Una turba quemó vivo a un hombre acusado del supuesto robo de un vehículo en una localidad rural de Potosí, en Bolivia, un suceso en el que también resultó herida una mujer sindicada de ser cómplice del fallecido.
(Video: así fue el angustioso rescate de un elefante bebé que cayó a profundo pozo)
El nuevo gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, preveía reunirse en esta jornada con la Policía para obtener más detalles sobre este suceso y también recibió un reporte de la fiscal departamental.
"Tiene que investigarse, se tiene que dar con los autores. Hay instituciones que tienen que hacer prevalecer la justicia", dijo Mamani a los medios.
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El hecho ocurrió en la víspera en una comunidad del municipio de Pocoata, en el norte de Potosí, donde el hombre, de 27 años, y la mujer, de 24, fueron retenidos por más de dos centenares de personas quienes les acusaron de haber robado un vehículo, según la prensa local.
La pareja fue llevada hasta una cancha donde primero fueron golpeados y luego la turba roció con gasolina al hombre y le prendió fuego.
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La mujer, que se encontraba "bajo amenaza de linchamiento", quedó herida y con algunas quemaduras antes de que la Policía lograse rescatarla con la intermediación de la Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo de la localidad de Llallagua, también potosina.
La entidad condenó en un comunicado "los actos de violencia y justicia por mano propia" que derivaron "en la muerte de una persona de sexo masculino que sufrió quemaduras" y murió durante su traslado a un centro de salud.
Tras varias horas de diálogo, la institución y los agentes policiales lograron la liberación y rescate de la mujer, quien fue entregada al Ministerio Público, explicó el coordinador defensorial de Llallagua, César Villca, citado en el comunicado.
También explicó que la mujer fue llevada a un hospital en el municipio de Colquechaca para recibir atención "ante las agresiones físicas sufridas".
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Villca recordó que la Constitución boliviana "garantiza el derecho a la vida y que no existe la pena de muerte en el ordenamiento jurídico vigente".
Además, precisó que la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece la prohibición de la pena de muerte y que la justicia por mano propia no es característica de un Estado de Derecho, según el comunicado.
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La Defensoría exhortó a la Fiscalía Departamental y la Policía a investigar con "celeridad" lo ocurrido "para establecer responsabilidades y esclarecer estos hechos".
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