Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas, explicó en Noticias Caracol cuáles son las diferencias que tienen con el gobierno nacional, que señala que le ha girado recursos, pero la EPS dice que hay un faltante. Mientras tanto, seis millones de usuarios no saben qué pasará con los medicamentos no esenciales que suministra la cadena de farmacias Cruz Verde.
¿Por qué el gobierno dice que ya les giró toda la plata y Sanitas afirma que es insuficiente?
“Los dos puntos se encuentran en los usuarios. El gobierno, evidentemente, ha cumplido con la responsabilidad del giro mensual de unos recursos, lo que ocurre es que esos recursos, desde hace algún tiempo, tres años, han venido siendo insuficientes para nosotros. Los costos de atención de los usuarios han sido superiores a ese ingreso. El gobierno mencionaba ayer, lo cual es cierto, que nos ha girado entre el transcurso de 2023 7,8 billones de pesos, pero realmente los costos de la atención en nuestros afiliados han estado por el orden de los 8,2 millones de pesos; esos 400.000 millones de pesos son la insuficiencia que notamos en este momento, que hemos venido notando hace mucho tiempo, y que es la que debe resolverse para que no se empiecen a generar deudas y no pagos a la red de prestadoras. La deuda de Cruz Verde tiene que ver con esos servicios que no son parte del plan formal de salud que tenemos todos los colombianos, sino de esos servicios especiales que son los que no se financian con la UPC (Unidad de Pago por Capitación). Desde hace tres años, la asignación del Gobierno para atender a esos servicios, que se llaman presupuestos máximos, ha sido insuficiente y se han acumulado estos déficits mes a mes, y para la EPS Sanitas son del orden de los $500.000 millones de pesos”, afirma Rueda.
Sobre las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha señalado que las organizaciones a las que pertenecen las EPS son “negocios boyantes”, que “crecen todos los días”, el presidente de Sanitas dice no estar de acuerdo, pues “hay una relación permanente con entidades de control que precisamente vigilan la destinación del uso de esos recursos, entonces no es correcto decir que los recursos de la UPC los estamos destinando a nada distinto a la atención y la garantía del derecho de salud de nuestros afiliados”.
¿Cómo se financian esos negocios de las clínicas y cuál es la utilidad? “Se financian como todos los negocios, una universidad se financia con las matrículas de los estudiantes, una clínica se financia con el cobro de los servicios que le presta a esta EPS u otras EPS”, destaca.
Y puntualiza que lo que “nos gira el gobierno lo dedicamos a la atención de la salud de los afiliados. Una parte de atención, por ejemplo en las clínicas de la organización, aproximadamente del 12 al 13%, lo hacemos en clínicas propias y una remuneración como cualquier clínica externa”.
¿Cuál es la solución a corto plazo de esta situación? “Nuestra primera línea de solución es que Cruz Verde pueda continuar y que siga atendiendo a los usuarios y que no haya mayor afectación en el acceso a sus medicamentos. En caso de no poderse, tenemos que buscar otras opciones, pero, como lo he mencionado siempre, eso solo lo vamos a lograr en el momento en que el gobierno reconozca que hay insuficiencia de los recursos, (que) entendiera que ‘ok, ha costado más’, tal vez no para pagar ahora, lo puede pagar en seis meses, un año, dos años, pero frente a ese reconocimiento entidades como Cruz Verde o la industria farmacéutica tendrá la tranquilidad de que los recursos se demorarán en llegar, pero van a llegar. La otra alternativa que le proponemos al gobierno es que se desarrollen figuras como que el gobierno les responda directamente”.
“Lo que está en juego acá es la salud y vida de una gran cantidad de colombianos. Yo no quiero pensar que sea una figura para tratar de aprobar la reforma, la reforma es otra discusión. Hoy lo que nosotros necesitamos es que el sistema pueda seguir funcionando en el corto plazo, la decisión de la reforma es una decisión de la sociedad”, enfatizó sobre comentarios que señalan que el tema de fondo aquí tendría que ver con una especie de “chantaje” para que la reforma de la salud sea aprobada.
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