Asamblea de Venezuela aprueba investigación contra diputados opositores señalados de corrupción

Héctor Vargas y William Barrios son cuestionados por presuntamente firmar documentos de “buena conducta” para limpiar nombres de empresarios colombianos.
El jefe parlamentario de Venezuela, Juan Guaidó, prometió este martes rebelarse contra la corrupción en filas opositoras, tras denuncias que salpican a legisladores aliados y fracturaron la coalición que busca sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.
"Nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo", dijo un airado Guaidó al inicio de una sesión legislativa.
Reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países, el opositor fue increpado por los diputados oficialistas que le gritaron en coro "¡corrupto, corrupto!".
El orden del día no incluyó, sin embargo, las acusaciones de malversación de fondos por parte de congresistas aliados del llamado gobierno interino.
No obstante, Guaidó aludió por su cuenta, sin entrar en detalles, a una investigación periodística publicada el domingo pasado por el sitio Armando.Info, que involucra a nueve parlamentarios opositores.
Según el portal, esos legisladores cabildearon ante autoridades de Colombia y Estados Unidos a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con supuestas irregularidades en el programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados, llamado CLAP.
Este martes fue aprobada una "comisión especial" para investigar a diputados que supuestamente habrían emitido documentos de buena conducta para "exonerar" a empresas y ciudadanos señalados de "manejo inadecuado de recursos públicos" del plan alimentario.
"Que la investigación arroje lo que tenga que arrojar", afirmó Guaidó, quien preside el único poder en manos de la oposición venezolana.
Lizcano es identificado por Armando.Info como "subalterno" de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por Estados Unidos tras acusaciones de sobreprecios en importaciones de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El legislador oficialista Francisco Torrealba exigió, por su parte, la renuncia de los señalados.