El calvario de una mujer que fue engañada y le inyectaron biopolímeros: "Acabó mi rostro totalmente"

En Colombia, la pesadilla de los biopolímeros ha marcado la vida de incontables personas. Dichas sustancias, inyectadas con promesas de mejoras estéticas, han transformado la belleza en dolor y la esperanza en un viacrucis de salud y trámites burocráticos. Pacientes como Luz Stella Alzate denuncian indiferencia por parte de las EPS para cubrir los costosos y complejos procedimientos de retiro, esto pese a que la Corte Constitucional ha reiterado la obligación de estas entidades de garantizar tales tratamientos.

Sometida a dos décadas de sufrimiento

A sus 60 años, Luz Stella Alzate carga con más de dos décadas de sufrimiento. Lo que comenzó como un simple procedimiento estético a los 37 años para mejorar su piel, se convirtió en una constante batalla contra los biopolímeros. "Me veo como tan bonita, ¿verdad?", dice la mujer con melancolía , "y saber que esto acabó mi rostro totalmente".

Su historia se une a la de miles de personas que, en busca de una mejoría, terminaron siendo víctimas de engaños. "Me acerqué a una clínica estética a que me aplicaran algo para los huequitos del acné y la señora supuestamente me aplicó vitamina C, en el momento no pasó nada", pero con el tiempo empezó a ver las consecuencias del tratamiento que en un inicio creyó era bueno. Su rostro comenzó a inflamarse, empezó a tener dolores agudos y lo más preocupante, limitaciones para ver. Fue así como llegó al impactante diagnóstico: biopolímeros en la cara.

El deterioro de su salud fue avanzando y encendió las alarmas. "En el año 2009, cuando regresé de un viaje que hice al exterior, empecé a inflamárseme el ojo izquierdo. La inflamación llegó a taparme los ojos. Tuve muchas incapacidades porque me tapaba totalmente los ojos, entonces no podía ver", cuenta Alzate.

Una constante lucha contra la EPS y la indiferencia médica

La mujer explica que su batalla no solo ha sido con los síntomas que le ha producido la sustancia, sino también contra el sistema de salud que, en palabras de ella, la ignoró. Aunque algunos médicos le recetaron otro tipo de tratamientos estos también la perjudicaron. "Yo les dije que me habían aplicado algo, pero ellos hicieron caso omiso. Yo me seguía aplicando la inyección para desinflamarme, pero esa inyección tenía efectos secundarios y me dio cataratas en los dos ojos", explica.

Añade que para las personas como ella, que tienen biopolímeros, es muy difícil que les den el tratamiento adecuado. En su caso, para que le pudieran hacer las dos cirugías que le han realizado tuvo que acudir a derechos de petición y tutelas. "La ley dice que debe haber un tratamiento tanto psicológico, como los medicamentos, y no lo están cumpliendo".

Corte constitucional falla a favor de los pacientes, pero todavía hay deficiencias

Al igual que Alzate, cientos de personas enfrentan una constante lucha con sus Entidades Promotoras de Salud para acceder a los procedimientos de remoción. De acuerdo con lo que explica el doctor Giovanni Montealegre, cirujano plástico experto en retiro de biopolímeros, tales deficiencias del sistema están ligadas al escaso volumen de cirujanos capacitados para el manejo estas patologías: "Hay un desconocimiento en todo el sistema de atención y referencia de estos pacientes hacia donde tienen que ir".

La Corte Constitucional, al atender la tutela de dos mujeres que requerían procedimientos de retiro de biopolímeros, reiteró las reglas para garantizar los derechos de los pacientes que necesitan estas cirugías y recurren a la tutela. Los jueces deben considerar tres requisitos esenciales:

1. La cirugía no debe ser únicamente estética, sino que debe existir una patología de base que justifique el procedimiento médico.
2. Debe existir una orden del médico tratante que avale la intervención quirúrgica.
3. Debe ser necesaria para garantizar la vida en condiciones dignas.

El alto tribunal también recalcó las obligaciones que tienen las EPS y los médicos en el proceso de retiro de esta sustancia, subrayó que estos no pueden negarse a ordenar o autorizar consultas con especialistas y mucho menos a la asistencia médica necesaria. Además, las EPS tienen la obligación de cubrir, con cargo a la UPC (Unidad de Pago por Capitación), el diagnóstico y el tratamiento completo.

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