
El municipio de Itagüí aún no sale del asombro por el asesinato de Esteban Yepes, joven de 19 años, a manos de un habitante de la calle. Un experto explicó a Noticias Caracol el camino legal que le espera al presunto homicida, identificado como William Cadavid, quien ya fue judicializado por el delito de homicidio agravado, el cual no aceptó.
En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que Esteban perdió la vida por una herida con arma cortopunzante en el barrio Villa Paula, en el centro del municipio. Minutos después del terrible hecho, el habitante de calle fue capturado en un operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Ejército Nacional.
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La Fiscalía General de la Nación informó que el habitante de calle fue enviado a prisión por un juez de control de garantías. Según Esteban fue atacado de manera sorpresiva en plena vía pública mientras caminaba con su mascota junto al presunto agresor. Sin mediar palabra, el habitante de calle le causó una herida letal en el cuello.
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A pesar de las pruebas en su contra, durante las audiencias preliminares, el presunto agresor decidió no aceptar los cargos formulados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien lo señaló por el delito de homicidio agravado.
¿Podría ir a un centro psiquiátrico?
Según expertos, para el señalado hay dos caminos: Uno de ellos se alega una demencia temporal. Iván Durango, abogado penalista, indicó en Noticias Caracol que “si es una pena en un establecimiento psiquiátrico, no superará nunca los 20 años. Ahora bien, teniendo en cuenta que si esta persona en la audiencia de formulación de imputación acepta los cargos, tendrá una rebaja de hasta el 50%”, cosa que no sucedió.
Si el habitante de calle no es diagnosticado como un paciente psiquiátrico, de acuerdo con el abogado, “esta persona debe verse abocada a una pena de 40 años de prisión hasta 50 años de prisión”.
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Este caso puso sobre la mesa el aumento masivo de habitantes de calle como una problemática social en el valle de Aburrá. Solo en Itagüí han atendido entre 2024 y 2025 a 230 personas de esta población con una inversión de más de 4,500 millones de pesos.
Durango sostuvo que “estos casos son más comunes de los de lo que uno piensa. adicional. Aquí hay una clara responsabilidad del Estado. Estas personas no pueden estar conviviendo con el conglomerado”.
Entre tanto, la situación judicial del acusado podría empeorar debido a las presuntas denuncias por conductas agresivas con la comunidad en ocasiones anteriores. Apropósito, un chat muestra cómo una persona estaba pidiendo ayuda cuando estaba al interior de una panadería, pues señaló que el habitante de calle estaba pidiendo dinero de manera violenta en la zona: “Hola, buenos días. ¿Pueden enviar la Policía para Doménico, por favor? Hay un señor pidiendo y ya ha maltratado en otras ocasiones a una compañera”. Otro mensaje mostraba una fotografía del mismo hombre, con un arma cortopunzante en mano: “Este señor pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero”.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE ALFONSO CÁRCAMO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL