Fernando Albán, detenido y acusado por el presunto atentado contra Maduro, se quitó la vida en el Sebin, según el Gobierno. Su partido denuncia un asesinato.
El fiscal general, Tarek Saab, indicó que Albán, encarcelado el viernes al llegar a Venezuela proveniente de Estados Unidos, se suicidó lanzándose desde el décimo piso del Servicio de Inteligencia, en el centro de Caracas cuando iba a ser trasladado a tribunales.
Según el fiscal, Albán solicitó ir al baño "y estando allí se lanzó al vacío".
"Las causas por lo que lo hizo vamos a esclarecerlas en todas sus magnitudes", dijo al tiempo que informó que designó a "dos fiscales nacionales" para abrir una "exhaustiva investigación".
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Por su parte, el ministro del Interior, Néstor Reverol, señaló en Twitter que Albán se encontraba "en la sala de espera" de la sede del Sebin y "se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío".
Añadió que "un equipo multidisciplinario" adelanta la investigación "conjuntamente con el Ministerio Público para esclarecer este lamentable suceso".
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El partido Primero Justicia rechazó las declaraciones de la Fiscalía, pues alega que el concejal era una persona de "profundos valores cristianos", por lo que aseguró, en un comunicado, que el político fue "asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro".
La organización exigió "la verdad de las cosas" y señaló "que esta dolorosa situación demuestra lo peor de la dictadura: un sistema de muerte que penetra en la conciencia de quienes defendemos la libertad en VENEZUELA".
Asimismo, el abogado del concejal, Joel García, criticó que el fiscal haya señalado a "a priori" que se trató de "un suicidio" y señaló que esto solo "indica el sesgo" que tendrán las averiguaciones.
El jurista resaltó que "toda persona que se encuentra privada de su libertad está bajo las órdenes y el cuidado del Estado", al tiempo que recordó que este domingo visitó a su defendido y que se encontraba sereno y sin un rasguño, pero que tenía información de que había sido sometido a presiones.
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Por su parte, el líder de PJ, el diputado opositor Julio Borges, exiliado en Colombia y también acusado por el atentado a Maduro, indicó en un video en Twitter que la información de la muerte de Albán "corría como rumores desde la mañana".
"Hablé con su esposa (...) y me dijo que todas las personas que hablaron con él ayer lo vieron fuerte, sólido, con convicción, contó que lo estaban presionando para incriminar a toda una cantidad de gente con el tema del magnicidio y hoy vemos el resultado de eso", agregó en el material audiovisual.
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PJ también denunció que el Gobierno quería incinerar el cuerpo del concejal para ocultar las evidencias del "asesinato", pero minutos después informó que el cadáver fue entregado a sus familiares "sin procedimientos mínimos forenses y obstaculizando el camino hacia la verdad".
La muerte del concejal además ha provocado la reacción de los distintos dirigentes y partidos de la oposición venezolana, como el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, también militante de PJ, quien ha señalado que quienes conocieron al concejal saben "que NUNCA podría haber actuado contra su vida".
El partido Vente Venezuela de María Corina Machado; Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López; Un Nuevo Tiempo (UNT) del presidente del Parlamento, Omar Barboza; la Causa R del dirigente Andrés Velásquez y otros han expresado sus condolencias a los familiares del concejal y han pedido una investigación por este hecho del que responsabilizan al Gobierno.
Incluso la Arquidiócesis de Caracas ha pedido el esclarecimiento de la muerte del Albán también insistiendo que "era un hombre de sólidos valores cristianos".
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Además, el Parlamento impulsará una investigación independiente del concejal y este martes tratará el caso "como punto único de la agenda".
Albán era concejal en el municipio caraqueño de Libertador, sede de todos los poderes públicos y territorio considerado bastión del chavismo gobernante.
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Su partido denunció una campaña gubernamental que busca criminalizarlo y que ya incluye señalamientos a varios de sus dirigentes como al diputado Juan Requesens, quien también fue detenido el 7 de agosto acusado de participar en el atentado contra Maduro.
Amigos, allegados, abogados y diputados se encuentran a las afueras del Sebin pidiendo información, mientras otros se encuentran en la morgue a la espera de que les entreguen el cuerpo.
Intervención de la ONU
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará la extraña muerte del opositor venezolano en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en ese país.
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Así lo confirmó en rueda de prensa Ravina Sahmadasani, portavoz de la Oficina.
"El Consejo de Derechos Humanos encargó a nuestra Oficina elaborar un informe sobre Venezuela, por lo que miraremos esto e investigaremos todos los aspectos de la situación de los derechos humanos en Venezuela", dijo.
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"Hay mucha especulación sobre lo que pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado, hay mucha especulación y es por ello que necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte", afirmó Shamadasani.
Dicho esto, la portavoz subrayó que "Albán estaba bajo la custodia del Estado y por lo tanto el Estado tenía la responsabilidad de velar por su seguridad, integridad personal y dignidad".
Agregó, además, que en la Oficina del Alto Comisionado están "preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas tal y como establece la ley venezolana".
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