Cañones de agua y gases fueron usados para disolver marchas contra reforma educativa en Chile

El proyecto de ley busca instaurar gratuidad en la educación superior dependiendo del crecimiento económico del país.
Indicaciones al emblemático proyecto, parte de una megarreforma impulsada por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, fueron finalmente rechazadas en la Comisión de Educación, lo que impide su discusión en el pleno del Congreso.
"Me encantaría votar a favor de una reforma a la educación superior, pero no nos pidan votar a favor de un proyecto como este que me frustra y decepciona", dijo el diputado independiente Giorgio Jackson, exdirigente estudiantil.
El gobierno deberá ahora negociar reformulaciones al proyecto, que amplía el rango de beneficiarios de la gratuidad a mayor crecimiento económico.
"La reforma no es suficiente, falta gratuidad y falta que la educación pública sea de calidad. Falta demasiado y por eso hay que marchar", comentó una estudiante de ciencias sociales que se sumó a la manifestación cuando pasaba frente a la sede del gobierno chileno.
"Es una desilusión" esta reforma, comentó Juan Pablo de la Torre, otro de los miles de estudiantes que acudieron a la manifestación.
A poco del inicio de la marcha, la policía irrumpió lanzando gases lacrimógenos en algunos tramos cuando manifestantes lanzaban piedras y palos, amenazando el clima festivo y pacífico que se impuso en gran parte de la manifestación. Otros enfrentamientos con la policía se dieron al finalizar.
"El balance es positivo, la marcha se realizó sin mayores problemas, salvo por algunos incidentes aislados", dijo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) cifró en unas 90.000 los asistentes, mientras que la policía lo dijo que fueron 35.000, contabilizando, además, 30 detenidos y seis policías heridos.
Futuro incierto
Los estudiantes quieren que se frene el tratamiento de esta nueva ley "porque es un proyecto peor al inicial", comentó a periodistas Patricio Medina, vocero estudiantil.
Los estudiantes acusan al gobierno de Bachelet de ignorar sus opiniones y legislar, con mayoría en ambas cámaras, de espaldas a los movimientos sociales, claves en dar impulso a la reforma de un sistema educacional heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Ese sistema facilitó la creación de universidades privadas y desmanteló la educación pública en todos sus niveles, al reducir drásticamente los recursos destinados a ella.
Para adelantar los beneficios de esta nueva ley, Bachelet optó en 2016 por establecer mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación la gratuidad universitaria para decenas de miles de estudiantes chilenos, los primeros en estudiar sin costo en décadas.
Este año repitió la fórmula, beneficiando a unos 200.000 alumnos, aunque ahora debe asegurar una ley que garantice el beneficio a lo largo del tiempo.
Pero con una elección presidencial a las puestas, el movimiento estudiantil apretó el acelerador para lograr concretar su exigencia de lograr en Chile una educación pública, gratuita y de calidad.
De cara a esos comicios, el expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), en cuyo primer mandato vivió el renacer del movimiento estudiantil, lidera los sondeos con alrededor de 25% de las preferencias.
Al confirmar su camino a la reelección, Piñera -a quien el movimiento estudiantil le enrostra su afirmación de que la "educación es un bien de mercado"- aseguró que no es partidario de instaurar la gratuidad universal, y que optaría por un sistema de becas y créditos en caso de volver al palacio de La Moneda.