Factura electrónica: ¿cómo podrán reclamar los clientes?

A partir de 2019 será obligatoria y los primeros en implementarla serán los grandes contribuyentes.
La factura electrónica, al igual que la física, es un documento que soporta las transacciones de venta de bienes y servicios para efectos legales. A partir del primero de enero es de obligatoria implementación para los grandes contribuyentes en el país.
"Lo que queremos es que por diferentes sectores, por diferentes niveles de facturación, los colombianos vayan metiéndose al sistema de factura electrónica. En el 2019 serán muchos voluntarios, otros vamos a empezarlos a obligar paulatinamente", dice el director de la DIAN, José Andrés Romero.
Algunas empresas ya implementaron el sistema.
"Es más fácil para nosotros verificar el código que tiene esa factura para nosotros tenerlo acá en el sistema y que podamos, por ejemplo, generar un cambio, una garantía, diferentes cosas que obviamente tiene derecho el cliente", señala Felipe Cardona, jefe de una tienda.
Para implementar esta factura, los clientes deben entregar información como el correo electrónico y datos personales. Por eso hay dudas sobre la protección de los datos.
"El empresario debe tener el consentimiento del consumidor, que ha otorgado los datos para recibir estas facturas no para que lo inunde de publicidad", señala María Carolina Corcione, superintendente delegada para la protección del consumidor.
La superintendencia también hace claridad sobre las obligaciones de almacenes y vendedores al momento de un reclamo sobre un producto cuya factura sea electrónica.
"Si en esta temporada usted compró un electrodoméstico, una prenda, cualquier producto y la factura la recibió de forma electrónica (…) si este producto tiene un problema de calidad y usted quiere acercarse a la tienda para que lo reparen lo cambien o le devuelvan el dinero, no le pueden exigir constancia de la recepción de esta factura electrónica, como tampoco le deberían exigir que presente la factura en papel", agregó la superintendente.
Los grandes contribuyentes que no cumplan con esta directriz se someterán a una sanción del 10% de lo que dejen de facturar electrónicamente.