera. La nómina tuvo algunos cambios respecto a la convocatoria inicial, pero estos cuatro corredores acompañaron a Nairo en la prueba élite masculina.El Mundial de 2026 se celebró en Montreal, Canadá, entre el 20 y el 27 de septiembre. La prueba masculina de ruta, disputada el 27 de septiembre, contó con un exigente recorrido de más de 270 kilómetros y cerca de 3.800 metros de desnivel acumulado.Para Quintana, el significado fue mucho más profundo que una carrera. Después de 17 años como profesional, representar por última vez a Colombia en un Mundial de ciclismo significó cerrar un capítulo importante de su trayectoria internacional. El propio ciclista aseguró que le generaba una enorme emoción poder terminar su participación mundialista llevando los colores del país.Y aunque Montreal no representa todavía el último pedalazo de su carrera profesional, sí marca su despedida de los Mundiales con Colombia. Un adiós rodeado de aplausos, banderas tricolores y el reconocimiento de los aficionados a un ciclista que durante años convirtió el nombre de Colombia en protagonista de las grandes carreteras del mundo.
Vladimir Kovacik, masajista del equipo eslovaco, fue el representante de su país sobre la bicicleta en la prueba en línea del Mundial de ciclismo, en Montreal (Canadá), después de que los tres ciclistas que tenían inicialmente previsto para competir hayan causado baja por diferentes motivos.Eslovaquia tenía cuatro plazas disponibles para estos Mundiales pero Lukas Kubis, por problemas con su equipo, y Matthias Schwarzbacher y Martin Svrcek, por lesión, en la categoría masculina, han causado baja, y Nora Jencusova, en la femenina, no participó en su carrera.Cada país con plaza reservada y conseguida debe tener participación en la categoría élite para evitar tener un cero y que eso pese en su presencia en futuros Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos. La solución de Eslovaquia ha sido elegir a su masajista, Vladimir Kovacik, de 28 años y que tiene licencia para poder correr, para que participe en la prueba independientemente del resultado que tenga para cumplir con la exigencia de la UCI.Kovacik ya compitió entre 2014 y 2017, pero no se sube a una bicicleta para una carrera de élite desde hace nueve años.De esta forma, Eslovaquia elude el descenso de categoría, ya que sin participantes en carrera reduciría los puntos a la mitad de su país y como 2027 es el año previo a los Juegos de Los Ángeles casi hubieran dicho adiós al sueño olímpico.Eslovaquia es un país de tradición ciclista y que entre 2015 y 2017 llegó a tener un campeón del mundo, Peter Sagan, que ganó tres títulos consecutivos.