Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que encuestó a más de 160 líderes sociales en 18 departamentos de Colombia, reveló que las autoridades locales y los partidos políticos son los mayores responsables de los delitos electorales, incluso por encima de los grupos criminales.
La encuesta consultó a 161 líderes sociales de 80 municipios y 18 departamentos del país. Seis de cada diez consultados aseguraron que no hay garantías de seguridad en las campañas electorales y el 41% de ellos considera que las autoridades locales tienen injerencia indebida en las campañas.
El 65% asegura que los partidos políticos son responsables de los delitos electorales, pero también adjudican responsabilidad de esos riesgos a grupos armados.
“El 37% de los encuestados reconoce que los grupos criminales tiene una incidencia sobre el desarrollo de las elecciones, esto es peor en el caso de los municipios en riesgo. Sin embargo, el 46% está reconociendo que los gobiernos locales, los alcaldes, tienen incidencia. Esto nos permite señalar que desde la percepción de los líderes no solamente los grupos criminales son la principal amenaza, sino que realmente una de las grandes amenazas al desarrollo electoral está constituida por las autoridades locales”, señaló Jerónimo Castillo, director de área y de seguridad de la FIP.
Así se focaliza la influencia indebida:
- 41% autoridades locales
- 35% departamentales
- 17% nacionales
“Lo que encontramos es compra y venta de votos, eso es lo que están señalando con mayor frecuencia los líderes, el engaño al elector. En menor medida, la coacción y responsabilizan fundamentalmente a los partidos políticos de primer lugar y después a las autoridades locales de este tipo de actividades delictivas”, agregó el director de área y seguridad de la FIP.
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El 25% de los líderes sociales encuestados mencionó haber recibido amenazas. Y un dato que preocupa en torno a los líderes: el 80% participa de las campañas, aunque con un bajo conocimiento de las propuestas.
Alerta en Cauca
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Por otro lado, en Bogotá se reunió la Comisión de Seguimiento Electoral en la que participaron partidos, organismos electorales y el Gobierno nacional. Hay alerta por compra de votos y la siembra de minas antipersonal en algunas zonas del departamento del Cauca.
En la Comisión de Seguimiento Electoral, el Gobierno puso sobre la mesa una estrategia para luchar contra una de sus grandes preocupaciones: la compra de votos.
“Sí, la repuesta del estudio de la Comisión de Democracia del Ministerio del Interior nos señala que es posible de anunciar incentivos económicos a las personas que nos ayuden a detectar quién compra votos”, indicó Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.
Pero esta no es la única medida. La identificación biométrica crecerá para evitar suplantaciones, especialmente en el departamento del Atlántico.
“En el 100% de Soledad y 50% de Barranquilla, en las mesas de votación, cuando el ciudadano llegue a votar le van a hacer la prueba de biometría. Si la cédula no coincide con la prueba de biometría, podemos estar ante la suplantación del elector”, agregó el jefe de la cartera del Interior.
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En el caso específico de El Plateado en el Cauca, el Ejecutivo no descarta mover los puestos de votación por los campos minados y el temor de la gente para salir a votar.
“Si encontramos una zona minada, la población lo sabe y no saldrá a votar”, acotó Luis Fernando Velasco.
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La Comisión de Seguimiento Electoral también anunció que en los próximos días se conocerán decisiones sobre los avances de la Fiscalía y entes de control en las investigaciones por presunta participación en política de algunos funcionarios.
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