En este predio funciona desde más de 50 años el aeropuerto del municipio, pero “muy esporádicamente aterrizan avionetas y aviones”, dice el concejal de Barbosa, Édgar Quiñónez.
Por eso, se planteó darle otro uso al terreno: “el municipio ofreció el lote para la construcción de 350 viviendas”, explicó el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aclaró además que el Ministerio de Vivienda otorgó el dinero, que aún está en una fiducia.
Sin embargo, hay quienes se oponen aduciendo razones legales, como por ejemplo, la advertencia que hace la Contraloría Municipal: “hay riesgo de daño al patrimonio público por valor aproximado de dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000) de recursos invertidos por la Nación y el municipio de Barbosa”.
La Aeronática también alzó la voz sobre la propuesta de acabar con el aeropuerto: “es de utilidad pública y presta servicio público esencial de transporte aéreo”.
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El alcalde de Barbosa, Juan Carlos Peña, se refirió al funcionamiento del terminal y dijo: “cuando uno habla de un servicio esencial de aeronavegabilidad es que tu, yo, cualquier ciudadano de Barbosa compra un tiquete de un avión y eso jamás ha pasado eso en el municipio”.
Mayor polémica causa la construcción de un gimnasio a cielo abierto en medio de la nada, solo con la pista aérea a uno de sus costados, que según un informe de la Contraloría contó con el aval de la Gobernación de Santander y su precio sería superior a los 133 millones de pesos.
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Édgar Quiñónez, concejal de Barbosa, dijo que había solicitado una cotización a la misma empresa: “nos cotizaron con IVA y todo instalado en 42 millones de pesos. Entonces queremos saber es por qué acá un parque sale en 130 millones de pesos”.
“Si quieren recuperar el aeropuerto lo contemplamos, si quieren darle desarrollo al programa de vivienda, los recursos existen”, insistió Vargas Lleras en aras de buscar una solución.
El viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, aseguró que “es un aeropuerto que se encuentra en operación y que mientras se encuentre en operación no puede ser destinado para vivienda de interés prioritario”.
Al paso le salió el alcalde Juan Carlos Peña, rechazando cualquier propuesta: “ni el presidente ni el papa puede decir que va a invertir ahí porque estaría incurriendo en una destinación irregular”.
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“Si se van a hacer las viviendas pues yo creo que el gimnasio va a ser óptimo y si se va a hacer y a mantenerse la pista, tenemos que respetar el espacio”, trató de conciliar el gobernador Richard Aguilar.