Más de 24 años después de la masacre de Bojayá, el Estado colombiano realizó un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad y de excusas públicas ante las víctimas y la comunidad por uno de los episodios más recordados del conflicto armado colombiano. La ceremonia tuvo lugar en el municipio de Bojayá, Chocó, escenario de los hechos ocurridos un 2 de mayo de 2002, cuando la población civil quedó atrapada en medio de los enfrentamientos entre las entonces FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El evento fue encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, quienes llegaron hasta la comunidad para presentar las excusas públicas del Estado y participar en un acto de memoria junto a los habitantes y familiares de las víctimas. Esta actividad ya había sido programada meses atrás, pero no pudo realizarse debido a las condiciones climáticas que impidieron el desplazamiento de la delegación oficial hacia la zona.
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Un minuto de silencio en memoria por las víctimas
Durante su intervención, el ministro de Defensa pidió a los asistentes ponerse de pie para rendir un minuto de silencio en honor a las personas que perdieron la vida en la masacre. "Estando en este lugar, de alguna manera evoca la memoria de una tragedia, de una masacre; si la vida eterna existe, ¿qué estarán pensando quienes ya no están acá? En honor a ellos - que muy seguramente nos están viendo y escuchando -, les pido por favor que nos coloquemos de pie y dediquemos un minuto de silencio. Dediquemos un minuto de silencio en nuestras vidas, de absoluto silencio, a la memoria de quienes partieron de este mundo para siempre. Estamos aquí en un lugar donde la memoria permanece viva; aquí, el 2 de mayo del 2002, la guerra mostró uno de sus rostros más crueles. Esta se dio en medio de los enfrentamientos entre dos estructuras narcoterroristas: las extintas FARC y las extintas AUC o paramilitares. Un cilindro bomba lanzado por las extintas FARC impactó aquí en la iglesia, donde mujeres, hombres, personas mayores, niñas, niños y buscaban proteger su vida, confiándola además en el poder divino", afirmó.
El funcionario agregó durante su intervención que ese crimen no solo afectó a quienes un 2 de mayo de 2002 se encontraban en el templo, también dejó consecuencias para toda una nación: "Nosotros honramos nuestro compromiso. Aquel día, no solo los grupos criminales de las extintas FARC y las extintas AUCEO paramilitares asesinaron a colombianos inocentes, también le causaron heridas profundas a toda una nación. Este crimen debe nombrarse con absoluta claridad: fue un acto atroz, injustificable y contrario al derecho internacional humanitario, a la dignidad humana y a los principios más elementales de la convivencia. Esta masacre de estos dos grupos narcoterroristas arrebató la vida de más de 102 personas, entre ellas 48 niñas, niños y adolescentes".
Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas del Estado, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también aseguró que, aunque han transcurrido más de 24 años desde la masacre de Bojayá, aún existen compromisos pendientes con las víctimas, especialmente en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición. "El Estado no brindó una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las comunidades aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Dicho riesgo era previsible y fue advertido por el Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo. Esto provocó una respuesta tardía e insuficiente ante las solicitudes de apoyo realizadas por las autoridades locales y regionales, así como por organizaciones religiosas, comunitarias y de derechos humanos", manifestó Marín durante su intervención desde el antiguo Bellavista, donde ocurrió la tragedia.
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La defensora explicó que, durante encuentros recientes con jóvenes de Bojayá y Vigía del Fuerte, la entidad conoció de primera mano sus expectativas frente al futuro y la necesidad de contar con mayores oportunidades de desarrollo. Por ello, informó que la Defensoría solicitó a las alcaldías de ambos municipios, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte impulsar distintos planes para darles "un buen futuro, a acceder a los derechos sociales, culturales y ambientales en igualdad de condiciones que los del resto del país, sin los riesgos latentes de reclutamiento, uso y utilización o, en los casos extremos documentados, de suicidios en las comunidades".
Las dolorosas cifras que dejó la masacre de Bojayá
De acuerdo con la información presentada durante el acto oficial, la masacre dejó más de 102 personas fallecidas, entre ellas 48 niñas, niños y adolescentes. Las autoridades indicaron que 86 víctimas pudieron ser identificadas y entregadas posteriormente a sus familiares para recibir una sepultura digna. No obstante, seis personas continúan desaparecidas y aún existe un menor de edad que no ha podido ser plenamente identificado. Además de las víctimas mortales, al menos 159 personas sufrieron lesiones físicas y afectaciones psicológicas que continúan impactando sus vidas más de dos décadas después de los hechos.
"La cínica violencia que perpetraron aquí en este lugar estos dos grupos criminales obligó a más de 5000 habitantes a abandonar su territorio y a desplazarse hacia Quibdó, Medellín y distintos municipios. Pero las heridas no fueron únicamente las que dejaron los explosivos: el miedo, el duelo y la incertidumbre se extendieron sobre toda la comunidad, generando profundo trauma colectivo", concluyó el funcionario.
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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co
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