Defensoría del Pueblo repudió asesinato de pariente de Piedad Córdoba

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, rechazó el homicidio Carlos Arturo Ospina, hijo de la también asesinada líder de las víctimas del conflicto colombiano, Ana Fabricia Córdoba, cuyo crimen se registró en 2011 . Ambas víctimas eran parientes de la ex congresista Piedad Córdoba.

Ospina, de 22 años, fue tiroteado por sicarios en Medellín, según la versión divulgada por la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo.

Según las informaciones difundidas, dos hombres armados que iban en moto llegaron la tarde del sábado al lugar donde trabajaba el joven lavando vehículos y le dispararon a quemarropa.

Este es un nuevo episodio de la trágica y triste historia de esta familia. Originarios de Chigorogó, en el Urabá antioqueño (Caribe), en 1995 fue asesinado el padre de familia, Delmiro Ospina, por lo que Ana Fabricia Córdoba, junto a sus hijos, se desplazaron a Medellín.

En el 2001, en la capital antioqueña, sicarios mataron a uno de sus hijos cuando tenía 13 años y en 2010 a otro, de 19 años; durante este tiempo fueron víctimas de desplazamiento intraurbano.

Un año después y tras acusar a un sargento de la Policía del crimen de su hijo, un sicario subió en el autobús en el que Córdoba se desplazaba y la mató.

La Unidad para las Víctimas "lamentó y rechazó" el asesinato de Carlos Arturo Ospina, a la vez que denunció que esta familia "ha recibido reiteradas amenazas y situaciones victimizantes desde los años noventa".

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció a finales de 2013 que despojar, amenazar y desplazar "resulta gratis" en Colombia.

En el informe llamado "El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia", HRW constataba que el accionar de los grupos paramilitares así como "la falta de justicia", impiden que se aplique con éxito la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La restitución, así como el fin del conflicto armado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son los principales retos que se ha marcado Santos en su primer mandato de cuatro años, que terminará el 7 de agosto de 2014.

La ONG denunció además que los paramilitares están detrás de decenas de asesinatos de líderes de restitución de tierras, secuestros, múltiples amenazas y nuevos desplazamientos.