Un jurado federal de Florida, EE. UU., determinó que la multinacional del banano Chiquita Brands International sí financió a las AUC en Colombia, que dejaron miles de muertos en ese país, y tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.
El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita Brands no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de este grupo terrorista.
Tampoco logró la empresa demostrar que "no tenía otra alternativa razonable" que la de "proporcionar asistencia a las AUC", según consta en el veredicto al que tuvo acceso EFE.
El fallo señala además que la ayuda de Chiquita Brands a las AUC constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.
Por todo ello, la multinacional fue condenada a pagar 38, 3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).
¿Por qué se eligieron solo nueve víctimas?
En 2017, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito seleccionó a un grupo de 9 víctimas entre más de 4.900, que son familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros, líderes sociales regionales, defensores de los derechos humanos y habitantes del Urabá antioqueño, que afirman que sus seres queridos fueron asesinados por las AUC.
Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa, "bajo presión".
Los abogados de la multinacional habían señalado que su cliente no tuvo más opción que pagarle cerca de 2 millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.
Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.
Miles de familiares de víctimas presentaron demandas contra Chiquita Brands.
Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias, cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió.
En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
Víctimas celebran fallo
“Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación; estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas", señaló una de las personas que debe ser indemnizada por la compañía.
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