OEA logró acuerdo sobre reforma de CIDH

Fue un acuerdo que mostró claramente las divisiones de los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías, pero que al final dejó a todo el mundo más o menos satisfecho.
Pasada la medianoche, la sede de la OEA rompió en aplausos cuando se logró la unanimidad.
La resolución es el resultado de 22 meses de trabajo para analizar reformas que refuercen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que para algunos países, activistas y organizaciones de derechos humanos representan intentos de debilitar a la CIDH y las relatorías, sobre todo la de la Libertad de Expresión.
El documento acordado el viernes promueve que eventualmente sean los estados de la OEA los que financien a la CIDH, pero no cierran totalmente la posibilidad de que estos organismos accedan a capital exterior. La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión depende de fondos externos y la eliminación de estos hubiera supuesto su desaparición.
El debate se alargó porque Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela pedían prolongar el diálogo de la reforma de la CIDH y hablar más a fondo de la financiación de la Comisión y relatorías. También pedían negociar en el futuro un posible cambio de la sede de la Comisión, que quizás se trasladaría de Washington a alguna ciudad latinoamericana. Los cuatro países exigían enmiendas al documento final que dejaran claros estos puntos.
Tras la oposición de países como Estados Unidos a eso, Argentina propuso la solución, al enmendar un párrafo que abre la puerta a una prolongación del diálogo. El párrafo asegura "mandatar al Consejo Permanente continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del CIDH, teniendo en cuenta todos los aportes realizados por los estados, órganos del sistema y la sociedad civil a lo largo del proceso de reflexión, así como los debates durante la presente Asamblea General extraordinaria".
Antes del acuerdo, el debate contó con momentos tensos, como cuando el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño criticó con dureza a la CIDH y posteriormente a la resolución, calificándola de "vacía de toda sustancia".
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua critican que la CIDH se financie con fondos externos y acusan a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de contar con demasiados privilegios en relación a otras relatorías. Otros países, además de grupos sin fines de lucro y organizaciones de derechos humanos, consideran estas críticas como intentos de ahogar financieramente a la relatoría y a la CIDH.
Estados Unidos dejó clara su posición.
"Restringir las contribuciones o eliminar la posibilidad de financiar actividades específicas de la Comisión viola nuestra promesa de lograr un sistema más fuerte", dijo William Burns, vicesecretario de Estado estadounidense. "La mayoría de estados miembros concentrados en perfeccionar nuestro sistema de derechos humanos deben proteger a la Comisión de los pocos que intentan debilitarla".
Burns ofreció una contribución de un millón de dólares en financiamiento a la Comisión el viernes.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó la necesidad de defender a "toda costa" la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También admitió que muchas de las reformas que se proponen significarían un alto costo que "la organización no esta en condiciones de asumir con sus actuales recursos".
"Este es un tema que no podrá ser concluido en esta asamblea, pero creo que existe un consenso valioso en cuanto a la necesidad de que, en un tiempo a determinar, sean los estados miembros de la OEA quienes financien la totalidad o al menos los aspectos esenciales del sistema", dijo Insulza.
Ecuador ha acusado a la OEA de atravesar una crisis de legitimidad. El fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez fustigó repetidamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que eran contrarios a su país.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa habló recientemente a favor de mudar la sede de la CIDH de Washington a Argentina, promover el financiamiento del organismo por parte de los estados y que sus integrantes sean ciudadanos de países que se han adherido a ese instrumento.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión cuenta con la dirección de la relatora Catalina Botero y tiene más fondos que otras porque pide dinero externo. Estados como Ecuador, Venezuela, Bolivia o Nicaragua piden que fondos externos a la OEA no financien más a relatorías como esta, lo que provocaría su eliminación. La relatoría ha sido en el pasado crítica con estos países.
La resolución que se debatió el viernes propone considerar a todas las relatorías como especiales, igualando así sus presupuestos "sobre la base de un financiamiento adecuado". Insulza dijo el viernes que el necesario fortalecimiento de unas relatorías no puede significar el debilitamiento de otras.
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela piden que la sede de la CIDH deje de estar en Estados Unidos, ya que este país no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. El canciller de Guatemala, Fernando Carrera, habló el viernes a favor de que la sede se traslade a Costa Rica, sede actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También pidió que los estados aumenten los fondos que destinan a las relatorías si realmente los miembros de la OEA quieren financiar los organismos.
Miembros de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en las Américas leyeron una declaración antes de que empezara la reunión de la OEA en la que expresaron "mucha preocupación" si el proceso de reflexión para reformar la CIDH se alargaba más allá de la Asamblea General Extraordinaria del viernes.
"El proceso no ha resultado en un aumento del financiamiento de la Comisión y de la Corte. Por el contrario, los estados, por medio de la OEA, Solo proveen el 55% del presupuesto de la CIDH, y además varios estados quieren limitar a la CIDH en su capacidad de recibir fondos externos", dijo Tirza Flores, miembro de la coalición, a los periodistas. "Esto implicaría que casi todas las relatorías y la propia CIDH perderían cerca del 45% de su financiamiento, el cual proviene de fuentes externas".