Se trata de la misma sociedad que, a través de Inassa, controla a la ‘Triple A’, empresa de servicios públicos de Barranquilla.
Los recursos, hallados en Colombia y Panamá, figurarían a nombre de posibles testaferros de Miguel González, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Mientras las pesquisas avanzan, gobierno colombiano adelanta un proceso que podría conducir a la intervención de Inassa, con base en la ley contra el soborno transnacional que castiga el pago de coimas y contempla fuertes sanciones.
El dinero era usado posiblemente para comprar adjudicación de contratos, pagar comisiones y también obtener lucro personal de directivos de la compañía.
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