Como resultado de extensas investigaciones de la Policía Nacional y la Fiscalía, la verdad detrás de los asesinatos del joven patrullero Alexander Aguilar en Dos Quebradas, Pereira, y del director regional de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria, en Barranquilla, apunta a un móvil común: la traición planeada por sus parejas sentimentales. Estas son las historias y la resolución de los casos que revelaron una trama de engaños, triángulos amorosos y sicariato. El Rastro investigó los hechos.El crimen del patrullero AguilarAlexander Aguilar, un joven patrullero de la Policía Nacional, soñador y humilde, inició su carrera el 1 de marzo de 2019 en la estación de Policía de Dosquebradas, Pereira. Nacido en Montería, la capital ganadera de Colombia, Alexander, que solo era el único varón en su familia, era un joven de "sonrisa contagiosa energía desbordante y con un imán para las mujeres". Sus compañeros y familiares lo recuerdan como una persona que "nunca le decía que no" y que no era peleón ni violento.Su corta carrera, sin embargo, fue brutalmente interrumpida. Cuatro meses después de empezar a ejercer, el 25 de julio de 2019, Alexander fue asesinado. El caso llegó a las autoridades a las 9:58 p.m., cuando reportaron un homicidio en el barrio Puente Blanco, corregimiento de Puerto Caldas.El subintendente Johnny Andrés Moreno Muñoz, investigador del caso, encontró la macabra escena: un hombre con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, que no tenía documentos, solo un celular.La pista clave para la identificación fue un casco de motocicleta hallado cerca del lugar de los hechos al día siguiente. Este elemento permitió a las autoridades rastrear al propietario, Carlos Alberto Morelo. Morelo manifestó que le había prestado el casco al patrullero Alexander Aguilar el día anterior, confirmando así que el occiso era él.La investigación rápidamente se enfocó en la vida personal de Alexander. La inspección a su habitación en la estación de Policía reveló recibos de compra para un cofre de anillo y giros de dinero a Mónica Yesenia Londoño Olguín, residente en Cartago.Mónica, madre soltera de dos hijos, era la mujer con quien Alexander Aguilar sostenía una relación sentimental. Su mejor amigo, Oswal Norve Rincones Pantoja, atestiguó que Alexander estaba muy ilusionado y hasta pensaba en matrimonio. Sin embargo, comentó que Alexander la conoció en una casa de citas en Dos Quebradas.A pesar de las advertencias, Alexander estaba muy ilusionado con ella, dicen sus familiares, y el vínculo se profundizó cuando ella le anunció, a través de Messenger, que estaba embarazada. No obstante, señalan que la relación era "tóxica" y conflictiva. A finales de junio, Alexander encontró a Mónica con otro hombre, lo que marcó el peor momento de la relación y lo llevó a una profunda depresión.El triángulo amoroso y la emboscadaUna semana después del asesinato, una fuente humana informó a las autoridades que el homicida era Jonier Ocampo Marín, alias Copete, residente en Cartago. En un allanamiento a la vivienda del sujeto, aunque él no fue hallado, su hermana, Fátima, reveló que sostenía una relación con Mónica Yesenia Londoño Olguín. Ella misma relató que Copete llegó a casa la noche del crimen, 25 de julio, en una motocicleta con características idénticas a la de Alexander.La intercepción de comunicaciones confirmó que la hipótesis del crimen por un triángulo amoroso era sólida. Más adelante, el análisis forense del teléfono de Alexander demostró el plan macabro.El patrullero llegó a la cita, cerca del puente en Puerto Caldas, a las 8:52 p.m.. Mónica le escribía "insistentemente" preguntando el lugar exacto. Aproximadamente a las 9:30 p.m., llegó el sicario. La triangulación de llamadas reveló que Mónica Yesenia se comunicó con alias Copete antes, durante y después de ejecutarse el crimen.La Fiscalía determinó que Mónica Yesenia Londoño fue la mente criminal y que ella le había inventado que estaba en embarazo “para poder sacarle dinero".El 18 de septiembre de 2019, se ordenó la captura de Mónica Yesenia Londoño y Jonier Fabián Ocampo Marín (alias Copete).Mónica, tras negarse a aceptar cargos inicialmente, cambió de parecer el 5 de febrero de 2020 y decidió aceptar los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Mónica declaró que lo hacía por el bienestar de sus hijos: "yo acepté cargos porque el bienestar de mis hijos para mí ellos son mi vida". Fue condenada a 19 años y 4 meses de cárcel.Por su parte, alias Copete fue capturado el 10 de febrero de 2020 en un sector conocido como La Carbonera, donde se dedicaba a quemar carbón. Optó por someterse a juicio y logró dilatar el proceso por dos años. Fue puesto en libertad provisional por vencimiento de términos. Meses más tarde, en un enfrentamiento con la Policía donde causó la muerte a otro patrullero, Copete fue ultimado.La viuda acusadaEl Rastro también investigó el asesinato de Eduardo Pinto Viloria, un médico forense que se desempeñaba como director regional de Medicina Legal en Barranquilla. Pinto, de 35 años casado con Dayana Jassir De la Hoz desde 2008, a quien conoció en una parranda en Maicao.Eduardo fue hallado muerto en su casa en el barrio Sevillar, con tres disparos en la espalda. Dayana Jassir De la Hoz, la viuda, manifestó que el crimen ocurrió en medio de un atraco. Según su versión, ella y su conductor habitual fueron interceptados por un taxi por dos sujetos armados. Estos la obligaron a regresar a casa, allí llamó a Eduardo para que abriera la puerta y en ese momento los asaltantes ingresaron. El asaltante que subió a Eduardo a la segunda planta bajó luego de escuchar tres disparos.Dayana le dijo a la familia que los ladrones creyeron que Eduardo traía una caja de dinero que había sacado de Medicina Legal. Sin embargo, la actitud de la mujer en los días posteriores generó sospechas y la mamá de la víctima la señaló como responsable desde el primer momento.La investigación de la DIJÍN se centró en los videos de las cámaras de seguridad y el análisis de las grabaciones reveló una inconsistencia con la versión del atraco. Las cámaras captaron el momento en que el taxi interceptó el vehículo de Dayana, pero en "ningún momento se ejerce violencia” y los asaltantes ingresaron al vehículo “muy tranquilos".Una fuente secreta suministró la placa del taxi (UYS232), identificando al conductor como Miguel Ángel González Reales. La intercepción telefónica de Miguel Ángel llevó a la identificación de alias Ñeco (Alberto Mario Cabrera Barrios) y alias Chucho (Jesús Gutiérrez Arrieta).Lo más revelador fue que Johan Beltrán, el conductor de Dayana, había mentido a las autoridades al afirmar que no había hecho llamadas esa noche. En realidad, se registraron 19 llamadas entre él, Chucho y Ñeco durante la madrugada del crimen.El mes y medio posterior al asesinato, fueron capturados Miguel González, Jesús Gutiérrez Arrieta (alias Chucho) y Johan Beltrán. En las audiencias, se conoció el dinero pactado por el asesinato de Eduardo Pinto: $29 millones.Finalmente, los testimonios de Chucho y Johan confirmaron la autoría intelectual de la mujer. Según Chucho, Dayana sabía lo que iba a ocurrir y fue la esposa quien tuvo una vinculación "total" en el crimen. Johan Beltrán, tras un regaño de su padre, manifestó que ella dio la orden de matar a Eduardo y "fue la que dio el dinero para que cometieran el homicidio".La Directora de Fiscalías, Ángela María Bedoya, afirmó que Dayana había contratado a estas personas a través de Johan porque "quería mantener su relación amorosa con el señor Johan".Dayana Jassir fue capturada el 27 de junio de 2016, acusada de ser la autora intelectual y financiadora del crimen. Los autores materiales y coautores aceptaron cargos: Johan Beltrán, Jesús Gutiérrez Arrieta (alias Chucho) y Miguel González fueron condenados a 19 años de prisión, mientras que Alberto Mario Cabrera (alias Ñeco) fue condenado a 17 años.Dayana Jassir no aceptó los cargos y se inició un largo proceso judicial. Aunque un juzgado penal de Barranquilla la absolvió inicialmente en noviembre de 2024, el Tribunal Superior de la ciudad revocó la sentencia de primera instancia. Dayana Jassir fue condenada a 57 años y 6 meses de cárcel por el asesinato de su esposo, Eduardo Pinto Viloria. Dayana, quien continúa en la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla, apelará esta decisión.
La modalidad del “gemeleo de placas” o falsedad marcaria está dejando a conductores inocentes con deudas millonarias, embargos y procesos judiciales. Séptimo Día investigó cómo operan las redes criminales y cuáles son las claves para verificar la autenticidad de una matrícula vehicular y protegerse de este fraude.La tranquilidad de poseer un vehículo puede esfumarse en el instante menos pensado, no por un accidente o un hurto, sino por un delito silencioso como es el “gemeleo de placas”. Esta práctica ilegal, que consiste en copiar la matrícula de un vehículo legítimo para colocarla en otro, está generando consecuencias devastadoras para cientos de ciudadanos en Colombia.Conocido legalmente como falsedad marcaria, este delito implica que la misma placa de su carro o motocicleta podría estar circulando en otro vehículo. Cuando ese vehículo clonado comete una infracción o incluso se usa para un delito grave, el verdadero propietario termina pagando las consecuencias. Según conoció Séptimo Día, las penas por este delito pueden alcanzar hasta 12 años de prisión.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, enfatizó que: “Es un delito. Por supuesto que es ilegal porque es falsedad marcaria, que tiene penas entre 5 y 12 años de prisión... Solo hay una placa autorizada y la autoriza el organismo de tránsito”.Víctimas de “gemeleo de placas”: millonarias pérdidasLas víctimas de esta modalidad se enfrentan a un laberinto jurídico, deudas millonarias y el riesgo latente de ser implicados en graves crímenes.Andrés Felipe Bustos, un ingeniero mecánico de 31 años en Bogotá, fue víctima del gemeleo de la placa de su motocicleta en 2019. Se enteró del problema cuando intentaba vender su vehículo.Él descubrió que le habían impuesto múltiples fotomultas por exceso de velocidad en Villa del Rosario, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, a más de 500 km y 12 horas de camino de Bogotá.A pesar de enviar un derecho de petición con todas las especificaciones, la respuesta fue negativo, porque “las infracciones se están cumpliendo". Para noviembre de ese año, ya acumulaba una deuda de 16 millones de pesos por 21 infracciones iguales. En total, en nueve meses, acumuló una deuda que superaba los $40 millones por 51 fotomultas.“Uno se siente como enfrascado, no sé, como que uno no puede hacer nada de una entidad, no puede tener un vehículo, no puede moverse en una entidad financiera”, aseguró.Otra de las víctimas es Inner Alberto, quien recibió una fotomulta desde Pasto, a pesar de que su motocicleta llevaba casi tres años inmovilizada y en estado de pérdida total en un parqueadero en Timbío, Cauca, desde 2022. Para probar su inocencia, grabó un video que evidenciaba la situación. Finalmente, fue exonerado del pago del comparendo.Luisa Fernanda, ingeniera ambiental residente en Bogotá, también fue víctima del gemeleo de placas. Recibió cuatro comparendos provenientes de Cali y Popayán por supuestas infracciones como SOAT vencido y uso del celular mientras conducía, que sumaban cerca de cuatro millones de pesos. Al revisar las fotomultas, descubrió que el vehículo infractor era idéntico al suyo, pero tenía calcomanías que su carro nunca tuvo. Debido a esta situación, no ha podido renovar su licencia ni vender su vehículo por una deuda que, según asegura, no le corresponde.Un negocio clandestinoEl proceso de falsificación es un engranaje en el que participan varios intermediarios. Son ellos quienes solicitan a los fabricantes ilegales la producción de las placas, especificando el número, el lugar de origen y el color.Un tramitador anónimo consultado por Séptimo Día aseguró que muchas personas buscan placas falsas para cubrir “muchos tipos de delitos”. Sin embargo, también hay quienes buscan placas ilegales para evadir deudas, impuestos o comparendos.¿Cómo validar la originalidad de su placa?Según Fasecolda (Federación de Aseguradores de Colombia), para evitar caer en infracciones o ser víctima del “gemeleo de placas”, es fundamental conocer y aplicar seis puntos clave para la validación de las matrículas vehiculares.La entidad recuerda que las placas no deben modificarse, repintarse ni repararse, y que solo los organismos oficiales están autorizados para su fabricación y entrega. Tenga en cuenta esto:Inspeccione la pintura y superficie: La pintura del fondo de la placa debe ser uniforme, sin grumos, y debe tener una superficie reflectiva. El color del fondo (amarilla, blanca, azul, roja, verde o combinada) debe coincidir con el tipo de vehículo (servicio público, privado, antiguo, semirremolque, etc.)Verifique el color del marcado: Las letras, números, marco y logotipo deben ser en color negro o blanco, dependiendo del servicio que preste el vehículo (particular o público)Busque los hologramas: Si la placa es de Bogotá, debe contar con hologramas del Ministerio de Transporte y del fabricante.Revise el reverso de la placa: ¡Dele la vuelta a la placa! En la esquina superior derecha del reverso, usted debe encontrar repujado el logotipo del Ministerio de Transporte.Revise el tamaño de la placa: Asegúrese de que la placa cumpla con las dimensiones oficiales: en carro (33 cm de ancho y 16 cm de alto) y de moto (23.5 cm de ancho y 10.5 de alto)Verifique el origen de la placa: Tenga siempre presente que las placas son únicas, intransferibles y permanentes. Las entidades oficiales son las únicas autorizadas para la entrega de placas, y no se venden en establecimientos privados de comercio.Ante la complejidad y el riesgo de esta modalidad delictiva, la principal recomendación de las autoridades es verificar periódicamente el estado de las placas en el SIMIT y el RUNT, realizar los trámites únicamente ante organismos de tránsito autorizados, y denunciar de inmediato ante la Fiscalía cualquier irregularidad o indicio de clonación. La prevención y la verificación constante son, por ahora, la mejor defensa contra el gemeleo de placas.
Un francotirador, oculto entre los árboles de los cerros del norte de Bogotá, ejecutó a dos de los esmeralderos más poderosos de Colombia que figuraban en una lista negra, en la cual hay 12 nombres de personas vinculadas al negocio. Estos asesinatos selectivos y atípicos han sembrado la duda y la incertidumbre en el sector. Hay quienes dicen que estos eventos podrían ser el inicio de una nueva guerra en Colombia.La violencia ha golpeado a la nueva generación de líderes del sector y a los herederos de las familias más importantes. Edwin Molina, uno de los líderes de la industria y presidente de Precol (Asociación de Productores de Esmeraldas de Colombia), ha vivido en carne propia la violencia que rodea el negocio desde hace años.En Los Informantes, Molina relató que los crímenes recientes han revivido el trauma de su pasado familiar. En la entrevista recordó una mañana en la que se disponía a ir al colegio cuando su padre, al recibir la noticia, regresó quebrantado y les gritó: "Nadie sale de la casa hoy".Las víctimas del francotiradorEl más reciente de los crímenes ocurrió el 6 de abril de 2025. La víctima fue Jesús Hernando Sánchez, considerado uno de los hombres más poderosos del gremio y heredero del poder de Víctor Carranza, el llamado ‘zar de las Esmeraldas’. Su nombre aparecía en la lista de los ‘sentenciados a muerte’, salió por unos segundos de su residencia, la cual contaba con puertas y vidrios blindados, cuando un francotirador escondido en un bosque cercano disparó una única bala y acabó con su vida.Jonathan Sánchez, administrador de empresas, exdiputado de la Asamblea de Boyacá y ahijado de Jesús Hernando Sánchez, estaba con él poco antes del crimen. Compartieron un desayuno largo, por cerca de hora y media, y se retiró sin saber que sería la última vez que lo vería.Jonathan Sánchez, quien teme por su vida y la de sus tres hijos menores, inicialmente no dio valor a la lista negra, pero tras el asesinato de su padrino, manifestó: "hoy después del asesinato de él yo le doy valor a la lista".Ocho meses antes, un asesinato idéntico se había presentado en una casa cercana, en el mismo conjunto residencial ubicado en los cerros del norte de Bogotá, un modus operandi nunca visto hasta ese momento en el país. El 7 de agosto de 2024, Juan Sebastián Aguilar, conocido en el gremio como ‘Pedro Pechuga’, fue asesinado por un francotirador, que presuntamente había estudiado sus movimientos durante varios días, mientras compartía con familiares frente a su residencia después de una misa para bendecir su casa.Aguilar era socio de Hernando Sánchez y había sido jefe de seguridad de Víctor Carranza. También era dueño de Seguridad Oriental, una empresa con contratos de vigilancia privada en varias compañías del sector esmeraldero. Su asesinato fue un golpe duro para el gremio, especialmente para Hernando Sánchez, pues era su compadre y amigo. Este asesinato preocupó a muchos y la estela de violencia no se detuvo.Además de Sánchez y Aguilar, otra persona mencionada en la lista fue asesinada previamente. Se trata de Jorge Enrique Gómez, ligado al comercio de esmeraldas, quien fue asesinado en 2021 en un parqueadero del centro de Bogotá. Aparecía en la lista como un informante de la DEA.¿De dónde proviene el ‘plan macabro’?La temida lista negra fue revelada por el periódico El Tiempo en 2022 y tiene su origen en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Un testigo de la Fiscalía señaló los 12 nombres de personas sentenciadas a muerte, apuntando a una presunta alianza entre el Clan del Golfo y un grupo de esmeralderos condenados por narcotráfico que se encontraban presos.El presunto cerebro detrás de la lista, según el testigo de la Fiscalía, es Horacio Triana, un poderoso esmeraldero y narcotraficante. Fue condenado a 10 años en Colombia por el intento de homicidio de Jesús Hernando Sánchez en 2012, un ataque donde Sánchez recibió 11 disparos, estuvo dos meses en coma y perdió un ojo y un riñón. Actualmente, Triana se encuentra extraditado y preso en los Estados Unidos por el envío de cocaína a ese país.La teoría que rodea a Triana, según fuentes, es que este ofrecería una mina de esmeraldas a cambio de que se perpetraran los crímenes. La presunta motivación del grupo detrás de la lista es la venganza por las extradiciones. "Ellos nos culpan por su extradición a los Estados Unidos", asegura Jonathan Sánchez, explicando que el grupo cree que la inversión extranjera que llegó al occidente de Boyacá facilitó la llegada de investigadores americanos, quienes los vincularon al narcotráfico y propiciaron su extradición.No obstante, esta narrativa es disputada. Eduard Triana, hijo de Horacio Triana y actual Representante a la Cámara por Boyacá, desmintió la validez de la lista negra, argumentando que "eso es más un tema de tergiversar la información, coger investigaciones y tal vez como tratar de vincular personas que no tienen nada y absolutamente nada que ver con las situaciones que están pasando".Refiriéndose a la condena de su padre por el atentado contra Hernando Sánchez, sostuvo que el suceso estaba "más vinculado a unas situaciones que venían ya como de atrás, que venían ligadas a don Víctor Carranza". Afirmó que su padre ya había cumplido con la justicia en Colombia y estaba subsanando sus pendientes en Estados Unidos.El panorama se complica con la intervención de las altas esferas del Estado. El presidente Gustavo Petro, en un consejo de ministros, declaró públicamente que Julio Lozano Pirateque está asesinando a los esmeralderos porque quiere apoderarse de las esmeraldas, y que, por alguna razón, cree que el presidente es su enemigo. Sin embargo, esta información genera dudas en el gremio, ya que "no hay un tema claro por parte de la Fiscalía o por parte de algún organismo internacional dedicado al tema del crimen, no sé el FBI o la DEA, que diga 'mire efectivamente hay estos temas'", dice Edwin Molina.La logística del crimen y el Clan del GolfoAnte la falta de avances oficiales en la investigación, Jonathan Sánchez se pregunta "¿quién tiene la logística administrativa para hacer una operación de utilizar de contratar, de mover un francotirador y de efectuar un asesinato en plena ciudad de Bogotá, cerca del Cantón Norte del Ejército colombiano?" y considera que el Clan del Golfo estaría detrás de esto.Aunque el occidente de Boyacá históricamente no ha sido objetivo del Clan del Golfo, esta organización criminal se financia a través de tres rentas ilícitas: narcotráfico, extorsión y minería. La preocupación es alta, pues Jesús Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar eran socios de la familia Molina y Carranza en una de las minas más importantes del país, Esmeraldas de Santa Rosa.Pese a que las autoridades no tienen una posición oficial sobre si las balas provienen de la 'lista negra' o de otras líneas de investigación, el clima es tenso. La industria esmeraldera, que mueve 150 millones de dólares anuales en Colombia, depende de cientos de familias que buscan limpiar el nombre de su actividad.¿Del 'verde' al 'blanco'?Historiadores y analistas coinciden en que el conflicto actual es diferente al que azotó la región décadas atrás. Petrit Baquero , historiador y politólogo, sostiene que "en la actualidad no es una guerra verde, o sea yo digo la tercera guerra verde ya se acabó, ahora hay una guerra blanca, por cuenta del negocio de la cocaína".El negocio de las esmeraldas, mundialmente reconocido por la calidad de la piedra colombiana, ha sido históricamente vulnerable al ingreso de dineros ilícitos. Aunque Edwin Molina asegura que, durante las épocas difíciles de minería, su sector pidió préstamos y consiguió inversionistas, "había otros sectores que sí le abrieron las puertas al narcotráfico y durante esa época empezaron los cultivos en el occidente, se empezaron a encontrar laboratorios".El narcotráfico ha vinculado a figuras poderosas de la región. Molina explica que la etapa que hoy tiene privados de la libertad a líderes importantes como Horacio Triana, Pedro Rincón, conocido como ‘Pedro Orejas’, Omar Rincón y Gilberto Rincón, es un capítulo que él considera superado en torno a la presencia del narcotráfico en la región.Sin embargo, la presencia del crimen organizado está impactando la operación legal. La multinacional Fura Gems, que extrajo 240.000 quilates de esmeraldas en bruto solo en 2023, solicitó a la Agencia Nacional de Minería suspender temporalmente sus operaciones debido a los bloqueos, agresiones a trabajadores y el robo de esmeraldas.La guerra verde de los 80Para entender la gravedad del contexto actual, es fundamental recordar el conflicto que asoló la región entre 1980 y 1990, conocido como la ‘guerra verde’.El epicentro de esa violencia fue el asesinato de Gilberto Molina, abuelo de Edwin Molina y en ese momento el esmeraldero más poderoso de Colombia. El crimen ocurrió el 27 de febrero de 1989, cuando Molina celebraba su cumpleaños número 52 en su finca de Sasaima, Cundinamarca. Un grupo de 25 hombres disfrazados de miembros del Ejército lo asesinó a él, a su socio y a 16 de sus escoltas.Gilberto Molina se había abierto camino en el convulsionado mundo del llamado 'oro verde' y, a pesar de sus orígenes campesinos, pasó a liderar el negocio junto a su socio, Víctor Carranza. Juntos se afianzaron como las familias más importantes, siendo dueños de la mina más importante del país en aquel momento.El asesinato de Gilberto Molina fue ordenado por Gonzalo Rodríguez Gacha, capo del Cartel de Medellín, en el momento más álgido de la guerra verde. La violencia de esa época impactó directamente a su familia; Edwin Molina, que tenía 9 años en ese momento, no volvió a clases. Sus padres y tíos lo llevaron fuera del país durante casi un año. "En ese momento yo no volví a ver a mis papás casi durante un año", relató en Los Informantes.Tras el asesinato de Gilberto Molina y la posterior muerte de Rodríguez Gacha, se logró firmar un pacto de paz en la región en 1990. Este acuerdo, liderado por la iglesia y Víctor Carranza, logró cesar la violencia que había dominado la región por una década.Hoy, a pesar de que la región busca la paz, la incertidumbre persiste.
Cientos de ciudadanos en Colombia están enfrentando deudas millonarias, procesos judiciales y embargos por infracciones de tránsito que juran no haber cometido. La razón detrás de este calvario es el “gemeleo de placas”, una práctica delictiva cada vez más común que consiste en copiar la matrícula de un vehículo legítimo y usarla en otro, que en la mayoría de los casos resulta ser robado o alterado. Séptimo Día conoció el drama de colombianos que aseguran están pagando por delitos e infracciones cometidos por otros.Este es el drama que vivió Andrés Felipe Bustos, un ingeniero mecánico de 31 años de edad residente en Bogotá, cuya vida financiera se vio paralizada tras descubrir que su motocicleta, de placas QAA15D, estaba siendo utilizada por terceros a más de 500 kilómetros de distancia.Más de 21 infracciones y una deuda millonariaAndrés Felipe Bustos, quien trabaja en el sector automotriz, usaba su motocicleta para movilizarse con su familia y para ir al trabajo en Bogotá. En noviembre de 2018 sufrió un accidente y seis meses después decidió vender la moto. Fue precisamente cuando iba a cerrar el negocio de traspaso de documentos que se enteró del problema.Al consultar en la página del SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), descubrió la magnitud de la situación. El primer comparendo registrado fue el 1 de junio de 2019. La dirección de la infracción era en la ciudad de Villa del Rosario, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.Andrés aseguró que jamás estuvo en esa zona. “Digo: ‘Bueno, ¿y dónde queda Villa del Rosario?’ Empiezo a investigar”. No obstante, todas las multas por exceso de velocidad empezaron a llegar. En pocos meses, la deuda se acumuló en 21 infracciones que sumaban 16 millones y medio de pesos.“Yo envío el derecho de petición a Villa del Rosario, donde les di las especificaciones y en noviembre de ese mismo año me dicen que las infracciones se están cumpliendo”, mencionó Andrés Felipe en Séptimo Día.Para él, era evidente que alguien conducía una motocicleta con su misma placa a 12 horas de camino de Bogotá. Fue entonces cuando entendió que era víctima del delito de falsedad marcaria.El inicio de una pesadillaAnte la ineficacia de los trámites administrativos, Andrés decidió denunciar ante la Fiscalía. A pesar de interponer la denuncia, el avance fue lento. La Fiscalía le solicitó realizar una revisión en la DIJÍN para certificar que su moto fuera la original.El proceso se detuvo cuando llegó la pandemia en marzo de 2020. Para entonces, Andrés ya había acumulado una deuda que superaba los 40 millones de pesos por un total de 51 fotomulta que, según aseguró, no cometió.Las consecuencias del gemeleo trascendieron lo económico y legal. Debido a esta deuda, Andrés no pudo hacer el traspaso de los papeles de su moto, le impidieron la renovación de la licencia de conducción, se le redujeron las posibilidades de trabajo y no pudo volver a pedir un préstamo en un banco.El 18 de julio de 2022, dos años y dos meses después de la primera fotomulta, le llegó el primer de los 12 embargos. “Uno se siente como enfrascado, no sé, como que uno no puede hacer nada de una entidad, no puede tener un vehículo, no puede moverse en una entidad financiera”, afirmó.Otra víctima de gemeleo de placasEl drama de las placas gemeleadas se ha convertido en un problema cada vez más común en Colombia. Así como Andrés, también está el caso de Jhon Elvis Díaz, un farmacéutico de 37 años que descubrió por casualidad que su motocicleta aparecía involucrada en infracciones de tránsito que, según él, nunca cometió.Todo comenzó cuando intentó vender su moto para cambiarla por un modelo más reciente. En medio del trámite, el comprador revisó los antecedentes del vehículo y encontró una fotomulta registrada en Itagüí, municipio del sur del Valle de Aburrá.Este hecho no solo le cambió la vida, sino que también alteró la tranquilidad de su familia. “La paz no está, la tranquilidad no está. Esto me involucra a mí, pero mi familia también está involucrada. Todos los días, llamadas, mensajes de texto, le vamos a embargar, le vamos a quitar”, mencionó.Rápidamente, el problema escaló. Para julio, ya tenía multas en Rionegro. En total, Jhon acumuló 10 infracciones, sumando un total de 7 millones y medio de pesos.Al igual que Andrés, Jhon denunció el delito como falsedad marcaria ante la Fiscalía. Para demostrar su inocencia, instaló un GPS en su motocicleta.A diferencia de Andrés, John tuvo una resolución más rápida. En julio de 2025, la Fiscalía envió un perito desde Antioquia a Bogotá que confirmó que “la moto que está en Bogotá es la original”. Esto permitió que se emitiera una alerta para encontrar la motocicleta gemeleada. El 15 de septiembre, en un operativo policial en Rionegro, fue incautada la moto que llevaba la placa clonada.Expertos hablan El gemeleo de placas es un fenómeno impulsado por redes criminales dedicadas a copiar, fabricar y vender matrículas ilegales. Este delito, formalmente conocido como falsedad marcaria, puede acarrear penas de hasta 12 años de prisión, según el Código Penal colombiano.María Camila Téllez, jefe del grupo de Patrimonio de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), explicó que detrás de estos casos suele haber un delito mayor: el hurto de automotores. Quien se roba un vehículo tiene dos propósitos: usarlo para otros delitos o venderlo, que para vender un vehículo robado deben cambiar todos los elementos de identificación.Además de las redes de crimen organizado, Séptimo Día pudo establecer que existen establecimientos privados que ofrecen públicamente el servicio de duplicado de placas, una práctica que también es ilegal.Tanto la Secretaría de Movilidad de Medellín como la Subsecretaría de Movilidad de Bogotá confirmaron que ninguna empresa privada está autorizada para fabricar o vender placas vehiculares.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, fue enfática al respecto: “Es un delito. Por supuesto que es ilegal porque es falsedad marcaria, que tiene penas entre 5 y 12 años de prisión... Solo hay una placa autorizada y la autoriza el organismo de tránsito”, advirtió la ministra.¿Qué debe hacer para evitar ser víctima de esta modalidad?Para evitar ser víctima de esta modalidad de delito, los ciudadanos deben verificar periódicamente su placa en el portal del SIMIT y el RUNT, ya que cualquier infracción extraña puede ser una señal de clonación; deben denunciar de inmediato ante la Fiscalía por falsedad marcaria si sospechan que su placa fue copiada; solicitar una revisión pericial de su vehículo para certificar su autenticidad; realizar los trámites personalmente ante los organismos de tránsito y los peritos de la SIJÍN; y evitar compartir fotos de su vehículo en redes sociales mostrando la placa, puesto que esta práctica facilita el gemeleo.
Nuevos y perturbadores detalles han salido a la luz en el caso que involucra a Luis Alberto Rendón, papá Greeicy Rendón, quien es acusado de los delitos de secuestro simple y tortura. Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2023 en una finca ubicada en Llano Grande, Rionegro, Antioquia, propiedad que, según el ente investigador, es de la cantante.La Fiscalía ha puesto en tela de juicio la reacción de Luis Alberto Rendón ante un hurto que habría ocurrido en la propiedad. Se conoció que fueron robados dinero y joyas, avaluados en más de 1.000 millones de pesos, cifra que podría ascender hasta los 1.700 millones de pesos.El principal cuestionamiento de la Fiscalía es por qué Rendón no denunció el robo inmediatamente a las autoridades. Según el ente investigador, Rendón habría optado por hacer “justicia por mano propia”.Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía habrían ejecutado la torturaCinco personas, que vestían trajes negros y portaban fusiles, ingresaron a la casa aquel día. La Fiscalía ha identificado a estos cinco hombres como los escoltas de Mike Bahía y Greeicy Rendón.Estas cinco personas, al parecer, tomaron a dos trabajadores de la finca, los llevaron a cuartos separados y procedieron a torturarlos y golpearlos.Los métodos de tortura descritos durante la audiencia fueron escalofriantes:• Fueron golpeados en las manos, las piernas y el tórax con martillos.• Posteriormente, los agresores introdujeron una manguera con agua en la boca con la intención de ahogar a uno de ellos. Uno de los testimonios citados señaló la tortura como "horrible", haciendo referencia específica al uso de la manguera en la boca de una víctima llamada Elbert.• También se les introdujeron armas de fuego en la boca.• Durante el ataque, se les preguntaba constantemente “dónde estaban” (presuntamente refiriéndose a los bienes robados).La fiscal de este caso manifestó en la audiencia lo siguiente: “Lo tiran al piso doblándolo, lo ponen boca arriba. Helbert, quien es gordo y pesado, de acuerdo a la descripción de la víctima, se sube encima de su cuerpo sobre el abdomen, lo toma de las manos, el forcejeó, pero terminó siendo en vano porque otro lo sujeta a los pies y de ahí Helbert, con una mano, toma las manos de la víctima y con la otra mano le abre la mandíbula mientras otro de los cinco le mete una manguera a la boca, hacia la garganta, y estaba pegada la manguera a una canilla y empiezan a empieza a ingresarle agua a su cuerpo”.La intervención policial fue crucial, ya que un vigilante que se encontraba fuera de la casa fue quien dio aviso a las autoridades al escuchar “gritos de tortura pidiendo auxilio”. La policía llegó al lugar y presenció el procedimiento en flagrancia, encontrando a dos personas “altamente lesionadas”.¿Qué tiene que ver el papá de Gredicy Rendón?La Fiscalía sostiene que Luis Alberto Rendón es el sexto implicado y es señalado de ser el determinador de los hechos. Aunque Rendón se encontraba en la propiedad, declaró que no había escuchado nada, un hecho que la Fiscalía calificó de extraño.El ente acusador basa su señalamiento en la premisa de que Rendón, al no acudir a las autoridades después del hurto, buscó tomar venganza o recuperar los bienes a través de medios violentos e ilegales, utilizando a sus escoltas para secuestrar y torturar a los trabajadores.Tras el proceso, los cinco hombres acusados de perpetrar directamente el secuestro y la tortura están a punto de ser sentenciados. Por su parte, Luis Alberto Rendón no aceptó los cargos que se le imputaron. Sin embargo, fue cobijado con la medida de casa por cárcel mientras avanzan las investigaciones y se establece su responsabilidad en estos hechos. La Fiscalía ha manifestado que no descarta la posibilidad de imputar a más personas presuntamente vinculadas a estos graves hechos.Durante la investigación, la Fiscalía denunció la desaparición de elementos de prueba fundamentales que debían haberse incautado en flagrancia, tales como las armas portadas por los agresores y el vehículo en el que se movilizaron.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En #YoMeCreoPresidente, Clara López, precandidata presidencial, habló sobre su aspiración para llegar a la Casa de Nariño y propuso una política de seguridad con apoyo de las Fuerzas Militares y las comunidades. También habló del apoyo de herramientas digitales para fortalecer la participación ciudadana y construir consensos sobre el futuro del país.
La Selección Colombia perdió 1-0 frente a Argentina en la fase semifinal del Mundial Sub-20 y ahora deberá jugar contra Francia por el tercer lugar, resultado que desató la ira de Carlos Valderrama.De esta manera, la escuadra ‘cafetera’ igualó la actuación de la Copa del Mundo de Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando los tricolores también fueron semifinalistas y se terminaron quedando con la medalla de bronce.Por ello, al ‘Pibe’, capitán de Colombia en 3 mundiales de mayores (Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98), le quedó clavada la espina de no haber podido llegar a la final.En ese sentido, publicó un singular video en sus redes sociales en el que se le ve reaccionando con evidente desazón a la derrota escenificada en el estadio Nacional de Santiago de Chile, donde el único gol de Argentina llegó en el minuto 72 tras un error defensivo.Lo particular fue el leguaje desparpajado que el famoso ‘Mono’ utilizó para referirse a dolor que sintió por la caída y por haber quedado tan cerca de la máxima instancia, grabación que se volvió viral gracias a la resonancia que tienen las declaraciones de Carlos Valderrama siempre que lanza alguna opinión.‘Pibe’ Valderrama y su desahogo por eliminación en Mundial Sub-20El exfutbolista apareció en un sillón con un balón en sus manos manifestando su inconformidad por lo visto y reprochando de principio a fin en una retahíla llena de palabrotas expresadas a modo de coloquialismo.“¿Nunca nos va a tocar esa m…, ah? Estoy… Nojoda ¿Esa h… primera vez cuándo va a ser?”, lamentó en principio.Y agregó que no hay que bajar los brazos, pues se mostró esperanzado en que el día de gloria algún día va a llegar: “Hay que seguir, pelaos. Qué vamos a hacer. Yo no sé a qué grupo (equipo) le va a tocar esa vaina… pero en las buenas y en las malas, acá estoy. Vamos es para adelante porque nos va a tocar. Siempre hay una primera vez y nos va a tocar”.Y cerró exaltando a la Sub-20: “Esta Selección juega bien y bacano, pero bueno… No sé ni qué decir”.En video, la despachada del ‘Pibe’:
El juicio en contra de una cirujana del Hospital Regional de Graz, uno de los más grandes de Austria, tuvo que ser aplazado. La mujer se encuentra en un proceso judicial por permitir que su hija de 12 años ingresara a una cirugia y perforara con un taladro la cabeza de un paciente que había sido internado de emergencia.El hecho, ocurrido hace más de un año, llegó a oídos de las autoridades y del resto del personal del hospital. A la cirujana la acusan de negligencia médica y poner en grave riesgo la vida del paciente al permitir que una menor de edad sin formación efectuara un procedimiento clínico delicado. La fiscalía de ese país denuncia una "increíble falta de respeto hacia la paciente y sus propios colegas".Lea: ¿Cómo lograron los médicos salvar la vida de mujer golpeada con martillo en Bogotá?¿Qué se sabe del caso?El periódico local Kronen Zeitung fue uno de los primeros medios en dar a conocer el escándalo en el departamento de neurocirugía de Graz. "Llevó a la niña de doce años al quirófano, donde perforó el cráneo expuesto sola y sin ayuda. Previamente, la acusada le explicó el funcionamiento del taladro", describió la fiscal del caso Julia Steiner, según cita el mencionado medio.La fiscalía aseguró que entre los acusados hay otro cirujano, quien fijó la velocidad del taladro mientras la niña operaba la delicada herramienta. La madre de la menor de edad celebró la acción de su hija durante la operación, algo que no fue bien visto entre sus colegas. "Este comentario frívolo detonó una bomba, lo cual, por supuesto, fue un grave error", dijo el abogado defensor Bernhard Lehofer."Algo así simplemente no se puede minimizar. ¿Qué habría pasado si el taladro hubiera estado defectuoso y no se hubiera detenido automáticamente tras perforar el hueso del cráneo? ¡Fue una falta de respeto increíble hacia la paciente y hacia sus propios colegas!", enfatizó Steiner.Lo que dijo la cirujana que permitió que su hija operaraLa mujer en juicio dijo que permitir que su hija participara del procedimiento médico "fue un error moral y ético, solo me di cuenta después". La cirujana aseguró que su hija "¡nunca taladró sola! Y al final, todos podemos estar orgullosos del resultado de la operación".Por su partem Lehofer defendió a su clienta diciendo que "ha salvado la vida de innumerables personas durante 20 años. Lleva más de dos años lamentando no haber sido buena idea dejar operar a su hija. Sin embargo, la operación salió de maravilla y la paciente se encuentra muy bien. El paciente fue tratado de forma óptima, ¡la denuncia penal es una fantasía!".Mientras que la cirujana dijo que su "mayor error fue dejarla entrar (a su hija) hasta la mesa de operaciones", el juez aseguró que "su mayor error probablemente fue aceptarla, una niña no tiene cabida allí". También le cuestionaron cuando dijo con orgullo que su hija había perforado la cabeza de un paciente.El director de la clínica, Stefan Wolfsberger, citó a la cirujana cuando se enteró de la situación. "Le pregunté si la niña había perforado la cabeza del paciente. Tras una breve vacilación, respondió que sí" (..) Es terrible. El caso es mundialmente famoso; me contactan personas de todos los continentes. La neurocirugía goza de una gran reputación. Ahora los pacientes tienen miedo por ello. ¡Pero respetar a nuestros pacientes es nuestro deber!".La anestesista también fue interrogada y aseguró que escuchó a la acusada explicarle a su hija el funcionamiento del taladro. "Entonces vi cuatro manos en el aparato (...) ¡No sabe lo que nos ha hecho a todos! Hace poco atendí a un paciente con un tumor que temía que un niño le abriera la cabeza con un taladro". El juicio de este escandaloso caso tuvo que ser aplazado debido a que la víctima se encuentra enferma y, de acuerdo con el juez, su testimonio es ineludible.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La Procuraduría General de la Nación solicitó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declare la nulidad absoluta del contrato estatal que se hizo con la Casa de la Moneda de Portugal para la elaboración de los pasaportes colombianos.El contrato, de más de 1,3 billones de pesos, fue celebrado en julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.¿Qué irregularidades habría en el contrato?Según el documento de la Procuraduría, el convenio se suscribió sin “cumplirse los presupuestos normativos, se omitió adelantar un proceso competitivo, desconociéndose los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad”.Además, señala, “la Imprenta Nacional de Colombia no contaba con la capacidad técnica y operativa para ejecutar directamente el objeto contractual, limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa da Moeda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”.“Durante la visita preventiva del Ministerio Público se constató la ausencia de estudios de mercado y del sector, así como la carencia de una justificación detallada de la necesidad contractual. El documento denominado ‘Justificación para la Selección del Cooperante Internacional’ carecía de firmas de responsables y no cumplía las etapas exigidas por el manual de contratación”, dice.Asimismo, habla de “graves irregularidades (como) citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros”.De acuerdo con la Procuraduría, “el convenio compromete recursos por más de 1,3 billones de pesos hasta el año 2036, sin contar con la autorización previa del CONFIS ni con la declaratoria de importancia estratégica mediante documento CONPES”, lo que “pone en riesgo el patrimonio público, dado que compromete recursos del Estado en un negocio jurídico que incumple normas imperativas sobre la modalidad de selección, principios de planeación y transparencia, principios de la función administrativa y autorizaciones presupuestales”.Por lo anterior, la Procuraduría pide que se ordene “a la empresa extranjera contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio”.¿Qué ha pasado con la impresión de pasaportes en Colombia?El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó a finales de agosto pasado un contrato de prórroga por ocho meses con la firma Thomas Greg & Sons, quien inicialmente elaboraba el documento.La ampliación del contrato se puso en marcha ante la imposibilidad de que entrara en vigencia el convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, el cual empezaría a ejecutarse a partir de abril de 2026, cuando se prevé que la entidad estatal cuente con la tecnología, maquinaria y mecanismos de seguridad internacional necesarios para asumir la producción de los pasaportes.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
