Los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias de Prosperidad Social que resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto podrán conservar la continuidad de sus pagos en los casos en que las condiciones generadas por la emergencia impidan realizar las verificaciones requeridas. La medida quedó establecida en el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, expedido por el Gobierno nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, según informó la entidad.
La norma permite a Prosperidad Social suspender temporalmente determinadas verificaciones cuando estas dependan de infraestructura, servicios o sistemas de información que hayan resultado afectados por el sismo. El objetivo es "proteger la continuidad de los pagos de quienes ya eran beneficiarios al momento del terremoto", y evitar que una persona o un hogar deje de recibir la transferencia. La disposición contempla cuatro programas de transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social:
- Renta Ciudadana
- Compensación del IVA
- Colombia Mayor
- Renta Joven
La cobertura reportada por Prosperidad Social en los municipios afectados comprende 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven. "Estas cifras no representan un total acumulado, porque corresponden a hogares y personas, y puede haber beneficiarios que coincidan entre programas", aclaró la entidad.
¿Qué cambia para los beneficiarios de las transferencias?
Los programas de Prosperidad Social tienen mecanismos de verificación que permiten establecer si los hogares o personas cumplen determinadas condiciones para acceder a los pagos. Algunas de esas comprobaciones dependen de información suministrada por instituciones educativas, entidades de salud u otros sistemas. Después del terremoto, parte de esa infraestructura y de los servicios utilizados para realizar las verificaciones pudo quedar afectada en los municipios que sufrieron daños.
Por esa razón, el Decreto 1426 autoriza a Prosperidad Social a suspender de manera excepcional las verificaciones y corresponsabilidades que temporalmente no puedan llevarse a cabo por las consecuencias del terremoto. Esto significa que, en los casos que determine la entidad, la imposibilidad de verificar un requisito no deberá traducirse automáticamente en la pérdida o retraso de una transferencia. "El decreto no crea un nuevo subsidio ni aumenta el valor de las transferencias", agregó la entidad.
¿Por qué se suspenden algunas verificaciones?
El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y generó afectaciones en 496 municipios de 16 departamentos, según la información citada en el decreto a partir de reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los registros incluidos en la norma reportaban 196.614 familias y 406.963 personas damnificadas, además de daños en diferentes tipos de infraestructura.
Entre las afectaciones se encuentran viviendas, instituciones educativas, centros de salud, vías y otros servicios esenciales. Estas circunstancias también pueden dificultar la operación de las entidades y sistemas que entregan información utilizada para verificar las condiciones de los programas sociales. Entre las verificaciones que pueden verse afectadas están algunas relacionadas con matrícula educativa, controles médicos, vacunación, desempeño académico o reporte de novedades. En ese contexto, "el decreto permite evitar que un beneficiario o un hogar quede por fuera de un ciclo de pago por una imposibilidad de verificación que no le sea atribuible".
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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