Denuncian que activista Rocío San Miguel fue detenida en Venezuela y se desconoce su paradero

Amnistía Internacional (AI) pidió este domingo 11 de febrero la libertad "inmediata e incondicional" de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida el pasado viernes y se desconoce su paradero, según denuncian organizaciones no gubernamentales de Venezuela.Así atacaron a seguidores de María Corina Machado: chavistas usaron "palos y piedras"En la red social X, Amnistía Internacional aseguró que "está monitoreando la denuncia de desaparición forzada" de la activista, y pidió el respeto a sus derechos y a la "medida cautelar de protección dictada a su favor" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como "acceso a abogados y familiares".Varias ONG locales y partidos políticos opositores también exigieron este domingo la liberación de la activista.En X, el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, solicitó al fiscal general, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, información sobre el paradero de San Miguel y su "inmediata liberación".El Frente Amplio de Mujeres rechazó "contundentemente" la "detención arbitraria y desaparición" de la activista, de quien exigió "de inmediato fe de vida", y alertó a la comunidad internacional de "esta escalada de represión a las puertas de una elección presidencial", prevista para 2024, aunque aún sin fecha definida.Maduro advierte que ganará elecciones “por las buenas o por las malas"Un Mundo Sin Mordaza indicó que ya se cumplieron "48 horas de la desaparición" de Rocío San Miguel, quien "fue detenida por un grupo SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)-DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en el aeropuerto" internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.San Miguel informó este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano presentar, "a más tardar el 6 de mayo", un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a favor de la activista y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.