En Colombia, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana está regulado por la Ley 820 de 2003, que establece las obligaciones y derechos tanto del arrendador (dueño) como del arrendatario (inquilino). Uno de los aspectos más importantes y a menudo confusos es la responsabilidad sobre el pago de los servicios públicos y, en particular, quién debe asumir los costos de reconexión en caso de corte por falta de pago.
¿Quién debe responder por el pago de los recibos públicos?
Según la Ley 820 de 2003, el contrato de arrendamiento debe especificar claramente quién es responsable del pago de los servicios públicos. Generalmente, esta responsabilidad recae en el arrendatario, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato. Los servicios públicos incluyen agua, electricidad, gas, teléfono y alcantarillado, entre otros.
Quién paga la reconexión, ¿el dueño o el inquilino?
La responsabilidad del pago de la reconexión de los servicios públicos depende de varios factores:
- Si el contrato de arrendamiento especifica que el inquilino es responsable del pago de los servicios públicos, entonces también será responsable de los costos de reconexión en caso de corte por falta de pago.
- Si el contrato no especifica claramente esta responsabilidad, puede surgir una disputa entre el arrendador y el arrendatario.
Incumplimiento del arrendatario
- Si el arrendatario no paga las facturas de servicios públicos y esto resulta en un corte, el arrendatario debe asumir los costos de reconexión.
Incumplimiento del arrendador
- En casos donde el arrendador se haya comprometido a pagar los servicios públicos y no lo haga, el mismo será responsable de los costos de reconexión.
Procedimientos y recomendaciones
Para evitar conflictos y asegurar una convivencia armoniosa, se recomienda seguir estos pasos:
- Es fundamental que el contrato de arrendamiento detalle explícitamente quién es responsable del pago de los servicios públicos y los costos de reconexión en caso de corte.
- Arrendador y arrendatario deben mantener una comunicación abierta y transparente sobre el estado de los pagos de servicios públicos para evitar sorpresas desagradables.
- Tanto el arrendador como el arrendatario deben revisar las facturas de servicios públicos regularmente para asegurarse de que se están pagando a tiempo.
- Considerar la creación de un fondo de contingencia para cubrir posibles costos de reconexión puede ser una medida preventiva útil.
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