Mil familias indígenas permanecen confinadas por enfrentamientos entre grupos armados en Nariño

En Ricaurte, Nariño, se complica la situación de orden público. Una caravana con ayuda humanitaria para las comunidades indígenas confinadas y desplazadas desde hace dos semanas por los enfrentamientos entre elELN y disidencias de las FARC, no pudo entrar a la zona. Además, estudiantes de una vereda quedaron en medio del fuego cruzado.

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Los vehículos pretendían llevar ayudas humanitarias a los diferentes resguardos indígenas, sin embargo, no pudieron ingresar al territorio.

"Pretendíamos ingresar la caravana con la ayuda humanitaria y la alimentación que queríamos entregar, porque ya llevan varios días sin abastecimiento. También, nuevamente se enfrentan al peligro de las minas y las bombas", indicó el alcalde de Ricaurte, Eder Burgos.

A esto se suma la denuncia de líderes indígenas de la región quienes aseguran que muchos estudiantes no han podido regresar a sus casas por miedo a quedar en medio de las balas.

Arcelia Bisbicus, gobernadora indígena, señaló que los niños que salían a estudiar desde la vereda La Esperanza se quedaron atrapados en la carretera por la presencia de minas antipersonales en la zona, motivo por el cual no se puede ingresar al territorio.

"Hay campos minados, y el enfrentamiento que se está dando a cada momento entre grupos armados nos dificulta el acceso a las veredas, por eso la gente no ha podido ingresar y está desplazándose”, indicó Carlos Ortíz, gobernador del resguardo indígena chawí.

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Más de mil familias de dos comunidades indígenas permanecen desplazadas y confinadas. Lo único que piden es intervención del Gobierno nacional y que los saquen del conflicto.

Una situación similar vive el departamento del Chocó. En Bajo Baudó y Sipí hay alrededor de cuatro mil personas confinadas tras los combates entre miembros del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Líderes de la comunidad de Playa Linda, resguardo indígena Orpúa, en Bajo Baudó, denunciaron que el ELN ingresó a su territorio intimidándolos y prohibiéndoles la movilidad fluvial, lo mismo ocurrió en los caseríos de Puerto Galves y Orpúa.

“Aspiramos que el Gobierno nacional nos pueda ayudar en este tema que es bastante crítico, como le digo tenemos tres comunidades en confinamiento”, expresó Hermenegildo Gonzales, alcalde del Bajo Baudó.