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Oposición critica participación en política y penas para conductas graves, entre otros temas. Cifras de libertad para militares no convencen a este sector aún.
El primer punto que despertó polémica, y que ya algunos califican de ‘mico’, tiene que ver con la participación política de las FARC. Dice la iniciativa: "la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política".
Para el gobierno, la medida se justifica porque la transición de la guerrilla a la política fue fundamental para que las FARC abandonaran las armas.
"Si se trata de sanciones propias, que son aquellas que lo que implican es restricciones de libertad lo que implican es tareas y labores restaurativas a favor de las víctimas, pues ese tipo de sanciones pueden ser cumplidas paralelamente con el ejercicio de los derechos políticos", asegura Guillermo Rivera, ministro del Interior.
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Pero la oposición está en desacuerdo. "Van a poder ser congresistas los señores de las FARC mientras están siendo procesados por esta justicia de impunidad", asegura Daniel Cabrales, senador del Centro Democrático.
Otro de los artículos que despertó el desacuerdo son los beneficios a las sanciones para conductas muy graves, que se castigarán con pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión.
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"Las penas que en principio son privativas de la libertad pueden ser reducidas a la mitad y cumplida la mitad de la pena pueden salir con restricción, no con cárcel, sino con una restricción de la libertad", señala Carlos Fernando Galán, senador de Cambio Radical.
También el periodo de permanencia en las zonas veredales será considerado como tiempo de cumplimiento de la sanción.
"Las sanciones propias implican por un lado restricción de la libertad, pero por el otro lado la obligación del sancionado de desarrollar labor de restauración de los derechos de las víctimas entre las que se incluyen labores de destinado", dice el ministro del Interior.
La iniciativa iniciará trámite en los próximos días en el Congreso de la República.
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Malestar de los militares con la JEP
Casos como el de Herminsul Arellán Barajas, el ‘cerebro’ del atentado contra el club El Nogal, indignó a los militares retirados porque sienten que no hay equilibrio frente a los beneficios. Este documento que conoció Noticias Caracol revela el malestar de la Fuerza Pública.
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Vea:
Dejan en libertad al llamado cerebro del atentado terrorista en El... "A diferencia del procedimiento establecido para miembros de las FARC, donde los posibles beneficiarios remiten el acta de compromiso directamente a los jueces, en el caso de miembros de la fuerza pública la competencia para remitir casos está en cabeza exclusivamente de la secretaria ejecutiva de la JEP", dice el texto.
Militares y policías retirados han tenido varias reuniones con la justicia especial de paz y han planteado esta crítica.
La protesta se ha sentido en cárceles y guarniciones militares de todo el país.
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Libia Ordoñez, esposa del sargento Evelio Hernández Yara detenido en 2007, viene liderando la defensa humanitaria de varios militares. Para ella, ya terminó la guerra y el perdón debe ser para todos.
"Han tenido secuelas de la guerra, muchos son heridos en combate, muchos tienen problemas postraumáticos", dice.
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Por eso pide equilibrio jurídico.
"Les dimos nuestros militares a este país para que salvaran a nuestros compatriotas y nos los devolvieron en las cárceles. Nos los devolvieron heridos en el alma y fuera de eso abandonados”, agrega.
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Militares que se acogieron a la JEP pidieron a Santos acompañamiento... La ley de amnistía y tratamientos especiales ha beneficiado a 1.658 miembros de las FARC y a 582 miembros de la fuerza pública.
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Han sido inscritas 4.676 actas de compromiso, distribuidas así: 1.571 de integrantes de la fuerza pública y 3.105 para las FARC.
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