Clara López

En El Espinal, una reconocida empresaria, líder en ventas por catálogo y prestamista fue hallada sin vida en 2012. Las autoridades emprendieron una ardua investigación para dar con el responsable de este atroz crimen. Sin embargo, la búsqueda se prolongó durante tres años, hasta que un detalle clave cambió el rumbo del caso. El Rastro conoció el caso en 2022.Los investigadores hallaron el cuerpo de Amparo Pacheco, de 45 años, en lo que inicialmente parecía ser un accidente de motocicleta. En el lugar de los hechos encontraron un casco, un bolso, su billetera y su celular. Sin embargo, el hallazgo de dos heridas de bala en su cuerpo reveló que se trataba de un homicidio.“Me paré al frente del cuerpo de ella, todo me pasó por la cabeza. Fue un momento muy difícil, yo me quedé mucho rato ahí...Lo que más me duele es que ella no tuvo que haber muerto así”, recordó Roselli Gamboa, su esposo.En su declaración, Roselli aportó pistas sobre algunos posibles sospechosos. Mencionó nombres de personas que le debían dinero a la pareja, debido a su labor como prestamistas. Por eso, cobró fuerza la hipótesis de que el crimen estuviera relacionado con un deudor.El primero en la lista fue Guillermo Nicolás Coronado, un moroso que debía cerca de 150 millones de pesos y con quien ya habían tenido varios enfrentamientos. Incluso, existía un proceso judicial en curso contra él. Otro nombre que surgió fue el de Héctor Pacheco, hermano de la víctima y quien actuaba como intermediario en los préstamos. Según Roselli, ambos habían tenido una fuerte discusión por una suma de dinero que, presuntamente, Héctor había robado.Tres años de investigaciónEl caso fue archivado en 2015 por falta de pruebas. Sin embargo, el esposo de la víctima no se dio por vencido y continuó investigando por su cuenta, hasta que conoció a un investigador de la SIJIN que decidió retomar el caso.Tras tres años sin avances en el caso, el investigador decidió analizar minuciosamente las llamadas que Amparo recibió el día del homicidio. Fue entonces cuando un número telefónico, que había pasado desapercibido, se convirtió en la clave para reactivar la investigación.Llamada revelaría al responsable del crimenLa línea telefónica estaba a nombre de Maritza Bocanegra, una mujer desconocida para la familia. Sin embargo, en su declaración, la Policía descubrió que la línea, en realidad, pertenecía a María Clemencia, quien había utilizado una identidad falsa para comunicarse con la víctima.Además, aseguró que solo le había hecho un favor a otra mujer, quien le pidió que llamara al número de Amparo. Finalmente, confesó que actuó por solicitud de Jenny Paola Torres, la verdadera interesada en contactar a la víctima.Según testigos, Amparo no solo se dedicaba al negocio de los préstamos, sino que también era una reconocida empresaria y líder en ventas por catálogo. Este emprendimiento le generó importantes ganancias y atrajo a muchas mujeres que querían formar parte de su red comercial.El día de los hechos, esta mujer, al parecer, había solicitado una afiliación con Amparo y le pidió un encuentro para concretarla. Sin embargo, todo era parte de un plan orquestado por Jenny, una mujer de 28 años que no era desconocida entre la comunidad de vendedoras que Amparo había conformado.La verdad detrás del crimenLas autoridades lograron establecer que, el día de los hechos, María Clemencia había mantenido una constante comunicación con Marta Castro, madre de Jenny y amiga de Amparo, gracias a la cercanía que habían construido dentro del equipo de trabajo en la venta de productos.Según la investigación, en horas de la noche, Amparo se dirigía a la casa de Marta Castro, pero fue asesinada a solo 400 metros de llegar. Testigos afirmaron que, pese a haber sido informada del atroz crimen de su amiga y colega, Marta nunca salió de su vivienda.Gracias a pistas clave obtenidas a través de testimonios y registros telefónicos, el 14 de diciembre de 2015 las autoridades emitieron una orden de captura contra Jenny Torres y su madre, Marta Castro, por su presunta participación en el crimen.Según la investigación, ambas habrían planeado el asesinato con el objetivo de quedarse con el cargo que ocupaba la víctima en la empresa. Ninguna aceptó cargos.En 2018, fueron recluidas en la cárcel La Picaleña, en Ibagué. El juez condenó a las dos mujeres a una pena de aproximadamente 17 años de prisión por el delito de homicidio.