En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló de la situación de seguridad y orden público que atraviesan diversas regiones de Colombia. En medio de su evaluación sobre las acciones estatales en el Magdalena y el Cauca, la alta funcionaria expresó su preocupación por los mensajes simbólicos transmitidos desde la Presidencia de la República. En particular, cuestionó la imagen del presidente Abelardo de la Espriella portando un arma corta en su cinturón durante sus recorridos por el territorio nacional. Consultada sobre si sus previos llamados al Gobierno para no competir en un "lenguaje belicoso" habían sido escuchados, Marín señaló que el jefe de Estado mantiene una postura firme frente a este tipo de mensajes. Según la defensora, De la Espriella proyecta una "simbología no solo alrededor de lo bélico sino alrededor de la muerte".
La funcionaria sostuvo que portar un arma visible en el cinturón altera la percepción constitucional del cargo presidencial. En sus palabras, "el tema de que esté armado pues también lo muestra como un combatiente, no como un jefe de Estado... como si estuviera en medio de una guerra y él fuera parte de los combatientes y no fuera el jefe de Estado que refleja y que es la imagen de la vida, de la prevalencia de la vida, de la Constitución, de la protección de la población y que está por encima de estas acciones militares que son necesarias pero que no son deseables". Para Marín, la figura presidencial debe ubicarse por encima de las confrontaciones armadas directas y encarnar la institucionalidad garante de los derechos de la ciudadanía.
El análisis sobre el arma presidencial se dio en el contexto de una evaluación del orden público en Santa Marta y el departamento del Magdalena, donde la ciudad amaneció militarizada tras el levantamiento de un paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como los Pachenca. Marín enfatizó que el fin de esta medida no constituye una tregua ni una retirada del grupo ilegal, sino el cierre de una "represalia directa por los operativos del lunes" ejecutados por la fuerza pública.
La defensora recalcó que la presencia de los Pachenca en Santa Marta, Ciénaga y Dibulla es de carácter "hegemónico" y "permanente", antecediendo a la coyuntura reciente. Si bien reconoció que la militarización desplegada en la capital del Magdalena genera un efecto disuasivo e inmediato para la tranquilidad comercial, advirtió que no representa una solución estructural. "La presencia de la fuerza pública y la militarización puede ser muy efectiva en un primer momento y de una manera inmediata, pero también hay que saber que no es la solución de fondo ni estructural para combatir y para enfrentar todo el dominio que tienen estos grupos", puntualizó.
Uno de los puntos más críticos expuestos por Iris Marín fue la continuidad de los delitos económicos en el Caribe colombiano. La defensora desmitificó la idea de que la presencia militar o el traslado de más de 70 delincuentes desde centros carcelarios detengan automáticamente las presiones financieras sobre comerciantes y residentes.
Marín explicó la diferencia entre la extorsión tradicional y la "exacción", precisando que esta última consiste en una dinámica donde los establecimientos comerciales se encuentran obligados a pagar periódicamente un porcentaje regular de sus ingresos a la estructura criminal, como si se tratara de un tributo formal. "La extorsión no se ha ido, la extorsión inclusive es extorsión y es exacción... aquella dinámica en la que ya los negocios comerciales tienen que pagar como si fuera un impuesto una cuota regular un porcentaje regular de sus ingresos mensualmente o periódicamente al grupo armado", afirmó. Aclaró que estos cobros no dependen únicamente de llamadas telefónicas desde cárceles, sino de una regulación y control territorial continuo que requiere investigación judicial de fondo.
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La Defensoría del Pueblo recordó que desde diciembre del año pasado se encuentra vigente una Alerta Temprana que abarca 21 municipios entre Magdalena, La Guajira y Cesar. Marín advirtió que ante las intensas operaciones militares contra los Pachenca, es previsible que el grupo armado responda con represalias dirigidas a la población civil para demostrar su poder de intimidación, incluyendo posibles anuncios de paros armados en zonas como Aguachica (Cesar).
De igual forma, detalló las pretensiones de expansión territorial de esta estructura, que sostiene disputas abiertas con el Clan del Golfo en municipios de La Guajira como Riohacha, Albania y San Juan del Cesar, al tiempo que busca consolidarse hacia sectores del Cesar como Fundación, Pueblo Bello y Valledupar. Frente a este panorama, instó al Estado a implementar medidas integrales: acelerar las obras de desarrollo territorial (PEDET), fortalecer la prevención del reclutamiento de jóvenes, frenar la violencia sexual contra mujeres indígenas y garantizar la protección comunitaria.
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