Superintendencia de Salud

En una entrevista con Los Informantes, desde la sede de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bogotá, su director, Augusto Rodríguez, realizó algunas revelaciones sobre las circunstancias de seguridad que rodearon el crimen del senador Miguel Uribe Turbay.Al ser cuestionado sobre las vulnerabilidades detectadas el día del atentado, Rodríguez señaló que se encontraba comprometido por decisiones logísticas internas del esquema. El funcionario explicó la raíz de lo que él considera una falla estructural en la operatividad de los escoltas asignados. Según él, la situación se originó por una interpretación errónea del servicio de protección: “¿por qué planteé debilidad de esquema? Porque el esquema había sido partido en dos, por un mal hábito y el mal entendimiento que él hizo del esquema que se le entregó”.De acuerdo con el director, los recursos humanos y técnicos destinados exclusivamente a la protección del congresista se estaban distribuyendo para cubrir a otros miembros de su núcleo familiar.Rodríguez defendió la robustez inicial del esquema, asegurando que el senador contaba con recursos superiores a los de otros funcionarios de su mismo rango legislativo.Al respecto, el director de la UNP afirmó: “él tenía un esquema que era para el común de los congresistas, estaba por encima del promedio. Cuando empezamos él no tenía una un solo escolta de la UNP, yo le puse dos más", dijo. El día del atentado debía tener más, pero estaban en otras diligencias con el papá de Miguel y con su esposa, según cuenta Rodríguez.La reconstrucción de los movimientos previos al atentadoLa investigación interna de la UNP, basada en las declaraciones de los propios escoltas, sugiere que el día de los hechos el personal de seguridad se dividió para cumplir con diversas agendas familiares simultáneas.Según el relato de Rodríguez, el senador había dado instrucciones desde temprano para que parte de su equipo recogiera a su padre en su domicilio para trasladarlo a un club social, mientras que él se movilizaba hacia otro punto de la ciudad en un vehículo diferente.Esta fragmentación del equipo de protección dejó al senador en una posición de vulnerabilidad crítica durante una actividad que, en teoría, parecía de bajo riesgo: una jornada de volanteo político.El director detalló la distribución de los hombres aquel día de la siguiente manera: “un carro se quedaba con la doctora María Claudia, lo tengo escrito por parte de los escoltas en las declaraciones que le dieron a la investigación que hizo la UNP, dos estaban con ella o con la resto de la familia y los otros dos estaban con el doctor, por eso que yo dije que el esquema no era débil, estaba debilitado”.Controversia sobre las solicitudes de refuerzoUno de los puntos de mayor fricción entre la UNP y los representantes legales de la familia Uribe Turbay radica en si existieron o no advertencias previas sobre la necesidad de incrementar la seguridad del senador.Mientras que los abogados de la familia sostienen que se solicitaron refuerzos de manera reiterada, Augusto Rodríguez niega tales afirmaciones categóricamente en lo que respecta a la ciudad de Bogotá.Los abogados de la familia de Miguel Uribe Turbay han insistido que pidieron refuerzo. Por su parte, Rodríguez dice que no y que el precandidato presidencial solo pidió un soporte adicional cuando viajara fuera de Bogotá.El director afirmó que, de haber existido tales documentos, el trámite regular habría implicado la intervención de la Policía Nacional para un estudio de riesgo actualizado.Sobre este punto, Rodríguez especificó: “si hubieran llegado acá, pues yo sencillamente lo que había hecho era remitirlos a la Policía, 'mire aquí hay una solicitud de reforzamiento, estudien el reforzamiento y determinen qué hay que hacer', pero no, aquí no llegó ninguna solicitud, llegaron solicitudes de apoyo para algunas ciudades”.Desafíos operativos en la Unidad Nacional de ProtecciónEl caso de Miguel Uribe no es un hecho aislado dentro de las complejidades que maneja la UNP, una entidad con un presupuesto de $2.5 billones y más de 14.000 operarios encargados de la custodia de miles de ciudadanos amenazados.Rodríguez describió la entidad como un centro de alta tensión constante, donde se registran en tiempo real las ansiedades y peligros de los protegidos en todo el territorio nacional.El director también expuso problemas internos de disciplina y ética entre el personal y los protegidos. Mencionó que algunos escoltas han denunciado ser obligados por sus protegidos a realizar actividades ilegales o ajenas a su misión, como el transporte de armas, municiones o incluso oro.Rodríguez señaló que ha recibido testimonios de escoltas en zonas como el Cauca que piden ser relevados de sus cargos: “algunos dicen 'por favor cambien de esquema, yo me quiero ir de acá, pero no no den mi nombre.' El mes pasado viajé al departamento de Cauca y me encontré con una serie de de escoltas que se reúnen conmigo decir 'nuestros protegidos están con estos grupos y nos ponen a cargar oro y otras cosas que no nos dejan ver”.A esta situación se suma la creciente violencia en el país, lo que ha llevado a un incremento en la demanda de vehículos blindados y armamento.El futuro de la investigaciónA pesar de las críticas, Augusto Rodríguez se desmarca de cualquier responsabilidad directa de la UNP en las fallas que permitieron el atentado, dejando la resolución del caso en manos de las autoridades judiciales.Hasta el momento, las investigaciones apuntan a la presunta participación de la denominada Segunda Marquetalia de las FARC en el crimen del senador. Rodríguez, quien recientemente superó una intervención quirúrgica de corazón abierto, continúa al frente de la entidad asegurando que su prioridad es la vida de todos los candidatos y funcionarios bajo su cuidado.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.

Superintendencia de Salud

Conocida como Supersalud, es una entidad del Estado colombiano que se encarga de vigilar y controlar el sistema de salud.

La entidad envió un documento a la Procuraduría señalando que se habrían omitido algunos controles internos y que el exalcalde de Cali no cumpliría los requisitos para ser interventor de la Nueva EPS.

El exalcalde de Medellín, quien ya se pronunció, reemplazará en el cargo a Bernardo Camacho, quien presentó su renuncia por razones personales.