A través de redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exjefe de Estado Álvaro Uribe han manifestado sus puntos de vista respecto a reactivar la mesa de paz con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).>>> Le puede interesar: Uribe a Petro sobre reactivar negociación con paras: "La paz no es un teatro de compadres”Luego de que el exmandatario escribiera que “la paz no es un teatro de compadres” y que “Colombia ha tenido procesos de claudicación ante el terrorismo como el firmado con FARC. Para nada sirvió”, el mandatario Petro le contestó: “Donde se encuentran víctimas y victimarios para la reparación y el perdón no es teatro de compadres, expresidente Uribe”.Y, luego, el presidente Petro recalcó: “Teatro de compadres es cuando se encuentran solo los victimarios y a escondidas”.La invitación de Petro a Mancuso para volver a diálogos de pazDurante la entrega de tierras a víctimas de la violencia en Montería, el 3 de octubre, Gustavo Petro le extendió una invitación a Salvatore Mancuso para regresar a un diálogo “sin traición y sin miedo a la verdad” como sucedió, de acuerdo con él, durante el gobierno de Álvaro Uribe.En medio de su intervención, Petro dijo: "Podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado. Le propongo instalar la mesa, para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez, esta vez sin traición, esta vez sin miedo a la verdad”, pues, según él, a los miembros de las AUC, “esos mismos que los aplaudieron, los pusieron en un avión encadenados, esposados, y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron y la paz no se hace con traiciones. La paz se hace con la palabra puesta sobre la mesa".De igual modo, el presidente informó que expedirá las cartas para que los antiguos compañeros de Mancuso (como Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40´, y Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco') sean designados gestores de paz.Además, Petro también cuestionó el papel del exfiscal Francisco Barbosa por el manejo de las tierras de los miembros de la AUC: “Usaron el proceso con los paramilitares para que la tierra pasara de dueño, no en manos de las víctimas, sino de unos cuantos politiqueros y politiqueras. El señor fiscal (Francisco) Barbosa se negó a dar la lista de los bienes de extinción de dominio de narcotraficantes, porque han pasado a manos de políticos, de familiares de los políticos y de familiares de los dueños del Estado".Por su parte, el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa le respondió: “Las infamias del presidente Petro no tienen límites. Ayer, en Montería, en un acto que afectó la memoria de las víctimas del paramilitarismo, se pretendió lavarle la hoja de vida criminal a Salvatore Mancuso, a costa de ensuciar mi dignidad, de ensuciar mi reputación como fiscal general de la nación, como persona, como servidor público y poner en riesgo mi vida”.Y añadió que "la Fiscalía General de la Nación hizo mucho en la lucha contra el paramilitarismo en mi administración. En mi administración se les entregaron 1,8 billones de pesos a las víctimas del paramilitarismo, de la dirección de Justicia Transicional a la Unidad de Víctimas, unidad que no depende de la Fiscalía, unidad que hace parte del Ejecutivo que usted dirige”.Acá la entrevista de Noticias Caracol en vivo con el exfiscal Francisco Barbosa, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro:>>> Le recomendamos leer: Francisco Barbosa tras críticas del presidente: “Las infamias de Petro no tienen límites"
A 36 años de cárcel fue condenado Rudesindo Urbina Martínez, alias Pedro Coral, por el asesinato de un hombre en el municipio de Garzón, Huila, en hechos perpetrados en el año 2003.>>> Durante su servicio militar, joven habría sido abusada en Ejército de VillavicencioAlias Pedro Coral, según informó la Fiscalía General de la Nación, hacía parte del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para el momento en que cometió el crimen.¿Cómo perpetró el asesinato?Alias Pedro Coral llegó a la vereda Las Mercedes del municipio de Garzón, junto a dos cómplices, y tras ubicar a su víctima en una habitación donde se encontraba durmiendo, este la ultimó a tiros.“Le dispararon en repetidas oportunidades, ocasionándole la muerte”, señaló el ente acusador.Un juez penal del circuito especializado de Neiva absolvió a alias Pedro Coral el 30 de septiembre de 2022, pero en un fallo de segunda instancia se revocó la decisión y se impuso una medida de 36 años de cárcel.El sujeto pagará la sentencia por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.>>> Consejo de Estado admitió demanda por medidas de protección a disidentes de las FARC
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso salió de la cárcel este miércoles 10 de julio amparado por la justicia, que le otorgó la libertad condicional tras ser deportado en febrero de 2024 desde una prisión de Estados Unidos.Mancuso salió de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, en una caravana de camionetas blindadas.Horas antes, la autoridad carcelaria informó que, luego de consultar a varios tribunales, no encontró motivos para detenerlo."El señor Salvatore Mancuso quedará en libertad", informó el coronel Rolando Ramírez, director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en un video enviado a medios.Su defensa denunció días antes un plan para asesinarlo, con complicidad de guardianes del organismo penitenciario. "Por seguridad no es conveniente atender a los periodistas en La Picota", indicó su defensa a los medios en un mensaje de WhatsApp.¿Qué crímenes cometió Salvatore Mancuso?Mancuso, de 59 años, había sido deportado desde Estados Unidos a Bogotá en febrero de 2024.Desde entonces, su caso se transformó en un enredo judicial, pues tenía cuentas pendientes con la justicia ordinaria y con un tribunal especial al que se acogió cuando se desmovilizó en 2006, como parte de un proceso de paz con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).Sus abogados aseguraban que los 16 años que pasó tras las rejas en Estados Unidos por narcotráfico bastaban para cumplir el tiempo máximo de prisión estipulado en el acuerdo, que era de ocho.Durante el conflicto interno sus hombres asesinaron a cientos de guerrilleros o civiles sospechosos de simpatizar con la insurgencia y la izquierda.Aunque fue dejado en libertad condicional por un periodo de cuatro años, Salvatore Mancuso tiene prohibido, durante ese mismo lapso, ir a estas regiones, según publicó el medio El Espectador:CesarSucreBolívarLa GuajiraAtlánticoCórdobaMagdalenaNorte de SantanderMunicipios de Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá, en AntioquiaSegún citó el mismo medio, la razón tiene que ver con “las garantías de no revictimización de aquellas personas que padecieron a las autodefensas que comandó, pues en todos esos departamentos sus grupos tuvieron injerencia criminal”.No obstante, Salvatore Mancuso podría ir a alguna de estas poblaciones si “envía un comunicado oficial a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que avaló su libertad”, señala el diario.Si debe viajar a esos sitios por su labor como gestor de paz, debe ser la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la que se contacte con el alto tribunal.
Raquel Sena es una de las miles de víctimas de Chiquita Brands. La mujer celebra el fallo condenatorio que confirma a la bananera como responsable del financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de los 90. Sin embargo, no hace parte del primer grupo de ocho personas que será reparado por dicha compañía.>>> Más sobre el caso: Humberto Agredo: El señor de la guerra que armó a las AUC y propició masacresSena perdió a su esposo, Fidel Hernández, en medio del conflicto y asegura que toda la comunidad sabía del accionar ilícito de la multinacional.La víctima se declara cansada ante tantas luchas, pero no pierde la esperanza de ser reparada, en algún momento, y poder dignificar su vida y la de su familia.“Dios quiera que a todos nos den algo, aunque la muerte de él nunca la voy a superar porque todo se perdió, la finca se perdió y todos los cultivos”, afirmó Raquel Sena.Lo mismo anhelan otras víctimas. “Los que estaban operando eran los paramilitares y por eso mataron a mi papá”, indicó Yamila Martínez, víctima del conflicto.Defensores de derechos humanos creen que en Colombia el caso debería ser igual de riguroso que en Estados Unidos, mientras que otros piensan que la reparación no hace justicia.“Los jueces norteamericanos ya dijeron la responsabilidad de Chiquita Brands, pero falta que la justicia colombiana condene a los empresarios y compañías que en Colombia también daban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares”, dijo Gerardo Vera, abogado de la Fundación Forjando Futuro.Por su parte, el sacerdote jesuita Javier Giraldo indicó que “se habla de indemnización a nueve personas. Eso es prácticamente nada en comparación de todas las familias y las personas que sufrieron la represión”.Según la comunidad de paz de San José se Apartadó, Chiquita Brands alcanzó a traer a Urabá barcos que venían por Nicaragua, cargados con unos 5.000 fusiles y millones de municiones para surtir a las AUC.Chiquita Brands apelará la decisiónDesde la determinación, la empresa tiene 30 días para notificar la apelación a la determinación del jurado que la encontró responsable de financiar al exgrupo paramilitar AUC y que le ordenó el pago de 38.300.000 de indemnización para los 17 familiares de ocho víctimas nombradas en la demanda.El abogado Rafael Peñalver explicó que Chiquita Brands “tiene 30 días para pedir que se celebre una vista para reconsiderar la sentencia al mismo nivel de la corte que emitió la sentencia”.Según especialistas, lo más probable es que la corte le imponga a la multinacional una fianza.Peñalver indicó que sería “una fianza para garantizar que la operación es de buena fe y que simplemente no se está apelando para no pagar”.Sin embargo, los analistas coinciden en que los más complicado es cobrar la sentencia, es decir, obtener el pago de la indemnización.“Muchas veces los casos se resuelven antes de la apelación, obviamente por menos dinero, porque las personas entienden que si hay una apelación puede tomar varios años”, dijo el abogado Rick Yabor.Chiquita Brands, por su parte, aseguró a través de un comunicado que “el resultado del juicio no disminuye nuestra confianza en la solidez de nuestra posición ni en las pruebas presentadas por la defensa”.Lo cierto es que, tras el veredicto, en el proceso judicial del caso ahora inicia una nueva fase.>>> Vea más: “La mayor esperanza es que las víctimas de Chiquita Brands sean compensadas”: defensa
Mientras en Estados Unidos la multinacional Chiquita Brands acaba de ser condenada, una jueza colombiana se alista para dictar sentencia contra el mayor traficante de armas en la historia de Colombia: se trata de Humberto Agredo, un empresario señalado de conseguir 12 mil fusiles para las autodefensas y que ha logrado esquivar a la justicia por 24 años.>>> Le puede interesar: Cronología del caso Chiquita Brands, la multinacional que financió a las AUCEsta es la historia del hombre detrás de la barbarie paramilitar y cuyo caso está estrechamente ligado a la multinacional Chiquita Brands.Agredo, desde Bulgaria, trajo a Colombia 12 mil fusiles en menos de un año y con los que los paramilitares cometieron asesinatos y masacres. A pesar de su papel protagónico en la guerra jamás ha pagado un día de cárcel. 24 años después de ingresar el arsenal a Colombia, la justicia está a punto de condenarlo.Raúl Hasbún, uno de los más importantes jefes del paramilitarismo, definió de esta manera el rol de Agredo hace pocos meses durante la audiencia de juicio en contra del hombre al que apodan El señor de la guerra.¿Qué dicen los exparas?“Le voy a poner un ejemplo: yo antes de eso siempre operé, más o menos, con 70, 80 fusiles. De ahí pasé a 270 y así fue todo el mundo. La potencialización de las autodefensas fue total”, dijo Hasbún.Para 1999, cuando las extintas FARC estaban en proceso de paz y dominaban gran parte del país, los fusiles de Agredo fueron determinantes para la expansión del terror paramilitar. Salvatore Mancuso lo describió en estos términos.“Significó el fortalecimiento militar de las autodefensas, el crecimiento y expansión de las AUC hasta lugares donde no habíamos podido llegar porque era difícil conseguir este tipo de armamento en el mercado negro”, sostuvo Mancuso.Agredo se convirtió en un hombre clave para las AUC, al punto de llegar a ser uno de los consejeros de Carlos Castaño, relata Mancuso.“Humberto es bien hablado, se expresa bien, hacía análisis políticos correctos, interpretaba la situación del país y era capaz de expresarlo con los interlocutores que tuviere. Él daba pautas, parámetros que tenían que ver con el tema político y el crecimiento de las AUC, específicamente en operación militar. No solo por su cercanía con Carlos Castaño. De hecho, en reuniones con el estado mayor, cuando se tocaban temas de expansión de las AUC, Humberto participó”, complementó Mancuso.Alias Diego Vecino, del Bloque Norte de las AUC, manifestó que lo conoció como El doctor: “Fue a finales de los 90, principios de los 2000. Siempre lo referenciaba como asesor de Carlos Castaño en temas de seguridad e internacionales”.Humberto Agredo es un ingeniero caleño que tenía una empresa de importación de maquinaria pesada que le sirvió de fachada para mantenerse en el tráfico de armas. Esto lo hizo gracias a su hijo Hans Agredo.Humberto Agredo estaba casado con la hija de un directivo de la empresa Arsenal, una de las mayores productoras de armas en Bulgaria. De hecho, Hans Agredo también está siendo procesado junto a su padre y al igual que él está prófugo de la justicia.La ruta de los fusilesHace varios años, Hans cambió su nombre por el de John Jairo Martínez Álvarez. Durante el juicio, la Fiscalía le atribuyó la ruta de las armas que hoy tienen en líos a padre e hijo.“El primero de los eventos fue en 1999, cuando, a través de Buenaventura, ingresan armas búlgaras que estaban destinadas a una exposición militar en Bogotá, en Corferias. Humberto y Hans crearon en Bulgaria la empresa Intermachines, a través de la cual importaron dos tornos y 640 fusiles desarmados que venían en dos contenedores. Humberto es quien firma el contrato con la empresa Arsenal. Él se encarga de alterar la autorización del Ejército Nacional para la importación de los repuestos y los equipos expuestos en esa feria”, recalcó el fiscal Álvaro León Polo.El 16 de julio de 1999, Agredo cargó el arsenal en camiones y un día después llegó a los campamentos de Castaño en Córdoba. Unas fotos registraron el momento en el que los paramilitares ensamblaron las armas.Raúl Hasbún contó ante la jueza cómo ingresó un segundo cargamento con miles de fusiles por Urabá. Las armas iban en bultos de urea.“El único que tenía infraestructura para bajar era el de Chiquita y el de Banadex. Yo ahora no me acuerdo cómo se llama eso. Sí, la empresa de Banadex coordinó toda la logística de desembarco de urea. Ellos no sabían hasta ese momento que le voy contando. Allí venía un armamento. Un bulto de esos, cuando un negrito se lo echó al hombro, se empezaron a romper las trompetillas de los fusiles. Esa misma noche militarizamos el embarcadero y fuimos y sacamos sin esperar a la DIAN la urea, no toda. Nos robamos del embarcadero de Banadex los costales que venían con los fusiles adentro”, recalcó Hasbún.Según el testimonio de Hasbún, la operación del descargue de las armas quedó grabada en las cámaras de seguridad de la multinacional, mismos que no han aparecido en más de 20 años y fueron el comienzo de la inmunidad para Agredo.“Me llama el jefe de seguridad de Banadex. Me entregó un casete de las cámaras. Nosotros no nos dimos cuenta y en el desembarcadero había cámaras de seguridad. Humberto estaba al lado mío, doctora. Siempre Don Humberto, desde que llegó, estuvimos juntos. Él también salía en las filmaciones que le comento”, agregó.Los fusiles de Agredo fueron repartidos en los diferentes bloques paramilitares, dijo alias Diego Vecino: “Allá los fusiles eran pan caliente, no me vayan a dejar por fuera, traten de venderme una buena fusilería que me sirve para crecer allá en los Montes de María. Los bloques grandes acapararon el número grande. Tengo entendido que se vendió al Bloque Norte, Bloque Córdoba, Calima”.Según la Fiscalía, la gran mayoría de las armas que entregaron los paramilitares tras desmovilizarse fueron los fusiles de Agredo y su hijo.“Los grupos paramilitares durante su desmovilización entre 2003 y 2006, entregaron 18.501 armas, se desmovilizaron 31.671 personas entre hombres y mujeres. Las armas entregadas muchas eran de las 11.940 armas importadas desde Bulgaria por Agredo y Hans, padre e hijo”, complementó el fiscal León Polo.El pago a Humberto Agredo por los fusiles fue con dinero y droga, según Mancuso: “La propuesta inicial de Humberto era recibir una parte en dinero y otra en clorhidrato de cocaína a cambio de la fusilería. Pero ya él terminó pactando con Castaño y no sé cómo terminaron de hacerse los pagos. Yo sé que aporté para esa compra 700 mil dólares”.¿Por qué durante 24 años la justicia no hizo nada contra Agredo?Parte de la respuesta está en una serie de extrañas decisiones judiciales que lo favorecieron. La primera ocurrió en 2006 cuando Agredo recibió el archivo de una de sus investigaciones por tráfico de armas.“Dicha investigación terminó el 4 septiembre 2006 con una desafortunada decisión de preclusión, argumentando que no había prueba directa para relacionarlos con las importaciones”, complementó el fiscal.Diez años después, cuando los jefes paramilitares habían delatado a Agredo en sus declaraciones después de desmovilizarse, una nueva investigación también terminó por favorecerlo.Para la Fiscalía, hoy es inexplicable lo ocurrido con Agredo, mucho más considerando que el excapitán del Ejército Jorge Rojas, quien fuera su socio, aceptó cargos y fue condenado como el único responsable de la traída de los miles de fusiles búlgaros.“Llega la orden de Castaño que yo debo asumir la responsabilidad de los fusiles, porque de alguna manera había que proteger al señor Humberto Agredo porque él era el representante de la organización ante el Gobierno de Pastrana", dijo el excapitán Jorge Rojas el 8 de abril de 2016.En un nuevo intento de buscar justicia, la Fiscalía terminó llevando a Agredo y su hijo a juicio como auspiciadores de toda la barbarie de los paramilitares.Agredo y su hijo siguen prófugos de la justicia colombiana. A pesar de esto, la juez que lleva el caso se alista para dictar sentencia en las próximas semanas.>>> Vea, además: ¿Quiénes son las víctimas que Chiquita Brands deberá indemnizar por pagos a las AUC?
Familiares de nueve víctimas de Chiquita Brands recibirían una indemnización millonaria luego de que un jurado en la Corte Federal de West Palm Beach determinara que la multinacional no solo era responsable de financiar a las AUC en Colombia, sino que además debía compensar económicamente a los afectados nombrados en la demanda.El juicio duró seis semanas y al segundo día de deliberaciones, el jurado dio su veredicto, celebrado por las víctimas.Jonathan C. Reiter, su abogado, dijo que “la oportunidad que se brindó en este caso a nuestros clientes de contar sus historias en un tribunal de Estados Unidos frente a jurados y de contar sus historias sin temor a represalias, sin temor a la corrupción, sin ningún temor en absoluto, valió la pena”.La indemnización es de 38.300.0000 dólares, esto es más de 150 mil 700 millones de pesos colombianos.“Claramente, este es un paso que espera que en última instancia resulte en la resolución completa del caso para todas las víctimas. Es muy difícil saber si eso sucederá o cuándo sucederá, pero por supuesto, esa es la mayor esperanza y deseo para todos nosotros que todas las víctimas sean compensadas”, dijo la defensa.Chiquita Brands, por su parte, indicó que “consideraremos todas nuestras opciones, pero esperaríamos apelar este veredicto”.Así mismo, a lo largo del juicio, los ejecutivos de la multinacional insistieron en que los pagos fueron efectuados bajo amenazas y para proteger a sus trabajadores.A través de un comunicado, la compañía también señaló que la situación en Colombia fue trágica para muchas personas, pero que eso no cambiaba el hecho de que, según ellos, no existe base legal para las afirmaciones que dieron como resultado el veredicto.La demanda colectiva contra Chiquita Brands fue interpuesta tras un caso penal de 2007 en el que la empresa se declaró culpable de financiar al grupo paramilitar. En ese entonces, la multinacional admitió pagos a las AUC que ascendieron a 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004, inicialmente con cheques de donación a las asociaciones Convivir y después en efectivo, en la época en que el Gobierno de EE. UU. declaró a las Autodefensas Unidas de Colombia como organización terrorista.
Ante un tribunal de los Estados Unidos, la multinacional Chiquita Brands admitió haber entregado al menos 1,7 millones de dólares a las AUC. Se trató de pagos que se efectuaron entre 1997 y 2004, año en el que la compañía se fue de Colombia.>>> En contexto: ¿Quiénes son las víctimas que Chiquita Brands deberá indemnizar por pagos a las AUC?Fue solo hasta 2007 y después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando la multinacional se declaró culpable. Cabe recordar que las AUC habían sido catalogadas como un grupo terrorista por Estados Unidos en 2001.“Lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”, manifestó el Gobierno durante la audiencia de sentencia.En aquel momento, la condena incluyó una multa de 25 millones de dólares; no obstante, ese monto no fue destinado a reparar a las víctimas de la violencia de las autodefensas.Posteriormente, trascendió que entre septiembre de 2001 y enero de 2024 las operaciones de Chiquita Brands en Colombia generaron unos 50 millones de dólares en ganancias. Para el 2003 Banadex sería la operación más rentable de esa multinacional y prosperando en una de las regiones más conflictivas del país.Después de 2007 algunas víctimas interpusieron demandas contra Chiquita Brands en Estados Unidos y alegaron pagos que esa multinacional hizo a los paramilitares, mismos que asesinaron a sus familiares. Ellos reclamaron que se responsabilizara a la empresa de los daños causados.Las primeras demandas contra esa compañía se presentaron en 2007 y a partir de 2011 la multinacional intentó que se desestimara su caso, alegando que debía juzgarse en Colombia y no en Estados Unidos, un argumento que se negó en 2016.En 2019 el Tribunal Federal de West Palm Beach, Florida, consideró que no existían evidencias suficientes para determinar que las AUC asesinaron. Esto ocurrió tras excluir de manera errónea documentos del proceso de Justicia y Paz en Colombia.En 2022 el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos revocó el fallo y determinó que había pruebas suficientes sobre la participación de paramilitares en asesinatos de los familiares de los demandantes, una situación que despejó el camino de las víctimas para llegar a juicio.Fue este lunes, 10 de junio de 2024, que un jurado de una corte federal de Estados Unidos encontró a la multinacional bananera Chiquita Brands responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Por lo anterior se ordenó una compensación a las víctimas que supera los 38 millones de dólares.>>> Vea, además: Chiquita Brands sí financió a las AUC: corte de EE. UU. ordena indemnizar a víctimas
Un jurado federal de Florida, EE. UU., determinó que la multinacional del banano Chiquita Brands International sí financió a las AUC en Colombia, que dejaron miles de muertos en ese país, y tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita Brands no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de este grupo terrorista.Tampoco logró la empresa demostrar que "no tenía otra alternativa razonable" que la de "proporcionar asistencia a las AUC", según consta en el veredicto al que tuvo acceso EFE.El fallo señala además que la ayuda de Chiquita Brands a las AUC constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.Por todo ello, la multinacional fue condenada a pagar 38, 3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).¿Por qué se eligieron solo nueve víctimas?En 2017, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito seleccionó a un grupo de 9 víctimas entre más de 4.900, que son familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros, líderes sociales regionales, defensores de los derechos humanos y habitantes del Urabá antioqueño, que afirman que sus seres queridos fueron asesinados por las AUC.Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa, "bajo presión".Los abogados de la multinacional habían señalado que su cliente no tuvo más opción que pagarle cerca de 2 millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.Miles de familiares de víctimas presentaron demandas contra Chiquita Brands.Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias, cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió.En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.Víctimas celebran fallo“Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación; estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas", señaló una de las personas que debe ser indemnizada por la compañía.
Un jurado de una corte federal de Estados Unidos encontró a la multinacional bananera Chiquita Brands responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por lo anterior se ordenó una compensación a las víctimas que supera los 38 millones de dólares.>>> En contexto: Las pruebas que relacionan a Chiquita Brands con un jefe paramilitarMediante un comunicado, las víctimas de la violencia de las AUC, grupo paramilitar responsable de terribles crímenes en Colombia, manifestaron que se trató de un "resultado histórico".Tras la decisión del jurado de esa corte federal, los 38 millones de dólares deberán ser repartidos entre cada integrante de las familias nombradas en la demanda. Esto sería algo así como 2 millones de dólares por cada uno.No obstante, la compañía Chiquita Brands manifestó que esta decisión será apelada.¿Qué dicen las víctimas sobre Chiquita Brands?A través de un comunicado, las víctimas manifestaron que esta decisión “marca un hito en la lucha por la defensa de los derechos humanos”.“Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación. Estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas", afirmaron.En esa misma comunicación resaltan que, aunque el caso está siendo juzgado en Estados Unidos, se aplicó el “Código Civil colombiano por tratarse de una empresa estadounidense cuyas decisiones fueron tomadas en dicho país”.Trascendió que fueron nueve víctimas las que participaron de este juicio y cuyos familiares fueron asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia.“El proceso legal contra Chiquita Brands incluye a cientos de víctimas cuyos casos podrán ser resueltos en juicios posteriores o mediante un eventual acuerdo”, concluyó ese documento.Según Marco Simons, director jurídico de EarthRights, “este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial”.>>> Vea, además: Exrectora de colegio en Santander permitía que paramilitares abusaran de estudiantes
Después de 16 años de ser extraditado a los Estados Unidos y purgar una condena por narcotráfico, Salvatore Mancuso regresará a Colombia.Revelan diálogo inédito entre Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño sobre la pazMancuso saldrá desde un hangar, en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, a bordo de un avión del Gobierno estadounidense y se espera que en horas de la tarde del 27 de febrero llegue a la base militar Catam.Una vez el exjefe paramilitar y hoy gestor de paz pise suelo colombiano se activará un dispositivo de seguridad especial liderado por la Dijín, la cual incluye su inmediata detención, pues aún tiene dos condenas pendientes por cumplir.Mancuso no quedará en libertad y sería trasladado a una cárcel tras una orden emitida por la Sala de Justicia y Paz, por su presunta participación en más de un centenar de crímenes.Precisamente, a pocas horas de ser deportado a Colombia, Noticias Caracol conoció una conversación inédita que sostuvieron en el año 2020 el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia y el exjefe de la extinta FARC Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.En este diálogo, ambos hablaron del paso que dieron uno y otro para llenar el camino hacia la paz.“Nuestra participación junto con la de ustedes, dentro de este proceso, va a dar un panorama completo de la verdad real, de la verdad verdadera, de lo que ocurrió en el conflicto, para que esas semillas que usted acaba de nombrar no sigan siendo gérmenes que perpetúen el conflicto armado interno en Colombia”, dijo Salvatore Mancuso.Rodrigo Londoño le respondió: “Bueno, hombre, perfecto. Me parece muy bien, dejando la claridad, con otros hemos estado en escenarios hablando de estos temas. No se trata de demostrar quién fue el menos malo, o el más bueno, se trata de mostrar lo que no debemos seguir haciendo”.¿Quién es Amelia Pérez, la muy probable nueva fiscal? Mancuso y Castaño la amenazaron
