Este lunes, el juzgado 30 penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la decisión que dejó en libertad en septiembre de 2019 a Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, y otros implicados en el escándalo denominado ‘Contraloría de bolsillo’.El juez ordenó casa por cárcel para Zuluaga, mientras que envió a prisión a los excontralores auxiliares Dioner Ortiz Ossa, Jesús Hernando Duque y Gabriel Castaño.El excontralor y demás funcionarios son señalados de hacer parte de una red de corrupción en la que, de acuerdo con la Fiscalía, aprovechando su función de vigilar la administración de los recursos públicos, habrían ocultado hallazgos realizados en auditorias de varios municipios como San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana. A cambio de eso, habrían cobrado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos.Zuluaga fue detenido en agosto de 2019.En diciembre de ese mismo año la Procuraduría lo halló culpable de aprovecharse de su cargo para practicarse una liposucción en el Hospital La María.En contexto:
La Procuraduría lo halló culpable de aprovecharse de su cargo para practicarse una liposucción a bajo costo en un centro médico cuyos recursos debía vigilar. Por esa razón, el órgano de control sancionó al polémico Sergio Zuluaga Peña con “suspensión e inhabilidad especial por seis meses”. El excontralor de Antioquia, según la Procuraduría, se favoreció al someterse a una liposucción el 16 de abril de 2016. Pero, para la Procuraduría, él no fue la única persona que se aprovechó de la falta de vigilancia de los recursos del Hospital La María, en cabeza del entonces gerente William Marulanda Tobón. Tres familiares de Marulanda Tobón también pasaron por quirófanos de esa institución el 15 de noviembre de 2015, el 20 de enero de 2016 y 4 de marzo de 2016 para embellecer sus cuerpos a un menor costo, lo que terminó “afectando los recursos públicos de la salud”, según informó el organismo. La sanción a Marulanda Tobón por no ejercer la vigilancia y control necesario a los recursos de la entidad fue la destitución del cargo (al que ya había renunciado) y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 13 años. Marulanda, consideró la Procuraduría, “permitió que se cobraran por costos hospitalarios tarifas por debajo de los estándares establecidos, a particulares a quienes consideraban especiales, generando privilegios que no estaban contemplados por la ley, ni por la junta directiva del hospital”. Además, la información por medio de la cual la Procuraduría dio a conocer la sanción afirma que Marulanda Tobón omitió “intencionalmente el ejercicio de sus funciones”, y permitió que en 2016 “se realizarán procedimientos médicos con costos inferiores a los usuales, a personas recomendadas por él o por el subgerente” del hospital ubicado en el barrio Castilla de Medellín y en el que habitualmente no se realizaban estos procedimientos. “Con su actuar el exfuncionario incurrió en prevaricato por omisión (…), vulneró los principios de responsabilidad, moralidad e igualdad, y omitió ejercer su deber de vigilancia y control sobre las funciones esenciales de la entidad, la primera conducta fue calificada como grave a título de dolo, y la segunda, como gravísima a título de dolo ”, aseguró la Procuraduría. En el caso del excontralor Zuluaga Peña, la Procuraduría determinó que incurrió en falta disciplinaria “al obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales a las que tenía derecho, como tarifas especiales y más bajas a las habituales, en una entidad que era auditada por la Contraloría Departamental”. “Teniendo en cuenta que el investigado ya no se encuentra ejerciendo su cargo, se ordenó realizar la conversión de la suspensión a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, tal como lo establece el artículo 56 del Código Disciplinario Único, lo que representa 82 millones 968 mil 714 pesos”, informó la Procuraduría. El fallo de primera instancia podrá ser apelado por Zuluaga Peña, que está inmerso en una investigación penal por los mismos hechos, y Marulanda Tobón.
Sergio Zuluaga se preparaba para viajar a Cartagena, tras quedar en libertad y ser investigado por presuntos hechos de corrupción. Claudia Carrasquilla, delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, reveló una fotografía del excontralor de Antioquia vestido de piloto en el aeropuerto de Rionegro. La foto fue tomada este viernes hacia las 7:00 de la mañana en la terminal aérea José María Córdova, en el oriente antioqueño. “¿A quién se les parece el piloto? Pues les cuento que es nuestro excontralor Sergio Zuluaga Peña, quien fue puesto en libertad por un juez de garantías de Medellín. ¿Será que algo debe que se disfrazó?”, escribió Carrasquilla en su cuenta de Twitter. De acuerdo a lo expuesto por Santiago Trespalacios, abogado del exfuncionario, Zuluaga Peña se dirige a Cartagena, con conexión a Bogotá. “Lo que si llama mucho la atención para esta delegada es ¿por qué hoy se recibe una foto, a través de una fuente, quien indica que él se encuentra en el aeropuerto de Rionegro vestido de piloto?, ¿qué tiene que esconder el excontralor para disfrazarse como piloto, si acaso no se le ordenó la libertad?”, cuestionó Carrasquilla. Trespalacios explicó que Zuluaga está en todo su derecho de viajar tanto al interior como en el exterior del país. Además, precisó que Sergio Zuluaga está realizando un curso para convertirse en piloto.
Todos los implicados, incluido el excontralor Sergio Zuluaga, vuelven a sus casas. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión. Uno a uno el Juzgado 42 del Circuito Penal de Medellín tumbó los argumentos ofrecidos por la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento a los implicados en el escándalo de corrupción en la Contraloría de Antioquia. “El juzgado encuentra que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con la carga argumentativa para sustentar, en primer lugar, la existencia de las conductas punibles e indilgadas a cada uno de los imputados y, en segundo lugar, no manifestó las razones por las cuales los imputados estaban vinculados en calidad de autor o partícipe con dichas conductas”, explicó el juez durante la audiencia. Según el juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron insuficientes, carecían de peso o no tenían relación alguna con la imputación. Así las cosas, todos los implicados, incluido el excontralor Sergio Zuluaga Peña, quedaron en libertad. La defensa celebró la decisión, pero criticó el papel de la Fiscalía en este caso. “El mensaje es muy claro, mientras la Fiscalía creía que los casos se ganan en los medios de comunicación, inflando acusaciones y violando garantías fundamentales iremos a los jueces de control de garantías pidiendo y reclamando la vigencia del estado de derecho”, dijo Santiago Trespalacisos, abogado defensor de Zuluaga. “La justicia no es un circo, y más la libertad de una persona. Estuvieron casi 15 días privados de la libertad”, comentó Óscar Santamaría, abogado. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión del juez. Los alcaldes de Jardín, La Pintada y San Carlos, imputados también por presunta corrupción, volverán a sus despachos.
Este miércoles se conocerá si el excontralor Sergio Zuluaga, tres funcionarios del mismo despacho y tres alcaldes van o no a la cárcel. En el caso del hospital de Copacabana, la abogada defensora argumentó que no hubo coimas a cambio de que Héctor Darío Cano, gerente de la ESE Santa Margarita, contratara como odontóloga a la sobrina del subcontralor, Rubén Darío Naranjo. “Eso no constituye ni un tráfico de influencias, ni un cohecho por dar u ofrecer, ni una celebración indebida, ni un interés. Es simplemente que hay una cultura latinoamericana del rebusque. ¿Cuánto tiempo estuvo vinculada esa niña como odontóloga? Ocho meses. ¿Él la ayudó para que estuviera ahí? Sí, ¿pero eso constituye un interés? No”, argumentó Ilda Astrid Carvajal, abogada de la defensa. Por su parte, la defensa de Luz Marina Marín, alcaldesa de San Carlos, refutó el material probatorio de la Fiscalía con el que señala que la funcionaria recibió buenos resultados en las auditorías de su administración, a cambio de una negociación con la mina Calizas Portugal SAS de la que hicieron parte Sergio Zuluaga, excontralor, y el subcontralor departamental. “Si el cohecho es un soborno siempre se exige cierta materialidad, materialización de ese ofrecimiento, considero que esta empresa minera no se constituye en una coima, en una entrega o en una promesa por parte de la alcaldesa de San Carlos”, dijo Álvaro Galindo Cruz, abogado defensor. En la audiencia también fueron presentaron los argumentos de la defensa de Alejandra Catalina Ospina para quien la Fiscalía pidió medida no privativa de la libertad. El miércoles se conocerá si el resto de los detenidos van o no a la cárcel.
El funcionario, según la Fiscalía, les habría cobrado astronómicas sumas a entidades de seis municipios por alterar resultados de auditorías. En el palacio de justicia de Medellín, un juez define si envía a la cárcel al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, a tres alcaldes y a otras personas capturadas por integrar una presunta red de corrupción en ese departamento. Decenas de interceptaciones telefónicas, documentos y lujosas propiedades dejaron en evidencia la forma en la que, según la Fiscalía, Zuluaga creó un supuesto entramado de corrupción. De acuerdo con el ente acusador, aprovechando su función de vigilar la administración de los recursos públicos, Zuluaga habría ocultado hallazgos realizados en auditorias de municipios como San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana. A cambio de eso, habría cobrado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos. Según las investigaciones, las modificaciones en las auditorías habrían generado un detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en el suroeste antioqueño. Incluso tienen evidencia de que Zuluaga habría ocultado información del proyecto Hidroituango. "Lo que además preocupa señoría, que también, en estas funciones de Contraloría General de Antioquia, efectivamente también ocultaron algunos hallazgos del problema de Hidroituango que también está siendo imputado a algunos funcionarios por parte de la Fiscalía General de la Nación", dijo en las audiencias la fiscal del caso. Estos son algunos de los argumentos presentados por la Fiscalía en audiencia que evidenciarían que estas 10 personas incurrieron en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencia, prevaricato, entre otros. La Fiscalía solicitó que fueran enviados a la cárcel, argumento que fue respaldado por la Procuraduría al considerarlos un peligro para la sociedad y el proceso. Este viernes le fue aceptada la renuncia al cargo al contralor Zuluaga en la Asamblea de Antioquia, hecho que para algunos buscaba frenar la medida de aseguramiento intramural. Entre tanto, la Contraloría General de la Nación se pronunció frente a las solicitudes realizadas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de realizar un control preferente sobre las actuaciones realizadas por el ente del control fiscal de este departamento. El vicecontralor Ricardo Rodríguez dijo que esta medida no es posible. “No podemos declarar ese procedimiento, no tenemos la competencia para entrar en un ejercicio prevalente”, indicó- Y aseguró que es necesario mejorar las prácticas de control realizadas por cada una de las 65 contralorías del país. Para el vicecontralor, además es fundamental no solo la selección rigurosa de las personas que aspiran a llegar a este cargo sino también la necesidad de que la ciudadanía denuncie con evidencias cualquier acto de corrupción.
El diputado Luis Peláez asegura que todo se trata de un montaje, pues dice que la decisión es un hecho favorable para la audiencia de imputación de cargos. 18 de los 26 diputados de la Asamblea de Antioquia votaron a favor la solicitud de renuncia presentada por el contralor Sergio Zuluaga, quién fue imputado por la Fiscalía por los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción en calidad de determinador y concierto para delinquir. "Aprovechamos entonces la mesa directiva para solicitarle que incluyera en esta sesión la renuncia del señor contralor departamental", explica Hernán Torres, presidente de la Asamblea. Aunque la decisión fue mayoritaria, algunos diputados inconformes aseguran que se trató de un montaje: "Hoy se arma esta parafernalia para que los diputados, el gobernador y otros funcionarios puedan recibir la renuncia y esto sea un hecho favorable para la audiencia de medida de aseguramiento del contralor de Antioquia", advierte Luis Peláez, diputado de Antioquia. "Si el argumento era que Sergio Zuluaga era un peligro por estar en el cargo pues por lo menos ese argumento se ha desvanecido", comenta Santiago Trespalacios, abogado defensor de Sergio Zuluaga. Por su parte, el gobernador Luis Pérez señala que luego de estudiar el informe de 127 páginas que elaboró la Contraloría en el caso de Hidroituango, el cual habría sido ocultado por Sergio Zuluaga, encontró 16 conclusiones que establecen irregularidades en el proyecto que no coinciden con el tiempo de su administración. "Un comentario que se hizo sobre una llamada telefónica donde el señor contralor decía que había estudiado muy bien, en un informe de la Contraloría, el plan de aceleración y que no lo había hecho público por no echar al agua, o a la arena, a un gobernador y se discutió mucho sobre a quien se refería y el uno le tiraba el balón al otro sin ningún tipo de argumentos", cometa Luis Pérez Gutiérrez. Los tres contralores auxiliares también presentaron su renuncia formal ante la Contraloría de Antioquia, pese a que en la audiencia de medida de aseguramiento la Fiscalía argumentó que dichas renuncias no se podrían hacer efectivas porque los funcionarios están suspendidos de sus cargos.
Contra Sergio Zuluaga se adelanta un juicio por una presunta red de corrupción que habría llegado a 15 municipios del departamento. El contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, presentó este jueves su carta de renuncia ante la Gobernación y la Asamblea Departamental. En el documento de dos páginas, el funcionario advierte que su renuncia es “inmediata e inequívoca”. “Solicito que se proceda con prontitud a la aceptación de mi renuncia como contralor, teniendo en cuenta que la mesa directiva es un órgano permanente que no depende de las sesiones de la plenaria y es competente para los fines pertinentes”, dice la misiva. Tras conocerse la carta, el gobernador Luis Pérez citó a sesión extraordinaria en la Asamblea para definir el futuro de la Contraloría. La renuncia se conoce una semana después de la captura de Zuluaga, quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía el 22 de agosto, pues en su contra pesaba una orden de captura. Contra el funcionario se adelanta actualmente un juicio por una presunta red de corrupción al interior de la Contraloría que habría llegado a 15 municipios del departamento. En 2018, el funcionario fue destituido de su cargo durante 10 meses, por la Procuraduría General de la Nación; luego de que admitió que no tenía un doctorado en derecho, título que le ayudó a ascender en su puesto. El contralor regresó a su cargo el pasado 5 de junio. Vea también: Contralores auxiliares implicados en red de corrupción en Antioquia también renunciaron
También se investiga favorecimientos a un excongresista y un diputado. Además, revelaron las millonarias sumas entregadas por ocultar hallazgos de auditorías. La Fiscalía aseguró que un testigo protegido habría revelado información acerca de negocios que el contralor Sergio Zuluaga sostenía con el diputado de Antioquia Jaime Cano y el excongresista Luis Horacio Gallón a quien, al parecer, y, con ayuda del gobernador Luis Pérez, habría favorecido con el nombramiento de su esposa como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). “La campaña en Antioquia arrancó por un lado godo con el exrepresentante Horacio Gallón, quien arranca por lo menos de cuatro planes para seguir vigente o cuatro flotadores y uno de ellos se impulsó al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien acaba de dejar a su esposa encargada del Idea, entidad más importante del departamento”, aseguró la fuente. Según la investigación, el contralor habría negociado ocultar hallazgos de auditorías a cambio de millonarias sumas de dinero que superarían los 100 millones de pesos. En las nuevas pruebas que presentó el ente investigador, se evidenciaría como además de beneficiar a entidades de municipios como: San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana, el contralor también habría favorecido a Amagá, Zaragoza, Puerto Triunfo, Yalí, Apartadó, Turbo, Amalfi, La Estrella, Caldas, El Peñol, Vigía del Fuerte, Segovia, Entrerríos, San Rafael, Don Matías y Caucasia. Incluso, de acuerdo con las indagaciones, pese a estar suspendido 10 meses por presentar un diploma falso de un doctorado, Zuluaga seguiría dando directrices desde Cartagena para manipular los hallazgos de la contraloría. La fiscal afirmó que las modificaciones en las auditorías habrían generado un detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en el suroeste antioqueño. La Fiscalía se ratifica en que el contralor Sergio Zuluaga habría ocultado información del proyecto Hidroituango. “Lo que además preocupa señoría es que también en estas funciones de Contraloría General de Antioquia, efectivamente ocultaron algunos hallazgos del problema de Hidroituango que también está siendo imputado a algunos funcionarios por parte de la Fiscalía General de la Nación”. En la audiencia se confirmó que investigan si Sergio Zuluaga, con la ayuda de una mujer quien sería su mano derecha, habría alterado la plataforma Mercurio para modificar fechas que le permitieran cumplir con los requisitos para posesionarse como contralor de Antioquia. La fiscal pidió medida de aseguramiento intramural para Zuluaga y tres contralores auxiliares, porque representan un peligro para la sociedad.
Durante la imputación de cargos a Sergio Zuluga, la Fiscalía reveló una conversación sobre Hidroituango en la que se menciona a un mandatario de Antioquia. El pasado lunes, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sorprendió con esta declaración al referirse al contralor departamental Sergio Zuluaga, detenido dentro de un proceso por corrupción: “Caigale al que está caído, tenemos que tener por ahora misericordia y esperar qué decisión toman los jueces", dijo el mandatario. La declaración no pasó desapercibida entre los antioqueños: "Yo diría que no hay que tener misericordia porque estos casos son personales y si él (el contralor) se metió en ese problema que responda él”, manifestó Fredy Patiño, habitante de Medellín. "Con los corruptos no, porque nos están haciendo mucho daño y seguirán haciendo daño”, dijo Martha Arboleda. Tras la polémica, el mandatario salió muy temprano al día siguiente a explicar el alcance de lo dicho. "Misericordia no significa perdonar a los que violen la ley, eso no está en ningún diccionario, es compadecerse de la miseria humana", precisó Luis Pérez. Otro hecho que puso al gobernador a dar explicaciones Anoche la Fiscalía le imputó cargos al contralor por cohecho propio, prevaricato y concierto para delinquir; durante la audiencia revelaron una prueba en la que se escucha a Zuluaga hablar con un interlocutor no identificado y mencionan a un gobernador. Zuluaga: "No, oíste es que yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría, donde había revelado todas esas huevonadas y había hablado del contrato de aceleración y había hablado de una cantidad de cosas que están ahora. Lo que tiene en cuenta ahora la gente es que yo tenía la razón cuando lo dije, huevón". Otro: "Huevón yo hace 10 días te dije que volvieras a hablar o que hablaras de Hidroituango y no lo hiciste". Zuluaga: "¿Y echó al agua al gobernador?, ¿me pongo a pelear con el gobernador?, ¿si no quería qué? Otro: "Yo te hago una pregunta: ¿Es que vos temés echar al agua al gobernador para decir qué?" Zuluaga: "No, o sea el gobernador no quería". Aunque en la grabación no se menciona específicamente a Luis Pérez, el mandatario negó que se trate de él. "No quiere echar al agua al gobernador, yo no fui, yo como gobernador no firmo, yo no he firmado el plan de aceleración; es posible que se refiera a otros gobernadores anteriores porque se está refiriendo al Plan de Aceleración de Hidroituango y ese plan de aceleración fue firmado en el 2015 y yo no era gobernador", resaltó Luis Pérez. El mandatario agregó que si el contralor tenía alguna información relacionada con Hidroituango y la omitió habría incurrido en un delito.
El conductor de una ambulancia arrolló y mató a un peatón, en la noche del 18 de septiembre, en la calle 80 con avenida Boyacá, sentido oriente occidente, sobre las 9:00 de la noche.>>> Más del Ojo de la noche: Bus se incendió en parqueadero de Bosa: una falla mecánica habría provocado el fuegoInvestigan si ambulancia tenía permiso de TransmilenioEl Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo, conoció que el vehículo transitaba por el carril exclusivo de Transmilenio en el momento del grave accidente.Las autoridades de Bogotá aún no han revelado la identidad de la víctima que murió en este siniestro vial. Tampoco se ha establecido si el hombre fallecido alcanzó a recibir atención médica antes de su deceso.Además, se está tratando de establecer si la ambulancia tenía permiso de Transmilenio para transitar por el carril exclusivo.>>> Le puede interesar: Ladrones de camioneta en Engativá le dispararon a la víctima: su pequeña hija lo vio todo
El Gobierno de Argentina repudió el miércoles 18 de septiembre la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar la solicitud de una orden de captura contra el presidente Javier Milei por el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.>>> Lea, además: Fiscalía de Venezuela tramita solicitud de orden de captura contra Javier Milei"La República argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur", dijo la Cancillería argentina en un comunicado.Según el Gobierno de Milei, "el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional"."El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro", añade el comunicado.Los argumentos para emitir orden de captura a Javier MileiEn declaraciones transmitidas este miércoles por el canal estatal VTV, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que dos fiscales especializados "se encuentran tramitando la orden de aprehensión" contra Milei, su hermana Karina y Bullrich.Explicó que, en el caso del avión, que fue "totalmente desmantelado" en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de "robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir".Por otra parte, Saab informó de la designación de un "fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes" contra Milei y Bullrich por "las acciones cometidas contra el pueblo argentino" y aseveró que se podría "estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad".El fiscal, quien llamó "fascista" y "neonazi" a Milei, dijo que en Argentina se aplica un "programa de violencia institucional premeditado" contra su población, por lo que señaló al mandatario argentino como "el violador de derechos humanos más feroz del continente" y como "un peligro brutal para todo el hemisferio".Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y "otros cabecillas del régimen", ante "el agravamiento de la situación" tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.>>> Le puede interesar: Esta es la carta con la que supuestamente Edmundo González "acató" reelección de Maduro
Una familia de Bogotá está desesperada por un grupo de gota a gota que está cobrando una plata que en su casa nunca se pidió. Otra persona fue la que realizó el préstamo y dio la dirección de esta vivienda.>>> Vea más: Créditos legales en Bogotá: la nueva alternativa para superar el gota a gotaSujetos en motocicleta han llegado de noche hasta el lugar y en las últimas horas, denunció la familia, le llenaron la casa de grafitis. Además, con pegante, bloquearon las cerraduras de la vivienda."Nosotros no le debemos plata a nadie": víctima de los gota a gotaLa propietaria del predio le dijo al Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo, que “están escribiendo grafitis, pidiéndonos una plata que nosotros no pedimos. Ahí dice que es José Daniel Ramírez”.La mujer denunció que “a las chapas de la casa le echaron un pegante para no poder abrir. Esto se salió de las manos porque nosotros no tenemos que ver con José Daniel Ramírez, para que ellos tengan que hacer esos grafitis. Nosotros no le debemos plata a nadie”.En la casa hay un establecimiento comercial, el cual, dijo la dueña, “es muy prestigioso, de buen servicio. Las personas que trabajan ahí han sido honradas, no pidieron ningún gota a gota, no le deben a nadie y no le han hecho nada a nadie”.Esta familia pide ayuda a la Policía Metropolitana de Bogotá para que la proteja y capture a los responsables de este acto vandálico, que quedó registrado en cámaras de seguridad.>>> Le puede interesar: Por pedir préstamo con gota a gota virtual terminó difamado y acusado de ser un abusador de niños
Tras el atentado terrorista del ELN en Arauca que dejó dos soldados muertos y cerca de 30 militares más heridos, las Fuerzas Militares incrementarán el pie de fuerza con 15 pelotones del Ejército y uno de la Armada.>>>Delegación del Gobierno anuncia que proceso de diálogos con ELN "queda suspendido"El anuncio se dio luego de un consejo extraordinario de seguridad en las instalaciones de la Décimo Octava Brigada del Ejército. Además, la Gobernación de Arauca ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por alias Raúl, cabecilla del ELN señalado de ser el responsable del ataque con explosivos en la base militar ubicada en Puerto Jordán.“Unos 500 hombres de aquí al 25 (de septiembre) para reforzar la capacidad de los hombres de aquí a nivel del departamento, en la Octava División. Igualmente, la Armada de Colombia, ya me ha comentado el comandante de la Armada que van a llegar 30 hombres que van apoyar el puesto 52 de Armada regional en la ciudad de Arauca”, aseguró el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.El Ministerio de Defensa también dijo que el Gobierno nacional reiteró la recompensa de hasta 4.000 millones de pesos que ofrece por los máximos cabecillas de la guerrilla del ELN.Durante el consejo de seguridad, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría resaltó que, “en Arauca, la única manera de enfrentar a los grupos criminales y terroristas es a través de la acción unificada”.Cuando instituciones, gobernantes y sociedad caminamos juntos, los resultados son diferentes. He vivido esta realidad y sé que la unión es nuestra mayor fortaleza. No permitamos que el miedo nos divida. Aquí estamos comprometidos con Arauca y juntos sacaremos adelante este importante territorio”, sentenció el oficial.>>>Niño resultó gravemente herido tras explosión de mina instalada por ELN en Chocó
Un fuerte incendio forestal se registró este miércoles, 18 de septiembre de 2024, en Nilo, Cundinamarca. Soldados de la Brigada de Atención y Desastres han trabajado para sofocar las llamas cerca de la base militar de Tolemaida.>>> También puede leer: Incendio forestal en Natagaima, Tolima: habitantes desesperados luchan contra las llamasLa información fue confirmada por las Fuerzas Militares de Colombia, que reportaron la situación en el lugar de la conflagración.Soldados trabajan para controlar el incendio“Soldados de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional trabajan para sofocar las llamas de un fuerte incendio que se presenta en un sector de Tolemaida, en el municipio de Nilo, Cundinamarca”, señalaron las Fuerzas Militares en un mensaje publicado a las nueve de la noche en su cuenta de la red social X.>>> También puede leer: Oso hormiguero herido en incendio en Natagaima es rescatado y recibe atención urgente