Mientras las audiencias avanzan en Cali, organismos de derechos de humanos aseguran que se trata de un montaje contra líderes sociales.
Entre los capturados están Sara Liliana Quiñones, líder del Consejo del Alto Mira en Tumaco, y su mamá, Tulia Merys Valencia, quienes, según su abogado, participan en varios programas del Gobierno nacional dentro de su comunidad.
“Son líderes comunitarias y defensoras de derechos humanos, pues vienen adelantando un proceso de sustitución de cultivos ilícitos contrario a lo que dice la Fiscalía que las trata como narcotraficantes”, dijo el abogado Álvaro Giraldo.
Juan Alberto Angulo, familiar de una de las detenidas, afirmó que el trabajo de ambas mujeres “ha sido siempre defender los derechos de las comunidades del territorio” y que “la Fiscalía adjudica que estas acciones que ellas tienen en su territorio son un crimen”.
Entre los delitos que se les imputan están el de rebelión, narcotráfico, homicidio y concierto para delinquir, lo que, según uno de los abogados defensores, no tiene asidero jurídico.
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“Interceptan o bombardean a un jefe guerrillero, le recogen USB, computadores, hay apuntada un poco de gente, un poco de líderes y toda esa situación y, por ese solo motivo, están involucrados”, explicó Luis Alberto Morales, abogado de siete detenidos.
Entre los detenidos hay cuatro exalcaldes de Samaniego, Nariño. Las 31 capturas desencadenaron protestas no solo en dicho departamento, sino en Cali.
“Nosotros consideramos que se viene haciendo una persecución al movimiento social y al movimiento popular de este país en término de los montajes y de los procesos de este tamaño, de esta dimensión”, señaló Wálter Agredo, miembros del Comité de Solidaridad con Presos Políticos.
Inicialmente fueron capturadas 31 personas en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, pero dos fueron dejadas en libertad el pasado domingo por un juez de control de garantías.
Entretanto, las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida aseguramiento siguen su curso para los demás detenidos.
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