Un total de 158 menores detenidos y más de 1.500 detenciones arbitrarias ha ocurrido en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según un contundente informe de la ONU que registra las acciones de represión sin precedentes en el vecino país.
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El documento de 158 páginas abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas.
Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema de justicia.
En el contexto electoral, los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", indicó.
La jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno.
Violaciones a derechos humanos en Venezuela
Entre las violaciones de derechos humanos que destaca el informe figura la detención en el periodo postelectoral de 158 menores de edad "acusados de graves delitos como terrorismo", detenidos en la mayor parte de los casos sin informar a sus familiares o a abogados, por lo que permanecieron incomunicados durante días.
"A las niñas las han tocado, las han manoseado y les han propuesto en que si ellas pudieran hacer algún tipo de relaciones sexuales con los hombres, con esos funcionarios, las iban a dejar libres", aseveró Rosa Orozco, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
El informe documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad, durante los primeros días de protestas electorales, y señala que al menos ocho de esos incidentes mortales fueron en manifestaciones donde las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego.
La misión también denunció numerosos casos de torturas y de violencia sexual, estos últimos no solo contra detenidos, sino también en mujeres y niñas que habían acudido a centros de detención para visitar a sus familiares.
Las torturas incluyeron "puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño", detalla.
Entre ellos también destaca el caso de dos niños que, al parecer, tuvieron fracturas en sus dientes y lesiones en sus brazos tras ser agredidos por agentes del Estado, mientras que a otro se le amenazó para que confesara en una grabación que había recibido dinero para estar en una protesta.
"Las violaciones graves de derechos humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en informes previos de la misión", concluye el documento.
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