La Corte Constitucional salió a desautorizar la respuesta que dio una de sus funcionarias a la congresista Katherine Miranda sobre la consulta popular, quien le pidió al alto tribunal “un concepto frente a qué se debe hacer con la insistencia del Gobierno nacional de presentar una nueva consulta o de pasarla por decreto en los próximos días”.
La parlamentaria recibió respuesta y en el documento se indicaba que “ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a ‘insistir’ tras un concepto negativo”. Agrega que “el concepto previo y favorable del Senado previsto en el artículo 104 de la Constitución es condicionante de la competencia presidencial. La negativa o el silencio del Senado agotan la iniciativa; no existe vía alterna de insistencia. Cualquier modificación exige acto legislativo de reforma constitucional (arts. 374-378 CP) y control automático por la Corte Constitucional”.
Corte Constitucional anuncia acciones disciplinarias y desautoriza documento enviado a Miranda
A través de un comunicado, el tribunal informó “que la Constitución Política, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sus normas orgánicas y reglamentarias, no le han atribuido y por lo tanto, como Tribunal Constitucional, no ejerce funciones consultivas, no resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza”.
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"Sus funciones decisorias en cumplimiento de sus funciones de control abstracto o concreto de constitucionalidad se cumplen a través de Autos y Sentencias proferidas por las Salas de Revisión y la Sala Plena de la Corporación. De conformidad con lo anterior, la Relatoría de la Corte no tiene a su cargo responder consultas u opiniones y mucho menos adoptar decisiones de ninguna naturaleza. En ese sentido, la respuesta emitida por una servidora judicial de la Relatoría de la Corte a una petición relacionada con la convocatoria de una consulta popular -en la cual, además de remitir providencias sobre la materia, expresó una opinión sobre las mismas- constituyó una extralimitación de sus funciones que no compromete la posición oficial de la Corporación”, continúa el texto.
“Ante este hecho, la Corte Constitucional hará una revisión de los procedimientos internos y pondrá en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes”, finalizó.
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La congresista Miranda reaccionó a este pronunciamiento de la Corte Constitucional y, aunque dijo entender que esta “no puede pronunciarse formalmente ya que incurriría en prejuzgamiento, nos dio luces importantes de por qué una consulta vía decreto, sin aprobación del Congreso, sería abiertamente inconstitucional”.
Gobierno insiste en la consulta popular
El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a decir que hubo irregularidades en la votación de la primera consulta radicada en el Senado y advirtió que si el legislativo “no se pronuncia de aquí al primero de junio, convocará a elecciones, convocará la consulta popular, para lo que tiene que ver con las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral”.
El presidente Gustavo Petro también afirma que hubo un “vicio de forma” por no leer el texto antes de ser votado, pero que esto “sería corregible, fácilmente, repitiendo la votación en el Senado, cumpliendo las formalidades de la ley; así lo hemos solicitado formalmente como Gobierno y muchos congresistas a los que se les impidió, abusivamente, su votación”.
No obstante, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, asevera que la consulta popular se resolvió "mediante una votación legal y válida" y que expedirla por decreto "representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial".
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"Si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo", añadió.
La polémica se da en medio del paro nacional que se adelanta este miércoles 28 de mayo en varias ciudades del país, en las que los manifestantes salieron para expresar su apoyo a la consulta popular y las reformas sociales propuestas por el Gobierno Petro.
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