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El presidente del grupo audiovisual británico BBC, Richard Sharp, anunció este viernes su dimisión, acorralado por un conflicto de intereses en torno a su nombramiento. La renuncia de Sharp será efectiva en el mes de junio.
Un informe publicado el viernes determinó que Sharp, un exbanquero que asumió el puesto en la BBC en 2021, violó las reglas al no declarar que había ayudado al entonces primer ministro Boris Johnson a obtener un préstamo de 800.000 libras (unos 996.000 dólares).
Sharp fue nombrado poco después a frente del grupo público. Su dimisión efectiva tendrá lugar a finales de junio.
El informe "concluye que incumplí el código de gobernanza para los nombramientos públicos", pero que este incumplimiento "no invalida necesariamente el nombramiento", explicó Sharp en el comunicado al mismo tiempo que anunció su dimisión.
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Aunque asegura haber infringido las reglas de manera "involuntaria", Sharp manifestó su voluntad de anteponer "los intereses de la BBC", ya que considera que el caso podría volverse una "distracción" del "buen trabajo" del gigante audiovisual.
La ministra de Cultura, Lucy Fraser, dijo "entender y respetar" su decisión, y en una carta le agradeció su trabajo como presidente de la BBC.
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Por su parte, el presentador Gary Lineker, que recientemente protagonizó una polémica al haber sido suspendido del ente por comparar la retórica del gobierno británico con la de 1930, consideró que el presidente de la BBC no debería ser elegido por el gobierno. "Ni ahora ni nunca", tuiteó.
Esta institución ineludible del paisaje audiovisual británico celebró su centenario en el otoño boreal, azotada por la competencia de las plataformas de pago y las amenazas que planean sobre su financiación pública.
La BBC también se ha sido criticada en los últimos años por los conservadores, en el poder, que la acusan de realizar una cobertura sesgada -especialmente respecto al Brexit- y de centrarse en las preocupaciones de las élites urbanas en lugar de en las inquietudes de las clases populares.
A principios de 2022, el gobierno británico -entonces dirigido por Boris Johnson- congeló por 2 años el impuesto anual de 159 libras esterlinas (199 dólares), a raíz de la inflación, que está poniendo a prueba las finanzas de los hogares.
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El Ejecutivo también mencionó la posibilidad de una eventual supresión de la tasa, una amenaza controvertida incluso entre los conservadores.
Bajo presión presupuestaria, el grupo anunció en mayo un plan para ahorrar 500 millones de libras (647 millones de dólares) al año.
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Se recortarán un millar de empleos (de unos 22.000), se fusionarán cadenas y otras pasarán exclusivamente en línea.
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