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Los hechos por los que se emitió la condena del Consejo de Estado se remontan al 19 de marzo de 2004, cuando el hombre fallecido y su hermano tomaban licor en un establecimiento nocturno de Cartagena.
El sujeto desenfundó un arma de fuego e hizo varios tiros al aire, por lo que el dueño del lugar llamó a la Policía, que, minutos después llegó al sitio y le ordenó detenerse.
La respuesta de la víctima fue accionar nuevamente el arma, lo que provocó la reacción de los agentes que le propinaron diez disparos, causándole la muerte.
Aunque los funcionarios fueron absueltos penal y disciplinariamente, una demanda que alegó daño moral y patrimonial dado que el hombre era uno de los principales proveedores de su familia, ahora obliga a la Policía a pagar la millonaria cifra, monto relacionado con la renta que, se prevé, habrían podido percibir los allegados de la víctima, señaló el Consejo de Estado.
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