El 3 de junio de 2019, la tranquilidad de la vereda El Compromiso, en Ventaquemada, Boyacá, se rompió antes del amanecer. Carmen Rosa Méndez Duarte, una joven de 26 años y madre soltera de dos niñas de 5 y 2 años, salió de su casa a las 5:00 a. m. a trabajar y un recorrido cotidiano se convirtió en el inicio de una tragedia que hoy tiene a su familia clamando justicia. Séptimo Día investigó el caso.Aquella madrugada, los padres de Carmen la acompañaron hasta la carretera. Minutos después, una llamada telefónica los alertó sobre un supuesto accidente. Al llegar al lugar conocido como 'El Matadero', María Duarte Cortés, madre de la joven, se encontró con una imagen que nunca podrá borrar: "Yo ya me asomé a la ambulancia y la tenían ahí, pero eso la cabecita no era conocida de la sangre".Aunque inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, las lesiones de Carmen sugerían algo mucho más siniestro. El estado de la joven era crítico, con múltiples golpes en el cráneo y un deterioro neurológico severo.La Policía Nacional y la Sijín de Tunja descartaron rápidamente que se tratara de una caída accidental. El investigador Edilberto Barbosa relató que en el sitio del ataque hallaron "unos maderos que se encontraron acá sobre la vía y material biológico, sangre". La sevicia fue tal que se encontraron restos de madera dentro del cráneo de la víctima. "Este señor no solo la golpeó, la torturó, porque el médico nos dijo 'no fueron uno, no fueron dos ni tres los palazos que ella recibió, fueron muchísimos'", relató una hermana de la víctima en Séptimo Día.El rastro del agresorTestigos informaron haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 5:00 a. m. Hernando Montaña, vecino del sector, recordó: "Gritaban auxilios, pero nosotros no miramos porque con ese monte tan espeso... no se miraba nada". Su esposa, María Victoria Martínez, logró ver a un sospechoso: "Miré así por la ventana y vi un señor corriendo... Él era alto y como con chaqueta negra". Otros testimonios indicaron que el agresor vestía botas blancas y un impermeable con reflectivos.Tras analizar más de 200 horas de videos de seguridad, los investigadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción y que portaba un madero en su mano con rumbo al lugar de los hechos. Las pesquisas llevaron a las autoridades a una finca donde el sospechoso alquilaba una habitación. Allí encontraron unas botas de caucho de una empresa de lácteos, que tenían rastros de sangre, y un impermeable.El cotejo de ADN confirmó que la sangre en las prendas pertenecía a Carmen. El sospechoso fue identificado como Alexander Vásquez Terán, un trabajador de una empresa de lácteos que no era oriundo de Boyacá y que había desaparecido el mismo día del ataque.Testimonio de una relación y la captura del señaladoTatiana Méndez, hermana de Carmen, reveló que la joven y Vásquez Terán habían mantenido una relación sentimental que se tornó peligrosa. "Ella me dijo que ya el muchacho quería tener algo con ella... pero como a los dos meses empezó a cambiar todo. Ya era como muy agresivo con ella, como muy posesivo", recordó. Según su testimonio, Carmen sentía que su vida corría peligro: "Ella me dijo que ella temía que le hiciera algo a ella y a las niñas y a mis papás... andaba para todo lado como si alguien la fuera persiguiendo".Casi dos años después de los hechos, el 1 de marzo de 2021, los investigadores rastrearon a Vásquez Terán hasta Aracataca, Magdalena. Allí fue capturado y, aunque inicialmente negó su identidad, terminó aceptando cargos mediante un preacuerdo. El 23 de junio de 2022, fue condenado a 15 años, 6 meses y 19 días de prisión por tentativa de homicidio agravado.Esta sentencia ha generado profunda indignación en la familia de Carmen, quienes consideran que el delito debió tipificarse como tentativa de feminicidio. "Para nosotros no era un intento de homicidio, sino de feminicidio. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento tenían una relación", cuestionaron sus familiares. Expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que hubo una omisión por parte de la justicia, ya que la tipificación como homicidio le otorga beneficios penales al agresor que no tendría en un caso de feminicidio, como la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de la pena.Séptimo Día buscó a la Fiscalía y a la rama judicial para hablar del caso, pero hasta la emisión de este programa no se obtuvo una respuesta oficial por parte de las entidades. El victimario, que está recluido en la cárcel de Combita, Boyacá, tampoco aceptó una entrevista.Una vida destruidaCarmen Rosa sobrevivió, pero las secuelas del ataque fueron devastadoras. "La dejó muerta en vida. Ella tiene dos partes del cerebro muertas. No tiene el huesito del cráneo ni tiene la parte frontal. Pues no se puede valer por ella solita. Es como un bebé", lamenta su familia. La joven ya no reconoce a sus hijas y requiere asistencia permanente para funciones básicas.El temor de la familia es que, para el año 2028, Alexander Vásquez Terán pueda recuperar su libertad, mientras Carmen permanece atrapada en un cuerpo que ya no responde. "Este señor no solo le dañó la vida a mi hermana, se la dañó a toda una familia, les arrebató una madre a esas niñas", concluyeron.
Mateo Pérez Rueda nació en Yarumal, Antioquia. Desde pequeño su vida giró en torno a las letras, aunque inicialmente lo hizo a través de la poesía. Su padre, Carlos Pérez, lo recordó en Los Informantes como un joven que transformaba cualquier evento en una oportunidad para escribir: “Él se dio a conocer porque llegaba, por ejemplo, una fiesta familiar, un evento de un cumpleaños, y él sacaba algo escrito y ese era el regalo de él. Sacaba todo lo bueno de la persona y se lo leía”.Sin embargo, esa sensibilidad literaria pronto se transformó en una vocación periodística sagaz y punzante. Mateo Pérez, influenciado por el hábito de su padre de leer la prensa cada mañana, decidió que su camino era informar sobre la realidad de su región, un territorio históricamente asolado por grupos ilegales. Así nació El Confidente, un medio que comenzó de forma impresa gracias al patrocinio de una papelería local y que luego migró al entorno digital.El reportero que no conocía el temorEn entrevista con Los Informantes, su padre aseguró que a Mateo “no le daba miedo de nada. El pealo’ como que nació sin miedo”.Esa falta de temor lo impulsó a realizar denuncias que incomodaban a los poderes locales. Mateo no era un periodista de escritorio, su método era el de la vieja escuela: conseguir pruebas, visitar las fuentes y tener "barro en los zapatos". Investigaba a políticos y documentaba hechos con rigor, apoyado en derechos de petición y visitas constantes a la Fiscalía y la Policía. “Salía a investigar, a buscar informes y a documentarse para poder escribir. Él no escribía sin pruebas”, relató su padre sobre la disciplina del joven, quien además estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Medellín.Para sostener su labor periodística, que realizaba de forma solitaria y sin recursos, Mateo vendía jugos y ensaladas de frutas en el garaje de su casa, además de trabajar como mensajero. En su casa, en donde vivía con sus padres en Yarumal, su cuarto sigue intacto y allí el computador da cuenta del temor que ya sentía por los trabajos que había hecho: mantenía el equipo con la cámara tapada por miedo a ser espiado o "chuzado".Briceño, el último viajeEl lunes 4 de mayo comenzó para él y para su familia lo que terminó en una tragedia. Mateo, de 24 años, decidió viajar a Briceño, un municipio ubicado a 50 kilómetros de Yarumal, donde se libraba una cruenta disputa territorial entre el Clan del Golfo y diversas facciones de las disidencias de las FARC. A pesar de los riesgos, el joven periodista quería cubrir un consejo de seguridad y buscar entrevistas con cabecillas de los grupos armados.Su padre recuerda la última conversación y la advertencia que le hizo ante la peligrosidad de la zona: “Por qué vas para Briceño, eso como está de peligroso por allá. ¿Es que no ha escuchado las noticias?”. Sin embargo, Mateo, confiado en su rol como comunicador, respondió que el evento estaría resguardado por el Ejército. Al salir de casa, su padre le dio la bendición en silencio: “El último recuerdo que yo tengo él es cuando él salió y me dio la espalda y apenas yo vi que él se fue a ir yo ahí mismo así por detrás (seña de darle la bendición) pero ni siquiera fue de frente, sino por detrás”.Al llegar a Briceño, Mateo se hospedó en un hostal y, al día siguiente, se internó en la vereda Palmichal. Iba desarmado, protegido únicamente por su carné de periodista y su celular. No obstante, en una zona donde los forasteros son vistos con sospecha, su presencia fue malinterpretada. Fue interceptado por hombres del Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Chalá.Tortura y un final estremecedorLos detalles de su muerte, relatados por su padre según la información recibida de la región, son desgarradores. Mateo fue acusado de ser informante y sometido a suplicios antes de ser asesinado. “Le pegaron cinco tiros en los pies para que no corriera. Y ahí donde empezaron a como a torturarlo, a pedirle que dijera algo que él no sabía. Le dieron un tiro por acá (en la cara), otro por acá (en el abdomen) y el mortal (en la frente), ese fue el que lo mató”, narra Carlos Pérez con una entereza que estremece.Para la familia, el dolor de la pérdida se mezcla con el alivio amargo de saber que uno de esos tiros terminó con su sufrimiento: “Me imagino cómo sería el dolor que sentía y cómo pensaría, por ejemplo, en nosotros, sobre todo en mí, cuando le decía que no se fuera a ir por allá. Pues a Dios gracias, cuando me dijeron que el tiro que lo había matado, que le había dado en la cabeza, pues siquiera lo mataron de una, no lo dejaron ahí sufriendo y torturándolo. Ese tiro es un alivio”, comentó su padre. El editorial premonitorioUno de los aspectos más impactantes de la historia de Mateo Pérez es un editorial que escribió en 2021 para El Confidente. En ese texto, el joven reflexionaba sobre el asesinato de otros jóvenes en Yarumal, sin saber que sus palabras describirían, años después, la realidad de su propia familia.En aquel escrito, Mateo cuestionaba: "La sangre será limpiada, las honras fúnebres serán pagadas y la vida en el planeta seguirá como si nada. Pero, ¿quién borrará los traumas de los familiares? ¿Cómo le explicas a la madre que su hijo o hija se ha ido para siempre y que tendrá que vivir con ese vacío lo que le resta de vida?".Un llamado a la justiciaTras el asesinato, la familia denunció haber recibido amenazas y advertencias para que dejaran de buscarlo. Aunque John Edison Chalá, señalado como uno de los responsables, fue capturado y enfrentará cargos por homicidio y tortura, otros implicados siguen libres.Los padres de Mateo atribuyen la tragedia a la falta de control estatal en las regiones: “La institucionalidad del país que permite que estos grupos al margen de la ley hagan lo que les da la gana, porque ellos están teniendo actualmente una libre actuación, un libre albedrío, ellos se mueven por donde quieren”, denuncia su mamá, Gloria Rueda, quien clama por una justicia que no sea laxa: “Esperaría yo que la justicia nos responda y que en realidad paguen por sus crímenes, porque no es solamente el asesinato de mi hijo, son muchas otras cosas... Son muchas familias que están en este momento sufriendo la ausencia de sus seres queridos”.Mateo Pérez Rueda se convirtió en uno de los nueve periodistas asesinados en Colombia desde 2022, dejando un vacío inmenso en Yarumal y un legado de valentía en un oficio que, en las regiones, se ejerce bajo la sombra de las balas.
El 25 de abril de 2024, la comunidad de la parroquia María Auxiliadora de Pereira encendió las alarmas cuando el padre Darío Valencia Uribe, de 59 años, no asistió a un almuerzo programado ni a la misa de ese día. El sacerdote era reconocido por ser una persona extremadamente puntual.Tras su desaparición, una serie de evidencias revelaron una traición por un amigo cercano al religioso. El periodista Diego Guauque, de El Rastro, recorrió los últimos pasos del sacerdote y reveló quién estaba detrás del crimen.Camioneta del religioso fue pieza clave en la investigaciónLa última comunicación del sacerdote fue un mensaje de WhatsApp a las 9 de la mañana dirigido a Julián Eduardo Cifuentes, un hombre de 40 años que se hizo amigo del sacerdote años atrás.Cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos abordaron la camioneta del sacerdote, una Nissan color gris. Poco después, el vehículo fue visto en una estación de servicio y posteriormente en un lavadero en Caldas, donde los empleados notaron una actitud sospechosa en el conductor.En el lavadero, los trabajadores reportaron que la camioneta tenía varias manchas de sangre y que la persona que iba conduciendo se notaba nerviosa. Al inspeccionar el vehículo, los investigadores hallaron muestras de sangre abundante, cuatro vainillas de pistola y un impacto de bala en el tablero.Mientras las autoridades procesaban la escena, Julián Cifuentes logró salir del país desde el aeropuerto El Dorado con destino a París, Francia.Señalado huyó a Francia: ¿quedó en libertad?La captura de Cifuentes en París se produjo pocos días después de la desaparición del sacerdote, pero su extradición enfrentó un vacío legal debido a un tratado entre Colombia y Francia, firmado en 1850, pues no contemplaba el delito de desaparición forzada. Además, como aún no había sido encontrado el cuerpo del padre Darío, no era posible sustentar la extradición por homicidio.Ante el riesgo de que el caso quedara impune, el fiscal Andrés González, designado para liderar la investigación, viajó a Francia en septiembre de 2024 con una misión clara: obtener la confesión de Julián Cifuentes, pero también llevaba un as bajo la manga que podría ser clave para hacerlo confesar.Cartas de familiares y una fría confesiónAunque inicialmente Cifuentes se negó a hablar, el fiscal le entregó, en un gesto de solidaridad, unas cartas que sus familiares le habían enviado desde Colombia. El gesto logró conmoverlo y, después de leerlas, decidió confesar el crimen. El Rastro conoció esa confesión.“Tuvimos una reunión el sacerdote y yo. 15 minutos después tengo la sangre fría. Pido disculpas por lo que voy a decir: ‘lo miré a los ojos y le disparé cuatro veces. Estaba en la furgoneta, él era el que conducía”, confesó Julián Cifuentes sobre lo ocurrido ese día.Además, aseguró que le disparó al sacerdote por la espalda mientras este descansaba. Al ser interrogado por el móvil del crimen, inicialmente dijo: “¿Es él o yo?".El hallazgo del cuerpo mediante una señal "milagrosa"Durante cinco meses, la búsqueda del cuerpo en zonas boscosas del Eje Cafetero resultó infructuosa, incluso con el apoyo de Darcy, una canina de la Fiscalía experta en búsqueda de restos humanos. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2024, un evento inesperado permitió localizar los restos.Mientras un investigador se desplomaba por agotamiento, la perrita Darcy se internó en zona boscosa por más de una hora. Al seguir sus ladridos, los agentes descendieron a un abismo donde la canina estaba sentada frente al cráneo de un ser humano.La identidad del sacerdote fue confirmada mediante su carta dental. Además, los restos fueron hallados con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, una evidencia que permitió corroborar que se trataba de él.Una condena en ColombiaLos investigadores determinaron que el asesinato fue motivado por una deuda económica. La fiscal Deisy Jaramillo explicó que el padre Valencia le había entregado a Cifuentes una camioneta valorada en "120 millones de pesos". El día de los hechos, Cifuentes le había prometido un abono a la deuda, pero su intención era "quitarle la vida al sacerdote para no pagar ese dinero".Julián Cifuentes Gómez fue extraditado a Colombia en noviembre de 2025. Tras ser procesado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y destrucción de elemento material probatorio, la justicia colombiana lo condenó a 27 años de prisión, una pena reducida gracias a su colaboración con las autoridades.El Rastro solicitó una entrevista a Julián Cifuentes en la cárcel modelo de Bogotá, pero el confeso asesino se negó a hablar.“Él fue el amigo que luego lo vendió, fue el amigo que luego lo entregó y fue el amigo que en algún momento le quitó la vida”, dijo José Gutiérrez, amigo del sacerdote, al establecer una similitud entre la traición de Judas a Jesús y la de Julián Cifuentes al padre Darío Valencia.
El asesinato de María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021 en su casa en la isla de San Andrés, sigue siendo analizado por las autoridades para determinar si José Manuel Gnecco Valencia, su esposo, es el responsable. A lo largo de los años, Séptimo Día ha estado atento a cada nuevo detalle que se revela de este caso que enlutó a la familia Gnecco y cuyo juicio está próximo a terminar.En esta ocasión, se conocen nuevos testimonios revelados por la Fiscalía que comprobarían que José Manuel Gnecco asesinó a su esposa, modificó la escena del crimen y, además, intentó sobornar a alguien para que se culpara por el crimen. El abogado insiste en su inocencia y asegura que la demostrará en el juicio.Nuevo giro en caso GneccoCinco años después del asesinato de María Mercedes Gnecco Serrano, su esposo y primo José Manuel Gnecco Valencia sigue insistiendo en su inocencia. El juicio contra el abogado está próximo a su recta final, en el que los hijos de María Mercedes exigen una condena ejemplar, mientras José Manuel espera ser absuelto. Ambas partes avanzan en la recopilación de pruebas y, recientemente, un testigo de la Fiscalía le dio un giro sorprendente a la historia que ha mantenido por años el hombre.Se trata de las declaraciones de Luis Carlos Freire González, también conocido como ‘Lalo’, quien decidió hablar por primera vez frente a las cámaras de Séptimo Día, asegurando que José Manuel Gnecco le pidió buscar a otra persona para que se culpara del crimen de su esposa. Esa otra persona, a la que le ofreció hasta cinco millones de pesos, fue Gerald David Pereira, un menor de edad capturado en San Andrés por porte ilegal de armas. Los tres coincidieron en la cárcel y allí, según el testimonio, el abogado intentó sobornarlos para que los señalamientos en su contra quedaran sin argumentos.En abril de 2026, la Fiscalía conoció las declaraciones de ‘Lalo’ y las añadió como parte de las pruebas en contra del abogado Gnecco. Luis Carlos Freire González, de 35 años, fue capturado y está privado de la libertad en San Andrés, cárcel en la que coincidió con José Manuel Gnecco en 2023.Según su testimonio, ese año logró interactuar con el abogado gracias a que en la prisión él era el 'ranchero’, es decir, quien cocina y lleva la comida a los reclusos. “Mi primera impresión es que es una persona de carácter fuerte”, señaló en exclusiva a Séptimo Día y agregó que, tras algunos meses de contacto, el abogado empezó a hacerle preguntas y ofertas.“Él me preguntó que si yo conocía a Gerald [David Pereira] y yo le digo que sí, que somos primos lejanos”. Pereira era un joven que había sido capturado en San Andrés en 2021 por porte ilegal de armas, pero como era menor de edad fue llevado a un centro de detención para menores. En 2023, cuando cumplió la mayoría de edad, fue trasladado a la cárcel de San Andrés, donde coincidió con su primo y con el abogado Gnecco.‘Lalo’ reveló que al tener la posibilidad de ir a los diferentes patios de la cárcel, Gnecco le pidió un favor particular. “Él me dice que vaya donde Gerald, ya que lo conozco, y que le ofreciera los cinco millones de pesos para que se reunieran. Con el fin de que Gerald se echara la culpa de dicho homicidio, del homicidio de la esposa de él”. Además, también indicó que Gnecco también le ofreció 10 millones de pesos a él por hacer este favor.Aunque Luis Carlos Freire González aceptó el dinero y habló con su primo, con lo que no contaba el abogado Gnecco es que el joven Gerald David Pereira acudiría a la Fiscalía para revelar los ofrecimientos que estaba recibiendo de su parte.El arma homicida, la gran prueba del caso Gnecco¿Por qué José Manuel Gnecco habría insistido en varias ocasiones, según el testimonio, a Gerald David Pereira que se culpara por el asesinato de María Mercedes Gnecco? Todo tendría que ver con una prueba clave para este caso: el arma homicida. Luego del crimen, las autoridades encontraron el proyectil y la vainilla del mismo en la escena, pero del arma no hubo rastro hasta 2023, cuando los abogados de Gnecco revelaron un dictamen de un perito de la policía en el que se indicaba que el arma había sido incautada en San Andrés un mes después del asesinato a una banda de criminales entre los que se encontraba un menor de edad, Gerald David.Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las víctimas, los hijos de María Mercedes Gnecco, dudaban de esa versión, por lo que hicieron su propia investigación. “Luego de una investigación ardua, se obtuvieron tres dictámenes adicionales del Cuerpo Técnico de Investigación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y pudimos comprobar que lo que se plasmaba en ese dictamen no era cierto. El arma que cegó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano no es el arma que le fue incautada a estos menores”, aseguró el abogado de las víctimas.La Fiscalía dice que, efectivamente, el arma incautada a los menores coincide con la vainilla del proyectil, la cual fue encontrada al día siguiente del asesinato por el mayordomo de Gnecco en la vivienda, por lo que las autoridades creen que esta fue colocada en la escena después de sus labores. Pero que no coincide con la bala que impactó el cuerpo de la mujer de 53 años.Por su parte, Gerald David Pereira, indicó en la Fiscalía que José Manuel Gnecco "desde los tres meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar el lado, a sobornarme con dinero. Como tres veces [me buscó], la última vez me ofreció cinco millones de pesos para que diera falsas declaraciones”. El joven insistió también en que él no tiene nada que ver con el asesinato de María Mercedes y que “yo lo único que quiero decir es que Gnecco haga algo con esto y acepte que mató a su mujer, o que diga quiénes son porque él sabe”.Lo que cree ahora la Fiscalía y lo que está intentando probar en el juicio es que José Manuel Gnecco planeó el homicidio de su esposa y, además, que el arma homicida cayera en manos dela banda criminal en la que estaba Gerald David. “Justo esa arma le llega a un menor de edad que ya declaró que este señor Gnecco Valencia lo habría sobornado para que se atribuyera el crimen. Creemos que el plan criminal del señor Gnecco Valencia consistió en sobreponer la vainilla al día siguiente de los hechosy luego entregar el arma de donde provino esa vainilla a la delincuencia organizada. De tal manera que cuando incautaran el arma se pudiera creer que con esa arma se cegó la vida de María Mercedes Gnecco”.Actualmente, Gerad David Pereira está en libertad, pero prefirió que fuera su abogado, Omar Augusto Barraza, quien explicara a Séptimo Día los hechos. “El argumento que utilizó el señor Gnecco para contactar a Gerald y que se atribuyera la responsabilidad del hecho punible es que al momento de los hechos Gerald era menor de edad y trató de hacerlo creer que lo iban a juzgar como menor de edad”.Por su parte, José Manuel Gnecco negó dar una nueva entrevista a Séptimo Día para dar su versión sobre los hechos, pero vía telefónica insistió en su inocencia. Al respecto, Luis Carlos Freire González señaló que “él quiere quedar como el buen abogado, como el buen esposo. Siempre tuvo un plan, porque desde que me manda a ofrecerle dinero a Gerald, ya tenía un plan. Si él no fuera culpable no me habría ofrecido dinero a mí y a Gerald, sé que Gerald también va a decir que yo fui y le ofrecí dinero porque así fue”.
Sobre las implicaciones jurídicas en el caso de Nicolás y Juan Fernando, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro, los expertos aseguran que lo único que podría traer claridad sobre la situación es una investigación de la Fiscalía que sea transparente, oportuna y recolectando todas las pruebas.Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, rinde declaración ante agentes del CTI de la FiscalíaPara los conocedores de temas jurídicos, lo mejor que puede ocurrir ahora es acelerar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, tanto en las denuncias sobre supuestos sobornos para acceder a la paz total como del presunto ingreso de dineros de sectores ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro.“Sí, estamos frente a algo que puede ser grave, puede afectar la credibilidad del gobierno, no la responsabilidad personal del presidente, pero sí amerita una investigación pronta, urgente y muy seria por parte de la Fiscalía”, dijo Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general.Políticos y analistas coinciden en que los rumores sobre recepción de dineros del narcotráfico por parte del hermano y el hijo del presidente Petro podrían convertirse en un nuevo proceso 8.000, como se conoció el escándalo que enfrentó el entonces presidente Ernesto Samper, cuando se supo que el Cartel de Cali entregó seis millones de dólares para su campaña política, recursos que, según lo que dijeron las investigaciones en ese momento, no conocía Samper, aunque sí se condenó al exministro Fernando Botero.Sergio Fajardo: Petro “sabe que hay información muy comprometedora” en lo de su hermano e hijo“Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad de la elección del presidente y genera un escándalo, que solamente me parece comparable al proceso 8.000, donde teníamos un presidente cuya campaña había sido financiada por los dineros del narcotráfico”, afirmó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.Sin embargo, los expertos dicen que, a diferencia del proceso 8.000, hoy se cuenta con herramientas que puedan llevar a una investigación mucho más rápida y expedita.“La Fiscalía tiene una gran oportunidad de darle unas respuestas inmediatas al país, hoy en día incluso hay muchos más elementos técnicos para la investigación de los que había digamos en el proceso 8000”, indicó Alfonso Gómez Méndez.“Una política que tiene que tragar con delincuentes de la peligrosidad y la dimensión como es el narcotráfico y el delito organizado que tanto ha aquejado a Colombia puede haber generado irregularidades, sobornos, dineros calientes que mueven los intereses de los narcotraficantes. De manera que bienvenida la solicitud del presidente de que se investigue y se aclare si las cosas están bien o si por contrario, por desgracia, hubo irregularidades”, expresó Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista.Los juristas coinciden que el pedido del presidente para que se realice la investigación debe arrojar resultados rápidos para evitar que el país siga por la ruta de los rumores que pueden afectar la verdad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a la Fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo mayor por supuestas reuniones no autorizadas con grupos criminales. Según algunas versiones, estarían haciéndose pasar por miembros del Gobierno para dar beneficios, todo esto en el marco de la llamada paz total.Puede leer: Gobierno buscará estatus político para la Segunda Marquetalia y las disidencias de ‘Iván Mordisco’De acuerdo con el mandatario, al llegar a la Presidencia hizo un "compromiso con los colombianos y colombianas" y debe ser "leal al voto" depositado. Por ello, y según la "información que se rumorea en la opinión pública", pidió al fiscal general "adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades" sobre su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro.También en las últimas horas se conocieron declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, sobre el presunto ingreso de dineros del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro, para la campaña presidencial de Gustavo Petro que sin embargo nunca habrían llegado a ese destino.Day Vásquez aseguró en una entrevista con la revista Semana que el hombre Marlboro le entregó al hijo de Petro, diputado en la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico (norte), "más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá". La mujer agregó que ese dinero “nunca llegó a la campaña”.También vea: Abogados de extraditables critican ley de sometimiento: “Es más garantía negociar en Estados Unidos”Centro Democrático reacciona al escándaloEn entrevista con Noticias Caracol, la senadora Paloma Valencia fue enfática: “Es sumamente grave”.Y añadió: “Ya Colombia tenía una experiencia de que los narcos financiaran campañas. Eso sucedió en el proceso 8.000. Estamos viendo el pago de los narcos en cuantiosas sumas con un agravante, en la ley de sometimiento hay un parágrafo para liberar a los narcos. La ley de paz total empieza a tener un propósito de pagar favores políticos”.“Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad de este gobierno. Solo me parece comparable al proceso 8.000”, agregó la congresista Paloma Valencia.Lea, además: “El éxito del cese al fuego dependerá de los mecanismos de verificación”, dicen expertos“Es miserable que pase esto”, dice el senador Ariel ÁvilaAnte la gravedad de los señalamientos contra Juan Fernando y Nicolás Petro, hasta la propia coalición de gobierno mostró su preocupación“Esto es un daño demoledor a las políticas progresistas”, indicó el senador Ariel Ávila.“¿Que hay que hacer? Frente al proceso de paz total nombrar un equipo negociador para quitar cualquier manto de duda. Segundo, que el alto comisionado decida si es asistente técnico de los procesos o negociador, pero ambas cosas no las puede hacer. Lo tercero, que se apruebe la ley con las modificaciones que crea el Congreso para que las reglas estén claras”, expresó.“Desde el gobierno Santos somos muchos lo que les hemos puesto el pecho tema a la paz porque creemos que en este país debemos dejar de matarnos y que pase esto es muy miserable. Si se tienen que ir a la cárcel, pues que se pudran en la cárcel”, indicó el senador Ávila.
Herman Rincón y Óscar Toro explicaron que la Fiscalía tenía como objeto fortalecer investigaciones contra el Cartel de Cali y no tumbar al expresidente Samper.
Muchos consideran que fue él quien enfrentó la tormenta política del proceso 8000. Aquí sus memorias.
Pastrana, Valdivieso y Myles Frechette hicieron tambalear al gobierno de Samper. Dicen que el expresidente sí conocía de los dineros del Cartel de Cali.
Conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo y Miguel Rodríguez Orejuela fueron el detonante de uno de los mayores escándalos políticos del país.
El exmandatario respondió a los cuestionamientos que aún sobre él rondan por la entrada de plata del Cartel de Cali en su campaña a la Presidencia.
Dice que actuó correctamente y que jamás recibió dinero por su decisión. Aunque ahora vive retirado en Lorica, asegura que no escribirá un libro.
Los Rodríguez temían que, con su caída, Estados Unidos interviniera para llevárselos. Sobornaron a congresistas para “comprar el juicio”, dice.
Osuna, Betto, Grosso, Palosa y Alfín fueron algunas de las plumas que inmortalizaron el símbolo del escándalo político hace 20 años.
En la noche del viernes 14 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a Cali, desde donde anunció medidas y recursos destinados al sector salud del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano, luego de las afectaciones provocadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.Durante su declaración, el mandatario informó que, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Valle, se dispusieron recursos para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila y el arrendamiento de infraestructura médica temporal para mantener la prestación de servicios del HUV.$4.386 millones para la Unidad Funcional OncológicaUno de los anuncios corresponde a la asignación de $4.386 millones para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García.El presidente explicó que estos recursos fueron establecidos mediante la Resolución 1080 de 2026 y estarán destinados a esta área del centro hospitalario. “Hemos dispuesto con la señora Ministra de Salud la asignación de recursos para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García", señaló.El Hospital Universitario del Valle se encuentra entre los centros médicos afectados por la emergencia ocasionada por el terremoto. De acuerdo con lo explicado por el mandatario, una de las consecuencias de los daños fue una disminución en la capacidad de camas disponibles.Recursos para el Hospital San Rafael de El ÁguilaComo segundo punto, el Gobierno Nacional anunció apoyo financiero para la recuperación del Hospital San Rafael del municipio de El Águila, también en el Valle del CaucaLa medida hace parte de las acciones anunciadas por el Gobierno para atender las afectaciones que dejó el movimiento telúrico en la infraestructura hospitalaria de la región.El tercer anuncio está relacionado directamente con la continuidad de los servicios del Hospital Universitario del Valle. El Gobierno Nacional destinará recursos para el arrendamiento de infraestructura médica temporal, con el propósito de facilitar la prestación de los servicios mientras avanzan las acciones de recuperación del hospital.“Y como tercer punto, hemos decidido también destinar una asignación de recursos para el arrendamiento de infraestructura que facilite la prestación de los servicios del Hospital Universitario del Valle Evaristo García”, afirmó el mandatario.De acuerdo con el presidente, esta medida busca responder a la reducción de camas disponibles que enfrenta el hospital como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.Durante su intervención, De la Espriella aseguró que el Gobierno Nacional trabajará junto con la Gobernación del Valle del Cauca para recuperar el hospital que parte de su estructura se vino abajo tras el fuerte temblor.“Por tanto, vamos a destinar todos los esfuerzos y los recursos que sean necesarios para recuperar este hospital en su totalidad que hoy por cuenta de esta tragedia está seriamente afectado y además con una disminución sustancial de las camas disponibles”, manifestó.El mandatario agregó que la respuesta estará dirigida no solo a Cali, sino también al Valle del Cauca y al resto del suroccidente colombiano.El anuncio se conoce mientras las autoridades continúan actualizando el balance de la emergencia. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 15 de agosto, el terremoto deja 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas a nivel nacional.La emergencia también ha dejado afectaciones en infraestructura, viviendas, centros de salud, instituciones educativas, vías, acueductos y puentes. Las cifras continúan en proceso de verificación y consolidación por parte de las entidades responsables.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Policía Nacional logró capturar a dos personas en la localidad de Engativá por presuntamente pertenecer a una banda dedicada al hurto de clientes de entidades financieras. Los sujetos utilizaban pegante para bloquear las ranuras de los cajeros automáticos para impedir el uso normal de las tarjetas y así engañar a las víctimas.La alerta emitida por la central de monitoreo de una entidad bancaria permitió que, de inmediato, los uniformados que patrullaban por la zona recibieran la alerta y se dirigieran al lugar, realizando la verificación. Ahí notaron que la obstrucción del cajero se había dado por un pegante que evitaba el ingreso de tarjetas."Una vez se verifican los videos se logran identificar las características de las personas y se inicia la búsqueda, logrando interceptarlos en un vehículo”, aseguró el teniente coronel José Bejarano, comandante Estación de Policía Engativá.Durante el registro del vehículo, las autoridades hallaron en su poder la suma de un millón de pesos, dinero que minutos antes había sido hurtado a una persona de la tercera edad mediante la modalidad de engaño.Además, encontraron varias tarjetas bancarias y otros elementos que, al parecer, utilizaban para obstruir los cajeros automáticos.De acuerdo con la Policía, los dos hombres fueron capturados mientras se desplazaban en un vehículo. Uno, de 33 años, y otro, de 37, tendrían antecedentes judiciales por hurto. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos que se les imputan.
La historia de Daniela Largo, una de las personas rescatadas con vida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, terminó con una noticia que enluta nuevamente a Pereira y al país. La mujer, quien permaneció cerca de 36 horas atrapada entre los escombros de un edificio en el centro de la ciudad, falleció después de haber sido encontrada y sacada con vida por los equipos de emergencia.Daniela se encontraba entre las personas que quedaron atrapadas tras el colapso provocado por el fuerte movimiento sísmico. Durante horas, sus familiares, especialmente sus padres, mantuvieron la búsqueda y la esperanza de encontrarla con vida. Finalmente, los organismos de socorro lograron ubicarla y desplegaron una compleja operación para llegar hasta ella.Noticias Caracol habló con el padre de Daniela Largo, quien confirmó la lamentable noticia. La mujer, de 32 años, falleció en la noche del viernes, alrededor de las 11:00 p.m., luego de permanecer aproximadamente cuatro días en una unidad de cuidados intensivos tras ser rescatada con vida de los escombros.Según su padre, Daniela murió a causa de una infección en una de las heridas que sufrió, específicamente en uno de sus brazos, que permaneció atrapado tras el colapso de la estructura y dificultó las labores de rescate. La mujer había permanecido bajo atención médica mientras luchaba por su vida.Daniela deja un hijo de 12 años. Sus padres permanecen en Medicina Legal mientras adelantan los procedimientos correspondientes. La familia informó que el cuerpo será trasladado a Caldas, de donde son sus familiares, para realizar allí las honras fúnebres.Daniela fue rescatada tras 36 horas bajo los escombrosEl rescate ocurrió durante la noche del martes 11 de agosto, después de aproximadamente 36 horas de permanecer bajo las estructuras colapsadas. Los equipos de emergencia trabajaron durante cerca de 10 horas para conseguir llegar hasta ella.Para acceder al punto donde se encontraba Daniela fue necesario realizar dos excavaciones. Los rescatistas abrieron un espacio en la parte superior de los escombros y atravesaron cuatro placas de concreto que estaban sobre la mujer. También realizaron un túnel desde la parte inferior, por donde finalmente consiguieron extraerla.Durante la operación, los equipos le suministraron oxígeno mediante una máscara mientras avanzaban con las labores de rescate. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que apoyaba las labores de emergencia en Pereira, informó en ese momento sobre el resultado de la operación. "Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más", señaló la entidad.Su salida de los escombros fue ampliamente aplaudida y fue uno des los rescates más emotivos. Su estado de salud mantuvo en vilo no solo a los pereiranos, sino que también a miles de colombianos y personas de otros países que se conmovieron con su historia. Su madre la buscó de manera incansable mientras los organismos de socorro trabajaban entre las estructuras destruidas.Su historia ocurre mientras Pereira continúa enfrentando las consecuencias de una emergencia que dejó una profunda afectación en la ciudad. De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 15 de agosto a las 6:30 de la mañana, el terremoto deja 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas en el país.El balance nacional también registra 353 personas rescatadas, además de 15 departamentos y 448 municipios afectados. En materia de vivienda, se contabilizan 81.506 viviendas averiadas y 14.493 destruidas, mientras que 66 edificios aparecen reportados como colapsados.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la historia de Ana María Saavedra, de 23 años, ha conmovido al país. La joven es la única sobreviviente de su núcleo familiar tras el colapso del edificio María Alvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali.El pasado 13 de agosto fue hallado el cuerpo de su hermana, Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas de la familia que perdió la vida en esta tragedia. Ana María logró sobrevivir, pero ahora enfrenta el dolor de aprender a vivir sin sus hermanas y sin sus padres, quienes también fallecieron tras el colapso.“Dios me tiene para grandes cosas”, dijo Ana MaríaLuego de la tragedia, Ana María logró ser rescatada y trasladada a un centro médico, donde pudo comunicarse con su prima.Minutos antes de ingresar a cirugía en un centro asistencial de Cali, la joven manifestó su firme voluntad de seguir adelante. Según relató su prima, Diana March, a Blu Radio, Ana María le dijo al anestesiólogo: "Doctor, yo necesito vivir. Yo sé que Dios me tiene para cosas grandes".Aunque la joven ha expresado que “no sabe cómo vivir sin sus hermanas y sus papás”, porque “eran su todo”, Ana María cuenta con el apoyo de sus primos, amigos y demás familiares, quienes la han acompañado durante este difícil momento.Actualmente, se encuentra estable, consciente y en proceso de recuperación. Presenta una fractura en la pelvis, pero los médicos estiman que podría volver a caminar en un periodo de dos a tres semanas. Durante su estancia en la clínica, ha recibido apoyo psicológico y ha estado acompañada por sus seres queridos, mientras afronta la pérdida de su familia.Una familia unida por la tragedia en CaliLa tragedia de la familia Saavedra Caicedo se completó el pasado jueves 13 de agosto con el hallazgo del cuerpo de Isabella, la última de las trillizas que permanecía desaparecida. Sus otras dos hermanas, Sofía e Isabella, junto a sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, fallecieron debido al colapso de la edificación. Los padres fueron encontrados sin vida en una habitación, aparentemente abrazados.Las hermanas Saavedra eran descritas por sus amigos como "inseparables". “Ellas eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita”, así las recuerda María Juliana Perdomo, una amiga de las trillizas que ha estado gestionando ayudas para Ana.Ana María logró salvarse al resguardarse bajo una mesa de madera maciza durante el sismo. El edificio donde residían fue una de las múltiples estructuras que colapsaron en Cali, ciudad que reporta cerca de un centenar de fallecidos tras el evento telúrico.El terremoto deja hasta ahora un balance de 294 personas fallecidas y casi 4.000 heridos, sobre todo en las poblaciones del Pacífico y la región cafetera en el oeste del país. La tragedia familiar ocurrió en la mundialmente famosa capital de la salsa y tercera ciudad más grande.
Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la madrugada del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro universitario de Estados Unidos. El tiroteo tuvo lugar a las 01:28 hora local (05:28 GMT) y dejó a "cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU", señaló la universidad en un comunicado."Se ha levantado el confinamiento en la Universidad Estatal de Virginia (VSU). Una importante presencia de las fuerzas del orden permanece en el campus mientras continúa la investigación sobre el tiroteo ocurrido esta mañana", explicó.Todas ellas fueron trasladadas al hospital, cuatro en estado leve y otra con heridas críticas. El incidente involucró a varios tiradores, agregó la nota, sin precisar si fueron identificados o arrestados.La Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias tras el tiroteo, que levantó por la mañana, aunque mantiene "una presencia policial significativa" en el campus mientras investiga el suceso."La Policía del Condado de Chesterfield está liderando la investigación, con el apoyo de la Policía de VSU, la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y la Oficina del Alguacil del Condado de Hanover", finalizó.Las autoridades solicitaron en redes sociales la ayuda ciudadana de quienes posean información, y aseguraron que compartirán más datos a medida que avancen las pesquisas.Estados Unidos ha presenciado más de 500 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.Este tipo de incidentes no son infrecuentes en campus universitarios. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas en un tiroteo registrado el pasado diciembre en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence (Rhode Island). AGENCIA EFE
