“Duque tiene 8 días de presidente y ya se está metiendo en asuntos de Venezuela”: Diosdado Cabello

Así reaccionó a la sentencia del Tribunal Supremo exiliado que, desde Colombia, condenó a 18 años de prisión a Nicolás Maduro.
El TSJ venezolano paralelo, nombrado por la mayoría opositora del Parlamento, emitió ese veredicto en marco del caso Odebrecht.
La corte halló "comprobada la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales" y ordenó que el mandatario cumpla la pena en el centro de detención de Ramo Verde, en el estado venezolano de Miranda, dijo el magistrado Rafael Rommel-Gil en Bogotá.
Además, el tribunal paralelo, cuyas decisiones desconoce el gobierno venezolano, le impuso una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y de 35.000 millones por legitimación de capitales, así como una inhabilitación política por el tiempo de la pena. También solicitó una orden de captura internacional.
Sala plena del tribunal paralelo dictó la sentencia en un recinto del Congreso colombiano, donde desde la mañana escuchó la acusación de la fiscal general destituida Luisa Ortega, quien huyó de Venezuela en agosto de 2017 tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y con suprapoderes.
"Odebrecht resultó beneficiada con innumerables adjudicaciones de infraestructura que se tenía proyectado hacer en Venezuela", se "pagaron y no concluyeron", dijo Ortega durante el juicio.
Desde Caracas, el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó la decisión. "¿Están en Colombia diciendo que pueden condenar al presidente de Venezuela y Nicolás sigue siendo el presidente? Dios mío", dijo desde su programa de televisión semanal. 
En mayo, magistrados exiliados en Miami habían "suspendido" a Maduro de su cargo por este caso.
El abogado de oficio del mandatario venezolano, Andrés Lindo, aseguró que no se debía condenar a Maduro por unos contratos "que nunca firmó" y en los que "el deber de vigilancia" competía a otras entidades.
"Eventualmente podría hablarse de algún tipo de responsabilidad administrativa, quizá. De responsabilidad penal, no", afirmó.
El 9 de abril los 13 magistrados principales y 20 suplentes de la corte paralela -exiliados en Colombia, Chile, Estados Unidos y Panamá- solicitaron al parlamento venezolano que autorizara el enjuiciamiento de Maduro por presunta corrupción relacionada con la trama internacional de sobornos de Odebrecht. 
El legislativo avaló el juicio, aunque todas sus decisiones son consideradas "nulas" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en ejercicio, que es señalado de servir a Maduro. 
El TSJ declaró al Legislativo en desacato desde que en 2016 la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumiera 112 de los 167 curules, invalidando todas sus resoluciones.
Los magistrados ahora en exilio fueron nombrados por la oposición para corregir supuestas irregularidades en la designación de los jueces que ocupan esos cargos en el TSJ. 
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