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El constitucionalista Juan Manuel Charry sostiene que las sanciones a vendedores informales van en contra de lo establecido por la Corte Constitucional.
“Yo diría que las normas del Código de Policía son normas sin contexto, sin contexto social, porque tenemos una problemática mucho más profunda que es la informalidad, que está en cerca del 48 o 50%, y debe tener una situación estatal. A ellos (los vendedores) no se les puede sacar del espacio público sin darles una opción”, explica.
Inti Asprilla, representante a la Cámara por Bogotá, considera que “esa norma no fue creada para multar a los ciudadanos, sino para las personas inescrupulosas que eventualmente pueden llegar a usufructuar el espacio público”.
Y es que en redes sociales no para la indignación por la multa de más de ochocientos mil pesos que les pusieron a unos jóvenes en Bogotá por comprar una empanada en la calle. Incluso se convocó a una marcha.
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