La Presidencia de la República hizo un anuncio sobre el inicio de una intervención inmediata sobre los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El pronunciamiento llega después de la visita del presidente Abelardo de la Espriella al archipiélago de San Andrés, que estuvo marcada por la discusión que sostuvo con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.
El equipo del mandatario lo grabó cuando visitaba la isla y acusó a las dos políticas de oponerse a la intervención del hospital departamental, supuestamente impulsar bloqueos frente a esta acción de Supersalud y presunta mala administración de la contratación y el erario público que tiene la Gobernación por distribuir. “Toda la isla sabe cómo se manejan aquí los recursos, cómo se hace politiquería. Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”, dijo a Ordóñez, quien respondió que no era cierto.
De la Espriella afirmó que la intervención del hospital departamental fue ordenada porque “llevan años robándose el hospital”. Y señaló: “Ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Entonces, les voy a pedir que no se atraviesen a eso, quieran ustedes o no”. A las acusaciones del mandatario se suma el balance que dio la Superintendencia de Salud sobre deficiencias estructurales y operativas críticas, deterioro de infraestructura, condiciones inadecuadas de equipos e incumplimiento en los protocolos de bioseguridad.
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La Secretaría de Transparencia de la Presidencia anunció solo horas más tarde que el mandatario dio instrucción para que se solicitara una “intervención inmediata y articulada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las denuncias sobre presuntos entramados de corrupción que estarían saqueando los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
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La encargada de hacer el anuncio fue Cristina Lombana, otrora magistrada de la Sala Especial de Instrucción en la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró que “cada peso que se pierde en corrupción es un peso que se le quita a un hospital, a un colegio, a una vía o al agua potable de una familia” y que “nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo que ocupe, el apellido que tenga o el partido al que pertenezca”. En ese sentido, Lombana dijo que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta el erario público.
En palabras de Lombana, el mandatario estuvo hablando con los isleños, quienes le contaron sobre “obras que no se terminan, de servicios que no llegan como deberían y de una región con enormes posibilidades que no avanza porque se la tomó la corrupción”.
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“Y le dijeron algo igual de preocupante, que los organismos de control locales no han actuado para frenar a los corruptos, que todo el mundo sabe quiénes son y nadie castiga. No se trata de un solo caso, son varios hechos dispersos en distintas entidades y en distintos momentos que, vistos por separado, pueden parecer aislados, pero cuando se ponen juntos muestran el mismo patrón”, explicó la funcionaria.
Las investigaciones que solicitó la Secretaría serán coordinadas desde Bogotá. También se pidió que los mecanismos de control actúen de forma preferente y especial, así como que se conforme un grupo especial para que se investiguen las presuntas redes de corrupción y así evitar que haya eventuales interferencias locales. “Necesitamos su ayuda. Si conocen hechos de corrupción, denúncienlos ante las autoridades competentes. Lo que pasa en San Andrés nos importa a todos”, dijo Lombana en un llamado a la comunidad.
María Paula Rodríguez Rozo
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