La comunicadora social y periodista Laura Camila Blanco murió la madrugada de 27 de julio de 2025 tras caer del noveno piso de su apartaestudio, ubicado en un conjunto residencial en el noroccidente de Bogotá, y, aunque las primeras hipótesis apuntaban a un suicidio, la evidencia forense dio un giro al caso y su entonces pareja, Óscar Santiago Gómez, de 28 años, fue capturada e imputada por el delito de feminicidio agravado.
Debido a antecedentes de violencia por parte de Gómez, desde el inicio la familia de Laura Camila Blanco se rehusó a creer la versión del suicidio que había entregado Óscar Santiago y pidió celeridad en la investigación. Dos meses después de la muerte de la joven periodista, el examen forense realizado al cuerpo reveló que " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html">"Laura Camila fue estrangulada, fue asfixiada, luchó por su vida", confirmó Oswaldo Medina, abogado de la familia de la víctima, en una entrevista con Séptimo Día realizada a finales del 2025.
Por ello, el 21 de agosto de 2025, capturaron a Óscar Santiago Gómez y la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado bajo la teoría de que aprovechó su "superioridad corporal" para estrangularla y sofocarla, y "cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad defensiva, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del noveno piso". El sujeto no aceptó los cargos imputados.
Juez negó apelación de la defensa
Mientras avanza el proceso en su contra, el viernes 24 de julio de 2026, el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá negó una solicitud de la defensa de Óscar Santiago Gómez, que, según se conoció, buscaba obtener algunos elementos para incorporar en el proceso, entre esos, información del celular de Laura Camila Blanco, una inspección al apartamento y planos del inmueble, además de la historia laboral de la víctima.
Sin embargo, el juez señaló que la defensa del presunto feminicida no sustentó de forma suficiente la necesidad de acceder a la información solicitada ni cuál sería su utilidad en el caso.
"La defensa no explicó la relación existente entre la historia laboral y el delito de feminicidio agravado, tampoco explicó cuál era la utilidad probatoria para conocer la historia laboral, y que la información pretendida carecía de pertinencia, y en este caso no se cumplía. Por esas razones, entonces, se impone la confirmación de la decisión tomada en primera instancia", indicó en la audiencia el juez.
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Tras esta decisión, se espera que a finales de agosto se realice una audiencia preparatoria en la que las partes presentarán las pruebas del caso.
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