La Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0, uno de los proyectos relacionados con el historial crediticio de millones de colombianos, terminó hundiéndose en la Cámara de Representantes luego de que este no fuera agendado para discusión en plenaria antes de finalizar los tiempos legislativos, situación que no le permitiría avanzar en una propuesta que buscaba "beneficiar a millones de colombianos reportados en centrales de riesgo", según confirmó este martes el autor de la ley, Alejandro Ocampo, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
La iniciativa buscaba otorgar alivios temporales a personas con historial crediticio negativo que ya hubieran saldado sus obligaciones financieras. Según sus promotores, el proyecto habría permitido que muchos ciudadanos salieran de bases de datos como Datacrédito y recuperaran acceso al sistema financiero formal, luego de cumplir ciertas condiciones relacionadas con el pago de sus deudas. "Con esta medida se pretende impulsar la inclusión financiera y facilitar el regreso de miles de colombianos al sistema", se lee en el proyecto de ley.
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Tras confirmarse el hundimiento de la propuesta, el representante Alejandro Ocampo cuestionó públicamente a la Mesa Directiva de la Cámara. "Quiero contarle a la opinión pública colombiana que el proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0, se hundió en plenaria. Y se hundió porque la Mesa Directiva no quiso, desde agosto hasta la fecha, programarlo para discutirlo. A la Mesa Directiva no le importaron siete millones de colombianos que hoy están reportados en Datacrédito", indicó.
Además, señaló que hubo presión de sectores bancarios para evitar la aprobación de la iniciativa. "Es lamentable ver que hay parlamentarios que los elige el pueblo y se hacen al lado de la banca. Porque aquí, quiero decirlo claramente, la Mesa Directiva le jugó a la banca. Se le vendieron a la banca y hoy los colombianos, siete millones, seguirán siendo maltratados por Datacrédito".
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El proyecto, además, pretendía ampliar los beneficios de la primera Ley Borrón y Cuenta Nueva, aprobada en 2021, y establecer nuevas condiciones para que quienes pagaran sus deudas pudieran limpiar más rápido su historial financiero.
¿Qué buscaba la Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0?
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El proyecto de ley tenía como objetivo principal permitir que las personas que pagaran sus deudas pudieran eliminar más rápido los reportes negativos en las centrales de riesgo. La propuesta fue presentada por el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien argumentó que la iniciativa pretendía facilitar la inclusión financiera y darle una nueva oportunidad a quienes habían tenido problemas para cumplir con sus obligaciones económicas. "Esta iniciativa pretende extender el régimen de transición y eliminar los reportes negativos de quienes paguen sus deudas de la bases de datos de centrales de riesgo", explicó Ocampo cuando presentó el proyecto de ley.
Según lo planteado en el articulado, la norma buscaba extender el régimen de transición establecido en la primera Ley Borrón y Cuenta Nueva y ampliar el número de beneficiarios. Uno de los cambios más relevantes era la reducción en el tiempo de permanencia de los reportes negativos. Mientras actualmente algunas obligaciones pueden permanecer registradas hasta por cuatro años después de ser pagadas, el proyecto proponía reducir ese plazo máximo a seis meses.
Además, contemplaba que quienes cancelaran sus deudas durante el periodo de vigencia de la ley pudieran acceder a una eliminación más rápida de los reportes. La iniciativa incluía varias medidas dirigidas a personas con obligaciones pendientes en entidades financieras, créditos educativos y otros compromisos económicos. Entre los principales puntos estaban:
- Eliminación rápida de reportes negativos
- Amnistía para quienes se pusieran al día
- Beneficios para deudores del Icetex
- Reducción de barreras para acceder a crédito
¿Quiénes podían acceder a los beneficios?
De acuerdo con lo conocido del proyecto, los beneficios estaban dirigidos principalmente a quienes cumplieran ciertas condiciones. Uno de los requisitos más importantes era haber pagado la deuda dentro del periodo establecido por la ley o haberla cancelado previamente antes de su entrada en vigencia.
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Además, las personas no podían estar relacionadas con fraudes o delitos financieros, y las obligaciones debían pertenecer a entidades autorizadas. El proyecto también priorizaba obligaciones menores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que ampliaba su alcance sobre sectores vulnerables y personas con deudas de menor monto.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co
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