Venezuela es una inquisición: Luisa Ortega hace graves denuncias sobre Maduro

Desde Brasil, afirmó que el presidente y altos funcionarios quieren ocultar casos de corrupción, incluido Odebrecht. Advirtió que seguirá recorriendo el mundo.

Prófuga de su país, la exfiscal general venezolana Luisa Ortega abrió en Brasilia una cumbre de fiscales del Mercorsur.

Según ella, en Venezuela hay “una inquisición” para “tomar decisiones y condenar y perseguir a cualquier ciudadano que constituya un adversario político”.

El Gobierno de Nicolás Maduro, aseveró, no solo persigue a los adversarios políticos, también busca destruirlos, como ocurrió con ella cuando ingresaron a su vivienda llevándose “hasta las pertenencias más sencillas”.

Ortega dijo que el allanamiento a su residencia en Caracas tuvo como objetivo “esconder tantos hechos de corrupción de los cuales tengo muchas pruebas y concretamente en el caso de Odebrecht, que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República”, Diosdado Cabello y otros personajes.

Añadió que quien la reemplaza en su cargo, Tarek Saab, tenía seis investigaciones por corrupción relacionados con el desfalco a PDVSA, pero que él hizo archivar.

“Podrán haber destruido los expedientes pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder”, dijo este miércoles en Brasil.

Escasez de alimentos y medicinas

“La corrupción en Venezuela ha traído consigo otros problemas. Atraviesa por una grave crisis que impide que el venezolano tenga acceso a los alimentos, que tenga acceso a la salud, a los medicamentos más básicos, más elementales, una aspirina”, agregó la exfuncionaria chavista.

Ortega afirmó que seguirá recorriendo el mundo para denunciar lo que pasa en Venezuela “y denunciar la violación a los derechos humanos”.

La llegada de esta disidente del chavismo estuvo precedida del anuncio de que Caracas buscará su captura internacional vía Interpol.

Maduro solicitará a Interpol una orden de captura en contra de la... Este cruce es el último capítulo de la crisis que aisló a Venezuela de sus socios regionales tras la instalación de una Asamblea Constituyente con poderes absolutos, considerada por muchos países como una ruptura del orden democrático.

Ortega llegó sonriente a la capital de Brasilia en la madrugada de este miércoles, en medio de un fuerte esquema de seguridad, y dejó en claro cuál era su objetivo: "Voy a hablar de Odebrecht, el caso de corrupción en Venezuela y mi situación", dijo a periodistas en el aeropuerto.

“Voy a hablar lo que sea necesario”: exfiscal Luisa Ortega a su... La exfiscal arribó a Brasil procedente de Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos la puso bajo protección y le ofreció asilo. Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, abandonaron su país clandestinamente el viernes pasado, burlando las prohibiciones del Maduro.

Santos confirma que fiscal venezolana "se encuentra bajo protección... Ortega, de 59 años, fue destituida el 5 de agosto. Seguidora del fallecido mandatario Hugo Chávez, decidió enfrentarse a su sucesor, Maduro, quien la denunció por supuestamente estar involucrada en un esquema de corrupción.

"Andas con la oligarquía colombiana, con los golpistas brasileños. Dime con quién andas y te diré quién eres", dijo Maduro dirigiéndose a la exfuncionaria.

Odebrecht, un escándalo multinacional

Odebrecht exportó ampliamente su modelo de corrupción, basado inicialmente en el pago de sobornos a partidos y políticos para ganar licitaciones trucadas en Petrobras.

La constructora y su filial Braskem aceptaron en diciembre pasado pagar multas por unos 3.500 millones de dólares por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como a Mozambique y Angola. De esa suma, un 10% resarcirá delitos en Estados Unidos, otro 10% en Suiza y el 80% en Brasil.

Durante más de una década, la empresa mantuvo este "esquema de corrupción masiva", pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de "tres continentes", según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.