La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia registrados entre el 7 y el 8 de agosto en distintas regiones del país e hizo un llamado a prevenir una escalada del conflicto armado. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos ocurridos en 11 departamentos, con mayor intensidad en Cauca y Nariño.
Además de otros eventos reportados en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Según el pronunciamiento, la situación requiere una respuesta integral por parte del Estado, especialmente en el inicio del nuevo Gobierno, con medidas que combinen acciones de seguridad, prevención y protección de las comunidades.
En el comunicado divulgado a través de su cuenta oficial en X, la Defensoría señaló que los hechos registrados en esos dos días continúan siendo objeto de verificación en cuanto a sus circunstancias y posibles responsables.
No obstante, indicó que durante un corto periodo se reportaron hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, dirigidos principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos en las regiones afectadas.
La entidad precisó que la información disponible hasta el momento "no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada", aunque sí advirtió que estos hechos responden "a dinámicas territoriales y actores diversos en un escenario de fragmentación de las estructuras armadas".
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Preocupación por los riesgos para la población civil
La Defensoría alertó que varios de estos hechos ocurrieron en cabeceras municipales o en sectores cercanos a viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas diariamente por las comunidades.
De acuerdo con la entidad, algunas de estas acciones ya han generado afectaciones a la población civil y restricciones en la movilidad. Otro de los aspectos que destacó el organismo es el uso reiterado de drones y artefactos explosivos, una modalidad que, recordó, ya había sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas.
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En ese sentido, señaló que este tipo de acciones "están transformando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios" y advirtió que su utilización en zonas pobladas o cercanas a bienes civiles incrementa el riesgo de efectos indiscriminados, por lo que insistió en la necesidad de extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades.
El llamado de la Defensoría al nuevo Gobierno
La Defensoría reiteró que la población civil no puede ser puesta en riesgo durante el desarrollo del conflicto armado. Por ello, recordó a los grupos armados ilegales que deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y las obligaciones encaminadas a proteger a las personas que no participan en las hostilidades.
En su pronunciamiento exigió "respetar estrictamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario", además de "abstenerse de realizar acciones que puedan producir efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil".
Asimismo, pidió "cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades".
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La entidad enfatizó que estas obligaciones adquieren una relevancia aún mayor cuando se emplean medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas, recordando que la presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina el deber de proteger a las personas y bienes civiles cercanos.
En el comunicado, la Defensoría también hizo un llamado para que, desde el comienzo del nuevo Gobierno, se fortalezca una respuesta estatal integral.
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La entidad sostuvo que "resulta fundamental fortalecer desde estos primeros días una respuesta estatal integral que combine las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas y comunidades".
Además, destacó que las capacidades institucionales, las advertencias territoriales y las recomendaciones emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas son herramientas que permiten anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas oportunas, ajustadas a las necesidades de cada territorio.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseguró que continuará monitoreando la evolución de estos hechos y sus impactos humanitarios, al insistir en que la prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que las comunidades sean quienes terminen asumiendo las consecuencias de la violencia.
Expresamos nuestra preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en distintos departamentos del país, con particular intensidad en Cauca y Nariño, y otros eventos en Cesar, Antioquia, Tolima,… pic.twitter.com/86hULVZOgD
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 9, 2026
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co
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