Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, explica en qué consiste el decreto 1174. Afirma que “busca mejorar las condiciones y garantizar una protección para la vejez a quienes ganan menos de un salario mínimo”.
Sin embargo, los opositores dicen que hay gato encerrado y es una reforma laboral.
“Uno escucha las críticas y dice ‘Dios mío, en qué país estamos’”, sostiene el alto funcionario al afirmar que esta norma no quiere desmejorar las condiciones laborales de los empleados formales.
“Estamos reglamentando el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1955 del 2019”, recalca.
Agrega que el Congreso le dijo al Gobierno que había que ayudar a los trabajadores que ganan menos del salario mínimo, que ni siquiera tienen contrato de trabajo, que trabajan a diferentes horas, recogiendo café o en ventas ambulantes.
“Qué pasa con el que vende piña, ¿tiene posibilidad de tener ahorro para su vejez? No. Qué pasa con los que contratan por el fin de semana, ¿tienen seguridad social? No”, argumenta.
Por eso, explica, en los próximos seis meses se implementará el decreto con el que se le ordena al empleador que a los empleados que ganen menos del salario mínimo se les “pague el 15% para garantizar la seguridad social. El 14% se va a la figura que se llama beneficios económicos periódicos, que es un ahorro para la vejez. El otro 1% es para proteger los riesgos laborales”.
“¿Qué pasa con ese ahorro? Más adelante pueden pasar a un contrato formal, puede pasar a un contrato formal, ingresa al sistema de pensiones y esos ahorros se convierten en semanas para su vejez”, agrega.
También indica que estos trabajadores llamados informales, bajo el amparo de este decreto, “cuando vayan a usar su pensión, el Gobierno le entrega un subsidio del 20% y de esa manera va a tener algo para su vejez”.
Sobre la trampa que supuestamente harían los empleadores, el ministro Cabrera es enfático en decir que “un trabajador que hoy está formal no puede pasar a la informalidad (…) Ese tema de trabajar por menos tiempo lo estamos prohibiendo tajantemente”.
Y envía un mensaje a quienes critican la norma: “Seamos honestos, iniciamos el proceso de formalización y ya nos quieren satanizar”.
Concluye que lo que quiere el gobierno es “ayudar a los trabajadores que están totalmente desprotegidos”, pero “salen con este tipo de argumentos con los cuales digo ‘cerremos, apaguemos y no hagamos absolutamente nada’”.
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