En Medellín, una capital con 2,5 millones de habitantes, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, advierte que las bandas criminales gobiernan en las fronteras de las comunas con los corregimientos y con los municipios vecinos.
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“¿Qué tenemos? Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, vacunas o extorsiones, desapariciones forzadas muy altas”, dice Luis Fernando Quijano, director de Corpades.
Según fuentes del Gaula, por lo menos el 80% del territorio de Medellín está bajo extorsión. Los homicidios tuvieron un incremento del 9,2% entre 2020 y 2021, al pasar de 369 a 403 casos, según la Alcaldía.
“Ni las alcaldías actuales, ni la gobernación de ahora, ni las anteriores, han sido capaces de entender la dimensión del problema del crimen urbano-rural. No han hecho nada, solo han tratado de controlar”, señala Quijano.
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Y así surgen otros factores de riesgo: el hurto, el desplazamiento forzado intraurbano y la delincuencia carcelaria.
“Más de 350 combos que están en todos los barrios y comunas, más que todo las vulnerables. Las vacunas, el pagadiario, el pago por seguridad en los barrios, hacen que pierdan confianza en las instituciones”, afirma Luis Guillermo Patiño, politólogo de la UPB.
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Con sed de un nuevo orden en materia de seguridad están los habitantes y distintos sectores de Medellín. Dicen esperar cambios urgentes para recuperar la confianza en la institucionalidad.