Una investigación desarrollada durante cerca de un año permitió judicializar a tres personas dentro de la operación denominada OISEC 26DESAB009 “LOS DEL CABLE”. El operativo estuvo bajo la dirección de la Fiscalía Primera Local de Subachoque y El Rosal, con el trabajo investigativo de la SIJIN del Departamento de Policía Sabana (Desab), el aporte de inteligencia de SIPOL, la participación de la Policía Nacional y sus unidades territoriales, y el acompañamiento institucional de la Alcaldía Municipal de Subachoque.
El proceso permitió materializar tres órdenes judiciales de captura, incautar un vehículo vinculado a la investigación y consolidar elementos materiales probatorios frente al delito de hurto calificado y agravado. Durante varios meses, propietarios de fincas y viviendas rurales de Subachoque reportaron hechos con características similares: ingreso a predios, intervención de instalaciones eléctricas, corte y extracción de cableado y posterior sustracción del cobre.
La reiteración de los casos planteó una pregunta fundamental: ¿se trataba de hechos independientes o detrás de ellos podía existir una misma dinámica delictiva? Uno de los elementos diferenciadores del caso fue la utilización conjunta de herramientas tradicionales de Policía Judicial y técnicas de análisis criminal y tecnológico.
"Esta fue una investigación perfecta. Bajo las correspondientes órdenes y controles judiciales se adelantaron entrevistas y declaraciones; análisis de registros videográficos y elaboración de fotogramas; búsquedas selectivas en bases de datos; obtención de registros de comunicaciones –CDR–; análisis de llamadas entrantes y salientes; datos de abonados, IMSI e IMEI; análisis de celdas de telefonía móvil; correlaciones temporales y geográficas; consultas especializadas; individualización de personas y vehículos, y análisis criminal de recurrencia", indicó el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo.
La información entregada por los operadores de telecomunicaciones fue sometida a los respectivos protocolos de embalaje, rotulado y cadena de custodia, con el propósito de preservar su integridad como elemento material probatorio. Entre los registros estudiados se encontraba información técnica correspondiente al 29 de noviembre de 2025, fecha central de uno de los hechos investigados.
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Posteriormente se realizó un análisis LINK, mediante una herramienta especializada que permite representar y estudiar las relaciones entre personas, lugares, eventos y comunicaciones. La metodología permitió contrastar cada pieza de información: una comunicación con una fecha; esa fecha con un lugar; el lugar con una celda de telefonía; una persona con un vehículo; y ese vehículo con registros audiovisuales, testimoniales y denuncias.
La forma en la que operaba la banda criminal
El avance investigativo permitió identificar una modalidad caracterizada por la selección de inmuebles rurales, ingreso a predios, corte de acometidas eléctricas, extracción del cableado para obtener el cobre y utilización de vehículos como apoyo para el desplazamiento y transporte del material. Los elementos recaudados permitieron establecer, incluso, una presunta división funcional de tareas: mientras algunos participantes ingresaban a los predios para cortar y extraer el cable, otros cumplían labores relacionadas con logística, movilidad y vigilancia.
Uno de los testimonios obtenidos durante el proceso describió funciones de transporte y vigilancia, corte del cable y extracción del material a través de potreros, además de la utilización de una camioneta para movilizar personas y cable de cobre. La investigación advirtió también una condición de vulnerabilidad: varios de los inmuebles afectados eran propiedades rurales cuyos dueños permanecían temporalmente fuera del municipio, circunstancia que podía hacer que los hurtos fueran descubiertos horas o incluso días después de ocurridos.
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En diciembre de 2025, ante la reiteración de los hurtos, la Administración Municipal anunció una recompensa de hasta $5 millones por información efectiva que contribuyera a identificar y capturar a los responsables. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, integrantes de la red de cooperantes entregaron datos bajo reserva que posteriormente fueron verificados y contrastados por las autoridades competentes.
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