En Colombia son muchas las personas que sueñan con tener una mejor sonrisa, motivo por el que,en aras de buscar los mejores resultados, invierten grandes sumas de dinero en clínicas odontológicas reconocidas y con gran publicidad en medios. Sin embargo, Séptimo Día ha conocido varias denuncias de pacientes que aseguran que el sueño de mejorar sus dientes terminó siendo una pesadilla.Son personas que ahorraron, se endeudaron e, incluso, terminaron con su salud perjudicada tras los malos procedimientos en estas clínicas y, además, ahora no les quieren devolver su dinero. Conozca los casos de tres colombianos que se sienten engañados con los tratamientos por los que pagaron en la reconocida clínica Dentix.Las denuncias contra DentixUn sueño familiar arruinadoJhon Alexander Rico, de 43 años, confiesa que motivado a mejorar su sonrisa, algo que siempre lo hizo sentir inconforme, encontró en la publicidad de Dentix una oportunidad para su tratamiento y el de toda su familia. En enero de 2024 accedió a un plan familiar con la clínica por un valor de $16.800.000."Empezamos en febrero, luego marzo y abril. Le colocarlo brackets a mi hijo, me los colocaron a mí, le hicieron las tallas a mi hija para colocarle los aparatos para la mordida y a mi esposa la valoraron para hacerle su diseño de sonrisa", recordó Rico, señalando que este era un proceso que causaba emoción a todo el núcleo familiar.Sin embargo, la emoción se convirtió en preocupación cuando en el mes de abril la familia acudió a seguir con sus tratamientos y se encontraron con una sede cerrada. Así pasaron los meses siguientes, en los que la familia Rico intentaba programar sus citas en otras sedes, pero nunca los atendían, a pesar de que las cuotas se cobraban sin falta cada mes.Jhon y su esposa Diana Marcela han enviado varias peticiones a Dentix para cancelar su tratamiento y pedir la devolución de su dinero; pero la respuesta que han recibido son descuentos de 5% en el tratamiento o ceder los servicios a un familiar. Ante la insistencia de la pareja, finalmente la clínica les confirmó que les devolvería su dinero, pero hasta ahora no han visto un solo peso de regreso en sus cuentas."Me perforaron el seno paranasal"Heidy Paola Fraille, de 38 años, también confió en la publicidad digital de Dentix y decidió acudir a una de sus sedes en Bogotá para realizar un tratamiento de ortodoncia y tratar algunas muelas afectadas. La madre soltera llevaba años ahorrando para realizar este proceso, pues sentía que el tratamiento en la EPS tardaba demasiado por la disponibilidad de las citas.En medio de la consulta, a Heidy los profesionales de Dentix le señalaron que debían extraerle dos muelas, proceso al que ella accedió. Pero en medio de la extracción, "me perforaron el seno paranasal ... suturaba materia por boca y nariz". La mujer detalló que por el tratamiento que contrató pagó $10.000.000 en cuotas mensuales de $200.000, a pesar de que tuvo que acudir a su EPS para tratar los daños realizados en la primera intervención. Pidió la devolución de su dinero, presentando una acción de tutela por mala praxis; contrario a lo que esperaba, el juzgado falló señalando que era un tema superado, pues la respuesta de Dentix fue que los daños causados estaban contemplados "dentro de los riesgos del consentimiento informado".Además, la clínica le indica que como no se ha culminado el tratamiento, tiene un saldo a favor de más de ocho millones que puede usar en nuevos procedimientos para ella o familiares.Tratamiento por el doble de precioPor otro lado, también en Bogotá, otra paciente de esta clínica señala a Séptimo Día que "estoy pagando unos implantes que no me hicieron y no me han dado solución". Se trata de Jenny Tatiana Reales, quien en noviembre de 2021 acudió a Dentix para cambiar los implantes de cinco muelas y la extracción de cordales, según ella, porque "investigué y la empresa era muy buena".Tras una primera valoración, le indicaron que su tratamiento para mejorar la apariencia de su sonrisa sería de más de 16 millones de pesos, un tratamiento que duraría 4 años. Lo que pasó tres meses después de firmar el contrato e iniciar tratamiento es que la mujer se enteró que estaba embarazada y los médicos le diagnosticaron hipertesión arterial alta severa, motivo por el que los profesionales de la salud le indicaron que no podía seguir con ese arriesgado tratamiento odontológico, puesto que "me podía desangrar".Al exponer su situación, la clínica le ofreció un puente en reemplazo de los implantes, un tratamiento menos riesgoso. Lo que Jenny denuncia es que el procedimiento que le realizaron tiene un valor de aproximadamente cinco millones de pesos, pero Dentix le siguió cobrando los 16 millones que se pactaron en un principio. Aunque pidió la devolución de su dinero, la clínica insiste en que debe completar el pago de todo el tratamiento y, además, señala que el puente que le hicieron no funciona.Al igual que en los casos anteriores, a pesar de las quejas y peticiones de Jenny por recuperar su dinero, la clínica le ha respondido que no encuentran mala praxis en los procedimientos realizados y que tiene un saldo a favor de más de 11 millones para tratamientos propios o de terceros.¿Qué responde Dentix a estas denuncias?Según la Superintendencia de Industria y Comercio, entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2026 se recibieron 371 quejas de pacientes de clínicas odontológicas, siendo Dentix la que tiene mayor quejas registradas con 218.Séptimo Día habló con Luis Enrique Reyes, gerente jurídico de la clínica que fue constituida hace 11 años en Colombia y ahora tiene 22 sedes en el país, quien explicó que actualmente Dentix se ha declarado en recuperación empresarial, lo que no significa que estén en quiebra o insolventes, pero sí que quienes han pedido la devolución de su dinero deberán tener paciencia."Esa figura lo que nos permitió fue reorganizar las deudas del pasado. Si lo que los pacientes quieren es una devolución en dinero, seguramente deberán esperar un tiempo", aseguró. "Les garantizamos que vamos a hablar con ellos y encontrar una solución, nunca hemos tenido que comparecer a la Fiscalía por temas de estafa o hurto, a veces esas son palabras que usan las personas cuando están enojadas", concluyó al señalarse que los pacientes que acudieron a las cámaras de Séptimo Día se sienten engañados.
'El Trampolín de la Muerte', así se ha nombrado a una de las tres carreteras más peligrosas de América Latina y la más insegura de Colombia. Sin embargo, un grupo de locales insiste en cambiarle el nombre por 'El trampolín de la vida', aunque el trayecto es sumamente arriesgado, porque se ha convertido en un escenario idóneo para explorar lo mejor de la biodiversidad colombiana.El periodista Simón Posada y su equipo de Los Informantes se le midieron a recorrer este camino que ha dejado cientos de muertos en sus abismos, pero que a su vez es santuario natural para quienes lo recorren a diario y no se cansan de disfrutar de su belleza. Sus guías en este recorrido fueron Brayan Coral Jaramillo, investigador de aves, y Julián, un ingeniero civil apasionado por la conservación de este entorno.Así fue el recorrido de Los Informantes por El trampolín de la muerteEsta vía comunica a Pasto (Nariño) con Mocoa (Putumayo) y a diario es atravesada por conductores y comerciantes que transportan mercancías entre ambas capitales. El equipo periodístico inició la ruta a las 6:00 a. m. desde el Valle de Sibundoy.Brayan Coral ha vivido en la zona toda su vida. Fascinado por las aves y flores del recorrido, compró una cámara fotográfica y sus fotos se hicieron virales en redes sociales. Hoy, gracias a ese trabajo, es el contacto obligado para los turistas y científicos que desean explorar la zona.Las primeras dos paradas en el trayecto por el peligroso paso fueron unas antiguas minas de cal cerca al municipio de San Francisco y luego en un páramo para empezar el avistamiento de aves. Desde esos primeros puntos, no solo la belleza natural hablaba de la carretera, sino que también se empezaba a notar por qué este recorrido tan especial para los amantes de la naturaleza tiene ese nombre tan particular.La ruta es estrecha (3 metros), principalmente destapada, sin pavimento y sin barandas de seguridad, lo que hace que sea un paso altamente peligroso para conductores. Tiene alrededor de 80 kilómetros, con un promedio de 18 curvas en cada uno de ellos, por lo que ha sido calificado como uno de los recorridos más peligrosos de Latinoamérica, comparado con el de Los Yungas en Bolivia o El paso de los caracoles en Chile.Debido al terreno, los transportadores han establecido códigos de movilidad propios que desafían las normas tradicionales. Por ejemplo, los camiones alertan su paso minutos antes en ciertas zonas para evitar encontrarse de frente con vehículos pequeños en puntos donde es imposible dar paso.Esta carretera existe desde 1944, construida de emergencia por el Gobierno colombiano tras la guerra con el Perú para asegurar el control fronterizo. “El trazado de esto se debe a la guerra. Es un diseño muy arcaico que hoy en día sigue vigente, aunque se ha venido mejorando y ampliando”, explica el ingeniero Julián.¿De dónde viene el nombre 'El trampolín de la muerte'?La tragedia más grande, y la que le dio el nombre de 'El trampolín de la muerte', ocurrió el 19 de julio de 1991. Ese día un bus con más de 30 pasajeros se atascó y generó un represamiento de otros buses y vehículos en medio de la carretera; el mal estado de la misma y el lodo generaron un deslizamiento en el que cayeron las dos laderas, dejando cerca de 200 víctimas fatales. La fuerza del derrumbe fue tal que una ambulancia fue hallada en la cresta de una montaña vecina; un "trampolín" directo al vacío.La búsqueda por el cambio de nombreJulián, el segundo guía, reconoce que hasta hace algunos años, él era uno de esos conductores que atravesaba la vía conduciendo como un loco, pero eso cambió el día que casi pierde la vida. “Casi me salgo de la vía, entonces yo quise reflexionar y en ese momento apareció un tucán. Yo soy muy católico y comprendí que ese era el designio de Dios de decirme: ‘vaya despacio y disfrute de la naturaleza’”.Ahora, un recorrido directo que antes realizaba en dos horas, le puede tomar hasta cinco cuando decide hacerlo con calma, mientras fotografía pacientemente las aves que encuentra en el camino. “En un trayecto donde uno se baja, camina, disfruta y ya le cambia la percepción de 'El trampolín de la muerte' a 'El trampolín de la biodiversidad o de las aves'”.Después de un rato del trayecto se encuentran con el primer y casi único sitio de descanso, un restaurante llamado ‘El Refugio’, donde los conductores no solo encuentran comidas, sino también conexión a internet para mantenerse comunicados y una tradición espiritual para pedir un viaje sin contratiempos. En el lugar compran veladoras, las encienden y las dejan en una improvisada capilla para pedir protección.Los guías del equipo periodístico en esta travesía están intentando cambiar el nombre de la vía de ‘El trampolín de la muerte’ por ‘El trampolín de la vida’ porque más allá de la fatalidad que se puede encontrar en sus abismos, es una carretera rodeada de una imponente naturaleza.“Me siento muy privilegiado de haber crecido aquí en el territorio del Putumayo, vivo en una unión de ecosistemas únicos, donde se junta la Amazonía con los Andes”, señaló Brayan en medio de la ruta. Efectivamente, un recorrido pausado le puede dar a las personas una clara experiencia con todos los climas tropicales del país, pues se pasa de los 2.800 metros sobre el nivel del mar a los 600 metros, por lo que cada 100 metros se pueden encontrar flora y fauna totalmente diferentes.Actualmente, los habitantes de Pasto y Mocoa están a la expectativa de la construcción de la variante San Francisco – Mocoa, una nueva carretera que evitará a los conductores pasar por el trampolín y la cual ya está en un 30% de avance. Mientras se espera que en el futuro esa sea la vía principal para conectar ambas ciudades, los amantes de la naturaleza también esperan que ‘El trampolín de la vida’ siga siendo un recorrido natural obligado para todo el que quiera explorar la biodiversidad de nuestro país.
Con el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Colombia se prepara para su primer partido en el Grupo K. El equipo nacional se medirá contra Uzbekistán el próximo lunes 17 de junio, en medio de un ambiente de mucha emoción por el regreso del equipo al torneo. Entre los jugadores que más generan expectativa está Juan Fernando Quintero, quien llega tras consolidarse como uno de los mejores jugadores del continente.A pesar de los títulos y la fama, Quintero no ha perdido la sencillez; hace poco se le vio compartiendo con los hinchas, firmando autógrafos y tomándose fotos con niños y adultos antes de concentrarse para el debut. Pero más allá de su buena actitud, hay un dato histórico que lo pone en un lugar donde ningún otro jugador del mundo ha estado.El secreto de su zurda en Rusia 2018El nombre de Quintero está en los libros de récords por algo que pasó el 19 de junio de 2018 en el Mundial de Rusia. En el partido contra Japón, el volante antioqueño hizo algo que nunca se había visto en toda la historia de la competencia. Frente a un tiro libre, Quintero analizó la barrera y sorprendió a todos jugándosela por abajo.Esa decisión lo convirtió en el único jugador en marcar un gol de tiro libre directo por debajo de la barrera en toda la historia de los Mundiales. Además, esa genialidad significó el primer gol por esa vía para Colombia en sus participaciones mundialistas.De la Comuna 13 a callar críticas por su estaturaPara llegar a este récord, Quintero tuvo que superar muchos obstáculos desde que empezó a jugar a los seis años en la escuelita de su tío Freddy en Medellín. Aunque su talento con la zurda era evidente, su estatura de 1.68 metros hizo que muchos no creyeran en él. El momento más duro fue cuando un técnico de una selección juvenil le dijo que, por ser tan bajito, mejor se dedicara a ser vigilante.Ese desplante lo marcó, pero también lo hizo más fuerte. El jugador recordó ese episodio en una entrevista con Los Informantes en el 2018: "Fue duro, yo no lo puedo negar, fue muy duro, pero eso me ayudó mucho en su momento para fortalecerme mental y anímicamente".Una infancia marcada por su pasión por el fútbolJuan Fernando Quintero nació en Medellín el 18 de enero de 1993. Creció en la Comuna 13, una de las zonas más golpeadas por la violencia en esa ciudad. Desde los 6 años empezó a jugar fútbol junto a sus primos, así comenzó a soñar con ser un futbolista renombrado.“Éramos una serie de primos que hacíamos parte de esa escuelita de fútbol, y es ahí cuando empieza mi historia, o mi pasión por el fútbol”, contó en Los Informantes.Su único juguete fue un balón al que aprendió a dominar como si fuera una extensión de su cuerpo. A los 9 años tenía claro cómo moverse en la cancha y empezaba a hablar con la madurez de un futbolista profesional. Sin embargo, su camino no fue fácil. A pesar de las críticas por su estatura, Juanfer siguió adelante. Debutó profesionalmente en Envigado F.C. en 2009 y luego pasó por Atlético Nacional, donde se destacó y fue transferido al Pescara de Italia. Su carrera internacional siguió en el FC Porto; Stade Rennais, de Francia; Shenzhen FC, en China, y River Plate en Argentina donde ha estado en tres oportunidades.En River Plate vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. En la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors, disputada en Madrid, España, Juanfer marcó el gol que convirtió en ídolo del equipo argentino. Ese gol le dio el histórico título a River.Además de la Libertadores, Juanfer ha sido figura en Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Racing Club de Argentina, donde ganó la Copa Sudamericana 2024. Actualmente juega nuevamente en River Plate tras un breve y polémico paso por el América de Cali.Con la selección Colombia disputó los Mundiales de 2014 y 2018, y fue subcampeón de la Copa América 2024. Es uno de los pocos futbolistas colombianos que ha jugado finales de Libertadores, Sudamericana y Copa América.Para Juanfer, este será su tercer Mundial. Su experiencia, talento y liderazgo serán fundamentales para esta importante competición.Calendario de Colombia en el Mundial 2026Los partidos de la Tricolor en el Grupo K se jugarán a mediados de junio de 2026 de la siguiente manera: el esperado debut de Colombia será el jueves 11 de junio, el segundo encuentro de la fase de grupos se disputará el martes 16 de junio, y el cierre de esta primera etapa para los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrá lugar el domingo 21 de junio.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.
El 5 de agosto de 2019, la vida de Sandra Milena Cuesta, una madre trabajadora de la comuna 8 de Medellín, se detuvo. Marlon Andrés Cuesta, su hijo menor de tan solo cinco años, desapareció tras haber quedado al cuidado de un conocido en el barrio Villatina. Lo que inicialmente se reportó como el extravío de un menor, pronto se transformó en una operación de búsqueda a gran escala que involucró a toda la ciudad y a las autoridades de infancia y adolescencia. Séptimo Día investigó este caso. Durante once días, la incertidumbre consumió a la familia Cuesta. Sandra recordaba a su hijo como el motor de su existencia: “Ese niño era la motivación mía. El que siempre estaba ahí conmigo era él Marlon, era mi compañero”. Mientras la Policía y la comunidad realizaban rastreos casa por casa y marchas con camisetas blancas, los responsables del rapto se encontraban camuflados entre los manifestantes. Kevin, un adolescente de 17 años que vivía en la misma casa que Sandra, y sus amigos, participaron activamente en las velatones y jornadas de búsqueda para desviar las sospechas.El hallazgo en una zona boscosaLa esperanza de encontrar a Marlon con vida se desvaneció el 16 de agosto de 2019. El avistamiento de gallinazos en un sector boscoso del barrio alertó a los vecinos. Zoila Rosero, líder comunal y conocida de la familia, fue una de las primeras en llegar al sitio del hallazgo: “Y yo me vengo sin chancla sin celular corriendo... El niño está envuelto en lonas”.El cuerpo de Marlon Andrés fue encontrado dentro de un costal, envuelto en sábanas y una cortina, con sus extremidades atadas. La inspección técnica reveló la crueldad del ataque. Los peritos determinaron que el menor no murió de inmediato, sino que permaneció con vida entre siete y ocho días después de su rapto, sufriendo agresiones continuas antes de ser asesinado."Fue una venganza": esto dijo uno de los implicadosLa investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial rápidamente vinculó a Kevin, el vecino menor de edad. Meses antes del crimen, el adolescente había ingresado a la vivienda de Sandra para hurtar varios electrodomésticos. “Se me llevó microondas, se me llevó licuadora”, explicó Sandra sobre el robo antes de la tragedia.En lugar de denunciar formalmente, la situación fue escalada por grupos ilegales que controlaban la zona, quienes obligaron a Kevin a devolver los objetos y lo expulsaron temporalmente del barrio tras propinarle una golpiza. Este hecho generó un resentimiento profundo en el joven. Cristian Camilo Serna, uno de los condenados a 60 años de prisión, habló durante una entrevista desde el centro penitenciario: “Porque él a veces le decía a mi hermanito que estaba ofendido con la mamá del peladito que porque casi lo hacía matar de los manes de la vuelta”.Bajo esta premisa, la muerte de Marlon no fue un hecho accidental, sino una retaliación directa contra su madre. El plan consistió en raptar al niño cuando se encontraba solo, trasladarlo a la habitación contigua de la misma casa donde vivía y mantenerlo cautivo mientras el país entero lo buscaba.Justicia y condenas en medio de la indignaciónLa captura de los implicados se produjo de forma escalonada tras el allanamiento a la vivienda de Kevin, donde se hallaron fragmentos de la cortina utilizada para envolver el cadáver y rastros biológicos que confirmaron que el menor estuvo allí. Kevin y Sebastián, ambos de 17 años en el momento de los hechos, aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciados a ocho años en un centro para menores infractores, la pena máxima permitida para su edad.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
En los edificios y conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal en Colombia, uno de los debates más frecuentes gira en torno al pago del mantenimiento de los ascensores. Este tema se vuelve especialmente sensible cuando involucra a los propietarios de apartamentos ubicados en el primer piso, quienes suelen considerar que no están obligados a asumir ese gasto porque no utilizan el servicio. Sin embargo, la respuesta a este interrogante no es tan simple y exige un análisis detallado de la Ley 675 de 2001 y de la forma como esta se aplica en la práctica.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Propietarios de apartamentos en primer piso deben pagar mantenimiento de ascensores?La norma que suele citarse en estas discusiones es el parágrafo tercero del artículo 29 de la Ley 675 de 2001. Allí se establece que los propietarios de bienes privados ubicados en el primer piso no están obligados a contribuir a los gastos de mantenimiento de los ascensores cuando no requieren su uso. A primera vista, la regla parece clara. No obstante, como explicó a Noticias Caracol Rafael Gómez, abogado especializado en derecho inmobiliario, “si uno analiza lo que dispone el parágrafo tercero del artículo 29 de la Ley 675 del 2001, a pesar de ser claro, se vuelve prácticamente inaplicable, salvo en ciertos tipos de conjunto muy específicos”.De acuerdo con este abogado, la dificultad está en la excepción que contiene la misma norma. Aunque el artículo abre la puerta a una exoneración, también señala que esta no aplica si, a pesar de que el apartamento esté en el primer piso, el propietario necesita utilizar el ascensor para acceder a cualquier otro bien, ya sea privado o común. En palabras de Gómez, la ley establece que “si a pesar de que el apartamento quede en el primer piso, requieren utilizar el ascensor para acceder a cualquier zona, estarían obligados a hacer ese pago”.¿Qué pasa cuando el parqueadero está en el sótano?Este punto es clave para entender por qué, en la mayoría de los edificios actuales, los propietarios del primer piso terminan pagando el mantenimiento del ascensor. En la práctica, la mayoría de los conjuntos residenciales cuentan con zonas comunes ubicadas en pisos diferentes al primero. Entre ellas se encuentran parqueaderos en sótanos, cuartos de basuras, terrazas, salones comunales, gimnasios, saunas, jacuzzis o zonas infantiles. Incluso cuando estos espacios no se utilizan de manera frecuente, el hecho de que existan y estén ubicados en otros niveles implica que el acceso puede requerir el uso del ascensor.Gómez pone ejemplos concretos para ilustrar esta situación. Señala que, aunque una persona decida no usar el ascensor por costumbre, eso no cambia la obligación legal. “Si usted es muy deportista y baja al sótano por las escaleras, lo siento, su parqueadero está ubicado en otro nivel, tiene que contribuir”. Lo mismo ocurre, según explica, con las zonas sociales ubicadas en pisos altos: “El día que las quiera utilizar va a tener que hacer uso del ascensor”.Desde esta perspectiva, el debate que se da en muchas asambleas de copropietarios surge, en gran medida, del desconocimiento de la norma. Gómez sostiene que “el debate siempre es desde el desconocimiento, porque entonces toda la gente del primer piso dice alguna vez, cuando se le hace caro el mantenimiento, ‘¿yo por qué tengo que pagar si yo nunca lo uso?’”. Sin embargo, la ley no se basa en el uso cotidiano o en la voluntad personal de utilizar el ascensor, sino en la posibilidad objetiva de necesitarlo para acceder a bienes del conjunto.La exoneración prevista en la ley, según el análisis del abogado, aplica únicamente en situaciones muy particulares. Se trataría de conjuntos donde absolutamente todas las zonas comunes y privadas estén ubicadas en el primer piso y no existan sótanos, terrazas, ni ningún otro espacio en niveles diferentes. Gómez explica que esto podría darse en algunos proyectos antiguos de vivienda de interés social, donde había edificaciones sin ascensor, sin parqueaderos subterráneos y sin zonas comunes elevadas. En esos casos, la norma sí podría tener aplicación real.En los edificios modernos, con diseños verticales y múltiples áreas comunes distribuidas en distintos niveles, la excepción pierde vigencia práctica. Incluso el acceso a un bien de uso exclusivo o privado, ubicado fuera del primer piso, como un depósito o un parqueadero, sería suficiente para generar la obligación de contribuir al mantenimiento del ascensor.Este análisis también abre la puerta a otros debates dentro de la propiedad horizontal. Gómez menciona, por ejemplo, la discusión que se ha presentado con algunos locales comerciales externos que cuestionan el pago de ciertos costos de administración, como la vigilancia. Aunque la ley no prevé reglas específicas para todos estos escenarios, el principio general de contribución a los gastos comunes sigue siendo el eje central del sistema.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El Gobierno Nacional ha iniciado la hoja de ruta para garantizar la normalidad en la jornada democrática que se avecina para lasc consultas interpartidistas y al Congreso de la República. Actualmente, se avanza en la construcción del decreto de orden público que establecerá las reglas de seguridad para el próximo 8 de marzo, fecha en la que el país acudirá a las urnas para elegir a los miembros del Legislativo y definir los candidatos de las consultas interpartidistas.Ley seca confirmada en todo el territorioUna de las medidas más relevantes fue anunciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó la implementación de la ley seca. Esta restricción al consumo y venta de bebidas alcohólicas entrará en vigor en todo el país a partir del sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a.m.Respecto a la seguridad en los límites nacionales, el ministro Benedetti aseguró que habrá cierre de fronteras el 7 de marzo, aunque el horario exacto aún está bajo análisis. Las opciones que contempla el Ejecutivo son:12:00 m. (Mediodía)6:00 p.m.La indecisión responde a una búsqueda de equilibrio económico. El sector comercial de las zonas fronterizas, explicó el minisro, ha manifestado su preocupación, argumentando que un cierre prolongado impacta severamente sus ingresos. Por ello, el Gobierno evalúa una medida que proteja el proceso electoral sin generar un perjuicio excesivo a la economía local. "Habrá unas medidas en el decreto de orden público que se está construyendo. Entre esos temas, para que nos vayamos enterando, está la Ley Seca desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m. El cierre de fronteras será el 7 de marzo; yo he propuesto que sea a las 12:00 p. m., pero hay que estudiar si se hace desde las 7:00 p. m. como siempre, pues personas de la frontera me dicen que se afecta mucho el comercio. El cierre irá hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m."Tenga en cuenta la siguiente tabla para programarse el el próximo fin de semana del 7 de marzo y evite amonestaciones:MedidaInicioFinalizaciónLey Seca7 de marzo (6:00 p.m.)9 de marzo (6:00 a.m.)Cierre de Fronteras7 de marzo (Hora por definir)Por definirEn cuanto a las reuniones políticas, Benedetti dijo que desde este lunes 2 de marzo y durante una semana, estas solo podrán hacerse en recintos cerrados. "A partir del lunes 2 de marzo y hasta el lunes 9 de marzo de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados. El Ministerio del Interior designó enlaces en los 32 departamentos y en la ciudad capital, quienes estarán presencialmente desde el jueves 5 de marzo para acompañar y articular el proceso electoral con las entidades territoriales", explicó. Finalmente, el funcionario dejó claro que para este 4 de marzo se convocará un Puesto de Mando Unificado (PMU) de las elecciones que se hagan en el exterior. "Hemos citado para el próximo 4 de marzo en Bogotá la última comisión de seguimiento electoral, para que sepan que se convocará para ese día, al mismo tiempo, el PMU de las elecciones en el exterior. Desde el domingo al mediodía estaremos con el señor procurador y el señor registrador, o sus delegados, para montar el PMU. Nosotros lo instalaremos desde el jueves o el viernes; ojalá nos acompañen para la intervención del Puesto de Mando Unificado la semana que viene. Estaremos en Bogotá prestos a advertir todos los temas de seguridad, sobre los cuales nos estamos reuniendo constantemente con la cúpula militar", dijo. JULIÁN CAMILO SANDOVALNOTICIAS CARACOL DIGITALJSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO
En Colombia, el despido con justa causa no depende solo de lo que sucede dentro del lugar de trabajo o durante la jornada laboral. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 62, permite la terminación del contrato cuando el comportamiento del trabajador, aunque ocurra por fuera del horario laboral, tenga relación directa con el vínculo laboral o afecte de manera clara la relación con el empleador. Cabe aclarar que cuando se despide con justa causa el trabajador no tiene derecho a una indemnización.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué dice el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo?El artículo 62 enumera las justas causas para la terminación del contrato de trabajo, tanto por parte del empleador como del trabajador. En el caso del despido, la norma establece varias situaciones en las que la empresa puede dar por terminado el contrato sin obligación de pagar indemnización. Algunas de estas causales se refieren a actos que pueden presentarse por fuera del horario laboral y, en ciertos casos, fuera del centro de trabajo. La clave está en la conexión entre el comportamiento del trabajador y la relación laboral. La norma no exige que todos los hechos ocurran durante la jornada. Exige que exista impacto en el vínculo contractual.Conductas por fuera del horario laboral que pueden dar lugar al despido con justa causaEl artículo 62 permite el despido cuando se presentan comportamientos que vulneran deberes básicos del trabajador, aunque se den fuera del horario laboral. Estos son algunos de los casos más relevantes que se desprenden del texto legal.1. Actos de violencia, amenazas o injuriasLa norma permite despedir al trabajador cuando incurre en actos de violencia, amenazas o injurias contra el empleador, los directivos, los compañeros de trabajo o los clientes. El artículo no limita estos actos al espacio físico del trabajo ni al horario laboral. Si un trabajador amenaza a un superior por fuera de la jornada, o agrede verbalmente a un compañero en un espacio diferente al laboral, el empleador puede invocar esta causal, siempre que el hecho tenga relación con la actividad laboral o con personas vinculadas a la empresa.2. Daños intencionales contra bienes del empleadorOtra causal prevista en el artículo 62 es el daño material causado de forma intencional a los bienes del empleador. Este daño puede ocurrir por fuera del horario laboral. Por ejemplo, si un trabajador causa daño a equipos, vehículos o herramientas de la empresa en un momento distinto a la jornada, el empleador puede invocar esta causal si se demuestra la intención y la relación con el contrato. No se trata de accidentes ni de hechos ajenos al trabajo. La norma exige que el daño sea causado de manera consciente y que los bienes estén vinculados a la actividad laboral.3. Actos delictivos relacionados con el empleadorEl Código permite el despido cuando el trabajador comete actos delictivos en perjuicio del empleador, de los compañeros o de los clientes. Un hecho delictivo ocurrido por fuera de la jornada puede ser causal de despido si afecta la confianza necesaria para la continuidad del contrato. El empleador no está obligado a mantener el vínculo cuando se rompe esa confianza por hechos demostrables.4. Violación grave de obligaciones o prohibicionesEl artículo 62 remite también a la violación grave de las obligaciones y prohibiciones que señala la ley, el reglamento interno o el contrato de trabajo. Muchas de estas obligaciones se extienden más allá del horario laboral. Por ejemplo, el deber de confidencialidad no termina cuando finaliza la jornada. Si un trabajador divulga información de la empresa en su tiempo libre, el hecho puede ser evaluado como una violación grave.Las 15 causas de despido sin indemnización, según el Código Sustantivo del TrabajoPara ser más claros, Noticias Caracol le comparte todas las causas de despido con justa causa, según el Código Sustantivo del Trabajo:El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores.Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores.Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o aun por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato.El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del {empleador}.La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las obligaciones convencionales o legales.Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del {empleador} o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa.La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al {empleador} de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
La historia de Fénix, un perro en condición de calle atropellado por una motocicleta en Bogotá, resume una realidad que se repite en las vías del país. El 23 de enero, en horas de la madrugada, el animal fue embestido por un motociclista. Mientras la ambulancia contactada por el SOAT atendió al conductor, Fénix quedó tendido en la calle con una fractura en su columna, sin poder caminar y sin recibir atención durante más de ocho horas. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Hoy sigue con vida gracias a rescatistas, aunque recuperandose de dos costosas cirugías, pero su caso volvió a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿quién responde cuando un animal es víctima de un accidente de tránsito?Ese vacío es el que busca atender el proyecto de ley “Huellas Vivas”, una iniciativa radicada ante el Congreso de la República por el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Camilo Londoño Barrera, que propone llevar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) a la atención médico-veterinaria de animales atropellados en las vías de Colombia.El proyecto plantea una modificación estructural al Código Nacional de Tránsito, con el fin de reconocer a los animales domésticos, amansados y a la fauna silvestre vertebrada como víctimas de hechos de tránsito. Esto permitiría garantizarles atención inmediata, oportuna y en condiciones dignas tras un atropellamiento, algo que hoy no existe dentro del sistema obligatorio de seguros.¿De qué se trata el proyecto de ley?Actualmente, cuando ocurre un accidente vial en el que resulta herido un animal, la carga económica recae casi por completo sobre ciudadanos, rescatistas independientes o fundaciones de protección animal. En muchos casos, como el de Fénix, la falta de recursos retrasa la atención o la hace imposible, causando la muerte de animales inocentes. Por fortuna en este caso el perro fue rescatado por Melisa Rodríguez rescatista de animales desde hace más de 20 años y trasladado a la Clínica Dover, donde permanece en observación luego de una cirugía de columna compleja y costosa, mientras sus cuidadores adelantan colectas para cubrir los gastos médicos.La Ley Huellas Vivas surge precisamente como respuesta a esta realidad poco visibilizada. De acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, miles de animales mueren cada año en carreteras y zonas urbanas sin recibir atención alguna, no porque no exista la voluntad de ayudar, sino porque no hay un mecanismo institucional claro que active su auxilio.De aprobarse, el proyecto permitiría que el SOAT cubra gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios derivados de accidentes de tránsito que involucren animales. El objetivo no es equipararlos jurídicamente a las personas, sino asegurar una respuesta del Estado frente a estas emergencias.“Este proyecto no solo habla de bienestar animal, sino de responsabilidad vial y sensibilidad social frente a la vida que también habita nuestros territorios”, ha señalado el representante Londoño al resumir el espíritu de la iniciativa. En ese sentido, la propuesta también se alinea con la Ley 1774 de 2016 que reconoce a los animales como seres sintientes, incorporando un enfoque de solidaridad social, respeto por la vida y compromiso ambiental.El proyecto cuenta con respaldo multipartidista y pretende que se asuma gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios originados por siniestros viales. Además, plantea la necesidad de establecer protocolos claros de actuación tras un atropellamiento, fortaleciendo la respuesta institucional y evitando que los casos dependan exclusivamente de la buena voluntad de terceros.El proyecto inició su trámite legislativo en la Cámara de Representantes el 27 de enero de 2026. Su discusión y eventual aprobación marcarían un precedente en la forma en que Colombia aborda la protección animal en el contexto de la seguridad vial, integrando bienestar animal, responsabilidad ciudadana y acción del Estado en un mismo marco legal.Por ahora, Fénix permanece en proceso de recuperación y bajo observación médica, mientras su cuidadora adelanta colectas para cubrir los elevados gastos derivados de su tratamiento. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose directamente con ella a través de sus redes sociales.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Arrendar viviendas o locales comerciales en Colombia se ha convertido en una práctica muy común, principalmente porque representa una fuente estable de ingresos adicionales para miles de familias. Mientras el costo de vida aumenta y la economía exige saber manejar los recursos, tener una propiedad destinada al arriendo es visto como una inversión segura y rentable. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Muchas personas adquieren apartamentos, casas o incluso pequeños locales comerciales con el objetivo de generar flujo de efectivo mensual que complemente su salario o pensión. Además, el mercado de arrendamiento es dinámico: la alta demanda de vivienda en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, sumada a la movilidad laboral y estudiantil, garantiza que siempre haya interesados en alquilar. Este ingreso extra no solo ayuda a cubrir gastos como créditos hipotecarios, impuestos y mantenimiento, sino que también se percibe como una estrategia para construir patrimonio a largo plazo. Pero, ¿sabía que un propietario podría perder su casa o apartamento por errores que cometan los inquilinos? Hay casos especiales y Noticias Caracol consultó con una abogada experta en temas inmobiliarios.¿Propietarios podrían perder su vivienda por culpa de los inquilinos?Sí, puede pasar. En Colombia, si su apartamento o su casa se usa para actividades ilegales —aunque usted no lo sepa— el Estado puede iniciar un proceso de extinción de dominio y dejarle sin la propiedad. Esto se encuentra en la Constitución (art. 34) y se desarrolla en el Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014). La extinción de dominio es la declaración judicial de que un bien pasa a ser del Estado, sin compensación, cuando se demuestra que es producto, instrumento u objeto de una actividad ilícita, o cuando integra un patrimonio injustificado. No necesita que exista condena penal previa contra alguien: el proceso se enfoca en el bien, no en la persona. La definición legal es clara: “consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social”, que se declara por sentencia y sin contraprestación para el afectado. El procedimiento tiene dos fases: una preprocesal (investigación y medidas cautelares) a cargo de la Fiscalía, y la de juzgamiento, ante un juez, en la que los afectados pueden controvertir pruebas y decisiones.¿Por qué un arrendador puede perder su inmueble por el “error” del inquilino?Noticias Caracol consultó con Luisa Sánchez, abogada inmobiliaria, quien señaló que el propietario de un inmueble puede perder la propiedad por extinción de dominio cuando se usa como medio o instrumento para cometer delitos (por ejemplo, expendio de estupefacientes, almacenamiento de mercancía ilícita, trata, etc.). En esa hipótesis, lo que se juzga no es la tradición del bien, sino su uso contrario a la función social y ecológica de la propiedad. La Corte Constitucional ha sido directa: el incumplimiento de la función social de la propiedad implica un deber de diligencia del propietario. Si usted arrienda, tiene la obligación de verificar la destinación efectiva del predio, y de actuar para impedir que el inquilino despliegue actividades delictivas. No se le exige omnisciencia, pero sí acciones razonables: revisión de antecedentes, cláusulas contractuales, visitas, denuncias si hay indicios, etc. La Fiscalía y los jueces de extinción ocupan y extinguen inmuebles usados como puntos de narcomenudeo; en esas actuaciones se imponen embargos y suspensión del poder dispositivo incluso antes de la sentencia, como medidas cautelares para frenar la actividad criminal.¿Qué pasa con la presunción de buena fe del arrendador?El Código Civil colombiano, en su artículo 769, establece que “la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria”. Esto significa que, en principio, el arrendador se considera de buena fe cuando celebra un contrato de arrendamiento, salvo que exista prueba de su mala fe. Sin embargo, esta presunción no es absoluta. Cuando surgen situaciones que podrían derivar en problemas legales —como la destinación ilícita del inmueble por parte del arrendatario—, recae sobre el arrendador la responsabilidad de demostrar que actuó con diligencia, prudencia y sin culpa. Este estándar de buena fe cualificada implica que el propietario debió tomar medidas razonables: verificar la identidad del inquilino, incluir cláusulas claras de uso lícito, realizar visitas periódicas y reaccionar ante señales de actividad sospechosa. No basta con alegar desconocimiento; la ley exige un comportamiento proactivo para mantener la presunta buena fe en su contratación.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca restringir el acceso a atención médica específica para niños y jóvenes transgénero por medio de un nuevo reglamento del Departamento de Salud. Esta nueva normativa, al que ha tenido acceso la radio pública NPR, entraría en vigor en noviembre y pretende prohibir que los pacientes transgéneros menores de 18 años reciban rembolso federal cuando sean atendidos bajo los principales programas de salud médica del país, informó el pasado jueves la emisora.La medida pretende que los pacientes no puedan obtener tratamiento gratuito bajo el Programa de seguro Médico para Niños (Chip), que cubre a todos los estadounidenses con menos de 19 años. Los alcances de esta norma no se detendrían ahí, ya que se prevé que a su vez los hospitales nacionales no recibirán recursos para brindar atención pediátrica de afirmación de género, es decir que los menores no serán atendidos bajo un enfoque que priorice su identidad.Un funcionario del Centro de servicios de Medicare y Medicaid, los programas públicos de salud más importantes del país, dijo a NPR que las normas podrían estar listas para entrar en vigor en los próximos días. Estás nueva normativa alentada por el Gobierno Trump está siendo criticada por especialistas en salud que aseguran que pondrán en serias dificultades las posibilidades de acceso a atención pediátrica en el país a menores transgénero.En la actualidad 27 estados ya prohíben la atención pediátrica de afirmación de género y, desde su vuelta al poder, Trump ha iniciado una retórica y políticas contra las personas transgénero que incluyó una orden ejecutiva para prohibir el financiamiento de procedimientos de cambio de sexo en enero pasado.Las fuertes normas de Trump contra la comunidad LGBTIQ+Desde que el mandatario regreso a la casa blanca este año, ha decidido impulsar fuertes leyes contra la comunidad LGBTIQ+. En enero decretó que Estados Unidos iba solo a reconocer dos géneros, hombre y mujer, en su gobierno y prohibió que las personas transgéneros no pudieran servir en cualquier puesto del ejército estadounidense, lo que llegó a afectar, de acuerdo con lo publicado por la BBC, a unos 4.200 militares transgénero que hay en las fuerzas armadas estadounidenses, aunque otras estimaciones llegan a ser más altas, llegando a ser unos 10.000 efectivos.A eso se han compartido relatos de distintos soldados a los cuales de tipo de normas han sido perjudiciales para su identidad de género, como el caso de Kara Corcoran, expuesto por el mismo medio Inglés. Corcoran, quien lleva 17 años en el ejército de Estados Unidos, fue comunicada dos días antes de su grado en un programa de liderazgo militar de élite que tendría que cumplir con las normas masculinas, lo que significaba portar el uniforme masculino de la institución y cortarse el cabello que se había dejado crecer desde le notificó al Ejército que se identificaba como mujer en 2018.Otro caso similar fue el relatado por Rae Timberlake, oficial naval identificado como no binario quien en el 2020 afirmó que salir del armario como persona no binaria le ayudó a aclarar su identidad. "En cuanto oí el término 'no binario', supe que encajaba", declaró a la BBC. Lo que, luego del anuncio del presidente, hizo que Timberlake tenga que dejar su carrera por procedimientos de separación involuntaria. "Ver cómo Rae pierde su carrera es doloroso", afirma su esposa, Lindsay.ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPONOTICIAS CARACOL CON INFORMACIÓN DE EFE
Frisby España anunció este martes 7 de octubre que dejará de usar productos de la marca Chocoramo en su menú y confirmó que la empresa colombiana Juan Valdez decidió no concretar ninguna colaboración comercial con ellos. La decisión se da en medio de la controversia que generó la promoción de una malteada elaborada con el tradicional ponqué colombiano, la cual despertó una ola de reacciones en redes sociales y llevó a Productos Ramo S.A.S. a emitir un pronunciamiento oficial.En un comunicado titulado “Frisby España anuncia la interrupción del aprovisionamiento de productos Chocoramo y la ausencia de colaboración con Juan Valdez, abriendo nuevas oportunidades a productores de excelencia”, la cadena informó que tomó la decisión “en relación con los acontecimientos y la polémica reciente, así como con los intercambios mantenidos con Productos Ramo S.A.S.”.La empresa aseguró que, aunque mantiene su postura legal respecto al uso “descriptivo y legítimo” de productos adquiridos legalmente en Europa, resolvió “interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocoramo y buscar alternativas entre productores que valoren la oportunidad de crecimiento y desarrollo que representa la llegada de Frisby España al mercado europeo”.La compañía explicó además que lamenta la negativa de Juan Valdez a participar en una alianza comercial debido a la controversia generada por terceros. “Lamentamos que Juan Valdez haya decidido no colaborar con nuestra compañía debido a la polémica generada por terceros. Frisby España sigue convencida de que las alianzas deben construirse sobre el respeto, la visión compartida y la confianza mutua”, indicó.Frisby España añadió que los acuerdos que inicialmente estaban previstos con las marcas colombianas “habrían representado una fuente económica significativa para las empresas concernidas, generando riqueza para sus países de origen y la creación potencial de empleos directos e indirectos dentro de sus estructuras productivas. Una oportunidad que lamentablemente no ha sido aprovechada”.En el mismo comunicado, la empresa informó que abrirá una convocatoria dirigida a “proveedores de ponqué, bizcochos o productos equivalentes de alta calidad —de América Latina o de cualquier otra región— que representen la excelencia, la autenticidad y el orgullo de su oficio”. Según la firma, el objetivo es trabajar con productores que compartan su visión de “calidad, compromiso y colaboración” y deseen proyectar su trabajo en el mercado europeo.La cadena de comida rápida también anunció que seleccionará directamente su café “en origen”, trabajando con productores independientes y desarrollando una marca propia que será distribuida exclusivamente en sus restaurantes. “Nuestro objetivo es crear un café que, por su calidad, autenticidad y sabor, pueda igualar e incluso superar a los productos actualmente ofrecidos por grandes compañías como Juan Valdez u otras marcas del sector”, agregó.La decisión se conoce pocos días después de que Frisby España presentara en redes sociales una bebida llamada malteada de Chocoramo, elaborada con el icónico ponqué cubierto con chocolate fabricado por Productos Ramo en Colombia. La promoción usaba la frase: “Ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… ahora en shake”, acompañada de la aclaración: “Se elabora con productos originales de @chocoramoficial y @productosramo. La mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido”.La empresa defendió entonces su derecho a usar materias primas adquiridas legalmente, al afirmar que “como cualquier operador, tiene derecho a adquirir y emplear materias primas disponibles en el mercado”. En su mensaje, también pidió “a los medios de comunicación y al público no caer en el sensacionalismo y hacer uso del sentido común”. En la imagen de la malteada aparecían, además, las frases “Producto importado” y “Frisby España SL – Marca ‘Frisby’ registrada en la U.E.”.Lo que había respondido Ramo a la nueva malteada de Chocoramo de Frisby EspañaEl anuncio de la empresa europea desató una reacción inmediata de Productos Ramo, que publicó un comunicado para aclarar que no existía ningún tipo de vínculo comercial con Frisby España. “Productos Ramo S.A.S. informa a la opinión pública que, en días recientes, una marca de alimentos con sede en España ha difundido contenidos promocionales en los que se menciona el uso del Chocoramo como parte de una nueva propuesta gastronómica. Frente a esta situación, aclaramos que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”, indicó la compañía colombiana.Ramo también reiteró que “cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional”. En el mismo mensaje, la empresa agradeció a sus consumidores “el interés y cariño que expresan por nuestra marca y productos”, y señaló que ese respaldo los motiva “a seguir trabajando con transparencia y respeto en pro del fortalecimiento de la industria nacional y sus marcas”.La polémica por la malteada se produce en medio del conflicto legal que mantiene Frisby España con Frisby S.A. BIC, la empresa pereirana que fundó la marca hace 48 años. El pleito, que aún está en estudio ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), definirá si la compañía colombiana puede conservar sus derechos sobre la marca en Europa o si estos pasan a la firma con sede en Madrid.Según Frisby España, la empresa colombiana “ha optado por mantener una estrategia de bloqueo marcario, sin uso efectivo en el territorio europeo, sustentada únicamente en amenazas judiciales”. En un pronunciamiento anterior, la compañía europea aseguró que Frisby S.A. BIC “en ningún momento ha manifestado intención alguna de servir a los consumidores europeos. Su estrategia parece centrarse exclusivamente en impedir que un tercero lo haga”.Frisby S.A. BIC, por su parte, respondió que “iniciaremos las acciones legales respectivas como parte de la defensa de nuestros derechos sobre la marca FRISBY y nuestro personaje icónico Pollo Frisby”. Ambas partes están a la espera de la decisión de las autoridades de propiedad intelectual, que deberá resolver quién tiene la titularidad de la marca en el continente europeo.Mientras tanto, la cadena española busca reposicionarse tras la controversia. En su último comunicado, Frisby España insistió en que su compromiso es ofrecer productos de calidad elaborados por marcas que valoren su alianza y a sus clientes. “Nuestros clientes merecen respeto, autenticidad y compromiso. Nos esforzamos por ofrecerles no solo los mejores productos, sino también marcas que los valoren y los representen, no aquellas que han decidido darles la espalda”, concluyó.LAURA NATHALIA QUINTERO. NOTICIAS CARACOL DIGITAL.
En Colombia, las pollas futboleras se han convertido en una tradición recurrente en los espacios laborales, especialmente durante eventos deportivos de gran magnitud como el Mundial de Fútbol o la Copa América. Para muchos trabajadores, estas actividades representan una forma de integración, entretenimiento y escape de la rutina. Sin embargo, lo que parece una práctica inofensiva puede tener consecuencias legales serias, incluso llegar a ser causal de despido con justa causa.Noticias Caracol habló con un abogado experto e investigó el Código Sustantivo del Trabajo para conocer por qué organizar o participar en una polla futbolera, rifas o cualquier tipo de colecta en el trabajo podría poner en riesgo la estabilidad laboral del trabajador.¿Qué es una polla futbolera?La expresión “polla futbolera” hace referencia a una apuesta informal en la que los participantes predicen el resultado de un partido de fútbol. Cada persona aporta una suma de dinero y quien acierte el marcador se lleva el total recaudado. Aunque no se trata de una actividad organizada por operadores legales de juegos de azar, su dinámica se asemeja a una rifa o apuesta, lo que la convierte en una práctica regulada por la legislación colombiana. Estas pollas suelen organizarse entre compañeros de oficina, muchas veces con el objetivo de fomentar la camaradería. No obstante, el hecho de que se realicen dentro del lugar de trabajo, o incluso durante la jornada laboral, las convierte en una actividad prohibida por la ley.El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 60, establece de manera explícita las prohibiciones aplicables a los trabajadores. En su numeral sexto, señala que está prohibido: "Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo". Esta disposición no distingue si la actividad se realiza con fines recreativos, si es voluntaria o si se lleva a cabo fuera del horario laboral. Lo relevante es que se desarrolle en el entorno laboral, lo cual basta para que se configure una infracción.Además, el artículo 62 del mismo código establece las causales de despido con justa causa. Entre ellas se encuentra la violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, como las contenidas en el artículo 60. En otras palabras, participar en una polla futbolera, rifa o cualquier colecta en el trabajo puede ser considerado una falta grave que justifique la terminación del contrato laboral sin derecho a indemnización. Noticias Caracol consultó con Jorge Manrique, abogado laboral, quien confirmó, en efecto, que esta falta puede ser una causa para despido.¿Por qué se prohíben estas actividades?La razón detrás de esta prohibición no es simplemente limitar el esparcimiento de los trabajadores. El objetivo es preservar el orden, la disciplina y la concentración en el entorno laboral. Las colectas, rifas y pollas pueden generar distracciones, conflictos entre compañeros, malentendidos sobre el manejo del dinero, o incluso situaciones de acoso o presión para participar.Además, desde el punto de vista legal, estas actividades pueden ser interpretadas como una forma de juego de azar no autorizado. En Colombia, los juegos de suerte y azar están regulados por la Ley 643 de 2001, que establece que el Estado tiene el monopolio sobre su explotación. Solo los operadores autorizados por Coljuegos, la entidad reguladora, pueden organizar este tipo de actividades. Las pollas futboleras, al no contar con dicha autorización, se consideran ilegales si se realizan en espacios públicos o laborales.¿Qué pasa si el empleador permite o promueve las pollas o rifas?La prohibición no solo recae sobre los trabajadores. El artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo también establece que los empleadores no pueden "hacer, autorizar o tolerar rifas, colectas o suscripciones en los sitios de trabajo". Esto significa que, si la empresa permite o promueve estas dinámicas, también estaría incurriendo en una falta que puede acarrear sanciones legales. En este sentido, tanto trabajadores como empleadores tienen la responsabilidad de mantener un entorno laboral libre de actividades que puedan interferir con las funciones propias del trabajo o que contravengan la normativa vigente.¿Qué pasa si participo en una polla futbolera?Las consecuencias que puede enfrentar un trabajador por una conducta inapropiada varían según el reglamento interno de cada empresa. En muchos casos, si se trata de una primera infracción, el empleador puede optar por un llamado de atención, ya sea verbal o por escrito, como una medida disciplinaria leve. Sin embargo, si la conducta se repite o genera conflictos, podría aplicarse una suspensión temporal sin remuneración. En situaciones más graves, el empleador tiene la facultad de terminar el contrato con justa causa, lo que implica despido inmediato sin derecho a indemnización. Además, si el caso involucra manejo de dinero, es posible que se abra una investigación interna que podría derivar en consecuencias legales adicionales.Si bien la ley prohíbe estas actividades dentro del lugar de trabajo, no impide que los trabajadores se reúnan fuera del horario laboral y en espacios ajenos a la empresa para realizar dinámicas similares. En ese caso, se recomienda:No utilizar canales de comunicación corporativos (como correos institucionales o grupos de WhatsApp laborales) para organizar la polla.No realizar la actividad dentro de las instalaciones de la empresa.No involucrar a superiores jerárquicos ni utilizar recursos de la empresa.Asegurarse de que la actividad no interfiera con las funciones laborales ni con la imagen de la organización.Para expertos en derecho laboral, muchas personas desconocen estas disposiciones legales, lo que las lleva a incurrir en infracciones sin saberlo. Sin embargo, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Por ello, se recomienda a los trabajadores informarse sobre sus derechos y deberes, y a los empleadores establecer políticas claras en sus reglamentos internos. Además, se sugiere que las empresas promuevan actividades de integración que no impliquen apuestas o manejo de dinero, como concursos de conocimientos, trivias deportivas sin premios monetarios, o actividades recreativas que fomenten el trabajo en equipo sin infringir la ley.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Arrendar una casa, una habitación o un local comercial es una fuente de ingresos adicional para miles de familias en Colombia. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, si un inquilino comete un delito dentro de la propiedad, el dueño, por más inocente que sea, podría enfrentarse a la peor de sus pesadillas: perder el inmueble por la Ley de Extinción de Dominio. La investigación, en Séptimo Día.Esta ley, pensada para combatir las estructuras criminales, le permite al Estado tomar posesión de bienes utilizados para actividades ilícitas. El problema, según denuncian numerosas familias en todo el país, es que la norma no distingue entre culpables e inocentes, dejando a propietarios de buena fe en la calle y sin el patrimonio que construyeron con años de esfuerzo.“No tenemos tranquilidad de pensar que en cualquier momento van a venir a decirle ‘sálgase que esto es del gobierno’”, relata con angustia Renato Durán Guatame, un hombre de 74 años que, junto a sus cinco hermanos, todos adultos mayores, está a punto de perder la casa que sus padres les dejaron en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Su historia, como la de otras familias, es un doloroso testimonio de cómo un error al elegir a un inquilino puede costar una vida entera de trabajo.El caso de la familia Durán Guatame: pagar por confiarPara los seis hermanos Durán Guatame, la casa en la que han vivido desde 1961 es más que ladrillos y cemento; es el legado del sacrificio de sus padres. Para ayudarse con los gastos, decidieron seguir la tradición familiar de arrendar una habitación, un ingreso extra para pagar los servicios y el predial. En agosto de 2022, por recomendación de otros arrendatarios, le alquilaron un cuarto a un hombre de nacionalidad venezolana. Durante tres meses, fue un inquilino ejemplar. “Pagaba puntual 400.000 pesos mensuales. Yo veía que siempre estaba cocinando, preparaba sus almuerzos y se iba, los vendía”, recuerda una de las hermanas.La tranquilidad se rompió la madrugada del 13 de diciembre de 2022, cuando la policía irrumpió en su hogar. El inquilino, de nombre Rubén, era buscado por pertenecer a una banda delincuencial conocida como 'Los Nikes'. En su habitación, las autoridades encontraron drogas. Una de las hermanas narra el momento: “una muchacha policía sacó una bolsita así, entonces yo le pregunté a ella que qué era eso y ella me dijo que eso era droga”.Aunque el hombre fue capturado y la familia colaboró con la justicia, tres meses después, la Fiscalía 43 les notificó el embargo de la casa, iniciando un proceso de extinción de dominio. “Nosotras no hemos hecho nada malo en la casa que dejaron nuestros papás para que nos pasara esto. O sea, confiar en una persona”, lamenta otra de las hermanas. Ahora, se enfrentan a un posible desalojo por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad encargada de administrar los bienes incautados. “Fue un error inocente haberle arrendado a un extraño. Nosotros no sabíamos qué hacía”, confiesa uno de los hermanos, reflejando la impotencia de una familia que ve cómo se desvanece su único techo.Motos robadas y un desalojo fulminanteLa historia de Carlos García en el barrio Lombardía de Suba, Bogotá, es igualmente dramática. En 2016 compró una casa con un crédito bancario y la arrendaba para ayudarse con la deuda. En 2019, le arrendó el segundo y tercer piso a un extranjero que trabajaba en un parqueadero cercano. Meses después, el inquilino le pidió en arriendo verbal un local en el primer piso “para meter unas cosas ahí del parqueadero”.El 13 de junio de 2019, la esposa de Carlos, que luego perdió la vida en medio de la situación, lo llamó desesperada: la policía estaba allanando la propiedad. En el local encontraron motocicletas robadas. El inquilino aceptó su responsabilidad en la audiencia y fue condenado, negando cualquier vínculo con los dueños de la casa. Carlos pensó que lo peor había pasado, pero luego recibió la notificación de extinción de dominio y se hizo efectivo el desalojo. Las puertas y ventanas fueron selladas con soldadura, y él perdió todo poder sobre su casa.“Uno dice: ‘No, yo voy a perder mi casa, voy a perder todo el esfuerzo que he hecho, todos los años de trabajo, todo mi patrimonio’ para venir en un instante y que el estado prácticamente le diga ‘tiene que salirse de acá’”, cuenta Carlos con la voz quebrada. Su abogado, Carlos Acevedo, explica que la Fiscalía actuó rápidamente tras el desmantelamiento de una banda dedicada al hurto de vehículos, afectando a 14 inmuebles, incluido el de su cliente.Alertaron a la Policía y perdieron su casaEn Fusagasugá, Cundinamarca, la familia Chingaté Baracaldo vive una situación absurda para muchos. Arrendaron el primer piso de su casa, construida con el dinero que ganaron vendiendo tintos y trabajando en la plaza de mercado. A los 15 días, un vecino les advirtió que la nueva inquilina vendía estupefacientes.Preocupados, los dueños de casa acudieron a las autoridades para denunciar la situación. “Fuimos a la policía y les dijimos: ‘Es que imagínese que nosotros le arrendamos a una gente así y así, y esa señora vende droga. Necesito que nos ayude’”, relata un familiar. Confiaron en que las autoridades actuarían y su problema terminaría. Pero la realidad fue otra. Días después, su casa fue rodeada por el Ejército y la Policía en un allanamiento donde encontraron 32 gramos de marihuana.A pesar de que ellos mismos alertaron sobre el delito, 18 años después, la familia enfrenta una orden de desalojo de la SAE. La Fiscalía, en respuesta a Séptimo Día, informó que un juzgado declaró la pérdida del inmueble en 2013, concluyendo que la propietaria “no cumplió con su deber de vigilar y cuidar su casa”. Hoy, la familia, compuesta por adultos mayores, vive con la esperanza de que la Corte Constitucional revise su caso y detenga el desalojo. “Fuimos revictimizados. Fuimos víctimas de unos arrendatarios, sí, y fuimos víctimas de la justicia”, resume uno de los afectados.¿Qué dice la ley y qué se puede hacer?La Ley de Extinción de Dominio permite al Estado reclamar bienes que proceden de actividades ilícitas o que son usados para cometerlas. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra estos bienes a través de medidas cautelares mientras un juez toma una decisión final, un proceso que puede tardar años. Actualmente, la SAE administra alrededor de 32.000 inmuebles en estas condiciones.Expertos y congresistas reconocen que hay un problema. Germán Varón, ponente de la ley en 2013, admite que “en la mayoría de los casos, yo diría que casi en un 90%, (el dueño del inmueble) no es una persona que participe del ilícito”, sino alguien que arrienda de buena fe. El problema, según él, es la falta de jueces, lo que demora los procesos hasta por 18 años, causando un grave perjuicio a los propietarios.Por su parte, la senadora Paloma Valencia señala que es necesario revisar la ley para proteger a los propietarios de buena fe, especialmente a los de bajos ingresos. La ley actual “necesita tener conciencia de que hay personas que no son culpables que caen ahí”, señaló.Actualmente no hay en estudio ningún proyecto de ley para reformarla y, mientras tanto, los afectados insisten en que se debe ser más estricto al firmar contratos de arrendamiento, pero subrayan la urgencia de una reforma legal para que nadie más pierda su casa por confiar en la persona equivocada.
En medio del debate nacional sobre las fallas de la Ley de extinción de dominio, que ha despojado de sus bienes a propietarios inocentes por delitos cometidos por terceros, surge el caso de la familia Rojas Sanabria en Villavicencio. Aunque no perdieron su vivienda, quedaron atrapados en un sistema judicial lento y en manos de arrendatarios inescrupulosos.Para Edith y su esposo Armando José, el mayor sueño era construir un hogar sólido. Con enorme esfuerzo compraron un lote y reunieron los recursos necesarios para levantar su vivienda. Sus hijos, Carlos e Iván, aún recuerdan ese logro: “La primera vez que entramos era ver la belleza, ver el trabajo de mis padres al culminar”, relató Carlos en Séptimo Día.Un negocio que se volvió pesadillaCon el paso de los años, los padres envejecieron y el sector de Villavicencio cambió: dejó de ser residencial para convertirse en una zona comercial. Por motivos de salud, los hijos convencieron a Edith y Armando de mudarse a un lugar más tranquilo. Fue entonces cuando nació la idea de arrendar la propiedad.En abril de 2012 tomaron la decisión de arrendar la vivienda. Según recuerdan, apenas pusieron el aviso, llegaron “muchísimas personas” interesadas. Finalmente, optaron por alquilarla a una pareja que se presentó como hoteleros de Bogotá con la intención de montar un negocio.La confianza fue inmediata. Tanto así, que Gustavo y Luz, los arrendatarios, les pidieron retirar el aviso y firmaron el contrato.El documento quedó debidamente redactado con las cláusulas estándar y se pactó por un año, bajo la expectativa de que la vivienda sería devuelta en las mismas condiciones en que se entregaba. Los Rojas Sanabria estaban “fascinados” porque, por primera vez, obtenían una ganancia de la casa, recibiendo incluso dos meses de arriendo por adelantado.El negocio funcionó sin problemas durante siete años, hasta que todo cambió después de pandemia. Los propietarios, conscientes de la situación, especialmente para el sector hotelero, actuaron de buena fe.“Ellos empezaron a tener dificultades para pagar y nosotros entendimos, por eso, le decíamos que paguen si no el 50% o que este mes no paguen. O sea, hubo varios beneficios que les dimos”, afirmó Edith.Sin embargo, cuando la economía empezó a normalizarse, la situación no mejoró. “Cambiaron las reglas de juego, jugaron una doble pasada y ellos se impusieron lo que ellos querían”, relató Carlos. Después los inquilinos no volvieron a pagar “absolutamente nada”.Incluso, la familia contó que los arrendatarios llegaron a pedirles que asumieran, en su nombre, un préstamo ante el Gobierno Nacional, con el argumento de que con ese dinero saldarían la deuda que tenían con ellos, petición a la que se negaron. “Nos quedaron debiendo por lo menos 300 millones de pesos”, aseguró Edith.“Murió esperando que entregaran la casa"Ante la desesperación, a finales de 2020, los Rojas Sanabria acudieron a la justicia para hacer valer sus derechos. “Ellos duraron cinco años ahí, con su hotel funcionando, con su negocio arrendado y sin darnos nada de plata”, agregó.Para los hermanos Carlos e Iván, el dolor supera incluso a la indignación, pues mientras aguardaban el respaldo de la justicia colombiana, su padre, Armando, enfermó y falleció en 2023.“Murió esperando que nos entregaran la casa. Se enfermó. Uno miraba la angustia de mi padre, mientras la enfermedad lo fue deteriorando y la tristeza”, relató Carlos conmocionado.La familia insistió que se siente doblemente afectada, pues fueron víctimas tanto de los inquilinos como del sistema: “Fuimos revictimizados, fuimos víctimas de unos arrendatarios, y fuimos víctimas de la justicia”, lamentó Iván.El equipo de Séptimo Día intentó comunicarse con Gustavo, el hombre señalado, e incluso lo buscó en Acacías, Meta, para conocer su versión frente a las denuncias, pero no aceptó dar una entrevista.Una propiedad destruidaEl 16 de julio de 2025, por orden de un juez y después de 5 años, les devolvieron su casa, según ellos, en condiciones “deplorables”.La vivienda fue devuelta en condiciones lamentables. Los daños eran evidentes, demostrando que los inquilinos no solo habían incumplido el contrato de pago, sino también el cuidado básico del inmueble.“Los señores quitaron puertas de la entrada, la encontraron absolutamente deteriorada, pelada, manchada, sin nada. Es más, en un cuarto quitaron hasta el sanitario”, relató Iván. Aunque la familia aseguró haber firmado un contrato con todas las cláusulas para protegerse, para él fue el Estado el que no cumplió con su deber de brindarles esa protección.A diferencia de otros casos que terminan en extinción de dominio, donde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra el bien, la familia Rojas Sanabria retuvo la propiedad, aunque esta haya sido devuelta en ruinas y con un enorme déficit económico y emocional.La mayor motivación de los hermanos es devolverle la alegría y la tranquilidad a Edith, su madre. “Esperamos con ansias darle la felicidad de saber que la casa vuelve a ser de ella”, expresó uno de ellos.Ley de extinción de dominio en ColombiaEn Colombia rige la ley de extinción de dominio, que le otorga al Estado la facultad de reclamar y tomar posesión de los inmuebles que provienen de actividades ilícitas o que son utilizados con esos fines. Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hay en promedio 32.000 inmuebles, entre apartamentos, casas, depósitos y parqueaderos, que están bajo poder del Estado y son administrados por la entidad en medio de procesos de extinción de dominio.El caso de la familia Rojas Sanabria se suma a las voces que piden una revisión profunda de las leyes, pues en muchos casos terminan castigando a ciudadanos honestos que actuaron de buena fe al confiar en sus arrendatarios.
El expresidente Juan Manuel Santos, a menos de un día para que se abran las urnas de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, aclaró por medio de su cuenta de X que no está apoyando ninguna candidatura, y que su único interés "es que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución del 91 y que avancemos hacia un país más próspero, en paz y más unido". La aclaración se presenta luego del mensaje del expresidente durante su visita a Washington (Estados Unidos), en la cual sostuvo una reunión con exembajadores y exfuncionarios del país norteamericano. Según lo que contaron a Noticias Caracol personas presentes en este evento, el exmandatario mencionó lo siguiente: “Yo sí estoy interesado en defender mi legado. Yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”.Aunque inicialmente se interpretó como un guiño al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, Santos aseguró en sus redes sociales que se ha "mantenido al margen de la política electoral", como lo dijo anteriormente, después de salir del poder. "No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar (...) La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse". El mensaje de tranquilidad de las instituciones sobre la segunda vueltaEntre tanto, las instituciones del país han realizado diversos mensajes de tranquilidad para los comicios de segunda vuelta, invitando tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos a respetar los resultados del próximo domingo. El registrador nacional Hernán Penagos resaltó las garantías de transparencia, vigilancia y control: “Colombia cuenta con uno de los sistemas electorales más abiertos a la observación electoral nacional e internacional (...) En total, se trata de 1.150 observadores internacionales y 15.483 observadores nacionales, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada en todo el territorio". Iris Marín, defensora del Pueblo, instó “a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas. A desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización. A evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente”. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “alterarnos no va a cambiar los resultados”, por lo que solicitó a los ciudadanos “a que después de votar permanezcan en sus casas tranquilos. Sus votos van a estar totalmente protegidos. 1'230.000 colombianos van a estar protegiéndolos”.Asimismo, Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró en Noticias Caracol en vivo: "La observación electoral ya está lista, está desplegada. Llevamos una semana observando en el exterior donde tenemos 201 observadores que han estado pendientes en más de 50 ciudades de cómo van las elecciones en los 116 consulados. En Colombia vamos a tener 147 observadores internacionales en Barranquilla, Bucaramanga, en Nariño, en Huila, en Bogotá y vamos a tener 2.632 observadores y observadoras distribuidos en 445 municipios". LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El rapero y compositor español Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, estrena su primera película como director. Se trata del documental "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", "un viaje íntimo atravesado por el sonido de un guitarrista prodigioso y el dolor de un secreto familiar exorcizado por el poder de la música flamenca", según se lee en un comunicado.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La película "explora la vida, la música y la historia personal de uno de los guitarristas más fascinantes del flamenco contemporáneo. Lo que comienza como el retrato de un artista excepcional, pronto se transforma en una investigación profundamente humana sobre la memoria, la familia y las heridas que atraviesan generaciones".C. Tangana se sienta en la silla de director y logra llevar su documental hasta el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes festivales de cine de Europa y el mundo. "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" inauguró la sección New Directors y recibió una Mención Especial del jurado. "Se ha consolidado como uno de los documentales musicales más destacados del año, obteniendo dos Premios Goya: a Mejor Documental y a Mejor Canción Original por 'Los Almendros'. También participó en festivales internacionales como el de Rotterdam y recibió nominaciones a los Premios Platino y del Círculo de Escritores Cinematográficos de España", agregaron sobre la cinta.La película se centra en el guitarrista y compositor Yerai Cortés, nacido en Alicante y considerado una de las voces más innovadoras del flamenco actual. "Formado en los tablaos más importantes de España, ha colaborado con figuras como Farruquito, Rocío Molina, Niño de Elche y el propio C. Tangana. Su estilo combina la tradición flamenca con una sensibilidad contemporánea que le ha permitido acercar el género a nuevas audiencias. Su primer álbum y este documental consolidan una carrera llamada a convertirse en una de las más importantes del flamenco de su generación", dieron a conocer sobre el músico.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio, algunos colombianos están consultando si fueron designados como jurados de votación por la Registraduría Nacional. Este rol es fundamental para garantizar la transparencia en una jornada donde más de 40 millones de colombianos están habilitados para sufragar y elegir quien será la persona que llegará a la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. El cumplimiento de los jurados de votación es de carácter obligatorio. Los ciudadanos designados para esta tarea son personas mayores de 18 años y menores de 60, que cuentan con al menos un décimo grado de escolaridad. La selección se realizó mediante un sorteo electrónico aleatorio, utilizando bases de datos de instituciones educativas, empresas y partidos políticos. La entidad también realiza notificaciones a través de sus canales oficiales para asegurar que todos los ciudadanos estén informados sobre su compromiso con la democracia. Es obligatorio que los designados asistan a las jornadas de formación técnica para conocer el manejo del material electoral. Durante el domingo de elecciones, los jurados tendrán bajo su responsabilidad funciones claves como:Recibir el documento de identidad de los ciudadanos y verificarlo en el formulario E-10.Registrar los nombres y apellidos de cada sufragante en el formulario E-11.Firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante.Custodiar la urna.Diligenciar y entregar al sufragante el certificado electoral (si lo hubiere) con el documento de identidad.Efectuar los escrutinios de mesa.Registrar los resultados en los documentos electorales.Multa por faltar como jurado de votación Según la normativa vigente, las personas que no asistan a cumplir con sus funciones o las abandonen sin una causa justificada enfrentarán graves consecuencias. En el caso de los servidores públicos, la sanción consiste en la destitución de su cargo. Para los ciudadanos que no trabajan en el sector público, la multa puede ascender hasta los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que en 2026 equivale a aproximadamente 17,5 millones de pesos. En el caso de que el seleccionado como jurado de votación no asista debido a prohibiciones en su lugar de trabajo, la Registraduría indica que los nominadores o jefes de personal serán sancionados con la destitución del cargo si son servidores públicos. De no serlo, con multas equivalentes a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.¿Cómo consultar si es jurado de votación?La Registraduría ha dispuesto un canal oficial para que los ciudadanos realicen esta verificación. Para saber si usted es jurado de votación el domingo 21 de junio, debe seguir estos pasos:Ingrese a la página web oficial de la entidad: www.registraduria.gov.co.Una vez en el portal principal, busque y haga clic en el botón denominado "Consulta jurado de votación".En este módulo, el sistema le informará si fue seleccionado como jurado, indicándole la mesa y el lugar asignado.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Con el propósito de garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada de segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia de este 21 de junio, la Alcaldía de Santiago de Cali anunció la implementación de ley seca en todo el territorio del distrito, así como otras medidas de control dentro del marco del Plan Democracia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La administración distrital se adhirió al Decreto 0612 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, por el cual se dictan varias medidas pensadas para salvaguardar el orden público en el territorio. La restricción de la ley seca comenzará a regir desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante este periodo estará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos de la ciudad.Además de la ley seca, las autoridades anunciaron restricciones relacionadas con el transporte de elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad ciudadana. Por ello, estará prohibido el traslado de escombros, cilindros de gas y otros materiales considerados de riesgo.De igual forma, no se permitirá la venta de combustible en recipientes diferentes al tanque de los vehículos, como una medida preventiva para evitar situaciones que puedan alterar el orden público. La administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las disposiciones establecidas y a colaborar con las autoridades y la Fuerza Pública para que la jornada electoral se desarrolle en completa tranquilidad.“Acata las medidas que buscan mantener el orden público en la ciudad. Junto a la Fuerza Pública trabajamos por una jornada electoral segura”, indicó la Alcaldía de Cali en la información divulgada sobre las medidas del Plan Democracia.El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, presentó las medidas que adoptara la ciudad ante el Concejo. La ciudad contará con más de 4.000 uniformados de la Policía y refuerzos del Ejército para garantizar la seguridad en los 216 puestos de votación habilitados en la ciudad. Además identificaron a la desinformación como uno de los principales riesgos para las votaciones. María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Lotería de Santander vuelve a jugar este viernes 19 de junio de 2026 con una nueva oportunidad para miles de colombianos que esperan acertar el número y la serie ganadora del premio mayor de $6.500 millones. Este tradicional sorteo continúa siendo uno de los más importantes del país y cada semana reúne a jugadores que buscan cambiar su suerte.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Resultados Lotería de Santander hoy, 19 de junio de 2026Una vez finalice el sorteo oficial, estos serán los resultados correspondientes a la jornada de este viernes:Número ganador: 1217Serie: 254Los resultados oficiales son publicados por los canales autorizados de la Lotería de Santander, donde los participantes pueden verificar si su billete resultó favorecido.¿Cómo se juega la Lotería de Santander?Para participar, los jugadores deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras, una serie específica y tres fracciones que pueden comprarse de manera individual o completa.Para obtener el premio mayor es necesario acertar tanto el número como la serie sorteada. Además, la lotería cuenta con diferentes premios secos y aproximaciones que permiten ganar incluso sin coincidir exactamente con la combinación principal.Plan de premios de la Lotería de SantanderLa Lotería de Santander ofrece un premio mayor de $6.500 millones, además de otros incentivos como:1 premio seco de $700 millones.2 premios secos de $500 millones.3 premios secos de $300 millones.4 premios secos de $200 millones.7 premios secos de $100 millones.20 premios secos de $50 millones.10 premios secos de $20 millones.15 premios secos de $10 millones.También existen premios por aproximaciones, como coincidencias en las primeras o últimas cifras del número ganador y combinaciones relacionadas con la serie.¿Dónde comprar la Lotería de Santander?Los billetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en diferentes regiones del país, así como en plataformas digitales y redes de comercialización habilitadas por el operador.El valor del billete completo es de $18.000 pesos colombianos, mientras que cada fracción tiene un costo de $6.000 pesos.¿Cómo reclamar un premio?Los ganadores deben conservar el billete original en buen estado y presentarlo junto con un documento de identidad válido para iniciar el proceso de cobro.Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren trámites adicionales directamente ante las oficinas de la Lotería de Santander. Asimismo, los pagos están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana vigente.Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante canales oficiales y conservar el billete hasta confirmar si fue ganador.
