La comunidad permanece instalada en cambuches como protesta por lo que, para ellos, es un desconocimiento de sus derechos étnicos.
Según la comunidad, la prolongación del encargo al contraalmirante Juan Francisco Herrera es ilegal ya que viola las normas de residencia en la isla.
Por otra parte, la condición militar del actual gobernador encargado es también para los habitantes un impedimento para el legal ejercicio de poder.
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Ante los ignorados llamados de la comunidad al presidente Iván Duque, la comunidad decidió enviar una carta abierta al Procurador General de la Nación.
El contraalmirante, que dice que permanecerá en el cargo hasta que el presidente tome la decisión de removerlo, intentará una conciliación con los protestantes.
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Updated: enero 16, 2019 09:42 a. m.